Estamos asistiendo a una inequidad en el acceso a las vacunas: quienes tienen más recursos las acaparan. El mundo está en espera de la finalización de la vacunación en los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, a la que accedieron agotando la cantidad de vacunas disponibles para el resto del mundo, sin posibilidad de que algunos países puedan producir su propio stock debido a la existencia de las patentes. De ese modo no se puede concretar la vacunación.

Liberar las patentes de las vacunas permitiría que países como la Argentina, que tiene capacidad para producirlas, lo hagan y no tengan que depender de las fábricas centralizadas para completar esquemas de vacunación. Mientras se espera, aumenta en miles la cantidad de enfermos y fallecidos, la pandemia sigue en aumento y las posibilidades de mutaciones más severas amenazan con invalidar parcial o totalmente las actuales vacunas.

El negocio de las vacunas a nivel mundial produce muertes en pos de un aumento de precios y una presión social sobre los gobiernos, obligados a comprarlas casi a niveles de extorsión. Si se liberan las patentes los precios caerían de modo que no sería un negocio, y eso es lo que en momentos de pandemia debe hacerse, ya que la vida es el derecho principal a defender.

Según Médicos Sin Fronteras, nueve de cada diez personas de países en desarrollo no recibirán la vacuna de Covid-19 en 2021. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de una mayor solidaridad por parte de los países: “El ‘nacionalismo de las vacunas’ nos perjudica a todos”, dijo a principios de enero. Debemos apelar a la liberación de las patentes y a la transferencia de tecnología que logre una autonomía plena en pos de salvar vidas. En este marco es correcto encarar una campaña internacional con todos los que coincidan con estos objetivos.

*Oscar Atienza es Médico cirujano, Docente universitario en Medicina, Doctor en Medicina y Cirugía, Magister en Salud Pública

Con este título, los partidos integrantes del Frente de Izquierda Unidad (PTS, PO, Izquierda Socialista y MST) divulgaron una extensa nota sobre los problemas causados por la pandemia y denunciaron el negocio promovido alrededor de la vacuna, “[…] el gran negocio capitalista que hay detrás de ellas por parte de un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios apañadas por los gobiernos imperialistas y capitalistas está impidiendo que haya una producción mundial suficiente para poder inmunizar de manera urgente a la población del planeta”, y agrega: “Esto sucede mientras el Ministerio de Salud procedía a una ‘vacunación vip’ a sus amigos y allegados […] al igual que en Perú, Chile y otros países, mientras la población trabajadora sufre las consecuencias de la pandemia sin perspectiva de una vacuna en el corto plazo”.

En el texto, el FIT Unidad convoca a impulsar una campaña de lucha “en consonancia con la campaña mundial impulsada por distintas organizaciones exigiendo que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para combatir el Covid-19” […] En ese marco, llama “a luchar en común con todos aquellos que reclaman contra las patentes, por vacunas gratuitas para todxs y un plan de emergencia mundial con libertad de producción en cada país. Llamando a la más amplia unidad para impulsarla, denunciando a las grandes multinacionales farmacéuticas y laboratorios que hacen negocios con la necesidad acuciante de millones”.

Finalmente, el comunicado convoca a “lograr miles de pronunciamientos y a impulsar unitariamente distintas iniciativas, protestas y movilizaciones a tal fin, impulsando un gran movimiento, coordinando con internas, cuerpos de delegados y sindicatos y distintas organizaciones obreras, populares y de derechos humanos, personalidades, partidos de izquierda, organizaciones sociales, estudiantiles y de mujeres fomentando también iniciativas de coordinación internacional para tal fin”.

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Escribe José Castillo

Hace ya varios meses que la inflación se desbocó. La aceleración que se dio en el último trimestre del año pasado, con un diciembre en que llegó a 4%, continuó en el comienzo de 2021. El número de enero volvió a ser altísimo, otro 4%, y mayor aún en muchísimos productos de la canasta familiar. Febrero ya viene también con nuevas subas, proyectándose una inflación promedio anual de entre 45% y 50 por ciento.

Cuando se habla de por qué se da esta escalada de precios, el gobierno de Fernández, en esto también, hace gala de su doble discurso. El ministro Guzmán coquetea con la respuesta del establishment: “Para atacar la inflación hay que equilibrar las variables macroeconómicas”, un eufemismo utilizado para referirse al ajuste, aplaudido a rabiar por los empresarios presentes en la reunión por el acuerdo de precios y salarios.

Pero, y al mismo tiempo, el gobierno no tiene otra que reconocer los “abusos” de los empresarios formadores de precios. En las diversas reuniones con las patronales siempre surge la promesa de limitar los aumentos o “estudiar” cómo evitar que mayores costos se trasladen a los precios. Meras palabras, apenas terminado el encuentro los mismos empresarios presentes envían listas con aumentos a las cadenas de hipermercados, que también agregan “su” propia porción de superganancia. Todo con la vista gorda del gobierno.

Los pulpos monopólicos de los productos de consumo masivo suben los precios y provocan desabastecimiento, escondiendo aquellos que figuran bajo las categorías de “precios máximos” y “precios cuidados”. Por citar un ejemplo, todos los medios difundieron los cortes de carne de Coto a precios populares, que consistían en pura grasa, una vergüenza.

El gobierno del Frente de Todos sigue hablando para la tribuna. También dijo que había que “desacoplar” los precios de los alimentos de los valores internacionales. Para eso amenazó primero con suspender las exportaciones de maíz y luego con incrementar las retenciones. Pero bastó una reunión con la Mesa de Enlace de las organizaciones agropecuarias para que “salieran todos contentos”, sin ninguna medida en su contra. Se repitió, corregido y aumentado, lo que había sucedido meses atrás con la amenaza de la expropiación de Vicentin, con la correspondiente marcha atrás.

La semana pasada, desde la Secretaría de Comercio se “intimó” a once grandes grupos económicos (Mastellone, Fargo, Aceitera General Deheza, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, Procter&Gamble, Paladini y Potigian) por desabastecimiento. Se trató de una mera maniobra. En los hechos, fue apenas una mención administrativa y no está en juego ninguna sanción real ante estos abusos.

Al mismo tiempo, varios de los aumentos están siendo generados por el propio gobierno. Tal el caso de las subas de los combustibles, lideradas por YPF y luego seguidas por el resto de las transnacionales del sector. O la autorización a los incrementos en la medicina prepaga. Y ni qué hablar del tarifazo del gas, que se vendrá en breve, ya que está convocada para el 15 de marzo la audiencia pública.

Todo esto tiene, obviamente, sus consecuencias directas sobre el bolsillo popular. Gran parte de los trabajadores han quedado con ingresos debajo de la línea de pobreza, cuya canasta, según el relevamiento de la  junta interna de ATE-Indec, ya llega a 82.000 pesos. Más aún, un reciente informe reveló que esa cifra asciende a 120.000 pesos para quienes residen en la ciudad de Buenos Aires. Por eso no resulta extraño que una nueva medición de pobreza, considerando ingresos y condiciones de precariedad, alcance al 47% de la población, con 21 millones de personas (datos del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, organismo que depende de la Presidencia de la Nación).

Mientras todo esto sucede, el gobierno de Alberto Fernández habla de que los salarios pueden recuperar este año “3 o 4 puntos” por sobre la inflación. Claro que supone una inflación para todo 2021 de… 29%, ¡una auténtica mentira!, que se utiliza en las reuniones de acuerdos de precios y salarios para que finalmente la variable de ajuste, una vez más, sean los ingresos de los trabajadores.

La salida de fondo contra esta inflación que pulveriza salarios y jubilaciones requiere terminar con la impunidad de los grandes empresarios remarcadores, imponiendo verdaderos precios máximos, que se hagan respetar, sin excepciones, con aplicaciones reales de las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a quien lleva adelante estos abusos. Atacando a los reales formadores de precios a lo largo de toda la cadena productiva.

Al mismo tiempo, hay que parar el deterioro del salario y recomponer lo perdido. Por eso hay que reclamar aumentos de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, y la reapertura de todas las paritarias, sin techo, con incrementos reajustables mensualmente de acuerdo con la inflación. Para lograrlo hay que exigir a la burocracia de la CGT y las CTA que rompan la tregua y llamen a un auténtico plan de lucha, tal como lo venimos reclamando desde la izquierda y el sindicalismo combativo. 

Escribe Claudio Fourcade

El pasado jueves 11 de febrero la Cámara de Diputados votó la ley que establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional y los futuros acuerdos con el FMI deben contar con aval parlamentario.

La iniciativa contó con el entusiasta apoyo de todos los sectores patronales -oficialistas y de la oposición-, que se reflejó en los 223 votos positivos y dos abstenciones. Solo la izquierda representada por el FIT Unidad votó en contra, con los diputados nacionales Nicolás del Caño (PTS) y Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), que tuvieron la valiosa dignidad y el coraje de repudiar esta exigencia del FMI.

Al respecto, Giordano manifestó: “Estamos categóricamente en contra de este proyecto, sáquennos del famoso consenso Frente de Todos–Juntos por el Cambio que votan este proyecto. Es una ley que apoya los pagos de una deuda usurera y fraudulenta y, esencialmente, es un aval al pacto mafioso Macri–FMI. Es una ley a pedido del Fondo Monetario Internacional”.

El gobierno intenta mostrar que con la intervención del Congreso se pondrán “límites” a los próximos endeudamientos. Nada más alejado de la realidad. Así lo hizo notar Giordano cuando dijo: “Lejos de lo que dice el diputado Carlos Heller y los que defienden este proyecto, como Alberto Fernández y Martín Guzmán, de que el Congreso se va a poner de pie… esto es más sometimiento, entrega, más ajuste y más dependencia para el país, y centralmente para los trabajadores y sectores populares que sufrirán brutales ajustes y cambios estructurales, más reformas jubilatorias, laborales y mayor sometimiento y saqueo para pagar una deuda usurera”.

Con esta ley el gobierno nuevamente apela al doble discurso. Así lo denunció  Giordano: “El propio Fernández reconoce que los 50.000 millones de dólares de deuda contraída por Macri fueron a la bicicleta financiera y a la fuga de capitales. Pero el gobierno ´nacional y popular´ la reconoce. Macri nos endeudó, la plata la usaron los banqueros y especuladores y ahora es el pueblo trabajador el que tiene que hacerse cargo de una deuda que no vió, que no fue a trabajo ni a salarios”.

En pleno desarrollo de la pandemia, que ya se cobró más de 50.000 vidas, Giordano remarcó: “Crecen los contagios, las muertes, faltan vacunas, hay un 45% de pobreza y la prioridad del gobierno es cumplir con el FMI. Fernández habla de la vacuna con Angela Merkel, con Putin, con Kristalina Georgieva, con el papa Francisco y pide que lo acompañen a salir de esto. ¿Cómo se sale? Según dice el gobierno, pagando la deuda usurera y fraudulenta, una mentira total”.

Giordano también expresó: “Es mentira que se despejarán los vencimientos, que vamos a recuperar la economía, que mejorarán los indicadores sociales. Ya hay un ajuste en marcha, sacar el IFE, una movilidad jubilatoria a la baja, firmar techos salariales de 29% frente a una inflación para 2021 que se calcula entre el 45% y el 50 por ciento”.

No debemos tener ninguna confianza en el Congreso. Siempre ha estado al servicio de los intereses del gran capital. “Ya el Congreso votó en la Ley de Emergencia Económica pagar 6.000 millones de dólares… Saquemos la cuenta de cuántas vacunas, respiradores, camas, salarios, jubilaciones y viviendas populares que se podrían construir”.

Giordano, en otra parte de su encendido discurso, señaló: “Que este Congreso le pueda poner límite a la deuda es una mentira total. En todos los presupuestos que se votan lo primero es pagar la deuda”.

Todos, el gobierno, los partidos patronales de oposición que, junto con el oficialismo, son mayoría en ambas Cámaras, la UIA, la Sociedad Rural, las burocracias de la CGT y las CTA están de acuerdo en pagar la deuda usurera de Macri y tienen un acuerdo en reconocerla. “El Frente de Izquierda propone otro camino, no el de la dependencia y el sometimiento, sino de la soberanía nacional. En vez de pagar la deuda hay que usar esa plata para salud, hospitales, trabajo, salario, educación y un plan de viviendas populares. Debemos recuperar las empresas privatizadas, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Ahí están los recursos para sacar el país adelante”, concluyó nuestro diputado Giordano.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Como veníamos alertando, la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE, integrado por los ministros de Educación de todas las provincias) demostró que no había “grieta” en la política educativa. No eran sólo Larreta, Acuña y Cambiemos “los malos” que querían imponer una presencialidad absurda y peligrosa para la salud. Hoy, también Trotta y los gobernadores peronistas, kirchneristas y de los partidos provinciales como el MPN, Kicillof, Alicia Kirchner, Schiaretti, Perotti, todos, apoyaron y aprobaron implementar en todo el país, el mismo “protocolo” que Larreta y Acuña en CABA. A la reunión se sumó y la cerró Alberto Fernández. Dijo que “la pandemia no terminó, pero o seguimos paralizados o tratamos de reacomodar nuestra vida con el virus”

Para esto, el CFE tuvo que resolver desconocer el semáforo epidemiológico que se utiliza en todos los países para definir el aislamiento sanitario y si hay condiciones de volver a clases presenciales. Si se respetara, sólo en Formosa, La Pampa y en una decena de ciudades se podría autorizar.  

Fernández agregó: "esta vez, es volver llenos de cuidados, preservando la distancia de docentes y alumnos, y priorizando a la salud de los docentes, a quienes debemos vacunar lo antes posible". Con ese fuerte apoyo político, Larreta decidió arrancar las clases presenciales en CABA, con la mayoría de las escuelas sin condiciones de cumplir los “protocolos sanitarios” aprobados por ellos mismos. Y lo mismo piensan hacer Kicillof y todos los gobernadores el 1º de marzo.  

Fernández y el CFE dejaron en claro que su prioridad es que no quede ningún trabajador licenciado de trabajar por tener que cuidar a sus hijos. Y que empezará una situación caótica y mentirosa de la “vuelta a clases”. Presionando a directivos y amenazando a los docentes que son conscientes del incumplimiento del protocolo, las escuelas terminaron inventando sus propias reglas. De “burbujas” de 30 pibes por aula, las escuelas definen hacer dos o tres “burbujas” de 8/10, que sólo van un par de días a la semana. Las cooperadoras escolares deben comprar lavandina, alcohol y pilas para termómetros. Se indica a los docentes que realicen diferentes tareas y con cualquier grupo. 

En CABA, con sólo un tercio de alumnos volviendo, los transportes públicos se colmaron y convirtieron en lugar privilegiado del Covid, como alertaron los docentes de Ademys. Los problemas de infraestructura, baños, agua, siguen intactos. Y, en una semana ya se han comprobado decenas de casos de Covid-19 en las escuelas. ¡Y todavía faltan los contagios que empiecen por la presencialidad! Tan absurdo es todo, que miles de familias deciden, con buen tino, no mandar a sus hijos aún. 

Los docentes y estudiantes de CABA se han convertido en el “conejillo de indias” de esta peligrosa y criminal política educativa nacional. El protocolo de Larreta, Acuña y Trotta es impracticable. Y, en muchas escuelas directivos y docentes hicieron lo imposible para cumplir con algún tipo de presencialidad exponiéndose al peligro de una explosión de contagios. La firmeza de Ademys y miles de docentes y padres exigiendo un protocolo seguro, logró evitar que la irresponsabilidad gubernamental fuera mayor. 

Sin dudas, en las próximas semanas se irán sumando los grupos y escuelas que deberán cerrar por contagios y por la falta de condiciones sanitarias en todo el país. Ese será el costo del “simulacro” del regreso a la presencialidad de Fernández, Trotta y todos los gobernadores. 

Llamamos a las familias trabajadoras a organizarse y apoyar a los docentes que se ponen al frente del reclamo por un regreso seguro a la presencialidad, ya que las escuelas se abren con recursos, no con discursos.