Escribe José Castillo, candidato a Diputado Nacional CABA, por Izquierda Socialista /FIT Unidad

La carestía de la vida se sigue devorando salarios y jubilaciones. No sirven medidas parciales, ni congelamientos que después nadie controla. Hace falta un aumento general de emergencia y auténticos precios máximos, con sanción real a los empresarios que no cumplan.

El gobierno de Alberto Fernández hace meses que viene anunciando que “ahora sí”, la inflación va a comenzar a descender. Pero, al conocerse el valor de inflación de septiembre, de 3,5%, ya no pudo seguir escondiendo la realidad: que el aumento de los alimentos, artículos de limpieza y tocador y la vestimenta han pulverizado totalmente los salarios y las jubilaciones.

El nuevo secretario de Comercio del Frente de Todos, Roberto Feletti, no tuvo más remedio que reconocer lo que era un secreto a voces: que los que suben los precios son los grandes grupos monopólicos productores de los bienes que componen la canasta familiar (Arcor, Molinos, Coca-Cola, Quilmes, Procter & Gamble, Unilever, sólo nombrando los más importantes) y las cadenas de hiper y supermercados (Coto, Día, Jumbo, La Anónima). Ellos son los que remarcan, y así garantizan la continuidad de sus márgenes de superganancias. Son los mismos empresarios que se reunen permanentemente con el gobierno.

Ahora se habla de congelar por 90 días aproximadamente 1.480 productos. Los empresarios y sus economistas amigos pusieron el grito en el cielo, argumentando que los precios máximos y congelamientos “nunca sirvieron para nada”. Falso. “No sirven” si no se controla o sanciona, por supuesto.

Veamos la historia reciente. Al comienzo de la pandemia, el gobierno peronista de Alberto Fernández decretó el congelamiento de 2.000 productos, con el programa “precios máximos”. Estuvo vigente desde marzo de 2020 hasta mayo de este año. Sin embargo, cualquiera sabe la violación que hubo de ese programa: esos bienes desaparecían de las góndolas, y eran reemplazados por otros similares, pero que no estaban en el listado. Fuera de los supermercados de cadena, no había ningún límite ni precios máximos. Encima, las grandes empresas empezaron a presionar y lograron ya en enero de 2021 que muchos productos fueran “deslistados” y que el programa se cerrara en mayo.

Supuestamente se los reemplazó con un reforzamiento de los Precios Cuidados. Se trata de un viejo programa, que incluye poco más de 600 artículos. No tiene sanciones, es sólo un “acuerdo” entre empresarios y gobierno, donde el cartelito “precios cuidados” opera en los supermercados casi como una propaganda comercial. Su impacto es muy limitado. Las propias empresas, cuando no les conviene, hace desaparecer esos bienes de las góndolas. De hecho, en el total de facturación de los grandes super e hiper, Precios Cuidados alcanza apenas al 11%.

Mucho menos importante es el otro programa Super Cerca, que solo incide en el 7% de la facturación de estos comercios.

El programa que ahora se anuncia parece muy ambicioso, con 1.480 artículos congelados. Sin embargo, no incluye alimentos frescos, como carne o verduras, de fuerte incidencia en el bolsillo popular. Genera sospecha el congelamiento por 90 días (¿será para liberar todo en medio del verano?). Pero lo más grave es que el propio ministro de Producción Matías Kulfas ya anticipa que, bajo ningún punto de vista piensa sancionar a quién no los cumpla.

Seamos claros. El gran y primer problema es como el pueblo trabajador recupera el valor perdido de sus salarios. Como, de verdad, y no discursivamente, se le pone “plata en el bolsillo a la gente”.

No es un problema menor. El gobierno acaba de reconocer en 70.500 pesos el límite de pobreza. Los trabajadores del Indec, sumándole a ello el valor del alquiler de una vivienda, colocan ese valor en los 108.060 pesos. Como contrapartida, el promedio salarial en nuestro país es de 50.000 pesos.

Por eso lo principal es que se otorgue un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar. Y que ese monto se actualice mensualmente de acuerdo a la inflación. A ello le tenemos que sumar la reapertura de todas las paritarias. Los jubilados también deben tener un incremento de emergencia, que lleve el valor mínimo a 75.500 pesos (la canasta de la Tercera Edad calculada por la Defensoría del sector). Y a ello agregarle un IFE de emergencia de 40.000 pesos para todo aquel que se haya quedado sin ingresos por la pandemia.

A esto tenemos que sumarle las medidas concretas para evitar que los precios de la canasta familiar sigan subiendo. Hay que establecer precios máximos, congelados, para todos estos bienes, sin excepción. Sin poner una “fecha de finalización” que opere como señal que ahí aumenta todo. Y, lo más importante, controlarlos de verdad. Aplicando la Ley de Abastecimiento a toda aquella empresa que lo viole, sea vendiendo a precios superiores, provocando desabastecimento o acaparando, castigando con multas, clausuras y hasta expropiaciones a quién incumpla lo establecido. Con todo este paquete de medidas, y no con el doble discurso del gobierno peronista, es que se puede de verdad atacar la inflación y recuperar el consumo popular. Es lo que plantea el Frente de Izquierda Unidad. Un motivo más para darnos tu voto el 14 de noviembre por diputadas y diputados de izquierda que en las calles y en el Congreso sigan apoyando los reclamos obreros y populares.