Escribe Luis Covas

En estos días ha tenido gran repercusión en los medios la crisis interna del Partido Obrero, una de las fuerzas que integran el FIT, junto con Izquierda Socialista y el PTS. Esta situación también impacta en los luchadores y simpatizantes de la izquierda, ya que se verían enfrentados por un lado su dirigente histórico y fundador Jorge Altamira y, por el otro, gran parte de la dirección actual del PO. Los medios le han dado gran espacio a los reportajes a Altamira y a dirigentes de la actual dirección, como Néstor Pitrola o Romina del Plá.

Desde Izquierda Socialista, por lo que hemos leído en las redes y escuchado de los protagonistas en los medios, más allá de las posiciones de ambos sectores vemos que todos reivindican y apoyan la campaña electoral del Frente de Izquierda-Unidad.
Resaltar esto es muy importante porque gran parte de los medios de prensa y sectores políticos patronales pretenden utilizar este debate entre dirigentes del PO para llevar agua para su molino, repitiendo la vieja muletilla de “la izquierda siempre se divide”. Y de esa forma buscan desprestigiarla.

Estos sectores quieren encubrir que en realidad los que sí están siempre divididos son los partidos y dirigentes políticos patronales. Justo cuando ha sido bochornoso el espectáculo de “panquequismo” político que dieron los dirigentes peronistas pasando de una lista a otra (Pichetto, Massa, Lavagna o Pino Solanas). O Macri aceptando a Pichetto, del cual había hablado pestes. ¿Qué más división que la que viven tanto peronistas como radicales? Están los peronistas de Macri, los kirchneristas, los “renovadores” que están con Cristina (Massa, Solá), los de Lavagna y Urtubey o los que dicen que no están con nadie (Schiaretti).  Están los radicales de Macri, pero también los radicales de Cristina (Leopoldo Moreau a la cabeza) y los ex radicales que están con Lavagna (Stolbizer). Todos gobernaron o fueron parte de gobiernos que ajustaron al pueblo trabajador en beneficio de los de arriba.

La izquierda que se nuclea en el FIT-Unidad somos lo opuesto. Nunca hemos gobernado y siempre hemos estado con los trabajadores y el pueblo enfrentando a los distintos gobiernos que fueron y son aliados de los grandes empresarios y el FMI.

También en la izquierda hay diferentes partidos y siempre hay debates políticos. Pero desde hace varios años hemos avanzado en la unidad constituyendo el FIT y también desarrollando el sindicalismo combativo.

Porque, más allá de las diferencias que tengamos, estamos unidos contra los gobiernos del ajuste, contra las políticas patronales y del FMI, contra la burocracia sindical y bregamos por un gobierno de los trabajadores.

Y ahora hemos avanzado al lograr que se sumen el MST y otros partidos y agrupaciones al FIT-Unidad. Hay un fuerte polo de izquierda contra todos los candidatos que apoyan el acuerdo con el FMI. Esta unidad no cambia por los debates en el interior del PO. Todos apoyan la fórmula Del Caño- Del Plá y todos los demás candidatos en el país.

El gobierno de Cambiemos, a través del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien estuvo en Estados Unidos con una comitiva de funcionarios, volvió a instalar el tema de la reforma laboral diciendo explícitamente que la intención del macrismo es que se apruebe este año con la actual composición del Congreso.

Escribe Gastón Godoy

La reunión no fue informada oficialmente por el gobierno, pero los trascendidos son muy claros. El macrismo pretende instalar nuevamente la discusión sobre la reforma laboral. Un hecho que denota dos cuestiones: que no han podido aprobarla en estos casi cuatro años de mandato producto del enorme rechazo popular que genera y de las luchas que suscitaría, y para reafirmarle al FMI y al imperialismo que el gobierno quiere mantener el acuerdo y que hará lo imposible para poder imponerla, ya que es una de las exigencias del organismo.

Dujovne se habría mostrado “optimista” a pesar de admitir que en 2017 no pudieron aprobarla. Desde Izquierda Socialista somos claros en decir que la reforma no pretende traer ningún avance en los derechos de la clase trabajadora, sino todo lo contrario: busca más flexibilización, menor carga social a las empresas en perjuicio del trabajador y peores condiciones laborales. Hay variados ejemplos de sectores como el petrolero, donde la reforma se ha aplicado de hecho (en complicidad con las burocracias sindicales peronistas) y su saldo al día de hoy es totalmente negativo, vulnerando derechos básicos y llegando al límite de que han muerto varios trabajadores por las condiciones deplorables en las que desarrollan su labor.

También habló Dujovne de la reforma fiscal y se enorgulleció de cómo este gobierno está bajando el déficit. Obviamente los banqueros y empresarios aplaudieron, y el ministro dijo que el año próximo el déficit se reducirá todavía más. El problema es que, como contrapartida, seguirán subiendo el hambre, la inflación, la desocupación y la miseria.

La complicidad del peronismo

El rol del peronismo para Dujovne es clave, y en ese sentido Miguel Pichetto, actual candidato a vicepresidente de Macri, sería una pieza fundamental en el objetivo de que se pueda conseguir la mayoría en ambas Cámaras. Pichetto tiene “buen diálogo” con la mayoría de los gobernadores peronistas y eso facilitaría la tarea del macrismo. 

Como hemos expresado siempre, el peronismo es cómplice del ajuste que aplica Macri. En las distintas provincias donde gobiernan ajustan igual que el actual presidente, siendo el caso de Santa Cruz, con Alicia Kirchner, uno de los ejemplos más brutales. 

La burocracia sindical peronista dirige la CGT y los gremios más numerosos del país. Ha dejado pasar los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales, la flexibilización laboral, el aumento de los índices de pobreza, la desocupación y la carestía de la vida. En síntesis, todo el ajuste de Macri. Si Cambiemos ha gobernado estos cuatro años sin mayores problemas es producto de que el peronismo, tanto en el Congreso como en los sindicatos, ha apoyado sus políticas. Héctor Daer, el principal dirigente de la CGT, que actualmente apoya la fórmula Fernández-Fernández, llegó a decir que “la reforma laboral no toca los derechos del trabajador”. Una frase que sintetiza el papel del peronismo.     

Rechacemos la reforma laboral

Desde el Frente de Izquierda-Unidad creemos que nada bueno puede traer la reforma laboral que exige el FMI y que el gobierno de Macri y la oposición patronal buscan aprobar. Por eso la rechazamos tajantemente y apostamos a la organización desde las bases junto al sindicalismo combativo, que está contra el ajuste. Planteamos romper con el FMI y pedimos el voto al FIT-Unidad para reforzar una perspectiva en ese sentido.

Escribe José “Pepe” Rusconi, Candidato a concejal de La Plata

El escandaloso apagón que dejó por más de cinco días sin luz a 100.000 usuarios del norte de La Plata puso en evidencia el deplorable servicio de distribución de energía eléctrica que brinda la empresa Edelap, del grupo de Rogelio Pagano (ex Grupo Mindlin).

Decenas de barrios de la ciudad quedaron sin luz y, como consecuencia, sin agua, generando la suspensión de clases en las escuelas e interminables pérdidas para los trabajadores y comerciantes. Además, la bronca entre los vecinos se agudizó cuando, a la luz de los acontecimientos, se difundieron las ganancias de la empresa, que en 2018 ascendieron a 2.528 millones de pesos. A su vez, los aumentos tarifarios (desde diciembre hasta hoy) treparon 3.800% y se sumaron a la vergonzosa compensación por “mayores costos” por la devaluación que paga el pueblo trabajador. Para coronar este andamiaje de corrupción y saqueo al bolsillo de los trabajadores debemos recordar que estamos hablando de una empresa que es subsidiada por el Estado. Pero esto no es todo. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires calculó que las pérdidas ocasionadas por la interrupción del suministro eléctrico sumaron más de 1.000 millones de pesos. Los vecinos apuntaron al intendente de la ciudad, Julio Garro (Cambiemos) y a la gobernadora María Eugenia Vidal, porque primero habían anunciado que irían por la rescisión de los contratos con Edelap y, al final, le impusieron solamente una multa irrisoria de 150 millones de pesos. Una cifra insignificante que equivale a menos del 15% de las pérdidas que ocasionó el corte entre los usuarios. ¡Ni se compara con los miles de millones que gana la empresa al año! Es una burla total. La complicidad de los gobiernos de Garro y de Vidal, junto con el organismo que debe controlar a las empresas de energía, muestra a las claras que no han hecho nada para solucionar el problema. Todo lo contrario, evidencian que están solamente al servicio de los empresarios. Una vez más, el pueblo trabajador y los usuarios pagamos con nuestras penurias los negocios de Pagano, Mindlin y tantos otros empresarios socios de los gobiernos de turno. Desde Izquierda Socialista/FIT-Unidad planteamos que se debe anular el contrato de concesión de Edelap y reestatizar el servicio de energía eléctrica bajo control de los trabajadores y usuarios, única manera de mejorar la prestación y terminar con el saqueo que atenta contra las necesidades del pueblo.

Un hombre de las privatizadas encargado de “controlarlas”

 Edgardo Volosín fue designado en 2015 por María Eugenia Vidal como director de Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Es esta dirección la encargada de fiscalizar y controlar a las empresas privatizadas de energía eléctrica, como Edelap. Pero eso no sucede, porque el mismo Volosín, que fue miembro del directorio de Edenor durante veintidós años, también trabajó en el Grupo Mindlin, con Rogelio Pagano, hoy dueño del monopolio energético bonaerense y actual CEO de Desarrolladora Energética S. A. (propietaria de Edelap, EDEN, EDES y EDEA). ¿Casualidad? No, la Dirección de Servicios Públicos y el Ministerio de Infraestructura están del otro lado del mostrador, atienden las necesidades de los empresarios y no actúan en favor de los usuarios. Además del pésimo servicio que brindan, de ser subsidiados, de ser favorecidos con tarifazos, los empresarios amigos de Macri y Vidal son protegidos por los organismos que deberían controlarlos. Peor aún, son los ex CEO de esas empresas quienes fueron puestos a “controlarlas”.

El gobierno de Macri festeja haber firmado un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero nada beneficioso saldrá de allí para los trabajadores y los pueblos. Se trata, simplemente, de una mayor “licencia para saquear” a la medida de las transnacionales y los pulpos imperialistas.

Escribe José Castillo, Candidato a diputado nacional CABA

En la cumbre del G20 en Japón el presidente Macri anunció que se había llegado a un acuerdo para firmar el largamente postergado tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Se trata de una negociación que había comenzado en 1995, plena época menemista y que fue continuada por todos los gobiernos posteriores (De la Rúa, Duhalde y los doce años kirchneristas).
Empecemos por el principio: ningún acuerdo de libre comercio entre un conjunto de países imperialistas (como es la Unión Europea) y otros semicoloniales puede ser “para beneficio de ambas partes”. Acá hay un ganador clarísimo: el capitalismo imperialista y, para ser más exacto, las transnacionales europeas con nombre y apellido, que tendrán a su disposición el Mercosur para imponer sus condiciones. No solamente fundirán a la industria local por la mayor competitividad de sus productos. También fijarán nuevas reglas de juego, por ejemplo, obligarán a que se respeten “sus” denominaciones de origen. Por citar un ejemplo, la muzzarella que nosotros comemos ya no podrá llamarse más así, ya que ese nombre está registrado en Italia, lo mismo pasará con otros tipos de quesos con el vino, etcétera.

Se calcula que, cuando se produzca la entrada en vigencia del acuerdo, más de 800.000 puestos de trabajo industriales estarán en peligro. El pacto es tan asimétrico que hasta el propio ministro de Producción y Trabajo reconoce que “hay sectores que si no se reconvierten desaparecerán”. ¡Terrible y cínico planteo! ¿Qué quiere decir “desaparecerán”? Porque los patrones de esos sectores se limitarán a cerrar sus plantas y poner su fortuna en la bicicleta financiera, o directamente la fugarán al exterior, pero para sus trabajadores significa la miseria y la marginación. Muchos economistas y voceros del establishment aprovechan para reforzar el planteo de que “para competir con los europeos habrá que bajar el costo laboral” y vuelven con la exigencia de avanzar con la reforma laboral.

Los defensores locales del acuerdo argumentan que “se nos abrirá un inmenso mercado” para vender productos primarios, en particular soja, trigo, leche y carne. Seamos claros, a quienes se les abre un inmenso negocio es a los monopolios agroexportadores que tienen copadas las exportaciones argentinas: Dreyfuss, Cargill, Nidera o Cofco. O a algunos pocos sectores industriales que pueden acceder a los negocios europeos, como Techint o las propias transnacionales automotrices.

El kirchnerismo, haciendo gala una vez más del doble discurso, sale a criticar el acuerdo. ¡Son unos caraduras! La propia Cristina Fernández de Kirchner fue una ferviente defensora de que se avanzara con ese acuerdo cuando era presidenta.

El gobierno de Cambiemos nos chantajea diciendo que los que nos oponemos al acuerdo estaríamos por “aislarnos”. Falso. A lo que nos negamos es a esa apertura al mundo donde nos colocamos en el plano inclinado de ser cada vez más una semicolonia y de que nuestros recursos sufran cada vez un mayor saqueo. De reforzar una lógica que es la misma que nos somete al FMI y a los pagos infinitos de deuda externa.

Nos oponemos a “integraciones” o “acuerdos de libre comercio” hechos a la medida del imperialismo y sus multinacionales. Ahí tenemos como ejemplo al propio Mercosur, que ya cumplió 28 años. ¿Qué trabajador argentino, brasileño, uruguayo o paraguayo salió beneficiado? Solo fueron ganancias para las transnacionales automotrices o, a lo sumo, para los monopolios agroexportadores.
Nuestra propuesta de integración es exactamente opuesta: comienza por romper con el FMI, los tribunales imperialistas del Ciadi que solo dan fallos en nuestra contra (como fueron recientemente los casos de Aerolíneas e YPF) y dejar de pagar la deuda externa a los buitres especuladores. Recuperar nuestros recursos, como el gas, el petróleo y la minería, reestatizando esas empresas. Nacionalizar la banca y el comercio exterior. En definitiva, conquistar una segunda y definitiva independencia.

Ahí sí comerciaríamos soberanamente con todo el mundo y nos integraríamos con el resto de Latinoamérica. Llamaríamos a conformar un frente de países deudores para romper de conjunto con las instituciones del orden capitalista imperialista. Así, todos juntos, seríamos poderosos, con nuestra capacidad de producir alimentos para diez veces nuestra población, con el gas y el petróleo nuestro, unido al boliviano, al ecuatoriano y al venezolano, con la industria pesada brasileña, con el cobre chileno, con un material estratégico como el litio, que compartimos con Chile y Bolivia. Todos esos recursos puestos al servicio de resolver las más urgentes necesidades de nuestros pueblos y de un plan de desarrollo.

Escribe Laura Marrone, Legisladora porteña y candidata a diputada nacional

“Tendrán que sacarnos con sangre de las casas que construimos con el sudor de nuestro trabajo durante toda nuestra vida”, así cerró Marta su intervención en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en momentos en que PRO sellaba el acuerdo para vender las tierras del barrio Padre Mugica (ex Villa 31 y 31bis) en Retiro, con la excusa de requerir fondos para pagar el faraónico Paseo del Bajo.

Marta y sus hijos son parte de las 15.000 familias que corren peligro de perder sus viviendas a partir de la sanción de la ley, que exigiría el pago de la tierra en el caso de algunas familias, y en otras, como las del Bajo Autopista, su relocalización forzada a nuevas viviendas, precarias, hechas de durlock y chapa. Las familias las rechazan porque deberían hipotecarlas y vivirían es un constante peligro de desalojo si no lo hacen, siendo que construyeron sus actuales viviendas con mejores materiales.

Es indignante este atropello, mientras PRO se la pasa entregando tierras del Estado para empresarios privados, como las 5 hectáreas de los antiguos talleres de la Ciudad en Parque Patricios, o el regalo de terrenos en Barrio Carrillo o Piedra Buena a la Iglesia Católica, de edificios enteros a entidades israelitas en Puerto Madero, o concesionando por décadas 40 hectáreas del Autódromo a empresas multinacionales. Mientras crecen las torres de lujo, 250.000 personas viven en villas en la ciudad y un trabajador debe gastar el 50% de su salario para alquilar.

Con esta ley, Macri y Larreta continúan con la entrega de tierras públicas a la especulación inmobiliaria. Esta cesión de tierras, que deberían ser reservadas para escuelas, hospitales, viviendas sociales, o espacios verdes ha sido posible por la sucesiva complicidad de los distintos bloques que se dicen “opositores”. Proceso que fue respaldado por la creación por parte de Cristina Kirchner de la Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE) que permite entregar tierras públicas sin pasar por el Congreso Nacional. En algunos casos fue el kirchnerismo, votó la privatización de 40 hectáreas del Autódromo de Parque Roca, el corredor gastronómico de plaza Houssey y el Tiro Federal. En esta oportunidad, después del acuerdo electoral con el bloque de los radicales de Lousteau y de Roy Cortina del Partido Socialista, PRO obtuvo los votos necesarios para enajenar estas tierras que habitan desde hace 70 años más de 60.000 personas. Lo que la dictadura militar no logró lo pretenden hacer con esta ley. 

La resistencia es enorme. Las madres, quizá como eco del ascenso de las mujeres, han tomado la delantera y van al frente. Marcharon la semana pasada desde Retiro a Puerto Madero, entrando ahí donde las clases altas atesoran riquezas en barrios de lujo con departamentos vacíos.

El problema de los habitantes de la villa es el de más del 50% de los hogares en la Ciudad que no tienen solución para el problema de la vivienda. El metro cuadrado de construcción ha duplicado su costo y para una vivienda de tres ambientes se requieren 300 salarios o sea treinta años sin comer ni vestirse.

Desde Izquierda Socialista rechazamos la venta de las tierras de la Villa 31 y apoyamos la pelea por una verdadera urbanización. Para solucionar el déficit habitacional hay que romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa y que ese dinero se destine a un plan de viviendas populares, salud y educación.