Escribe José “Pepe” Rusconi, Candidato a concejal de La Plata

El escandaloso apagón que dejó por más de cinco días sin luz a 100.000 usuarios del norte de La Plata puso en evidencia el deplorable servicio de distribución de energía eléctrica que brinda la empresa Edelap, del grupo de Rogelio Pagano (ex Grupo Mindlin).

Decenas de barrios de la ciudad quedaron sin luz y, como consecuencia, sin agua, generando la suspensión de clases en las escuelas e interminables pérdidas para los trabajadores y comerciantes. Además, la bronca entre los vecinos se agudizó cuando, a la luz de los acontecimientos, se difundieron las ganancias de la empresa, que en 2018 ascendieron a 2.528 millones de pesos. A su vez, los aumentos tarifarios (desde diciembre hasta hoy) treparon 3.800% y se sumaron a la vergonzosa compensación por “mayores costos” por la devaluación que paga el pueblo trabajador. Para coronar este andamiaje de corrupción y saqueo al bolsillo de los trabajadores debemos recordar que estamos hablando de una empresa que es subsidiada por el Estado. Pero esto no es todo. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires calculó que las pérdidas ocasionadas por la interrupción del suministro eléctrico sumaron más de 1.000 millones de pesos. Los vecinos apuntaron al intendente de la ciudad, Julio Garro (Cambiemos) y a la gobernadora María Eugenia Vidal, porque primero habían anunciado que irían por la rescisión de los contratos con Edelap y, al final, le impusieron solamente una multa irrisoria de 150 millones de pesos. Una cifra insignificante que equivale a menos del 15% de las pérdidas que ocasionó el corte entre los usuarios. ¡Ni se compara con los miles de millones que gana la empresa al año! Es una burla total. La complicidad de los gobiernos de Garro y de Vidal, junto con el organismo que debe controlar a las empresas de energía, muestra a las claras que no han hecho nada para solucionar el problema. Todo lo contrario, evidencian que están solamente al servicio de los empresarios. Una vez más, el pueblo trabajador y los usuarios pagamos con nuestras penurias los negocios de Pagano, Mindlin y tantos otros empresarios socios de los gobiernos de turno. Desde Izquierda Socialista/FIT-Unidad planteamos que se debe anular el contrato de concesión de Edelap y reestatizar el servicio de energía eléctrica bajo control de los trabajadores y usuarios, única manera de mejorar la prestación y terminar con el saqueo que atenta contra las necesidades del pueblo.

Un hombre de las privatizadas encargado de “controlarlas”

 Edgardo Volosín fue designado en 2015 por María Eugenia Vidal como director de Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Es esta dirección la encargada de fiscalizar y controlar a las empresas privatizadas de energía eléctrica, como Edelap. Pero eso no sucede, porque el mismo Volosín, que fue miembro del directorio de Edenor durante veintidós años, también trabajó en el Grupo Mindlin, con Rogelio Pagano, hoy dueño del monopolio energético bonaerense y actual CEO de Desarrolladora Energética S. A. (propietaria de Edelap, EDEN, EDES y EDEA). ¿Casualidad? No, la Dirección de Servicios Públicos y el Ministerio de Infraestructura están del otro lado del mostrador, atienden las necesidades de los empresarios y no actúan en favor de los usuarios. Además del pésimo servicio que brindan, de ser subsidiados, de ser favorecidos con tarifazos, los empresarios amigos de Macri y Vidal son protegidos por los organismos que deberían controlarlos. Peor aún, son los ex CEO de esas empresas quienes fueron puestos a “controlarlas”.

El gobierno de Macri festeja haber firmado un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero nada beneficioso saldrá de allí para los trabajadores y los pueblos. Se trata, simplemente, de una mayor “licencia para saquear” a la medida de las transnacionales y los pulpos imperialistas.

Escribe José Castillo, Candidato a diputado nacional CABA

En la cumbre del G20 en Japón el presidente Macri anunció que se había llegado a un acuerdo para firmar el largamente postergado tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Se trata de una negociación que había comenzado en 1995, plena época menemista y que fue continuada por todos los gobiernos posteriores (De la Rúa, Duhalde y los doce años kirchneristas).
Empecemos por el principio: ningún acuerdo de libre comercio entre un conjunto de países imperialistas (como es la Unión Europea) y otros semicoloniales puede ser “para beneficio de ambas partes”. Acá hay un ganador clarísimo: el capitalismo imperialista y, para ser más exacto, las transnacionales europeas con nombre y apellido, que tendrán a su disposición el Mercosur para imponer sus condiciones. No solamente fundirán a la industria local por la mayor competitividad de sus productos. También fijarán nuevas reglas de juego, por ejemplo, obligarán a que se respeten “sus” denominaciones de origen. Por citar un ejemplo, la muzzarella que nosotros comemos ya no podrá llamarse más así, ya que ese nombre está registrado en Italia, lo mismo pasará con otros tipos de quesos con el vino, etcétera.

Se calcula que, cuando se produzca la entrada en vigencia del acuerdo, más de 800.000 puestos de trabajo industriales estarán en peligro. El pacto es tan asimétrico que hasta el propio ministro de Producción y Trabajo reconoce que “hay sectores que si no se reconvierten desaparecerán”. ¡Terrible y cínico planteo! ¿Qué quiere decir “desaparecerán”? Porque los patrones de esos sectores se limitarán a cerrar sus plantas y poner su fortuna en la bicicleta financiera, o directamente la fugarán al exterior, pero para sus trabajadores significa la miseria y la marginación. Muchos economistas y voceros del establishment aprovechan para reforzar el planteo de que “para competir con los europeos habrá que bajar el costo laboral” y vuelven con la exigencia de avanzar con la reforma laboral.

Los defensores locales del acuerdo argumentan que “se nos abrirá un inmenso mercado” para vender productos primarios, en particular soja, trigo, leche y carne. Seamos claros, a quienes se les abre un inmenso negocio es a los monopolios agroexportadores que tienen copadas las exportaciones argentinas: Dreyfuss, Cargill, Nidera o Cofco. O a algunos pocos sectores industriales que pueden acceder a los negocios europeos, como Techint o las propias transnacionales automotrices.

El kirchnerismo, haciendo gala una vez más del doble discurso, sale a criticar el acuerdo. ¡Son unos caraduras! La propia Cristina Fernández de Kirchner fue una ferviente defensora de que se avanzara con ese acuerdo cuando era presidenta.

El gobierno de Cambiemos nos chantajea diciendo que los que nos oponemos al acuerdo estaríamos por “aislarnos”. Falso. A lo que nos negamos es a esa apertura al mundo donde nos colocamos en el plano inclinado de ser cada vez más una semicolonia y de que nuestros recursos sufran cada vez un mayor saqueo. De reforzar una lógica que es la misma que nos somete al FMI y a los pagos infinitos de deuda externa.

Nos oponemos a “integraciones” o “acuerdos de libre comercio” hechos a la medida del imperialismo y sus multinacionales. Ahí tenemos como ejemplo al propio Mercosur, que ya cumplió 28 años. ¿Qué trabajador argentino, brasileño, uruguayo o paraguayo salió beneficiado? Solo fueron ganancias para las transnacionales automotrices o, a lo sumo, para los monopolios agroexportadores.
Nuestra propuesta de integración es exactamente opuesta: comienza por romper con el FMI, los tribunales imperialistas del Ciadi que solo dan fallos en nuestra contra (como fueron recientemente los casos de Aerolíneas e YPF) y dejar de pagar la deuda externa a los buitres especuladores. Recuperar nuestros recursos, como el gas, el petróleo y la minería, reestatizando esas empresas. Nacionalizar la banca y el comercio exterior. En definitiva, conquistar una segunda y definitiva independencia.

Ahí sí comerciaríamos soberanamente con todo el mundo y nos integraríamos con el resto de Latinoamérica. Llamaríamos a conformar un frente de países deudores para romper de conjunto con las instituciones del orden capitalista imperialista. Así, todos juntos, seríamos poderosos, con nuestra capacidad de producir alimentos para diez veces nuestra población, con el gas y el petróleo nuestro, unido al boliviano, al ecuatoriano y al venezolano, con la industria pesada brasileña, con el cobre chileno, con un material estratégico como el litio, que compartimos con Chile y Bolivia. Todos esos recursos puestos al servicio de resolver las más urgentes necesidades de nuestros pueblos y de un plan de desarrollo.

Escribe Laura Marrone, Legisladora porteña y candidata a diputada nacional

“Tendrán que sacarnos con sangre de las casas que construimos con el sudor de nuestro trabajo durante toda nuestra vida”, así cerró Marta su intervención en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en momentos en que PRO sellaba el acuerdo para vender las tierras del barrio Padre Mugica (ex Villa 31 y 31bis) en Retiro, con la excusa de requerir fondos para pagar el faraónico Paseo del Bajo.

Marta y sus hijos son parte de las 15.000 familias que corren peligro de perder sus viviendas a partir de la sanción de la ley, que exigiría el pago de la tierra en el caso de algunas familias, y en otras, como las del Bajo Autopista, su relocalización forzada a nuevas viviendas, precarias, hechas de durlock y chapa. Las familias las rechazan porque deberían hipotecarlas y vivirían es un constante peligro de desalojo si no lo hacen, siendo que construyeron sus actuales viviendas con mejores materiales.

Es indignante este atropello, mientras PRO se la pasa entregando tierras del Estado para empresarios privados, como las 5 hectáreas de los antiguos talleres de la Ciudad en Parque Patricios, o el regalo de terrenos en Barrio Carrillo o Piedra Buena a la Iglesia Católica, de edificios enteros a entidades israelitas en Puerto Madero, o concesionando por décadas 40 hectáreas del Autódromo a empresas multinacionales. Mientras crecen las torres de lujo, 250.000 personas viven en villas en la ciudad y un trabajador debe gastar el 50% de su salario para alquilar.

Con esta ley, Macri y Larreta continúan con la entrega de tierras públicas a la especulación inmobiliaria. Esta cesión de tierras, que deberían ser reservadas para escuelas, hospitales, viviendas sociales, o espacios verdes ha sido posible por la sucesiva complicidad de los distintos bloques que se dicen “opositores”. Proceso que fue respaldado por la creación por parte de Cristina Kirchner de la Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE) que permite entregar tierras públicas sin pasar por el Congreso Nacional. En algunos casos fue el kirchnerismo, votó la privatización de 40 hectáreas del Autódromo de Parque Roca, el corredor gastronómico de plaza Houssey y el Tiro Federal. En esta oportunidad, después del acuerdo electoral con el bloque de los radicales de Lousteau y de Roy Cortina del Partido Socialista, PRO obtuvo los votos necesarios para enajenar estas tierras que habitan desde hace 70 años más de 60.000 personas. Lo que la dictadura militar no logró lo pretenden hacer con esta ley. 

La resistencia es enorme. Las madres, quizá como eco del ascenso de las mujeres, han tomado la delantera y van al frente. Marcharon la semana pasada desde Retiro a Puerto Madero, entrando ahí donde las clases altas atesoran riquezas en barrios de lujo con departamentos vacíos.

El problema de los habitantes de la villa es el de más del 50% de los hogares en la Ciudad que no tienen solución para el problema de la vivienda. El metro cuadrado de construcción ha duplicado su costo y para una vivienda de tres ambientes se requieren 300 salarios o sea treinta años sin comer ni vestirse.

Desde Izquierda Socialista rechazamos la venta de las tierras de la Villa 31 y apoyamos la pelea por una verdadera urbanización. Para solucionar el déficit habitacional hay que romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa y que ese dinero se destine a un plan de viviendas populares, salud y educación.

El gran debate nacional sigue siendo cómo se sale de la brutal crisis que está dejando Macri y qué se va a hacer con el FMI y el sideral endeudamiento. Alberto Fernández y Cristina Kirchner están inventando la teoría de que renegociando con el FMI nos vamos a salvar y que la receta sería “crecer para pagar”. Pero sus economistas ya hablan de poner tope a salarios y jubilaciones y que hay que hacer las reformas antipopulares que reclama el Fondo.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Alberto Fernández y su equipo económico se reunieron con los emisarios del FMI. Fue una reunión “respetuosa”, dijeron. Afirma que les dijo que el FMI tiene que entender que ha cometido un “error” al prestarle dinero a un gobierno para que financie la fuga de divisas. Pero la conclusión de Fernández es que la Argentina ahora tiene que reconocer y pagar ese endeudamiento. Si el propio Fernández admite que gran parte de los 57.000 millones del FMI que ingresaron al país ya se fueron para reponer los dólares que se llevaron los especuladores al exterior, ¿por qué hay que pagar esa deuda que los trabajadores y el pueblo no vieron? ¿Por qué hay que seguir con más ajuste para hacer frente a un endeudamiento contraído a espaldas del pueblo trabajador y que va en contra de sus intereses?
Solo se pagan las deudas legítimas, no este endeudamiento ilegítimo. Hasta Estados Unidos (que dejó de pagar varias veces sus deudas), tiene la teoría de que un país tiene todo el derecho de desconocer una deuda cuando fue contraída en perjuicio de sus pueblos. ¿Por qué no lo hacemos valer nosotros?

Que Alberto y Cristina pidan el voto para “terminar con el caos de Macri” mientras reconocen el acuerdo entreguista que firmó con el FMI, es parte del típico doble discurso al que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo.

Nada de crecimiento, se viene un nuevo ajuste

“Buscamos estabilizar la economía para poder crecer como condición necesaria para pagar nuestras deudas” esta fue otra de las frases de Alberto Fernández tras la reunión con el FMI. Primero, no dice cómo se va a crecer pagando una deuda millonaria. Segundo, si se supera la recesión y hay crecimiento eso debe ir a salario y trabajo, no a pagar una deuda usurera.
Esto de “crecer para pagar” una deuda ilegítima y fraudulenta es una receta que ya conocemos y nos llevó por mal camino. Fue lo que se hizo durante los doce años de gobierno kirchnerista, que nos dejó una deuda de 200.000 millones de dólares, casi el 30% de pobreza y 40% de trabajadores en negro.

Si se reconoce el acuerdo con el Fondo, lejos de crecimiento, lo que va a haber es un nuevo ajuste y las reformas estructurales que reclama y exige ese organismo.

Ya abren el paraguas

Uno de los economistas de Fernández, el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof en el gobierno anterior, Emmanuel Álvarez Agis, dejó claro cuál va a ser la receta de un posible gobierno peronista kirchnerista. Después de señalar que “el problema no es el FMI, somos nosotros”, dijo en un foro de empresarios que “seguramente tengamos que tratar las tres reformas: fiscal, laboral y previsional”. Y enfatizó que “ni Alberto Fernández ni Mauricio Macri tendrán mucho margen de maniobra por tener al Fondo de copiloto trabándoles el volante”, aventurando que Fernández no podrá hacer algo muy distinto de que hacía Macri. ¡Lo dicen ellos!

Agis recomienda olvidarse de cualquier redistribución de la riqueza, habla de que hay que planchar salarios y jubilaciones poniéndoles un tope y que no hay que esperar ninguna “magia”.

Por su parte, en una entrevista en el diario La Nación del pasado domingo 30 de junio, Alberto Fernández dijo que no le tiene miedo al superávit fiscal exigido por el FMI “porque fui el único jefe de Gabinete que durante años alcanzó el superávit”. Y ante una pregunta sobre si daría marcha atrás con los aumentos de tarifas, dijo categóricamente: “No, lo que se dio, se dio y está terminado”.

Todos estos argumentos valen para aquellos que tienen la idea de votar a Fernández-Fernández con la ilusión de que algo va a cambiar, o que por lo menos tan mal no vamos a estar. Pero Fernández y sus economistas ya abren el paraguas diciendo desde ahora que no va a haber ninguna recomposición real del salario y de las jubilaciones, se avalarán los tarifazos y que, en todo caso, si hay crecimiento será para pagar la deuda.

Nos preguntamos: ¿qué utilidad tiene entonces votar por Fernández y Cristina si el FMI va a seguir imponiéndonos más ajuste y entrega?

El FIT-Unidad pelea el voto para decirle no al FMI, usar la plata de la deuda para aumentar los salarios, las jubilaciones y las partidas sociales, reestatizar las privatizadas, nacionalizar la banca y el comercio exterior, medidas indispensables para combatir los males sociales. Lo demás es puro electoralismo.

Escribe Gastón Godoy

El precandidato a presidente por el kirchnerismo admitió que bajo el gobierno de Cristina la pobreza creció. También dijo que el Indec funciona mejor ahora con Macri que con el anterior gobierno.

Es que los datos son objetivos y no pueden negarse. El Indec durante el kirchnerismo estuvo intervenido por la patota de Guillermo Moreno, así arrojaba cifras de inflación irrisorias, poco serias, cuando toda la sociedad veía que esos números eran truchos. Con Cristina el número de pobres creció, ¿por qué esta vez sería diferente?

Alberto busca mostrarse como algo distinto, por eso dice estas cosas para intentar lavarse la cara. Pero el plan de ajuste lo aplicará junto a Cristina y la cantidad de pobres del país, lamentablemente, seguirá creciendo.