Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Por supuesto, primero la realidad. Todo se pergeñó como una nueva y desesperada maniobra para tratar de levantar el barco escorado del mileísmo: tratar de “cambiar la agenda” y “hacer olvidar el escándalo de Adorni”. Una “bomba de humo”. Sirvió para poco, ya que la propia conferencia de prensa de presentación, mostró a un Adorni mudo, mientras un balbuceante “Toto” Caputo y una Alejandra Monteoliva que no se sabía por qué estaba allí, casi que le rogaban a los periodistas que dejaran de preguntarle sobre el jefe de gabinete y pasaran a hacerlo por las “bondades” del Super-RIGI. Tuvo poca suerte, la única pregunta no dirigida específicamente al caso Adorni fue sobre si en el gabinete en pleno (lo que lo incluía al propio “Toto” Caputo) cobraban sobresueldos. “¿Eh? ¿Qué pregunta es esa”? fue lo único que atinó a responder el ministro.

Después de poner todo esto en contexto, pasemos, entonces, al nuevo Super-RIGI. Si lo tuviéramos que definir en una oración, diríamos que si el RIGI era una vía libre para el saqueo y las super-ganancias de los grandes pulpos extranjeros, esto es lo mismo, pero multiplicado por dos.

El detalle del Super-RIGI

El llamado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue aprobado en julio de 2024. Básicamente era una luz verde para el saqueo y la destrucción ambiental. Se invitaba a las transnacionales a invertir en fracking de Vaca Muerta, en megaminería de oro, plata y litio y en negocios anexos garantizándoles seguridad jurídica por treinta años, menores impuestos a las ganancias, posibilidad de llevarse las ganancias sin dejar un peso en el país, ninguna obligación de comprar bienes de capital en el país (que ingresarían con arancel cero desde el exterior) y jurisdicción extranjera ante cualquier juicio que se les hiciera por conflictos ambientales.

Este nuevo proyecto busca profundizar los privilegios, ofreciendo aún más ventajas. Según el propio ministro, el nuevo régimen apunta a industrias vinculadas a la transición energética y a actividades que no tienen desarrollo en el país. Tal es el caso de autos eléctricos, baterías de litio, data centers, paneles solares, cadena del uranio y refinamiento de cobre, entre otras.

Se ofrece mayor reducción en el impuesto a las ganancias (del 25% en el RIGI original al 15% en el Super-RIGI). Posibilidad de amortización contable acelerada de inversiones (60% en el primer año, 20% en el segundo y el restante 20% en el tercero). Nótese que al permitirse a la empresa contabilizar como costo el 60% de la inversión ya de entrada, se aseguran que no haya ganancias contables, con lo que lo que pagarán por impuesto a las ganancias será ¡cero!

Además el Super-RIGI ofrece a las transnacionales exenciones arancelarias para importación de insumos (y no sólo de bienes de capital, como en el RIGI original), arancel cero para la exportación desde el primer año (en el RIGI original regía recién en el tercer año) y  que las provincias que adhieran no podrán cobrar impuesto a los ingresos brutos superiores a 0,5% y tampoco tasas municipales a las ventas.

Los proyectos ya presentados del RIGI

Desde que se aprobó el RIGI hay 36 iniciativas presentadas, supuestamente por 93.000 millones de dólares. Pero en realidad hay trece propuestas ya aprobadas por 27.000 millones. Siete están directamente vinculadas al negocio megaminero (cobre, oro y litio), tres a energías renovables, dos a gas y petróleo en Vaca Muerta. Y una al negocio de los monopolios de la agroexportación.

En todos los casos los beneficiados son grandes empresas transnacionales y las proyecciones de creación de empleo son mínimas.

Son proyectos que no generan gran cantidad de empleo, en ningún caso derraman sobre los sectores hoy en crisis, como la industria y el comercio. Y en todas las iniciativas apuntan al saqueo de recursos no renovables con el uso de tecnologías que están muy seriamente cuestionadas por su efecto sobre el ambiente.

¡Ni RIGI ni Super-RIGI!

Tanto el proyecto original de 2024 como el anunciado la semana pasada son simplemente una patente de corso al servicio de los pulpos transnacionales. Hay que rechazarlos de plano, explicando que son parte del plan motosierra de Milei y el FMI.

Se trata de una medida desesperada, improvisada buscando revertir la decadencia del gobierno y la bronca creciente. Por eso insistimos: ¡Basta de Milei! Este modelo de saqueo y corrupción, montado sobre la super-explotación del pueblo trabajador y qué sólo ofrece más motosierra, nos lleva al abismo.

Por supuesto que queda abierta la pregunta de quién desatará este nudo. ¿Después de Milei, quién se animará a declarar nulos todos los acuerdos firmados bajo el RIGI (y ahora sumado el Super-RIGI)? Sin duda, no lo hará el peronismo, cuyos gobernadores votaron a dos manos la modificación a la ley de glaciares, a medida de las transnacionales mineras. Van a invocar “la continuidad jurídica” y la imposibilidad de volver atrás. Por eso será necesario, como en tantos otros temas, una fuerza política que plantee otro programa, obrero y popular, que efectivamente liquide esta dependencia. Que deje de pagar la deuda, rompa el acuerdo con el FMI y, también, declare de nulidad absoluta todos los acuerdos firmados por el RIGI. Solo el Frente de Izquierda Unidad puede hacerlo.