El veto a la “Ley de Financiamiento Universitario” es inminente dado que el gobierno de Milei sostiene su declaración de guerra a la universidad pública

El brutal ahogo salarial y  presupuestario es una manifestación de guerra a las condiciones laborales de docentes y no docentes, pero también a la gratuidad, al ingreso irrestricto, a la investigación, a la creación y divulgación de conocimiento que no esté puesto al servicio del mercado.

Como venimos señalando, no estamos ante una paritaria más, sino ante la necesidad de enfrentar a un gobierno que definió a las universidades nacionales como enemigas, y por eso lanza su batería de calumnias de “adoctrinamiento”, “baja de tasa de graduación”, y “falta de auditorias”. Incluso, en algunas provincias, les estudiantes se anotan únicamente en la cursada para recibir las bajísimas remuneraciones de las “becas de estudio”. En definitiva, para Milei  la comunidad universitaria es una “fábrica de zurdos” y por eso busca en el vaciamiento presupuestario una estrategia para doblegarnos.

La histórica movilización del 23 de abril y el plan de lucha construído -a pesar de las dilaciones del Frente Gremial y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional-  torcieron la primera expresión de la política del gobierno que fue intentar dejar sin presupuesto para funcionamiento a las universidades de todo el país. Pero al día de hoy, los salarios de les trabajadores de la universidad pública son los más golpeados de todo el Estado nacional, perdiendo aproximadamente la mitad de su poder adquisitivo desde que la motosierra se instaló en el Sillón de Rivadavia. Mientras, al mismo tiempo, se profundiza la precariedad laboral a través de variadas vías, como la falta de insumos e impulso de la virtualización del dictado de clases y las prácticas pre-profesionales, y el ajuste en las prestaciones de las obras sociales.

La persistencia del reclamo y el enorme apoyo popular que tiene la universidad entre el pueblo trabajador de nuestro país, hicieron que el Congreso apruebe una ley de financiamiento que se restringe apenas a una actualización presupuestaria y salarial en función de la inflación del año en curso. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, representa un 0,14% del PBI, un tercio de la pérdida que representa en la recaudación estatal el levantamiento del cobro de bienes personales para la burguesía argentina.

Y si faltaba alguna otra muestra para clarificar la orientación de clase del gobierno y sus aliados, allí apareció el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que deja planteada a todas luces el desafío que tenemos por delante: bajo ningún punto de vista podemos dejar en manos del Congreso la defensa del presupuesto y los salarios.

Es necesario construir nuevamente una enorme movilización que se exprese en las calles de todo el país, y que desborde las calles entre el Congreso y la Plaza de Mayo. Pero no solo eso, desde cada unidad académica en todos los días previos necesitamos ganar las calles para calentar motores, instalar el reclamo, y seguir sumando apoyo popular ante la bronca creciente con el gobierno que hace asaditos para festejar que hambrea jubilados.

Para eso, y en la perspectiva de construir una enorme movilización la primer semana de octubre, no basta con el día de paro que han adelantado algunos gremios docentes y no docentes para el jueves 26/9. No hay tiempo que perder, del 23 al 28 tenemos que impulsar el paro y también las clases públicas, como una forma de comprometer al movimiento estudiantil activamente en el reclamo y forjar la unidad necesaria para masificar el reclamo.

La universidad pública está en disputa y podemos ganarle esta batalla al gobierno ultraderechista de Javier Milei.

FUCSIA y nodocentes en lucha