Escribe Adolfo Santos

Con autoría del diputado Juan Carlos Giordano y la diputada Mercedes de Mendieta de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley contra los decretos de privatización de AySA. Propone que sea 100% estatal, bajo gestión de trabajadoras, trabajadores y organizaciones de usuarios, y rechaza la entrega a la empresa israelí Mekorot.

El gobierno ultraderechista de Javier Milei intenta reeditar una política que ya fracasó en Argentina y en varios países del mundo: la privatización del servicio de agua potable. Propone vender el 90% de las acciones y autorizar cortes masivos del suministro por falta de pago en la empresa que brinda agua potable y saneamiento en el AMBA. Esta medida, que afecta un servicio esencial para la vida, comenzó a generar rechazos. El 2 de agosto, bajo la consigna “el agua no se vende, se defiende”, se realizó un abrazo simbólico al edificio de AySA, en rechazo a la privatización y a la presencia de la empresa israelí Mekorot, que actúa como asesora del proyecto privatizador y pretende quedarse con el control de la empresa.
El proyecto del Frente de Izquierda Unidad propone anular estos decretos privatistas. En un país con más de 7 millones de personas sin acceso al agua potable y casi 20 millones sin redes de saneamiento, la privatización agravaría este flagelo. Correctamente, el proyecto de ley expresa: “garantizar el acceso universal, equitativo y sustentable al agua potable y al saneamiento en todo el territorio nacional, como derecho humano esencial no sujeto a las reglas capitalistas de mercado”.
La privatización de AySA persigue la ganancia capitalista por sobre un servicio esencial. Los decretos de Milei permiten cortar el suministro a quienes no puedan pagar. En cambio, desde el FITU se plantea que el agua sea reconocida como un derecho humano inalienable, gestionado por el Estado nacional, con prioridad en su función social, sanitaria y ambiental, por encima de cualquier interés económico o empresarial. Ningún usuario debe quedar excluido del acceso a este servicio por razones económicas.

Un proyecto que ya fracasó
Durante el gobierno peronista de Carlos Menem, en 1993, el servicio de agua se entregó a Aguas Argentinas S.A., controlada por el grupo francés Suez. En 1999, una investigación comprobó que la empresa se había vendido por menos de una quinta parte de su valor real. Además, confirmó la falta de inversión en obras, la provisión de agua contaminada, el despido de personal y el aumento significativo de las tarifas. Está claro: la privatización genera corrupción, ataca los derechos laborales y deteriora la calidad de un servicio declarado esencial por la ONU desde el 2010.
A pesar de esas evidencias, el secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, José Luis Lingieri, minimizó la medida: “es una imposición de la Ley Bases”. Con más de 40 años al frente del sindicato, este burócrata traidor, que integra la “mesa chica” de la CGT, se limitó a declarar que acepta la privatización “siempre y cuando no derive en reducción de personal”. ¡Una vergüenza!
El proyecto de las y los diputados del Frente de Izquierda propone que AySA diseñe un Plan Federal de Obras para expandir el acceso al agua potable y a los desagües cloacales en todo el territorio nacional. Para financiar este proyecto, plantea que los recursos provengan de lo destinado al pago de la usurera deuda externa y se incrementen mediante la implementación de “un impuesto especial a las ganancias de las multinacionales, grandes empresarios y bancos que operan en nuestro país, redirigiendo los recursos nacionales a garantizar este derecho humano esencial, brindando un servicio eficiente y accesible para el pueblo trabajador”.

*Ver el Proyecto completo en izquierdasocialista.org

Escribe Adolfo Santos

Lejos de ser la empresa que “convirtió un desierto en un campo de flores”, como dice su currículum, Mekorot es uno de los brazos que el sionismo utiliza para la opresión y colonización del territorio palestino. Fundada en 1937, antes incluso que el Estado de Israel, fue financiada para encontrar el agua que necesitarían los colonizadores. En 1948, con el sionismo ya instalado, pasó a ser una empresa estatal y expresión de una política de dominación a través del servicio de agua.
Tiene infinidad de denuncias internacionales por violar los derechos del pueblo palestino. Mientras que en Gaza, entre el 90% y el 95% del suministro está contaminado y no es apto para el consumo humano, Israel no permite el traslado ni el suministro de agua potable. Utiliza el agua como un arma de exterminio, siendo cómplice del Estado sionista y del genocidio que se perpetra en esa región.
Desde hace años, Mekorot amplió su influencia en Latinoamérica e instaló proyectos en diferentes países. En Brasil, la empresa firmó contratos de asesoramiento con gobiernos estatales, aunque el Gobierno de Bahía se vio obligado a cancelar el acuerdo por las presiones de las campañas del Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones.
No es casual que el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich, no sea ingeniero ni técnico, sino un miembro de las fuerzas militares y exministro de Seguridad, responsable de crímenes de lesa humanidad. La empresa que preside, ha sido denunciada ante las Naciones Unidas por su política de apartheid.
A pesar de estos nefastos antecedentes, en 2022, Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior del gobierno peronista de Alberto y Cristina Fernández, impulsó a varios gobiernos provinciales a contratar a Mekorot para asesorarlos en el manejo del agua. En su mayoría, son provincias que promueven la megaminería, el fracking y la agroindustria. Una sola minera de litio consume, en un día, el agua que 100 mil habitantes de la Puna usarían en todo un año. ¿Esas son las propuestas del peronismo?
Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, nos unimos a la movilización contra la privatización de AySA del gobierno entreguista de Javier Milei y decimos: ¡Fuera Mekorot!
                                                

Escribe Salud en Marcha

La lucha de las y los trabajadores del Hospital Garrahan (el principal centro pediátrico de alta complejidad del país) continúa con más fuerza que nunca. Impulsada con un inmenso apoyo popular que se hace visible en cada acción que convocan. Tanto la masiva movilización del 17 de julio, así como la marcha de velas del pasado 31 de julio que contó con la presencia de familiares de pacientes e importantes referentes de la cultura, son un enorme respaldo al hospital y a sus trabajadores, un símbolo de la defensa de la salud pública frente a las políticas de ajuste del gobierno.
El reclamo central de la lucha se mantiene firme y claro: salarios dignos y un freno al desfinanciamiento de la salud. La exigencia es un salario mínimo de 1.870.000 pesos, un monto indispensable para cubrir la canasta básica familiar, según cifras que calcula mensualmente la Junta Interna de ATE-Indec. Esta demanda es la principal respuesta a la precariedad salarial que ha provocado la renuncia de numerosos profesionales empujados al pluriempleo. Una vulneración flagrante de las condiciones laborales, que impacta directamente en la salud de las y los propios trabajadores que se sacrifican en pos de mantener la calidad de la atención a los pacientes.

Un reclamo que se expande y unifica
Otro ejemplo del amplio apoyo se vio en el cabildo abierto del sábado 2 de agosto, realizado en el anfiteatro de ATE. Medio centenar de organizaciones sindicales, sociales y políticas reafirmamos nuestro compromiso con todas las medidas que las asambleas del hospital vienen definiendo en unidad y de forma democrática.
Es necesario impulsar para fines de mes una gran movilización nacional en respaldo al Garrahan y en defensa de la salud pública, con el objetivo de confluir con otros sectores que también comienzan a enfrentar el ajuste del gobierno de Milei.
La lucha del hospital se convirtió en un freno significativo al plan motosierra del gobierno ultraderechista. Y la pelea continúa. Desde Salud y Estatales en Marcha renovamos nuestro compromiso para acompañar a las y los trabajadores en cada paso que resuelvan en asamblea.
Tal como expresamos en el Cabildo Abierto, exigimos a las conducciones sindicales (ATE, CTA, Cicop y Fesprosa) que pasen de las declaraciones a la acción y convoquen de manera unitaria y desde la base un verdadero plan de lucha nacional para que el Garrahan triunfe. Al mismo tiempo, denunciamos el pacto que la burocracia sindical peronista de la CGT sostiene con el gobierno. Le exigimos que lo rompa de inmediato y que convoque a un paro nacional de 36 horas como primer paso de un plan de lucha serio para derrotar la motosierra del gobierno y al FMI.

Escribe Otto Giachero, dirigente Jubilados en Marcha 

En una medida demagógica y electoralista, el gobernador cordobés Martín Llaryora anunció un aumento del 84% a las y los jubilados que perciben la miserable jubilación mínima de 380 mil pesos, elevando los haberes a 700 mil, más un bono de 100 mil pesos bimensuales para quienes cobren entre ese monto y un millón trescientos mil.
Lo que el gobernador de Córdoba presenta como una concesión oculta una maniobra electoralista que está lejos de resolver la grave realidad que padecemos las y los jubilados. En primer lugar, el universo de quienes perciben la mínima representa solo el 5% de las y los jubilados, es decir, entre 2.500 y 5 mil personas. En segundo lugar, los 700 mil pesos representan apenas el 54% de la canasta del jubilado. Además, lejos de ser un aumento incorporado a los haberes (lo que implicaría una suba para toda la escala), se trata de un “complemento” condicionado a las auditorías que se realicen con el gobierno nacional; es decir, sujeto a la posibilidad de ser suspendido en nombre del “déficit fiscal”.
El gobierno intenta sembrar la idea de que en Córdoba se están aumentando las jubilaciones, cuando lo que ocurre es un verdadero robo. Llaryora mantiene vigente la ley 10.694, votada en pandemia, que elimina el 82 % móvil sobre el mejor sueldo y establece un diferimiento de entre 30 y 60 días en los aumentos respecto de los activos. También sigue aplicando el descuento compulsivo del 20% a quienes cobran el doble beneficio de dos haberes jubilatorios. Lo poco que se obtiene con esta medida, lejos de ser un obsequio, es una respuesta mínima a la persistente lucha que llevamos adelante las y los jubilados, ya en nuestra 70ª ronda semanal.
La gran mayoría de jubiladas y jubilados quedamos excluidos de esta medida, como quienes provienen de la docencia, la salud o el sector público en general. Desde la ronda, así como desde nuestra agrupación Jubilados en Marcha, seguimos reclamando por la derogación de la ley 10.694, la recuperación del 82% móvil, la devolución de la caja intervenida por la provincia, y denunciamos el veto de Javier Milei al magro 7,2% otorgado a nivel nacional.

El 16 de agosto a partir de las 10.30 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Santiago del Estero 1029 CABA, se llevará a cabo el plenario convocado por las conducciones sindicales combativas, cuerpos de delegados, comisiones internas junto a movimientos piqueteros independientes y organizaciones de jubiladas y jubilados. 

La aplicación del brutal ajuste por parte del gobierno de Javier Milei, los gobernadores y el FMI, nos impone definir medidas que permitan derrotar el plan motosierra con la más amplia unidad obrera y popular. Con ese objetivo convocamos este Plenario Nacional: para dar pasos en el fortalecimiento del sindicalismo combativo y democrático. Hay que organizar la lucha para conquistar aumentos de salarios y jubilaciones, enfrentar la represión, frenar los despidos y demás ataques antiobreros y antipopulares. Vamos a exigir que la plata vaya al pueblo trabajador, y no a la fraudulenta deuda externa ni al FMI.
Crece el malestar popular, por eso continúan las luchas por el salario (como en el Hospital Garrahan), contra los despidos, como en Secco y en Georgalos y con la incansable movilización de las y los jubilados, entre otros sectores. Milei desmantela organismos estatales y vacía la salud, las universidades y la educación pública. Se cierran fábricas y comercios. Intentan privatizar AySA, cierran Vialidad y atacan a la ciencia. Todo para seguir beneficiando a las multinacionales, los bancos, los grandes empresarios, la oligarquía terrateniente con la rebaja de retenciones y, en especial, para continuar pagando la deuda externa bajo los dictados del FMI.
Mientras tanto, la burocracia de la CGT mantiene un pacto con el gobierno y suma a Gerardo Martínez a la mesa del Consejo de Mayo, donde se discutirá el proyecto de país impulsado por Milei. Dejan correr el ajuste a cambio de que no les toquen las obras sociales. Las conducciones de las CTA, aunque discursivamente son más críticas, proclaman paros y medidas de lucha que no organizan ni garantizan. Así actúan en el Garrahan, el INTI, el INTA y el Conicet.
Por eso se suman a este encuentro importantes dirigentas y dirigentes, comisiones directivas de distintos gremios, cuerpos de delegadas y delegados, comisiones internas, agrupaciones opositoras, sectores de jubiladas y jubilados, juventudes, mujeres y disidencias, organizaciones barriales, desocupadas y desocupados, así como activistas de la lucha ambiental. Hay que avanzar en el fortalecimiento del sindicalismo combativo mediante un espacio unitario de coordinación permanente, que sea referencia para las luchas en curso y para impulsar una nueva dirección.

Ya son parte de la convocatoria:
UF Seccional Oeste y cuerpo de delegados Ferrocarril Sarmiento, Sutna (Nacional), ATEN Capital (Neuquén), AGD UBA (Bs.As.), Ademys (CABA), Comisión Directiva Adosac (Santa Cruz), UEPC Capital (Córdoba), ATEN Plottier (Neuquén), Sindicato Químicos (Córdoba), ATE Río Tercero (Córdoba), Unión Trabajadores de la Salud -UTS (Córdoba), Junta Interna ATE Garrahan, Junta interna Incaa, delegados Luz y Fuerza (Córdoba), Comisión interna No docentes de Facultad de Ciencias Sociales UBA, Comisión Interna gráfica Morvillo ocupada (Bs.As.), Junta Interna Incaa, delegados de Hospital Italiano, Lista Bordó, Minoría (Naranja) Foetra, Minoría Adunc (Docentes universitarios, Comahue) asentamiento Neuquén - Minoría Naranja Fucsia (Docentes universitarios, Luján) en Adunlu, Asociación de actores (Delegación Salta),  Comisión interna Textilana, Minoría Agmer (Concepción del Uruguay), Comisión interna GPS (Tercerizados de Aerolíneas Argentinas), Sindicato de Vialidad de La Rioja, Apinta Alto Valle, Uatre Ledesma, Despedidos Georgalos en lucha, Asamblea de trabajadores despedidos de Secco en lucha, Polo Obrero, MTR 12 de abril, MST Teresa Vive, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel), Plenario de trabajadores jubilados (PTJ), Jubiladxs de Izquierda.
Adhieren: Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados, Ancla MST, A Luchar IS, CSC PO, Aduns - Docentes univ Bahía Blancа - Asamblea multisectorial INTI, Encuentro de Jubilados de Asambleas Barriales.

Coordinación de A LUCHAR