Escriben Juli Mechón, Secretaria de Políticas Universitarias del Centro de Estudiantes de Humanidades de COMAHUE y Joaquín Caporale, ex consejero directivo de la Facultad de Psicología de la UNLP

Derogar o anular la Ley de Educación Superior menemista es una consigna que ha sido borrada de la mayor parte de los pliegos de reivindicaciones y programas del movimiento estudiantil del país. Incluso de algunos que son levantados por corrientes del campo de la izquierda. Una peligrosa despolitización que circunscribe los debates a las demandas más inmediatas, presupuestarias, salariales, edilicias, de reglamentos de cursada y planes de estudios, cuando no, a la mera discusión del expendio de apuntes o precios de comedores. Todas demandas y discusiones necesarias, pero que desde nuestro punto de vista, omiten ir al debate de fondo del sentido de la universidad pública, del porqué y el cómo de su permanente proceso de destrucción y privatización, a dónde está la base material que sustenta los monstruosos aparatos  estudiantiles del radicalismo (Franja Morada) y el peronismo (desde La Cámpora hasta la Juventud Universitaria Peronista), entre tantos otros temas. Es la LES el andamiaje político y legal del desguace de la universidad pública, y donde encontramos las respuestas a estos interrogantes. Por eso ha sido una política permanente de nuestra corriente durante estos 25 años pelear por incluir tirar abajo la LES dentro del horizonte de peleas que da el movimiento estudiantil.

El presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura del Congreso el primero de marzo, planteó que era parte de sus objetivos sancionar una nueva ley de educación superior. Las limitaciones de su planteo las desarrolla en este dossier Eduardo Díaz de Guijarro, físico y coordinador del Programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Los doce años de gobiernos kirchneristas sosteniendo el modelo heredado del menemismo ofrecen además una confirmación que los pilares que denunciamos de este andamiaje van a ser sostenidos en su propuesta, sino aún más fortalecidos, sobre todo en lo relativo a la persecución del financiamiento privado bajo el argumento de “buscar vinculación con el sector productivo”. La entrevista a nuestra compañera Laura Marrone, especialista en temas educativos, nos permite además tener un panorama general del conjunto de los niveles educativos frente a estas presiones del capitalismo imperialista sobre la formación de la juventud de nuestro país.

“La universidad pública podrá cobrar aranceles” fue el título principal del diario Clarín al día siguiente de su sanción. La enorme pelea que dio el movimiento estudiantil con tomas de facultades a lo largo y ancho del país, y la movilización con abrazo/bloqueo al propio Congreso de la Nación incluido, no logró frenar su aprobación por culpa de la traición de la Franja Morada y del entonces FREPASO (cuyos herederos hoy residen particularmente en las tropas del kirchnerismo). Pero sí logró con su lucha a lo largo de los años evitar que los aspectos aún más privatizadores de la ley en regla general no se apliquen, como la habilitación del cobro aranceles para cursar. Incluso en algunas facultades se logró evitar la “acreditación” de los contenidos de las carreras a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), el organismo creado para impulsar reformas de currículas al servicio del mercado.

Los avances privatizadores y la mercantilización, sin embargo, lograron abrirse camino a través de otras vías, como el arancelamiento de los posgrados y la firma de convenios con multinacionales. En nombre de la búsqueda de generación de “recursos propios”, todos los gobiernos desfinanciaron el sistema universitario empujando a cada institución a buscar el “padrinazgo” de alguna empresa, o algún negocio como los cursos de idioma pagos. El reclamo presupuestario y el rechazo a estas expresiones de mercantilización han sido uno de los principales motores de los reclamos estudiantiles, docentes y nodocentes, en estas décadas.

Ponemos los aportes de este dossier al servicio de la politización, y como un impulso al estudio y la profundización de la realidad del sistema educativo de nuestro país. Pero sobre todo, como un aporte en función de poder retomar la tradición de los Encuentros Nacionales contra LES (cuya última edición se realizó en el año 2005), y avanzar en constituir un programa propio del movimiento estudiantil de nuestro país, que le permita tanto defenderla de los ataques de los gobiernos, como proponerse rediscutir su orientación social, y ponerla de una vez por todas al servicio de las necesidades de lxs trabajadorxs y el pueblo.

• ¿Cómo definís al modelo universitario mercantil?

Las clases dominantes de la sociedad trataron siempre de utilizar la educación para afianzar su dominio. Durante los siglos XIX y XX se formaron profesionales y científicos orientados a servir al capitalismo, pero las universidades mantuvieron cierta autonomía cultural y acompañaron con avances y retrocesos los vaivenes de la lucha de clases.

Hacia el fin del siglo XX, las empresas imperialistas crecieron e influyeron mundialmente en todos los órdenes, incluyendo el cultural. La mayoría de las universidades reorientaron sus carreras y sus investigaciones para que sirvieran a los intereses de esas grandes empresas.

Los gobiernos redujeron el presupuesto educativo, fomentaron la enseñanza privada y obligaron a las universidades estatales a buscar financiamiento en convenios con empresas. La internacionalización de los estudios, como en el Plan Bolonia, también apunta a satisfacer las necesidades de las multinacionales.

En nuestro país, la tradición de luchas estudiantiles y docentes y de educación pública dificultó la instauración plena de este modelo mercantil o empresarial. Pero a pesar de ello avanzó notablemente en las últimas décadas, a través de los frecuentes convenios con empresas, de la pertenencia a asociaciones como Universia, sostenida por el Banco de Santander, de la plataforma EdX que incluye al Banco Mundial y al FMI e incluso del método y el lenguaje empresarial aplicado a actividades académicas.

• ¿De qué manera la LES ayudó a apuntalar el modelo mercantil en la Argentina?

La LES, aprobada en 1995 por el gobierno de Carlos Menem, fue impuesta por el Banco Mundial durante negociaciones para el otorgamiento de un crédito. Contiene todas las características del modelo empresarial: coloca en un plano de igualdad a las universidades públicas y privadas, crea organismos de conducción como el Consejo de  Universidades,  integrado en forma paritaria por representantes de ambos sectores y permite que las universidades públicas obtengan “fondos propios” a partir de contratos con empresas. En las condiciones del crédito el Banco Mundial exigió que debía crearse la CONEAU como un organismo de control y acreditación con autoridades y metodologías de trabajo… aceptables para el Banco”.

La LES también estableció que las funciones de control y acreditación pueden estar a cargo de un organismo privado y abrió las puertas para el arancelamiento de los estudios.

Esta ley fue resistida por el movimiento estudiantil y por buena parte de los docentes. Sin embargo, no solo fue aprobada por el menemismo sino que mantuvo su vigencia durante los gobiernos posteriores, incluyendo los doce años de Néstor y Cristina Kirchner hasta 2015.

La reforma aprobada por el Congreso en octubre de ese año introdujo una importante definición: “la educación y el conocimiento son un bien público, un derecho humano personal y social” y “una responsabilidad indelegable del Estado”. También eliminó la posibilidad de arancelar los estudios de grado, estableció el ingreso irres- tricto a las universidades públicas y modificó algunos otros artículos. Sin embargo, se conservaron en el resto de la ley numerosas normas que contradicen estas correctas afirmaciones generales, al equiparar las universidades públicas con las privadas y mantener la representación de estas últimas en los máximos organismos del sistema. También se mantuvo la posibilidad de financiamiento adicional para las universidades nacionales mediante convenios con empresas, los “fondos propios” estimulados por la asfixia presupuestaria estatal.

En 2015 no se eliminó el arancelamiento de los cursos de posgrado, cada vez más necesarios para los jóvenes graduados y se agregó algo que el texto anterior no contemplaba: la posibilidad de que las provincias subvencionen universidades privadas.

• En el marco de la pelea por su deroga- ción, ¿Cuáles son los principales ejes que deberían pensarse en una nueva Ley?

Los objetivos centrales de una nueva ley deben ser recuperar el carácter público y universal de las universidades y establecer que tanto la educación como la investigación deben orientarse hacia las necesidades de los sectores más postergados de la sociedad y no hacia el lucro de las empresas ni del 1% más rico de la población.

De acuerdo con su “responsabilidad indelegable” establecida en el artículo 1°, el otorgamiento de los títulos debería ser una atribución exclusiva del Estado, tal como era antes de 1958. Si bien todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse, estudiar, enseñar y expresarse libremente en cualquier ámbito cultural o artístico, lo que no puede aceptarse es que instituciones privadas otorguen títulos habilitantes para ejercer las profesiones de interés social, como son las disciplinas de la salud, la abogacía y otras prácticas comunitarias, la arquitectura, las ingenierías, etc., ni que tengan representación en los organismos de conducción del sistema universitario.

Por otra parte, el financiamiento de las universidades públicas debería ser exclusivamente estatal, de modo que todas sus actividades apunten al bien común y no a intereses económicos sectoriales.

Con respecto al ingreso y a la permanencia de los estudiantes, debería contemplarse el tránsito desde el secundario con cursos de formación y asegurarse el seguimiento de los estudios mediante tutorías y apoyo pedagógico. Las carreras deberían apuntar al desarrollo del espíritu crítico en lugar de la capacidad memorística, y del sentido solidario del profesional o científico en lugar de los criterios individualistas que imperan actualmente. La composición de los órganos de gobierno y de los contenidos de la enseñanza deberían ser discutidos en cada universidad, garantizando la autonomía y la diversidad de las regiones geográficas y de la composición de cada una de ellas en cuanto a carreras, tradición, temas de investigación y población estudiantil.

• ¿Cuál opinás que es el proyecto del gobierno de Alberto Fernández sobre este tema?

Existen aún pocos elementos para conocerlo en detalle, pero sin embargo es posible analizar ciertos indicios.

En el capítulo sobre Educación de la Plataforma Electoral del Frente de Todos se plantea la necesidad de “fortalecer el Consejo de Universidades”, que está formado por rectores de universidades públicas y privadas, sin proponer ningún cambio en su composición.

Por otro lado, en la apertura de las sesiones del Congreso el presidente mencionó la necesidad de una nueva Ley de Educación Superior, y entre sus objetivos señaló el fortalecimiento del “vínculo con la comunidad y el sector productivo”, sin aclarar si se refería a las empresas estatales o a las privadas, aunque la relación de Alberto Fernández con estas últimas es muy cercana. Por ejemplo, pocos días después de asumir la presidencia, participó de un acto en la Universidad Austral, donde “celebró” la firma de un acuerdo entre esa institución privada de élite, las grandes automotrices multinacionales radicadas en nuestro país y la cúpula del SMATA “para incrementar la productividad del sector”. Tal como informa la página web del CRUP (Consejo de Rectores de Universidades Privadas), el presidente sostuvo que “vamos a seguir trabajando juntos”.

Estos indicios nos llevan a temer que las reformas de la LES propuestas por el actual gobierno acentúen la contradicción que señalamos más arriba. Que no reafirmen el concepto de que la educación y el conocimiento son un derecho personal y social y que por el contrario acentúen el modelo empresarial de las universidades.

Creemos que estudiantes, docentes y no-docentes, deben advertir ese peligro y alertar sobre la posibilidad de que la mercantilización se acentúe. Lo que el país necesita son universidades públicas totalmente financiadas por el Estado y cuyo objetivo sea orientar la enseñanza, la investigación y la cultura hacia la reducción de las injusticias y las desigualdades sociales y no hacia el lucro de las grandes empresas y de quienes concentran la riqueza y destruyen el planeta.

LAURA MARRONE, Legisladora Porteña (M.C.) por Izquierda Socialista - FITU

¿Cuáles fueron las reformas que acompañaron a la LES en los 90’?

Durante la década de los 90 se desarrolla la primera generación de la Reforma educativa en nuestro país, bajo los gobiernos de Menem y De La Rúa. Responde a los lineamientos del Consenso de Washington (1988) que los organismos internacionales, como el Banco Mundial y el FMI promueven para responder a las nuevas demandas del capital financiero e industrial. Estos consisten en reformar los estados reduciendo gastos, privatizando servicios públicos y expandiendo el mercado. Las conclusiones del Foro Mundial de Educación celebrado en Jontien (Tailandia) en 1990 ordenan propuestas para educación que acompañan estas reformas.

Señalaremos cuatro aspectos que adoptó esta reforma en nuestro país. En primer lugar, financiero. Los presupuestos educativos ocupan entre el 4 y 6% de los PBI de los países. Se busca mayor eficiencia en los gastos, diversificar las fuentes de ingreso, reducir costos, de modo de liberar progresivamente a los estados nacionales del compromiso de financiar los sistemas educativos.

En el año ’91 Argentina firma el Plan Brady con el FMI por el cual se compromete a terminar de transferir las escuelas a las provincias, proceso que había empezado la dictadura en el ‘78 a nivel primario, ahora a nivel medio y terciario. El propósito es que el estado nacional disponga de fondos para los pagos de la deuda externa. En 1992 se sanciona la Ley de Transferencias N°24.049 que destruirá el gasto igualitario por estudiante y la desigualdad pasará a ser de 1 a 4 pesos entre las provincias que menos recursos tienen y las que más.

Un segundo aspecto consiste en favorecer el proceso de privatización de la educación para que las propias familias asuman sus costos. El desfinanciamiento de la educación pública provocaría la migración de familias a la escuela privada. La Ley Federal N° 24.195, sancionada en 1993, instala una redefinición de la escuela pública, que rompe con la tradición de más de 100 años en nuestro país.

Equipara la escuela estatal a la privada considerando a ambas parte de un sistema público único, cuya diferencia es de gestión.

El tercer aspecto refiere  al  conocimiento, y su relación entre el sistema educativo y la demanda de la producción. Hay que reformular a nivel geopolítico la producción y la distribución del conocimiento. El rol asignado a nuestro país no contempla la producción de conocimiento científico, sino la de meros consumidores de los producido por otros. Es una etapa en la que prácticamente no hay inversión en ciencia.

La Ley Federal de Educación N°24.195 reestructura el sistema educativo de conjunto. El estado nacional no financia ni administra la educación, pero centraliza las políticas y evalúa los resultados. Los planes del Banco Mundial y del FMI para Argentina son los mismos que para países donde prácticamente la educación primaria no había logrado universalidad y existían altos niveles de analfabetismo. Sin embargo, desde la década del 40, nuestro país estaba en las  primeras escalas mundiales de alfabetización de la población. La Reforma propone desarrollar el nivel primario que ya teníamos. En cambio, no favorecen el desarrollo de la educación media y por eso no hubo préstamos para este nivel. Se da la paradoja que se otorgan créditos para salas de informática en escuelas primarias y las escuelas medias no tenían. Se destruyen las escuelas  técnicas del Consejo Nacional de Educación Técnica que tenían un alto nivel de formación de sus egresados. La transferencia supone también la desarticulación del sistema nacional y pasamos a tener 24 subsistemas, con diversidad de estructuras por nivel, currículos y hasta problemas en la validación de títulos entre provincias.

El cuarto aspecto es la desarticulación de la lucha social. Los sistemas educativos nacionales, herencia del formato republicano del siglo XIX, altamente centralizados, se han vuelto un problema para la estabilidad política de los gobiernos. Ocho millones de estudiantes, más seiscientos mil docentes provocan que cualquier reclamo sacuda directamente a un gobierno nacional, tal como ocurrió en la Huelga del 88 durante el gobierno de Alfonsín. Después de las leyes de Transferencia y Federal de Educación no hay más huelgas nacionales docentes, aunque sí paros provinciales largos, aislados, por la falta de recursos para pagar salarios.

¿Qué respuesta dan los estudiantes y los docentes a esta reforma?

La lucha contra la Transferencia y la Ley Federal es llevada adelante centralmente por estudiantes y docentes autoconvocados en Capital Federal con tomas de escuelas y marchas en los años 92 y 93. En los años posteriores, la lucha es sostenida principalmente por los sindicatos provinciales, opositores a la conducción de CTERA: ATEN de Neuquén, AMP de La Rioja, seccionales opositoras de SUTEBA y en forma intermitente los sindicatos de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

A partir de la derrota de la Huelga del 88, la conducción nacional de CTERA pierde la independencia política de los gobiernos de turno. Acuerda con los sucesivos gobiernos de Menem y De la Rúa todas las leyes de la reforma. Deja aislados a los conflictos provinciales por falta de pago, se niega a la coordinación nacional. Sus convocatorias a paros son para descomprimir los reclamos que surgen por abajo. En 1997, cuando el clamor de estos, es ya desgarrante, monta una operación mediática: una carpa en la Plaza de los dos Congresos. Durante casi dos años sostiene la medida con el reclamo de sanción de una ley de incentivo docente a financiar con impuestos a los consumidores como el cigarrillo o la propiedad de autos. La carpa es saludada por sectores de derecha y patronales como contrapuesta a los paros docentes. La Ley 25.053 de Incentivo docente se sanciona en 1998 y se transforma en una cifra en negro para toda la docencia.

¿Qué sobrevive de esta Reforma en la actualidad?

Hablamos de segunda generación de la reforma, justamente para dar cuenta que existe continuidad con la anterior. Empieza a gestarse con el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner a nivel nacional y Macri en la Ciudad de Buenos Aires a mediados de la primera década de este siglo. Lo nodal es la continuidad del modelo de financiamiento. Éste sigue centralmente a cargo de las provincias y por tanto continúa la desigualdad en el gasto por alumno. La Ley de Educación Nacional N° 26206/2006 de Néstor Kirchner no modificó este modelo. El estado nacional centraliza y evalúa las políticas a la vez que se desentiende del sostén de la educación. Profundiza algunos aspectos que en la anterior estaban enunciados, como la extensión de modelos privatistas de educación, ya no solo a los tradicionales de escuelas privadas sino a las llamadas escuelas de gestión social que contribuyeron a fragmentar el sistema. Persiste la intención de modificar el régimen laboral docente contenido en el Estatuto Docente. Quieren eliminar su régimen de ingreso y ascenso mediante concursos públicos, no controlado por poderes políticos, la estabilidad en los cargos, pilares para que la educación sea un espacio de pensamiento crítico y no una correa de trasmisión de ideologías de los sectores dominantes y del mercado.

¿Cuáles son los principales desafíos que la pandemia y la cuarentena le pusieron al sistema educativo?

La pandemia nos  arrojó  a  un  vertiginoso empleo de tecnologías para sostener en algo el derecho a la educación, en forma virtual. No estábamos capacitados, no  todos contábamos con los recursos tecnológicos y mucho menos nuestros estudiantes. A pesar de la falta de recursos por parte de los gobiernos, el esfuerzo de la docencia ha sido enorme. Creo ha cumplido y cumple una tarea fundamental. La escuela en la casa ha sido y es un ordenador de la vida de los pibes, y aún de las familias. Es un sostén en momentos muy difíciles, incluso una antena para detectar posibles situaciones de abusos físicos, sicológicos o sexuales. Hay mucho por aprender aún, que cambiar. Estamos reclamando que el gobierno nacional y provinciales respeten nuestros derechos laborales de horarios, salarios, convocatorias a cargos vacantes. Seguimos reclamando por alimentos suficientes para nuestros alumnos y recursos tecnológicos para todos, incluidos los docentes.

Escriben Alan Corbalán, Dirigente de la Juventud de Izquierda Socialistla La Matanza y Fito Columbich, consejero directivo del FIT en el Instituto Olga Cossettini 28 Rosario.

Luego de los desastrosos 4 años de Macri, la asunción de Alberto Fernández abrió una importante expectativa en sectores de la juventud. Queremos discutir si este nuevo gobierno peronista tiene la voluntad política de cambiar el decadente rumbo económico y social del país o si, con otro discurso, continúa aplicando políticas de ajuste y sometimiento al imperialismo.

Las dos Pandemias

La primera de estas pandemias es la de coronavirus, que dejó expuestas todas las falencias del sistema capitalista, mostrando específicamente la falta de inversión en el sector de salud. Desde el inicio de la cuarentena diversos gremios de profesionales de dicho sector (como CICOP en Buenos Aires o el SITE de Tucumán) denuncian falta de insumos, de personal, camas, respiradores, etcétera. Pasados más de 100 días de declarada la emergencia sanitaria el gobierno no solucionó ninguno de estos faltantes.

El gobierno habló en un momento de “centralizar el sistema de salud para de- rrotar la pandemia”, pero lamentablemente no avanzó en ese sentido, a pesar de ser una medida necesaria para fortalecer la lucha contra el coronavirus. Nuestra exigencia es que se nacionalice todo el sistema de salud privado, farmacéuticas, laboratorios y toda industria necesaria para combatir la pandemia. Que pase a manos del Estado bajo control de sus trabajadorxs, profesionales y técnicos. Se debe proteger al personal de salud que es imprescindible.

En un contexto de miles de contagios por día, el gobierno de Alberto Fernández permitió la apertura de cientos de empresas que no son esenciales. En fábricas como la chocolatera Fel-Fort la patronal obligó a sus empleadxs a trabajar para hacer huevos de Pascua y hoy tienen decenas de contagios. En este momento el 85% de la industria está habilitada para funcionar. Un descalabro. La irresponsabilidad del gobierno hizo que trenes y colectivos colapsaran al igual que sus estaciones provocando una gran aglomeración de personas. Ahora que el sistema de salud está al borde del colapso quiere delegar la responsabilidad en trabajadorxs que salen sin el “permiso” a ganarse el pan, cuando la desidia es del gobierno que permite la apertura de miles de fábricas en todo el país, y que obliga a salir a la calle a quienes no perciben salario ni ingreso alguno.

Afirmamos que se debe sostener la cuarentena mientras no haya cura, tratamiento efectivo o una situación controlada. Pero la misma debe ser sin hambre, despidos, suspensiones y represión. El gobierno debe garantizar los recursos para que millones no se vean obligados a salir.

Un sector totalmente relegado

En las villas y asentamientos precarios quienes no tienen para comer caen en el olvido total del gobierno: las bolsas de alimento que éste envía para que repartan las escuelas (solo primarias y jardines) son completamente insuficientes. Incluso muchas familias denuncian que llegan alimentos vencidos. En lugares como La Matanza, por ejemplo, el gobierno mandó al ejército a repartir viandas: solo se reparten 24.000 mientras que en el municipio hay 2.700.000 de habitantes y más de un 60% de pobreza.

Luego de varios días del anuncio de la cuarentena el gobierno decidió lanzar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), después de recibir muchas críticas de miles de cuentapropistas que se dedican a trabajos de electricidad, plomería, etcétera; también de más del 40% de trabajadorxs informales que hay en el país, que quedaron sin ingresos en su mayoría. Se estima que 4 millones de personas que necesitan el IFE no lo cobraron y quienes lograron “calificar ” para recibirlo pasaron una gran odisea al punto que se tardó dos meses en algunos casos. Una ayuda que consideramos insuficiente (10 mil pesos), porque está lejos de los $63.372 calculados por la Junta Interna de ATE INDEC para una familia.

Esto claramente dejó a miles de familias por debajo de la línea de la pobreza. Decimos claramente que se necesita un IFE de $30.000 para cubrir las necesidades de millones, y que se entregue a quien lo necesite. A contramano de esta política de gastar lo menos posible, el gobierno subsidia los salarios de miles de pesos de los grandes CEO’s de las multinacionales. Prioridades.

Fernández repite en las conferencias de prensa y cadenas nacionales que esta crisis nos afecta “a todos por igual”. No coincidimos. Esta crisis no afecta por igual a los grandes multimillonarios del país como Marcos Galperín o Alfredo Coto, a cómo afecta en los barrios más vulnerables, donde por la desidia de distintos gobiernos fueron focos de contagios como la Villa Itatí o la Villa 31 donde lxs vecinxs estuvieron más de una semana sin agua, un elemento básico para la prevención del Covid-19.

Alberto Fernández en la segunda conferencia de prensa donde anunció la extensión del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dijo: “Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden”. Refiriéndose al multimillonario Paolo Rocca, quien despidió a 1.450 trabajadores de su empresa Techint. Alberto dijo que eso iba a solucionarse y prohibió los despidos a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Sin embargo, al comienzo de la cuarentena le siguió una ola de despidos por parte de las patronales multimillonarias que no quieren perder un centavo. El mismo DNU permitía los despidos si eran acordados con los sindicatos, los cuales en su gran mayoría son dirigidos por el peronismo. El gobierno no solo no castigó a Techint sino que lo premió pagando el 50% del sueldo de sus trabajadores, al igual que Coca Cola y mu- chas otras empresas que tienen ganancias de millones de dólares. Un despropósito.

Por si fuera poco, de la mano de la CGT, el gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) pactaron una rebaja del 25% en el sueldo de trabajadorxs del sector privado. En algunos casos este ajuste fue mayor, como por ejemplo en las cadenas de comida rápida, en las cuales se dieron peleas de miles de jóvenes en todo el país para evitar ese ajuste.

El Gobierno decidió seguir pagando la deuda externa y beneficiar a los empresarios más ricos, esto junto con el COVID profundizaron una gran crisis social. Así pasamos de tener un 35% de pobreza en diciembre del 2019 a tener, según los pronósticos más favorables, una pobreza del 50% un año des- pués. UNICEF Argentina estimó que el índice de pobreza en niños, niñas y adolescentes llegará al 58,6 por ciento a fin de año.

En este contexto Alberto prioriza el pago al FMI y los bonistas, avalando de esta manera una deuda Ilegítima y fraudulenta que contrajo el macrismo. Un “préstamo” del cual no vimos un peso. No se usó para solucionar ninguno de los problemas de lxs trabajadores ni para salud y educación. Desde que asumió el gobierno pagó U$D 4.500 millones haciendo desembolsos inclusive en medio de la pandemia.

El enorme doble discurso

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por su doble discurso y el de Alberto es fiel a ese estilo.

Primero con la mentira a los jubilados en campaña: “Voy a aumentar 20% las jubilaciones el 10 de diciembre”. Lejos de eso, la movilidad jubilatoria está suspendida, los aumentos se dan por decreto e inclusive son menores a lo que se darían si se mantuviera la fórmula que estableció la reforma jubilatoria impulsada por el macrismo en el 2017.

El doble discurso siguió con el anuncio de la “expropiación” de Vicentín. Desde la Juventud de Izquierda Socialista estamos de acuerdo con que se expropie esta empresa. Pero decimos que se debe expropiar el 100% de la misma (y no el 51% como YPF) para ser puesta bajo control de sus trabajadores. El gobierno retrocedió de sus anuncios y la patronal que adeuda unos $18.182 millones al Banco Nación hasta el momento salió indemne.

El caso en el que se vio más reflejado el doble discurso de Alberto Fernández fue en el del impuesto a las grandes fortunas. Una iniciativa de la cual el gobierno y sus diputados hicieron mucho alarde pero jamás presentaron nada. Carlos Heller, uno de los artífices de la iniciativa, dice tener el proyecto listo desde el 3 de junio e inclusive afirma contar con la cantidad de votos necesarios para que sea aprobado en la cámara de diputados (necesitan 129 y el gobierno tiene 119 más los votos de los radicales de Ricardo Alfonsín). Lo concreto es que el único proyecto presentado fue el del Frente de Izquierda-Unidad, el cual fue dejado fuera de discusión por parte los diputados del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Lxs jóvenes seguimos siendo de lxs más golpeados

Todo lo que sufrimos lxs jóvenes en el gobierno de Mauricio Macri hizo que crezca la expectativa en un nuevo gobierno peronista. Durante los 4 años de gobierno de Cambiemos el actual oficialismo posó de combativo y opositor, tirando a la cancha a oradores que en sus discursos iban de punta contra el macrismo. Pero todo esto fue esencialmente para la tribuna. La realidad es que el peronismo prestó una enorme colaboración al gobierno anterior tanto dentro del Congreso aprobándole sus leyes de ajuste como desde sus posiciones en la burocracia sindical traicionando y conteniendo las luchas contra los ataques de Cambiemos a lxs trabajadorxs, la educación y la salud.

En lo que va del nuevo gobierno, lejos de ganar más derechos lxs jóvenes seguimos en las mismas o peores condiciones, somos precarizadxs por empresas multinacionales que se llevan millones de dólares de nuestro país (ver nota precarización laboral).

Alberto Fernández presentó a Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad como la cura al gatillo fácil y la represión, pero estamos muy lejos de esto. En cuarentena la represión y los abusos policiales crecieron,hace casi 70 días desapareció Facundo Astudillo Castro. (Ver nota Represión)

Frente a todo esto somos miles lxs trabajadorxs y jóvenes que nos organizamos y peleamos contra el ajuste y la gran crisis social. Se están dando grandes peleas en todo el país: los trabajadores de La Nirva, quienes hace más de 8 meses que no cobran; los mineros de Neuquén conquistaron un gran triunfo luego de varios días de una lucha que fue apoyada por gran parte la sociedad en neuquina. Ahora los trabaadores están dando una gran pelea con movilizaciones, radios abiertas y demás iniciativas, se suman también los docentes que pelean contra el pago del aguinaldo en cuotas. Estas son algunas de todas las luchas que se están dando en nuestro país.

Desde la Juventud de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad, junto al Plenario del Sindicalismo Combativo encabezado por el Pollo Sobrero, vamos a seguir impulsando los reclamos obreros y de la juventud.

Es necesario que se implementen de inmediato medidas de fondo para solucionar los problemas de la salud y la crisis social. Somos claros y decimos que esta situación no da para más. Es necesario un fondo de emergencia para combatir el coronavirus y la crisis social, este fondo se debe nutrir de un impuesto a las grandes riquezas del país y el no pago de la deuda externa.

Escriben Pilar Barbas, Consejera estudiantil de Artes -UBA y Nathaly Artaza, Papel Secundario - IS Santiago del Estero

Estos últimos meses reflejaron aún más la falta de derechos que atravesamos las mujeres. El contexto de pandemia nos golpea doblemente, porque además de la violencia de género creciente, somos el sector más precarizado entre la clase trabajadora y más pobre, también estamos a cargo de gran parte de las tareas de cuidados en nuestros hogares, que se expresa tanto en el estudio como en el trabajo. Además sufrimos la falta de acceso a la salud reproductiva, la educación sexual integral, y el derecho al aborto.

Por eso desde Isadora e Izquierda Socialista continuamos peleando por todos nuestros derechos y exigiendo al gobierno que deje las medidas cosméticas y el doble discurso y destine leyes y presupuesto real para garantizarlos.

Que se apruebe el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

El comienzo de año nos encontró en la calles, exigiendo que en el 2020 sea ley el aborto legal, seguro y gratuito. Desde Isadora Mujeres en Lucha e Izquierda Socialista participamos de la Campaña por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, donde junto a más de 500 organizaciones fuimos parte de la redacción del proyecto presentado e impulsado por la movilización de miles de mujeres.

Es el proyecto que defienden millones en las calles. El gobierno de Alberto Fernández asumió diciendo que con su gobierno el aborto sería legal, pero con un proyecto propio que cuatro meses después sigue siendo un misterio, aunque ya adelantan que tiene acuerdos con sectores antiderechos. El aborto para el gobierno está lejos de ser una preocupación en este contexto de cuarentena, porque dice tener otras “prioridades” que atender.

En una coyuntura donde no solo se siguen practicando abortos clandestinos que ponen en peligro la vida de las personas gestantes, muchas veces ni siquiera se garantiza el acceso a las interrupciones legales del embarazo (ILE).

Durante la pandemia, en Santiago del Estero a una niña de doce años que fue violada se le negó la ILE y fue condenada a seguir su embarazo. Este caso refleja la realidad de miles, las enormes dificultades del acceso al aborto no punible que empeoran en el marco de la cuarentena. Y los miles de abortos que se siguen dando en la ilegalidad durante la cuarentena.

Por eso peleamos para que no se dilate más la aprobación de nuestro proyecto ni se negocien nuestros derechos con las Iglesias antiderechos , que se apliquen los protocolos de acceso a las ILE en todo el país y que ¡el Aborto sea Ley!.

Los Femicidios también son Pandemia

El gobierno sigue negociando el pago de la deuda externa y pagó USD 4.500.000.0000 en lo que va del años en el medio de una crisis sanitaria sin precedentes, pero las mujeres, travestis y trans no tenemos respuestas a nuestros reclamos. Desde que arrancó la cuarentena hubo un aumento del 40% de las denuncias por violencia de género y crecieron los femicidios; pero todavía el gobierno había destinado ni un peso más a combatir la violencia.

Recién, después de más de 100 días de cuarentena, el gobierno anunció un “Plan de acción contra la violencia de Género”, el mismo destinaría 18 mil millones de pesos en un plan de 3 años, totalmente insuficiente. Las medidas que tomaría el plan contempla la mejora de la línea 144, ampliando la coordinación con lineas nacionales e incluyendo más trabajadorxs, lo cual es correcto. Pero no dice nada sobre las condiciones en que se haría, tampoco hay un plan de mejoras para lxs trabajadorxs de la línea 144 que lo hacen actualmente de forma precarizada. Sobre la situación habitacional no parece haber soluciones de fondo, no hay un plan de construcción de viviendas para las víctimas de violencia de género, o un plan para que se destinen las viviendas ociosas. El plan contempla solamente la refacción y ampliación de los refugios. También un apoyo económico (de 16.875 pesos por 6 meses) a las personas que se encuentran en riesgo. Lo que en este contexto sigue siendo una miseria. Lejos está de ser un plan integral para solucionar y combatir la violencia de género.

Ante esta emergencia, las agrupaciones ligadas al gobierno nacional no denuncian esta situación y no llaman a la organización del movimiento feminista en este contexto. Reflejo de eso fue la concentración del 3J impulsada por las organizaciones de izquierda en Plaza de Mayo, donde el #niunamenos jugó un rol de desmovilización, no convocando a ninguna acción presencial que reclame al gobierno más presupuesto, y soluciones ya para las millones de mujeres que somos las más oprimidas en este contexto.

Seguimos exigiendo que se declare la ley de emergencia en violencia de género, que se garanticen espacios seguros para las mujeres que sufren violencia, cárcel efectiva a femicidas, violentos y abusadores, acceso a la salud sexual y reproductiva, a las interrupciones legales del embarazo y que sea ley el proyecto de la Campaña.

Vamos por la real implementación de la ESI y planes de estudios con perspectiva de género

Si bien en nuestro país hace 14 años que se sancionó la ley 26.150 de Educación Sexual Integral, aún hoy su aplicación es muy deficiente, o nula en muchas provincias. Ninguno de los gobiernos que pasaron la implementó efectivamente, no solo por falta de presupuesto, sino también por presión de la Iglesia Católica que obstaculiza su implementación. En el 2018 se pusieron en debate modificaciones a la ley, que no se llevaron a cabo por la injerencia de los sectores reaccionarios de las Iglesias. Como parte de la Cuarta Ola no solo creemos fundamental la implementación de una ESI, laica, científica y con perspectiva de género, también en esta pelea es fundamental la separación de la Iglesia del Estado. Nosotras necesitamos una ley de educación sexual integral que contemple la diversidad sexual y de género, basada en conocimientos científicos y laicos. Que incluya la articulación en sus contenidos de nuevos derechos como la ley de matrimonio igualitario o de identidad de género entre otros, que fueron ganados gracias a la movilización. Que en todo el sistema educativo se incorporen los contenidos del protocolo de los abortos no punibles y se desarrolle de forma remunerada la capacitación docente. En nuestros lugares de estudios necesitamos la reforma de  planes de estudios con perspectiva de género. Es una pelea fundamental para conseguir nuestros derechos.