Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Las escalofriantes muertes por consumir droga envenenada en el conurbano o los crímenes diarios en Rosario a manos del narcotráfico, reabrieron el debate sobre cómo combatir de fondo a este flagelo que hace estragos. Sabemos que cuando se habla de narcotráfico y drogas incluye varias aristas, desde el negocio capitalista que implica, la criminalización y el tema salud pública. Desde Izquierda Socialista lo abordamos globalmente. Por eso es que, además de repudiar la complicidad con los narcos de los gobiernos de turno como el peronista actual y el anterior macrista, las fuerzas represivas y los jueces; exigir que vayan a la cárcel los capos y no los perejiles, y que se aborden las adicciones desde el ángulo de la salud pública, decimos que la legalización de las drogas permitiría combatir el problema de fondo, terminar con las mafias y abrir el camino para tratar las adicciones desde el hospital y no desde la cárcel, algo que no ocurre.

Sabemos que la propuesta de legalización puede para ser rara o crear confusión de que podría “fomentar el consumo”. Pero busca lo opuesto. Lo único cierto es que lo que muestra tanto lo que pasa en Argentina como en el mundo, es que el prohibicionismo viene causando estragos, salvando a las mafias criminales y provocando masacres como la que estamos viendo.

La legalización de todas las drogas es para combatir a las mafias y a sus crímenes, en primer lugar, sacándoles el gran negocio capitalista que hacen con la ilegalidad, y a su vez reducir el consumo y disminuir las muertes y hospitalizaciones por adicciones. La legalización y regulación por parte del Estado es lo que terminaría con la terrible red clandestina que produce sustancias sin controles y venenosas, genera violencia, inseguridad y muertes.

El hijo del capo del cartel de Medellín colombiano Pablo Escobar, asesinado en 1993, dijo recientemente que su padre pudo tener el poder que tuvo y hacer lo que hizo por los beneficios de la ilegalidad. Es que el prohibicionismo y la ilegalidad, además de asegurar grandes ganancias a las mafias y grandes empresarios que lucran con el narcotráfico, ha llevado a emprender políticas represivas que han sido un rotundo fracaso. Se persigue a los perejiles y consumidores, no a los capos narcos. Solo el 1% de las causas federales en Argentina apuntan contra algún narco.

Una prueba extrema de lo que apareja la prohibición ocurrió en Estados Unidos cuando en 1920 impusieron la “ley seca”, que prohibía las bebidas alcohólicas. Esto posibilitó el tráfico ilegal y las bandas criminales, como se ve en las películas de la época. El consumo de alcohol, por el contrario, ascendió, con el agravante de que las mafias lo fabricaban adulterado y altamente tóxico. El mercado negro creció, encareció su precio y se incrementó la demanda de drogas. Las mafias (como la del famoso Al Capone) se multiplicaron, dando paso a la violencia, crímenes y corrupción. Todo esto se ha reflejado en novelas y en el cine con recordadas películas como Los Intocables o El Padrino. Pero a pesar del fracaso de la Ley Seca (la cual se terminó anulando en 1933) se siguieron utilizando como hasta ahora los mismos argumentos para justificar la prohibición de las drogas. Precisamente porque muchos capitalistas sustentan sus descomunales ganancias con el “valor agregado” que otorga la clandestinidad, siendo el narcotráfico después del tráfico de armas el negocio capitalista más rentable del mundo, encabezado por Estados Unidos, los cuales usan sus enormes fondos además del lavado de dinero en paraísos fiscales para comprar gobiernos, jueces y policías. Porque cuando hablamos de narcotráfico estamos hablando de un negocio capitalista mundial muy lucrativo. Y la ilegalidad es la forma en que se cobija.

¿Qué sería legalizar las drogas? Que toda la cadena de obtención de la materia prima, elaboración, distribución, tenencia y consumo pase a ser legal. Es decir, transformarla en una actividad más dentro de las reglas del mercado. Esto implica que paguen fuertes impuestos, su sometimiento a controles de salud pública, que tengan trabajadores en blanco y con derecho a sindicalizarse. Como se ve, no significa para nada fomentar el consumo de drogas (como tampoco los socialistas fomentamos el consumo de cocaína o cualquier otra droga, ni de tabaco o alcohol) como a veces se quiere hacer creer.

No solo lo decimos nosotros. Sectores conservadores del pensamiento económico que nada tienen que ver con la izquierda, han dado argumentos contundentes sobre los beneficios de la legalización. El Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, fallecido en 2006, afirmaba: “La única gente que puede sobrevivir en ese negocio declarado ilegal son las bandas que tienen suficiente dinero para flotas de aviones y métodos sofisticados de traslado de la mercadería.”

La legalización no sólo desplazaría a las mafias. También haría que las drogas pasen a ser un problema de salud pública. Exigiendo a los gobiernos que hagan campaña permanente educando sobre los riesgos de consumir y tratar plenamente las adicciones, poniendo plata y presupuesto suficiente a tal fin. A su vez, exigimos desarrollar políticas preventivas para evitar abusos, rehabilitar a los adictos, reducir los riesgos y daños en el uso de sustancias, generando consumos responsables. Las obras sociales deberían incluir el tratamiento contra las adicciones bajo un estricto control estatal.

La regulación de la producción y distribución por parte del Estado permitiría además determinar qué es lo que se consume y que no, y que aquellos que sufren adicciones reciban tratamiento adecuado en el sistema de salud pública, no dejar librado a que hoy la juventud caiga en manos de los narcos como consumidores o soldaditos del narcomenudeo.

Hoy millones son empujados a consumir compulsivamente, en especial jóvenes hundidos en la pobreza y marginalidad sin futuro, como si fuera la única manera de sobrellevar la tremenda frustración que les impone este sistema capitalista depredador. En vez de levantar una salida de fondo, los distintos gobiernos capitalistas y sus planes económicos de hambre y pobreza empujan a que miles sean víctimas del negocio de la droga, como dealer de los verdaderos narcos, a quienes les pagan miseria, los que terminan en la cárcel mientras los capos siguen en la impunidad. Cosa que si hubiera empleo y buenos salarios, esto no ocurriría, ya que se les sacaría esa mano de obra barata a los verdaderamente narcotraficantes.

La propuesta de legalización, en definitiva, la sostenemos en el marco de la lucha por terminar con todos los males capitalistas, peleando por una sociedad socialista donde no haya explotados ni oprimidos.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados criticando el acuerdo con el FMI. Lo hizo a través de una carta (ver texto Página12, 31/1) generando una nueva crisis en el gobierno y una lógica simpatía entre sus seguidores. Desde Izquierda Socialista en el FIT-U nos sumamos al debate dando nuestra opinión sobre las razones y alcances de su renuncia, que aclaramos es solo como presidente del bloque oficialista, no de su banca como diputado del Frente de Todos. “Dejo un lugar para seguir ayudando”, dice en su misiva.

Después de señalar que no habría que hablar “de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos de beneficios”, el actual diputado y jefe de La Cámpora fundamenta su renuncia por “no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. ¿Pero cuál era la “estrategia” que proponía o propone Máximo Kirchner? ¿Acaso desconocer el endeudamiento sideral que nos dejó Macri para financiar la fuga de capitales por 45.000 millones de dólares? Máximo no dice nada de eso. Por eso su omisión revela que sus críticas son parciales e intentan reacomodarse ante un acuerdo que no cae bien entre los luchadores y quienes vinieron reclamando desde sectores críticos del oficialismo “no volvamos al Fondo”.

Somos contundentes. No hay ninguna “estrategia válida” que no pase por desconocer el endeudamiento macrista si de verdad se quiere terminar con la “herencia de Macri”, como pregona el kirchnerismo. El gobierno nacional acompañado por Máximo Kirchner hizo lo opuesto. Desde que asumió “pagó más por la deuda que dejó Macri que lo que se destinó para la pandemia”, según lo reveló la propia Cristina Kirchner.

Máximo lo único que infiere es que habría que haber negociado de otra forma. Con más muñeca política. Con otras exigencias y posiciones “más duras”. Pero las exigencias de Máximo Kirchner y La Cámpora eran conocidas: pedir más plazos de pago, reclamar que el FMI no cobre las sobretasas (1.000 millones de dólares más por año) y que se autocritique del préstamo que le hizo a Macri por violar sus propios estatutos. Pero es lo que hicieron Alberto Fernández y el ministro Guzmán con los resultados conocidos.

Máximo pone en evidencia los límites de sus críticas cuando dice: “Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al Organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad”. Solo critica “los errores y abusos” del FMI. Lo mismo propondría hacer el diputado Moreau cuando se trate la ley en el parlamento, modificarla para que no sea tan perjudicial.
En definitiva, las críticas de Máximo no van en función de desconocer ningún acuerdo con el FMI ni de dejar de pagar una deuda fraudulenta. Por eso aclaramos que su postura no “se acerca a la izquierda”, como han señalado algunos medios.

Máximo esperó que se consumara el acuerdo gobierno-FMI para criticarlo y desmarcarse haciendo creer que “podía haber una negociación más beneficiosa”. Pero los acuerdos que se han pactado con el FMI bajo todos los gobiernos desde 1983 a esta parte han sido perjudiciales para el pueblo trabajador. Más ajuste, saqueo, dependencia y sometimiento.

Máximo reivindica como salvadora la “cancelación histórica de una deuda de 9.800 millones de dólares” de Néstor Kirchner. Pero lo cierto es que luego de que la rebelión del Argentinazo impusiera el no pago de la deuda al grito “que se vayan todos” -lo que permitió usar esa plata para impulsar planes sociales de emergencia-, fue el peronismo kirchnerista el que reanudó los pagos, le pagó de contado al FMI (nunca rompió con ese organismo) y lejos de desendeudarnos nos dejó una deuda de 200.000 millones de dólares luego de pagar durante los 12 años un monto similar. No hubo ningún acto liberador por entonces.

Tampoco Máximo Kirchner ha dado señalar de ninguna “ruptura” con el gobierno, como se insinúa en algunos comentarios periodísticos. En su carta reconoce que vino acompañando todas las políticas sobre la deuda: “Les recuerdo que como jefe de Bloque acompañé la sanción de la Ley que aprobó la reestructuración de la deuda privada en moneda extranjera a pesar de estar en profundo desacuerdo con algunos de sus artículos”. Es decir, avaló el pago a los bonistas-usureros internacionales que vienen haciendo negociados tras negociados en el país. Agregamos que también votó la movilidad jubilatoria a la baja para cumplir con el FMI (algo que fue reivindicado por el propio Fondo Monetario) y vino apoyando la política central del Frente de Todos, los salarios a la baja, la inflación del 50%, los despidos y el trabajo precarizado, la reducción en las partidas en Salud o la quita del IFE. Temas por los cuales nunca levantó la voz. Por eso en la carta tampoco se explaya sobre los “resultados” que critica del acuerdo, porque tendría que mencionar la palabra “ajuste” que tanto espanto genera en el Frente de Todos del cual es parte. ¿Máximo se opone o denuncia el actual ajuste? No lo hace. Aumentó la nafta, se vienen nuevos tarifazos (como parte del acuerdo con el FMI) y la burocracia sindical se apresta a firmar de nuevo aumentos salariales en cuotas por debajo de la inflación, lo que traerá más pobreza e indigencia. Mientras se pagaron otros 1.100 millones de dólares tras el acuerdo. ¿Dijo algo Máximo de esto? Nada.

Máximo hace críticas. Está claro. No quiere perder parte de su base social que repudia al FMI y ve que ahora vuelve con más ajuste de la mano del Frente de Todos que votó. Pero no propone ninguna salida alternativa ni llama a movilizar en repudio. No hay que dejarse engañar. Lo mismo hizo Cristina cuando publicó una carta después de las PASO criticando a sectores del gobierno para no quedar pegada a la derrota electoral.

Máximo en un pasaje de su carta dice “al fin y al cabo el FMI demuestra que lo importante no son las razones ya que sólo se trata de fuerza”. Por esa misma razón, no se trata de “hacer entrar en razones al FMI” como propone, sino combatirlo con la fuerza de un pueblo movilizado que repudie los pagos, rompa los lazos que nos atan a ese organismo imperialista y vuelque los millones de dólares que genera nuestro pueblo trabajador a combatir los males sociales que se han agravado en estos dos años de gobierno peronista, como primer paso para imponer un plan económico alternativo, obrero y popular. Para ello llamamos a marchar el 8 de febrero desde el Frente de Izquierda Unidad junto al sindicalismo combativo y cientos de organizaciones, convocando también a todos los sectores descontentos con el gobierno que se quieran sumar, para repudiar el acuerdo con el FMI y luchar por una salida de fondo. Esta es la propuesta que levanta la izquierda, no es la de Máximo Kirchner.

Este martes 1° de febrero se hará la marcha contra la Corte bajo la consigna “Democratizar la justicia”. La convocan sectores ligados al gobierno nacional y al kirchnerismo, entre ellos Luis D'Elia, el juez Ramos Padilla, Hugo Moyano y Justicia Legítima, con el apoyo de Aníbal Fernández y otros.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, señaló: “Los convocantes se apoyan en el repudio popular que existe contra los jueces de una Corte Suprema pro patronal, elitista, antiobrera, patriarcal y antiderechos. Pero hablan de “democratizar la justicia”, algo que nunca existió, ni ahora con Alberto Fernández, ni en los 12 años de gobierno peronista kirchnerista, ni mucho menos cuando gobernó el peronismo menemista de la década de los 90 cuando la Corte avaló el saqueo del patrimonio nacional con las privatizaciones, los pagos de una deuda externa usurera y fraudulenta y los tremendos casos de corrupción. Estos sectores peronistas llaman a marchar contra una Corte que dicen está manejada por el macrismo, pero los mueve el hecho de que a la justicia la maneje el actual gobierno para evitar fallo en su contra o que se avance en casos de corrupción que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por todo esto llamamos a no concurrir”.

Giordano prosiguió: “El macrismo, por su parte, habla de “golpe de estado” y de que hay que defender una supuesta justicia “independiente” llamando a una contramarcha este jueves. Es la misma Corte y jueces que avaló los tarifazos del gobierno anterior, quiso imponer la impunidad a los genocidas con el 2x1 teniendo que retroceder ante la movilización popular o avala y es cómplice de la “Gestapo” macrista para perseguir a dirigentes sindicales. Ninguno de los sectores que llama a marchar, ni mañana ni el jueves, son salida para el pueblo trabajador, ni están por “transparentar” ninguna justicia. Lo que hay es una puja entre oficialismo y oposición patronal para ver quién pone y saca a los jueces a su antojo, mientras las designaciones la hacen entre ellos para que jueguen a su favor ante cada gobiernos de turno”.

Giordano finalizó: “Hay que terminar con esta Corte y jueces que fallan al servicio de los poderosos y contra el pueblo trabajador y siempre dejan en la impunidad a los ladrones de guante blanco. Y hay que terminar también con los mecanismos de designación de los mismos, donde los gobiernos y partidos políticos patronales los ponen y sacan de acuerdo a sus intereses. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad proponemos la elección popular de los jueces; que se terminen sus cargos vitalicios; fin a sus sueldos millonarios y que pasen a percibir un ingreso de acuerdo al valor de la canasta familiar, y que se implemente un verdadero juicio por jurados.”

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Entre este viernes y la próxima semana el gobierno de Alberto Fernández se dispone a pagar 1.100 millones de dólares al FMI. Es otro pago como parte de la deuda usurera y fraudulenta contraída por Macri.

Distintas organizaciones de la Autoconvocatoria de la Deuda marchan mañana, desde las 10 am, de Obelisco al Ministerio de Economía en repudio al acuerdo y los pagos. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad seremos parte de la misma.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-U, quien participará de la marcha, señaló: “Es inconcebible que en medio del crecimiento de la pobreza, los bajos salarios y la pandemia el gobierno siga pagando una deuda usurera y fraudulenta. Esa plata debe ir a salario, trabajo, al personal de salud, educación y vivienda, no al FMI y a los usureros internacionales”.

Giordano agregó: “El gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner critican el endeudamiento de Macri pero vienen pagando religiosamente esa deuda que contra el gobierno anterior a pesar de que los 45.000 millones de dólares se fueron a la bicicleta financiera. Cristina hasta reconoció que el año pasado el gobierno pagó más por la deuda de Macri de lo que puso para la pandemia”.

Juan Carlos Giordano finalizó: “Mañana nos movilizamos. Decimos que ni un dólar más se tiene que destinar a pagar una deuda usurera y fraudulenta. La deuda es con el pueblo trabajador. No al acuerdo con el FMI. Llamamos a impulsar un movimiento nacional unitario por esas consignas como lo hicimos el pasado 11D llenando la Plaza de Mayo entre el FIT Unidad y más de 100 organizaciones sindicales y sociales”.

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La pandemia sigue haciendo estragos. La nueva cepa Ómicron surgió de África, precisamente el continente con menos vacunación. ¿Por qué faltan vacunas para inmunizar a la población mundial? Por lo que venimos denunciando desde Izquierda Socialista/FIT Unidad y la UIT-CI junto a distintas organizaciones, porque no se liberan las patentes, lo que permitiría que haya una producción masiva de vacunas y que llegue a los países más pobres. 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Los gobiernos hacen campaña contra la derecha anti vacuna para mostrar que están haciendo todo lo posible para vacunar a todos. ¿Pero acaso la población de África no se quiere vacunar? India y Sudáfrica vienen pidiendo desde el comienzo de la pandemia con el apoyo de Médicos sin Fronteras, Oxfam, Amnesty Internacional y más de 400 organizaciones que se liberen las patentes, sin ningún resultado.

La escasez y distribución criminal de las vacunas es una política capitalista-imperialista garantizada por la Organización Mundial de Comercio (OMC). La misma dispone el patentamiento de las mismas por los grandes laboratorios, dándoles el monopolio de su fabricación y distribución, con ganancias siderales de por medio. Las mismas que hicieron las vacunas con financiamiento público y usaron los avances de la ciencia en universidades y hospitales públicos (patrimonio de la humanidad), son beneficiadas como si las vacunas fueran su “propiedad privada”.

El patentamiento impide que miles de laboratorios del mundo puedan producir masivamente la vacuna. La OMC está dirigida y hegemonizada por las grandes potencias. “Los datos más recientes de la OMS muestran que el 67% de la población de los países más ricos ha recibido todas las vacunas, en comparación con sólo el 5% en los más pobres. Más del 40% de la población mundial aún no ha recibido una primera dosis” (eldestape, 16/01/22).

Este dato es demoledor. El 40% de la población mundial representa a tres mil millones de personas. La misma noticia sigue diciendo: “los suministros a los países más pobres han sido muy limitados durante mucho tiempo debido a la falta de vacunas, ya que los estados más ricos obtuvieron la mayoría de las dosis inicialmente disponibles a partir de diciembre de 2020”. Es decir, los países imperialistas han acaparado enormes cantidad de dosis -varias veces más que lo proporcional a la de su población- creyendo que se iban a salvar, cuando científicamente está probado que si no hay inmunización global el virus se regenera, circula, contagia y mata, se esté donde esté.

Recordemos cuando superados los tres millones de fallecidos el presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció que iba a impulsar la suspensión transitoria de las patentes. Una mentira total.

La OMC se reunió recientemente e hizo oídos sordos nuevamente a este reclamo. Todos los gobiernos han sido cómplices, los imperialistas y los de las semicolonias como Argentina, con Alberto Fernández.

El capitalismo hace estragos. Generó la pandemia primero y vino permitiendo que un puñado de laboratorios y farmacéuticas hagan fortuna, mientras las olas de contagios y muertes se siguen desarrollando, alcanzando estas últimas a más de seis millones de personas.
Exigimos vacunas para todas y todos ya. ¡Que se liberen las patentes! ¡Basta de negociados capitalistas! Consignas que son parte de una lucha de fondo contra este sistema capitalista imperialista y sus gobiernos y por otro sistema que lo combate, el socialismo, con plena democracia obrera y popular.