Escribe José Castillo

Reafirmando un giro cada vez mayor hacia apoyarse en el imperialismo yanqui, el gobierno del Frente de Todos ha firmado un acuerdo de intercambio de información (Fatca, por sus siglas en inglés) con su homónimo de los Estados Unidos. Tiene como objetivo intercambiar datos sobre cuentas bancarias en ambos países, a los fines de que cada uno de ellos pueda cobrar los impuestos correspondientes. No es el primer acuerdo de este tipo: ya el gobierno de Mauricio Macri había firmado uno, ciertamente que de menor alcance.

En concreto, el gobierno argentino se compromete a informar al norteamericano los datos de todas las cuentas abiertas por ciudadanos de ese país en nuestros bancos. Y los yanquis harán lo mismo con las cuentas abiertas por argentinos en el país del norte. Esto último es lo que se ha venido anunciando con bombos y platillos por parte de Sergio Massa y otros funcionarios del gobierno. Hablan de un número cercano a 100.000 millones de dólares fugados y depositados en bancos yanquis que ahora podrán ser conocidos y a los que se les podrá cobrar impuestos.

Pero a no ilusionarse, el acuerdo que entraría en vigencia el año que viene, solo será para que se informen de cuentas de ciudadanos con domicilio en argentina que abrieron cuentas en Estados Unidos (incluyendo algunos paraísos fiscales, como Delaware y Dakota del Sur, pero dejando afuera a otros como las islas Vírgenes o Puerto Rico). Varios grandes empresarios que fugaron sus capitales, como por ejemplo Marcos Galperín, no serán alcanzado por la norma por el sencillo hecho que fijó su domicilio en Uruguay.

Un nuevo blanqueo

Así y todo, la información que se obtenga podría brindar datos interesantes sobre unos cuantos especuladores que han fugado capitales, nunca comunicaron el origen de los mismos y, por supuesto, no abonaron los impuestos respectivos. La apertura a estos datos se daría al parecer a partir de septiembre del año próximo.

El gobierno del Frente de Todos, dada esta realidad, busca aprovechar para juntar unos pesos con anticipación. Recurre para ello a una vieja herramienta, el blanqueo de capitales. La misma que utilizó Macri durante su mandato. Sencillamente, se les ofrece a aquellos que informen voluntariamente  con anterioridad sus cuentas en el exterior una “amnistía” sobre los delitos cometidos: nadie les preguntará el origen de los fondos, se les perdonarán los impuestos anteriores no pagados y, a cambio de un pago con una tasa especial (menor a la que les correspondería) quedan “blanqueados”, pasan a no deber nada, y pueden usar libremente sus fondos fugados. La alícuota a pagar se irá incrementando (primero se duplicará y luego se cuadruplicará, pero siempre por debajo de lo que deberían pagar por lo que adeudan) a medida que transcurran los meses de 2023. Como una especie de zanahoria para que se decidan rápido, paguen y queden blanqueados antes de que el gobierno yanqui habilite la información en septiembre.

El gobierno peronista aspira así a hacerse de algunos fondos para el momento álgido de la campaña electoral. Pero que nadie se ilusione. En el proyecto de blanqueo que se ingresará al Congreso en los próximos días hay una cláusula taxativa, ya que el 20% de todo lo que se recaude de este blanqueo va directo a un fideicomiso para pagarle al FMI.

En síntesis, si se aprueba en el congreso, este blanqueo, bendecido por los yanquis y por el Fondo solo le servirá a los grandes especuladores y jugadores de divisas y al propio Fondo. Nada muy distinto del que llevó adelante Macri en su mandato.

Escribe Atilio Salusso
 
La condena contra Cristina dio para todo tipo de debates. Larreta, el macrismo y los radicales dijeron que hay una “justicia independiente y republicana”. La vicepresidenta habló de “pelotón de fusilamiento, mafia judicial, estado paralelo”.
 
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por hechos de corrupción bajo su anterior gobierno peronista kirchnerista. Los tres jueces del Tribunal (designados por ella) la declararon culpable por administración fraudulenta con seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los fundamentos del fallo se darán a conocer en marzo de 2023. Luego la sentencia va a ser apelada a la Cámara de Casación y después irá a la Corte, que no tiene plazo para decidir, lo que va a demorar años. Mientras tanto a Cristina Kirchner no le va a pasar nada.

Hasta que el fallo no quede firme (puede que sí, puede que no) no está impedida de ejercer cargos públicos. Y aunque se ratificara la condena no va a ir a la cárcel porque sería beneficiada con prisión domiciliaria al cumplir setenta años en 2023. Es decir, no tiene problemas para ser candidata, aunque dijo que no (hecho que analizamos en el Panorama Político). Esto es por el antecedente que salvó a Carlos Menem, condenado pero nunca preso, porque la Corte dijo que no puede ir a la cárcel hasta que la sentencia no esté firme, algo que no rige para el ciudadano común: el 50% de los presos están sin condena firme. El mismo Menem que a su vez fue amparado por sus fueros como Senador bajo el ala del kirchnerismo que lo protegió. Esto anula el argumento de “Cristina proscripta”.
¿Culpable o inocente?

El debate hay que hacerlo bajo dos preguntas sencillas: ¿hubo o no actos corruptos que involucran a la ex presidenta? Y si los hubo, ¿tiene o no que ser condenada? Desde Izquierda Socialista contestamos a ambas preguntas afirmativamente. Lo hacemos con la coherencia de plantear lo mismo ante el macrismo (ver recuadro en esta página), diciendo a la vez que no confiamos en esta justicia patronal y acomodaticia al servicio de los de arriba (ver “¿Quién pone a los jueces?”).

No hace falta ningún fallo para probar el entramado de negocios corruptos bajo el gobierno peronista kirchnerista. Esto ya llevó a que varios responsables vayan a la cárcel, como Lázaro Báez, De Vido, José López, Schiavi, Jaime.

Lázaro Báez pasó de empleado bancario a ser dueño de Austral Construcciones, monopolizando la obra pública en Santa Cruz, facilitado por el kirchnerismo en el gobierno, con los consabidos retornos para la entonces familia presidencial, lo cual Cristina y su abogado quieren hacer pasar como “negocios privados”.

No solo coimas

La palabra corrupción se asocia equivocadamente a las coimas o sobornos de tal o cual político o funcionario. Pero no es solo eso. La corrupción es inherente a los negocios capitalistas corruptos propios de este sistema, que funciona para acrecentar las ganancias de grandes empresas y multinacionales cobijadas por las leyes y los gobiernos de turno. La obra pública, que debería ser para solucionar el déficit habitacional o construir escuelas y hospitales, es una trama de pactos en su beneficio. A cambio, gran parte de los políticos tradicionales hacen campaña con fondos que le ponen esas empresas (los laboratorios a Cristina, Odebrecht al PRO). Esos favores luego se devuelven adjudicando obras a sobreprecios y otros ilícitos.

Corrupción capitalista que también mata, como ocurrió con la masacre de Once, donde los familiares de las víctimas junto a los ferroviarios del Sarmiento tuvieron que hacer marchas y presentar pruebas para lograr justicia aunque sea parcialmente. Y si hablamos de corrupción a gran escala tenemos que poner en el tapete a la deuda externa, contraída en dictadura bajo un genocidio y reconocida y pagada por todos los gobiernos posteriores. ¿Hay alguien preso por semejante saqueo corrupto? Nadie.
 
Este capitalismo saqueador y corrupto no va más

Es descabellado decir que la condena “intenta sacar de la cancha a una figura que no se disciplina ante los poderes internacionales y nacionales”, cuando es Cristina quien está apoyando el mayor ajuste de Massa al servicio del FMI y se reunió con el embajador norteamericano.

Cristina dice que los jueces la persiguen. Se olvida cuando hubo otros que la salvaron, como el fallecido Norberto Oyarbide que sobreseyó en tiempo récord a la familia presidencial por una causa de enriquecimiento ilícito. Y cuando denuncia a la mafia de los chats, además de estar involucrados políticos del PRO como el ministro de Seguridad de Larreta, también lo estuvo Julián Leunda, Jefe de Gabinete de Asesores de Alberto Fernández, ex director de C5N y de Ámbito Financiero, quien se comprometió con la mesa judicial de los chats a no ventilar el caso en los medios oficialistas.

Para terminar con este sistema capitalista de saqueo, entrega y corrupción es que luchamos por un gobierno obrero y popular, contra un capitalismo que no va más, y por una Argentina socialista.

Escribe Atilio Salusso

Nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano presentó en el año 2017 un proyecto de ley contra la corrupción (1384-D-2017). El mismo dispone que los responsables políticos y empresariales vayan presos y devuelvan lo que se robaron, invirtiendo la carga de la prueba (los responsables deben demostrar su inocencia), procediéndose a su prisión preventiva y al remate de sus bienes y propiedades para que esa plata vaya a Salud, Educación y Vivienda.

El gobierno de Macri fue corrupto ciento por ciento. Mauricio Macri apareció en los Panamá Papers junto al actual intendente de PRO de Lanús, Néstor Grindetti. Recordemos cuando casi todos sus ministros tenían sus depósitos millonarios en el exterior. De acuerdo a sus balances oficiales, la empresa Caputo S.A., del empresario y amigo del ex presidente, Nicolás Caputo, aumentó 43% sus ganancias en los años de gobierno macrista.

Gustavo Arribas, el jefe de la AFI (agencia de espías de Inteligencia), recibió coimas por 850.000 dólares de la multinacional Odebrecht. En una de las interpelaciones parlamentarias que se le hicieron al Jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña, Giordano le hizo reconocer que esa empresa corrupta le ponía plata al PRO. Y al ministro Aguad le hizo confesar que Macri estaba al tanto del perdón del 99% que le hizo a la millonaria deuda del Correo Argentino en beneficio de su padre. Atento a ello es que Giordano también presentó un proyecto para anular el mismo y que se le rematen los bienes a las empresas Sideco y Socma del Grupo Macri. También hicimos campaña para que el ex ministro Aranguren vaya preso por los aumentos de las naftas que dispuso en beneficio de Shell, la multinacional de la cual fue presidente y accionista.

Recordemos también que el Grupo Macri (Sevel) se benefició con la estatización de su deuda privada por parte de una disposición de Domingo Cavallo en la dictadura y el gobierno de Cambiemos fue quien nos endeudó por 45.000 millones de dólares en 2018 con el FMI, otro capítulo aberrante del gran saqueo y corrupción con la deuda externa que solo el Frente de Izquierda enfrentó.
Todo esto prueba la consecuencia y coherencia de nuestro partido Izquierda Socialista, que lo que ahora decimos contra Cristina lo sostuvimos contra todos los gobiernos corruptos.

Escribe Atilio Salusso

A la Corte Suprema y jueces federales los pone el gobierno de turno, con la venia del Senado, previo pacto entre el PJ, la UCR y PRO. Así de sencillo.

Hasta la reforma constitucional de 1994 el Presidente ponía a dedo a los jueces de la Corte, luego validados por el oligárquico Senado (donde siempre tuvo mayoría el peronismo desde 1983). No había concurso, ni exámen. Pura rosca. El fallecido Juez Bonadío tenía un cartel en su despacho que decía: “No se preocupe, yo tampoco llegué por concurso”. Después del ‘94 a los jueces de la Corte los sigue eligiendo el Presidente con el voto de dos tercios del Senado. O sea, sigue el dedazo.

Para elegir a los jueces federales aparece el Consejo de la Magistratura. Este organismo de veinte personas encargado de elegir, controlar y remover a los magistrados (aún no se pronunció contra el juez mendocino Bento acusado de cobrar coimas a presos y enriquecerse ilícitamente), está integrado por el presidente de la Corte, un miembro del Poder Ejecutivo (el actual es hermano del ministro Wado de Pedro), cuatro senadoras y senadores y cuatro diputadas y diputados, o sea diez “de la política tradicional”. Alguien podrá decir que los otros diez integrantes son “independientes”. Claro que no. De los cuatro representantes de Jueces, cuatro de Abogados y dos de la Academia, todos están ligados al PJ, a la UCR o al PRO. El abogado Héctor Recalde, por ejemplo, fue presidente del Bloque del Frente para la Victoria en Diputados, la actual consejera y abogada Jimena de la Torre es del PRO, y el juez y actual consejero Lugones lo es por la Lista Celeste, ligada al kirchnerismo.

Está claro, esta justicia es repugnante. Se mostró una vez más con la filtración de los chats donde jueces compartieron un viaje a la mansión del magnate británico Joe Lewis con políticos patronales, ex servicios de inteligencia y empresarios del grupo Clarín.

Para terminar con esta justicia patronal, elitista, patriarcal y acomodaticia ante los gobiernos que la designan (muestra de ello fue la pelea escandalosa en el la sesión de Diputados entre el peronismo y Juntos por el manejo de los jueces) proponemos algo completamente distinto: los jueces deben ser electos por el voto popular, sus cargos tienen que ser revocables (no vitalicios), deben ganar lo mismo que una docente y se tiene que implementar el juicio por jurados.

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña Izquierda Socialista/FIT Unidad

Tras un supuesto discurso contra “la política” y “la casta”, Milei busca crecer de cara a las elecciones presidenciales de 2023, entre quienes están hartos del ajuste, la corrupción y las mentiras de dirigentes como los del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Pero se trata de un auténtico fraude, los liberfachos son lo viejo en envase nuevo y su proyecto representa un capitalismo con superexplotación y ataques a los derechos conquistados.

Ante la bronca que generan los partidos tradicionales y la situación económica y social que se vive, Milei intenta presentarse como una “alternativa distinta” a quiénes vienen gobernando el país y las provincias, como el peronismo, el radicalismo y PRO. Pero, sus políticas en realidad ya gobernaron, fueron parte del proyecto del peronismo menemista, y antes del viejo liberalismo que proveyó funcionarios civiles a todas las dictaduras militares.

Todas sus propuestas, ninguna nueva ni original, van contra el pueblo trabajador y los sectores populares, empezando por quitar todos los derechos laborales, echar millones de trabajadores públicos y, literalmente, privatizar todo. Su proyecto político no es antisistema, sino que representa una furibunda defensa del negocio capitalista, planteando la privatización total de la educación y la salud en nombre de “la libertad de mercado”. Su “libertad” no es para todos, sino para los empresarios, para que ellos puedan ganar más, despedir a gusto y no pagar impuestos.

Los liberfachos de Milei se posicionan contra la intervención del estado y las luchas de las y los trabajadores. Llaman a terminar con los planes sociales impulsando un discurso de odio contra quiénes los reciben, a tal punto que su referente de CABA Ramiro Marra llamó a construir un movimiento anti piquetero en las calles. Cuando fue el conflicto de los trabajadores del neumático del Sutna Milei pidió que se reprimiera y Marra se llegó a “ofrecer” para trabajar en el marco de una huelga histórica. Nada sorprendente de quienes llegaron a pedir que se expulse a les pibis secundarios que fueron parte de las tomas de las escuelas en CABA contra Larreta y Acuña.

La verdadera cara de Milei

Milei llegó a defender la compra-venta de órganos, uno de los negociados más repugnantes que ha generado el capitalismo. En el Congreso Nacional, Milei y la “Libertad Avanza” votaron en contra del derecho a la salud, posicionándose contra la asignación de presupuesto para la detección de cardiopatías genéticas que podrían prevenir muertes y contra la Ley de VIH. Esta es la verdadera cara de su proyecto de capitalismo sin derechos y donde quiénes tienen dinero pueden acceder a la salud.

Pero eso no es todo, Milei se la pasó sorteando sus dietas de manera populista, pero no abrió la boca ante el aumentazo del 30% de los diputados en el Congreso Nacional. Por eso decimos, que no es “anti-casta”, sino parte de la misma. Recordemos que los únicos que se opusieron a este privilegio fueron las bancas del Frente de Izquierda Unidad.

Para Milei el calentamiento global y la crisis ambiental es un invento de los “comunistas”. Lo mismo la lucha contra el machismo, la violencia de género y la misoginia. Su “libertad” se acaba cuando se le plantea el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo, posicionándose contra el aborto legal que conquistamos con la #mareaverde en las calles. Como si fuera poco, dijo que la Educación Sexual Integral (ESI) “deforma la cabeza de la gente”, argumentando que debería quedar “en el ámbito privado de las familias”. Sostuvo que en un eventual gobierno de “la Libertad Avanza” la eliminaría, junto con el Ministerio de Mujeres, Género y  Diversidad y el Inadi.

La rebeldía contra el sistema es el Frente de Izquierda Unidad

Los liberfachos son lo viejo en envase nuevo y representan una corriente ultraconservadora. Donde se gobernó con esas políticas, como Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, o Menem-Cavallo en nuestro país, hubo miles de despidos, privatizaciones y entregas de recursos naturales al saqueo.

Por eso decimos que la rebeldía, el repudio al sistema, la verdadera oposición a todos los que ya gobernaron, no se expresa con los liberfachos de Milei. El verdadero cambio, la política distinta, la auténtica salida para la juventud y el pueblo trabajador viene de la mano del Frente de Izquierda Unidad, el que llamamos a construir y fortalecer desde Izquierda Socialista.