Escribe Isis Reis e Rosi Messias (Corriente Socialista de las y los Trabajadores-CST-UIT-CI)
1/11/2024. El 31 de octubre fueron condenados Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz, ex agentes de la policía militar y acusados confesos de los homicidios de Marielle Franco y Anderson Gomes en 2018. Sus penas fueron de 78 años y 9 meses y 59 años y 8 meses, respectivamente. Después de seis años de espera, la sentencia dictada contra los asesinos fue un paso importante en la búsqueda de justicia, pero la lucha debe continuar. El resultado se celebró en una movilización frente a la estatua de Marielle, en el centro de Río de Janeiro, a la que asistieron familiares de víctimas de la violencia.
El juicio duró dos días y se celebró en el Tribunal de Justicia del estado de Río de Janeiro, mediante un jurado popular. El primer día, miércoles por la mañana, se celebró la «Madrugada por la Justicia para Marielle y Anderson» frente al Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, con la presencia del colectivo de madres de víctimas de violencia del estado, movimientos sociales, feministas y familiares de Marielle y Anderson. La marcha continuó por las calles hasta Buraco do Lume, donde se celebraron discursos frente a la estatua de Marielle. Durante la manifestación, gritamos pidiendo justicia para que estos acusados confesos recibieran la pena máxima.
No cabe duda de que el juicio y las condenas impuestas a estos criminales fueron el resultado de las movilizaciones de los movimientos sociales y de la enorme repercusión del caso a nivel nacional e internacional. Y ahora, más que nunca, ¡hay que investigar todo y a todos! Los que ordenaron los asesinatos de Marielle y Anderson deben ser juzgados y encarcelados. Los presuntos autores intelectuales de estos crímenes bárbaros son: Rivaldo Barbosa ex-delegado y ex-jefe de la Policía Civil, Domingos Brasão ex-consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro y su hermano Chiquinho Brasão ex-diputado federal y ex-secretario de gobierno del alcalde Eduardo Paes. La implicación de estos personajes es un ejemplo de cómo el crimen organizado está incrustado en las instituciones de este régimen político podrido, al servicio de los ricos y de la policia. En un Estado donde todos los días hay operaciones policiales en las favelas que matan a pobres y negros.
En 2018, cuando Marielle fue asesinada, el estado de Río de Janeiro estaba bajo intervención federal en seguridad pública, con el general Braga Neto (ex ministro de Bolsonaro) como interventor. Braga Neto era el jefe de seguridad pública en ese momento, por lo que también debe ser investigado, al igual que el entonces gobernador del estado, Luiz Fernando Pezão, que siempre ha tenido una relación con la familia Brazão. Pocos días antes de su asesinato, Marielle había asumido el papel de relatora de una comisión creada para supervisar la intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro. Por último, también debe investigarse el papel de la familia Bolsonaro y su relación con la llamada «oficina del crimen».
Por una comisión de investigación independiente y una jornada de lucha hasta que todos los implicados sean detenidos.
Desde la CST consideramos imprescindible la creación de una comisión de investigación independiente formada por las familias de Marielle y Anderson, los movimientos negros y de favelas, el movimiento de madres de víctimas de la violencia policial, Amnistía Internacional, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, para que investigue si hay otros agentes públicos implicados en estos asesinatos. Por último, debemos seguir movilizándonos en las calles para exigir justicia. Por eso proponemos que la CUT, la CTB, la UNE y el MTST convoquen una jornada de lucha hasta que todos los implicados, sean políticos, miembros de la justicia o de la policía, ¡sean detenidos!
