Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Un tribunal yanqui dictó un auténtico fallo “pirata” contra YPF. Prácticamente obliga a nuestro país a entregar nuestra empresa petrolera a un fondo buitre británico que nunca tuvo ninguna relación con ella. Hay que repudiar este fallo y exigir la estatización total de YPF y todo el negocio petrolero.

Escandalosamente, la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York acaba de fallar a favor del Fondo británico Burford, condenando al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares más intereses (2,5 millones de dólares por día) y exigiendo que nuestro país entregue inmediatamente el 51% de las acciones de YPF como parte de pago.

El gobierno de Milei, hipócritamente, dice que todo es producto del desastre de la política reestatizadora llevada adelante en 2012 por Cristina Fernández y su ministro de Economía Axel Kicillof, cuando hoy La Libertad Avanza es la principal entregadora de todos los recursos (el petróleo entre ellos) para el saqueo a favor de los grupos monopólicos. Claro que esto no libera de responsabilidad al peronismo kirchnerista. Por eso tenemos que reconstruir la historia con mucha precisión.

La mayor entrega de las privatizaciones de los ´90: YPF a Repsol

La española Repsol terminó quedándose con la totalidad de YPF, en un proceso privatizador llevado adelante por el menemismo que culminó en 1999, tras varios pasos escandalosos previos, como el apoyo fundamental del entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner. Repsol se encargó de extraer todo el petróleo que pudo entre 1999 y 2011, enviando las ganancias a su casa matriz, descapitalizando la empresa y achicando las reservas año tras año, hasta llegar a su virtual agotamiento. El kirchnerismo no hizo absolutamente nada en todos esos años y recién avanzó con la reestatización (parcial, como veremos) cuando la propia Repsol demostró intenciones de retirarse de la empresa en 2012.

Eskenazi y el Grupo Petersen

En el año 2008, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner promovió la entrada en el capital de YPF-Repsol de uno de sus empresarios amigos, la familia Eskenazi (del Grupo Petersen, propietario del Banco de Santa Cruz). Eskenazi no puso un peso: “pagó” por el 25% de las acciones de la empresa con un préstamo de un grupo de bancos europeos, a los que les iba a devolver la plata con las propias ganancias de la empresa. El gobierno kirchnerista justificó todo esto argumentando que era parte de una “argentinización” de YPF.

La expropiación

Recién en 2012 el gobierno de Cristina Fernández expropió a Repsol. Las bravuconadas del entonces ministro de Economía Axel Kicillof (“No vamos a pagar un peso”), pronto quedaron en la nada. A pesar del desastre que había hecho Repsol con YPF y de los miles de millones de dólares que ya se había llevado, recibió del gobierno argentino otros 5.000 millones de dólares. Sin embargo, la nueva YPF, con participación mayoritaria del Estado no cambió su forma jurídica, siguió siendo formalmente una sociedad anónima. A partir de ahí desarrolló nuevos negocios con privados, comenzando con el acuerdo secreto con Chevrón que dio inicio a la explotación vía fracking en Vaca Muerta, y siguiendo con innumerables acuerdos con los otros pulpos del mundo privado del petróleo.

De Eskenazi al fondo Burford Capital

El Grupo Petersen de Eskenazi había quedado “afuera” de la reestatización: siguió teniendo sus acciones y su participación minoritaria en la ahora YPF de mayoría estatal. Pero en un momento no pudo seguir pagando el préstamo a los bancos europeos que se le había dado para comprar las acciones de YPF-Repsol, pidió su quiebra en España e increíblemente le inició juicio al Estado argentino porque este no le había comprado sus acciones de YPF. Pero como no tenía dinero ni siquiera para pagar los abogados para ese juicio, le “vendió” la causa al fondo británico Burford Capital, que nunca había tenido absolutamente nada que ver con YPF. A este fondo buitre es al que la jueza yanqui Preska declara “ganador” y le otorga un monto que es ¡tres veces lo que Argentina le pagó en su momento a Repsol! Más aún, pide que ya mismo nuestro país le entregue a esos buitres el 51% de las acciones de YPF, o sea el control de la empresa. Un auténtico escándalo, más aún, un acto de piratería.

¿Quiénes son los responsables de todo esto?

Por supuesto, no se puede esconder la responsabilidad del peronismo kirchnerista: en la mismísima privatización menemista, en hacer entrar a su amigo el empresario Eskenazi en el capital de la empresa, en la demora de años en proceder a la reestatización y en haberlo hecho manteniendo la figura de YPF S.A. (o sea legalmente como si fuera una empresa privada, sometida a los tribunales internacionales).

Pero el gobierno ultraderechista de Milei, aliado incondicional del saqueo de nuestras riquezas y en particular del imperialismo yanqui, es el peor abogado que podemos tener para resolver esto. YPF es el caso más escandaloso de una ya larga saga de juicios. Por eso hay una pregunta que no se puede esquivar: ¿por qué un tribunal norteamericano es el qué decide sobre el futuro de una empresa argentina con participación estatal mayoritaria como YPF? No es la primera vez que pasa, ya vimos algo similar entre el final del gobierno de Cristina y el comienzo del de Macri (2013-2016) con las exigencias de los fondos buitres, que terminaron cobrando escandalosamente miles de millones de dólares fruto de juicios de usura. Durante el gobierno de Menem, en la década del ´90, se firmaron decenas de TBI (tratados bilaterales de inversión) por los que se fijaba la jurisdicción ante cualquier controversia legal en el CIADI (tribunales del Banco Mundial) o directamente ante las cortes de Nueva York o Londres. Se emitieron cientos de millones de dólares de nuevos bonos de deuda externa con esas cláusulas, en todos los gobiernos posteriores sin excepción (De La Rua, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Macri, Alberto Fernández y ahora Milei). El Estado argentino viene perdiendo sistemáticamente todos los juicios llevados adelante en esos tribunales.

¿Cuál es la salida?

Bulford no tiene ninguna intención de hacerse cargo de YPF. Lo que busca es un “acuerdo” que transforme el fallo a su favor de 16.000 millones de dólares más intereses en bonos de la deuda externa argentina a favor de este buitre especulador.
Lo que hay que hacer está clarísimo. Repudiar este fallo es parte del hecho más amplio de negarse a seguir pagando la totalidad de los montos de esa deuda odiosa, usurera, ilegal, ilegítima e impagable, que nació con la dictadura genocida y que creció en decenas de capítulos protagonizados por distintos gobiernos, como el que ahora protagoniza el estudio Bulford. Al mismo tiempo hay que repudiar también los TBI, retirarse del tribunal de controversias del Ciadi y rechazar cualquier juicio que pretenda llevarse adelante en juzgados fuera del país.

Con respecto al propio sector energético, la salida es una YPF 100% estatal, que concentre todo el negocio petrolero de nuestro país (rescindiendo las concesiones que se han otorgado a otros monopolios extranjeros o nacionales), que funcione gestionada por sus propios trabajadores y técnicos, concentrando todo el negocio del sector, incluyendo la prospección, extracción, transporte, refinado y comercialización. Y que todos y cada uno de sus procesos los realice respetando el ambiente, en común acuerdo con las comunidades locales donde se encuentran los yacimientos.