Escribe Adolfo Santos

Frente a un proceso de vacunación mundial profundamente desigual, desde Izquierda Socialista y la UIT-CI, continuamos impulsando la campaña internacional por el fin de las patentes del Covid-19. Mientras que los dieciocho países más ricos, entre ellos las principales potencias imperialistas, acaparan el 88% de las vacunas aplicadas, ciento treinta naciones pobres aún no las recibieron.

Los países más beneficiados con el reparto privilegiado de vacunas son Israel, que ya inmunizó de forma completa a 46% de su población, y los Estados Unidos,  donde se vacunó al menos con una dosis a 23% de su población y compró 1.300 millones de vacunas, cantidad suficiente para vacunar con dos dosis al doble de su población. 

Mientras tanto, hay países que sufren una situación acuciante. Es el caso de México, que solo logró inocular a 0,44% de su población y tuvo que avenirse a las exigencias del imperialismo yanqui. A cambio de recibir 2,7 millones de vacunas de AstraZeneca, a ser devueltas, López Obrador aceptó el vergonzoso compromiso de frenar el flujo migratorio de mexicanos en las fronteras estadounidenses.

En Brasil se vive una catástrofe sanitaria. Con picos de 3 mil muertos diarios, totaliza una cifra de casi 300.000 decesos. Mientras una cepa del virus originada en el Amazonas hace estragos entre el pueblo brasilero, sólo 2,5% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna. Una situación similar se vive en Chile pese a que inocularon a un porcentaje mayor de la población.

Pero la escasez de vacunas no afecta solamente a los países del llamado “tercer mundo”. Países como Italia, España y Alemania, la sufren. En el mundo solo se produjeron 400 millones de dosis, cantidad que alcanza para inmunizar apenas 200 millones de personas, el equivalente a 2,6% de la población mundial. Los principales pulpos farmacéuticos mundiales cuentan con la complicidad de los gobiernos capitalistas de todo el mundo, quienes cuidan su fabuloso negocio negándose a  aplicar la liberación de patentes, lo que permitiría producir vacunas con mayor celeridad.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad impulsamos esta campaña nacional e internacional por la liberación de las patentes. Por su parte, nuestro diputado nacional, Juan Carlos Giordano, presentó un proyecto de ley en el mismo sentido. De la misma forma, Médicos Sin Fronteras y otras personalidades y organizaciones, han sacado pronunciamientos e impulsando distintas acciones para que se desconozcan las patentes. Con esta campaña y estas acciones, queremos impulsar un movimiento capaz de conquistar vacunas para todas y todos. Por eso le pedimos que se sume.

Escribe Pablo Almeida, legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno de la CABA busca flexibilizar los protocolos para las clases presenciales en todos los niveles educativos. La ministra de Educación Soledad Acuña, un mes después de una apresurada vuelta a la presencialidad, vuelve a la carga con una de sus clásicas recorridas mediáticas intentando instalar en la agenda la posibilidad de producir cambios en los protocolos sanitarios en las escuelas.

Como correctamente denuncia el combativo gremio de la docencia porteña Ademys, con estadísticas amañadas, Acuña intenta voltear de un plumazo las medidas de cuidado que debieron ser adoptadas para adaptar la presencialidad a una infraestructura escolar que ya resultaba deficitaria antes de la pandemia.

La ministra declaró: “A nivel epidemiológico pudimos corroborar que las escuelas no son lugares donde el virus se propaga”. Así, sin ningún dato ni evidencia que la respalde, busca instalar la idea de que las y los estudiantes podrían concurrir a clases casi con normalidad. 

Para el Gobierno de la Ciudad y su ministra la cifra de más de 1.200 contagios de integrantes de la comunidad escolar desde la vuelta a la presencialidad es una cifra despreciable. Tampoco entra en su radar el inocultable crecimiento de la curva de contagios a nivel general en la ciudad desde el inicio de las clases hasta hoy.

Cualquiera que no conozca a la ministra Acuña y al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta podría pensar que lo que sucede es simplemente una mala lectura de los datos y un intento genuino y honesto de avanzar con la normalización de la educación. Pero nada de esto es así. Lo que buscan es que las escuelas cumplan la función de guarderías donde madres y padres dejemos a nuestros hijos y que de esta forma nadie esté dispensado, total ni parcialmente, de realizar sus tareas laborales.

Responden de esta forma a un reclamo que todas las patronales del país vienen realizando hace meses.

Y buscan también seguir avanzando con el ajuste en la educación. Si los niños pueden volver a estar todos juntos en un aula, entonces, como irresponsablemente dijo la ministra, el Gobierno de la Ciudad no tiene que invertir en reformas edilicias ni en ampliación y mucho menos en la construcción de escuelas. Ni tiene que invertir en la cobertura de nuevos cargos docentes y de personal auxiliar.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, desde nuestra bancada en la Legislatura porteña, hacemos nuestra la pelea de la docencia junto a madres, padres y el conjunto de la comunidad educativa contra este nuevo atropello del Gobierno de la Ciudad.

Escribe Mercedes De Mendieta, legisladora porteña electa, Izquierda Socialista-FIT Unidad

A partir del impacto nacional que produjo el caso M, la niña de siete años que vivía en la calle con su mamá y que fue raptada durante tres días por Carlos Savanz, se puso en evidencia la situación de miles de niñas, niños y adolescentes que se encuentran sobreviviendo en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad. La responsabilidad de los gobiernos frente a esta situación es innegable.

Desde que nos enteramos de su desaparición, con Isadora no dudamos en ponernos a disposición de la familia, colaboramos con la difusión del caso en nuestras redes y estuvimos presentes en el corte de la autopista Dellepiane, que fue central para que comiencen a buscar a la niña. Recordemos que la Policía de la Ciudad ni siquiera le había tomado la denuncia a la mamá, quien desesperada fue a la comisaría a decir quién fue y cuándo se llevó a su hija. Esta demora en la toma de la denuncia le permitió al captor sacarla de la ciudad y llevarla a otro distrito en la provincia de Buenos Aires, atravesando gran parte de la zona oeste del conurbano bonaerense.

Lamentablemente, la demora y la falta de recepción de las denuncias son moneda corriente cuando una mamá denuncia que desapareció su hija. Es más, en este caso se perdieron siete horas hasta que las vecinas y los vecinos del barrio tuvieron la valentía de cortar la autopista frente a la inoperancia de la policía. Pero si eso no hubiese pasado, lo “normal” para la policía es esperar cuarenta y ocho horas para tomar una denuncia frente a una desaparición. Y en esas cuarenta y ocho horas claves para cualquier búsqueda las redes de trata que operan con total impunidad en nuestro país sacan a niñas y adolescentes, las transportan a otras provincias y hasta las llevan a otro país.

Esto sucede a diario a la luz de los ojos de cualquier comisario, juez o funcionario que, lejos de tomar medidas para desmantelar las redes de trata, dejan que operen con total impunidad porque se llevan una parte importante de la tajada, ya que es uno de los tres negocios más rentables del mundo junto con la venta ilegal de armas y el narcotráfico. Por todo esto, cuando nos enteramos el jueves a la mañana que la niña había aparecido sentimos una inmensa alegría. Para las feministas encontrar a una desaparecida (luego de tres días) con vida es muy significativo porque no siempre es lo que sucede.

La infantilización de la pobreza crece

Vivir debajo de un puente, expuestas al frío, a la lluvia, al hambre y a todo tipo de violencias no es el deseo de ninguna mamá ni de ninguna niña o niño. Tampoco es la responsabilidad individual de esa persona, sino que es la consecuencia de años de políticas de ajuste que van llevando a la exclusión a cada vez más personas. Esa fue y es la política que llevan adelante todos los gobiernos patronales y por eso aumentan la pobreza, la desigualdad social y las violencias.

En nuestra cotidianidad, vemos cada vez más personas viviendo en la calle y pidiendo algo para comer. Según los datos del Observatorio del Derecho Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), en apenas una década 1,8 millones de niñas y niños se sumaron a los cinco millones que se encontraban en la pobreza en 2011. En ese año las niñas y niños que vivían en hogares que no reunían los ingresos para superar la canasta básica total (medida para determinar el nivel de pobreza) representaban el 40% del total, mientras que a diciembre de 2020 la cifra llegó hasta 64 por ciento. En el mismo período, la indigencia alcanzó a 2 millones de niñas, niños y adolescentes, equivalente al 16% que vive en hogares que no reúnen ingresos para hacerse de los alimentos necesarios para vivir. En 2011 representaban el 6,7 por ciento.

La infantilización de la pobreza, al igual que su feminización, crecen a diario y eso es responsabilidad de los gobiernos que, lejos de atender las demandas más urgentes de la clase trabajadora y de los sectores más vulnerables, miran para otro lado y facilitan el enriquecimiento cada vez mayor de los empresarios y pagan la fraudulenta deuda externa por la que se van miles de millones de dólares afuera, en vez de mejorar la salud, la educación y el acceso a la vivienda de niñas, niños y adolescentes.

Escribe Mercedes De Mendieta, legisladora porteña electa, Izquierda Socialista-FIT Unidad

Más allá del despliegue de la policía bonaerense, la Federal y la Policía de la Ciudad, no hubo setenta horas de “intensa búsqueda” como sostuvieron los ministros de Seguridad Berni y Santilli. El llamado al 911 provino de una vecina de Luján y de un camionero, quienes detectaron a Carlos Savans, el captor, y avisaron dónde lo habían visto con la niña.

Tampoco fue una “intensa búsqueda” de setenta horas porque, recordemos, la Policía de la Ciudad no le tomó la denuncia a la mamá y recién lo hizo varias horas después cuando las vecinas, los vecinos y familiares cortaron la autopista. Es decir que todo el show montado durante la búsqueda fue para los medios y no porque les interese buscar a niñas, niños y adolescentes cuando están desaparecidos. Ojalá esa energía la gastaran en desmantelar las redes de trata que operan en el país con total impunidad. Si no lo hacen es justamente porque son parte del negocio de esas redes de explotación sexual.

Escribe Adolfo Santos
El anuncio de Cristina Kirchner de renunciar a sus haberes por el cargo que ocupa como vicepresidenta es apenas un intento de disimular los obscenos beneficios de los que gozan los políticos patronales. El mismo día que el gobierno aprobaba la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, metiendo la mano en el bolsillo de los más vulnerables, CFK festejaba un fallo judicial que le permitirá cobrar dos pensiones que se estiman en más de 650.000 pesos y obliga al Estado a pagarle 100 millones de pesos en carácter de retroactivos. Un verdadero escarnio si consideramos que la legislación exige, hasta para un discapacitado, que para cobrar otra pensión renuncien a la no contributiva de 14.000 pesos.
Mientras tanto, la miseria crece exponencialmente y seis de cada diez niños viven en situación de pobreza en Argentina. Por eso resulta chocante que políticos patronales vivan en la opulencia, en cuanto se acrecientan las familias en situación de calle, el desempleo, los bajos salarios, la falta de vivienda digna y el acceso a derechos humanos básicos como alimentación, salud o educación. Estas situaciones dejan el doble discurso al desnudo y muestran la disociación de esos políticos patronales y las necesidades del pueblo trabajador pobre.
La renuncia a sus haberes como vicepresidenta no es ninguna demostración de sacrificio en la medida que mantiene suculentas pensiones. Es una vergüenza recibir 650.000 pesos en concepto jubilatorio y declarar que su gobierno no puede aumentarle a los jubilados, que reciben menos de 20.000 pesos. Basta de doble discurso. La vicepresidenta y los políticos patronales deberían recibir un salario igual a la de una directora de escuela con diez años de servicio, tal como planteamos y defendemos desde  de Izquierda Socialista y el FIT Unidad.