Los trabajadores de la clínica Constituyentes, junto con sus delegados, vienen impulsando asambleas en las que deciden medidas de fuerza para enfrentar los ataques de la patronal. La conducción burocrática de la seccional de ATSA (sanidad) no tuvo otra opción que hacerse presente debido a la presión de la base, aunque ha intentado distintas maniobras para desmovilizar. Tampoco existen controles por parte del gobierno ante estos hechos, que premió a estas patronales explotadoras pagando parte de los salarios con el ATP y no intercede ante los incumplimientos de los dueños de la clínica en el pago completo de los sueldos.

En la zona oeste hay varios conflictos en los que los trabajadores están llevando distintas acciones y hasta han llegado a ocupar los establecimientos. La clínica provincial de Merlo amenaza con despidos, el Instituto Médico Agüero, de Morón, escalona el pago de salarios, y las clínicas San Andrés y del Sagrado Corazón, de Caseros y Hurlingham, respectivamente, cerraron sus puertas.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad venimos apoyando y llevando la solidaridad a estos conflictos. Además, en la clínica Constituyentes ya se hizo presente el secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero, junto con una delegación de trabajadores del Sarmiento, para llevar la solidaridad del cuerpo de delegados. En el gremio de sanidad es hora de unir los conflictos y exigirle a la conducción un plan de lucha para que triunfen.                                              

Corresponsal

Los trabajadores del hospital Larcade volvieron a protagonizar una movilización el martes 30 de marzo desde el establecimiento hasta la puerta de la Municipalidad de San Miguel.

Participaron numerosas organizaciones políticas y sindicales, como las y los trabajadores del Sanatorio San Miguel, que están peleando por la defensa de su fuente laboral; la Cicop, con una importante delegación de la cual fue parte Mónica Méndez (secretaria de Organización y referente de Salud en Marcha) y las distintas fuerzas que componemos el FIT Unidad en la zona, entre otras.

Los reclamos son: aumento salarial ya, pase a planta permanente, condiciones edilicias e insumos acordes con la situación de pandemia. Contra la persecución, el desplazamiento de cargos y la no renovación de contratos que sufren los trabajadores de la salud a manos del intendente de San Miguel, Jaime Méndez, para amedrentarlos y disciplinarlos.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad acompañamos todas las acciones que definan las y los trabajadores y seguimos a su disposición. Exigimos al intendente que dé respuestas urgentes a los justos reclamos, y al gobierno provincial de Kicillof que intervenga en el conflicto. Porque en el inicio de la segunda ola del Covid-19 la salud pública no puede esperar.                                     

Corresponsal

En febrero pasado 52 trabajadores de Just de Lomas del Mirador, La Matanza, fueron desplazados de sus puestos de trabajo. La empresa cerró el depósito en el que trabajaban. Los compañeros están reclamando volver a sus puestos. Desde hace un mes y medio vienen ocupando la sede de Lomas del Mirador de la empresa, se movilizaron a la embajada suiza y hace casi dos semanas vienen realizando un acampe en la puerta de la fábrica en General Rodríguez. Producto de esta medida lograron que el municipio de Rodríguez tenga que interceder y que la patronal se siente a negociar, pero la empresa todavía se niega a reinstalarlos en sus puestos y les ofrece trabajar en Escobar a casi 100 kilómetros del domicilio de la mayoría de ellos y por un sueldo muy inferior al que cobraban. Desde Izquierda Socialista venimos apoyando su lucha tanto en la toma de Lomas del Mirador como en el acampe, en donde llevó la solidaridad nuestro compañero ferroviario “Pollo” Sobrero y nuestra compañera Graciela Calderón secretaria adjunta del Suteba La Matanza.  Los seguiremos acompañando hasta que triunfen.

Corresponsal

Escribe Pilar Barbás, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista

Empezaron las clases en las universidades y nos encontramos con los mismos problemas que el año anterior. El ahogo presupuestario educativo se agudizó. Cuándo se retornaría a las aulas y en qué condiciones, no se sabe ni se avizoran soluciones.

Mientras se destinan millones de dólares al pago de la deuda externa, el presupuesto educativo sigue siendo miserable, lo que provoca que nuestros docentes tengan que dar clases con salarios a la baja y sin recursos, cuando no son directamente ad honorem. Quienes estudiamos no contamos con los medios suficientes para sostener una cursada digna, las páginas web o plataformas se caen con frecuencia, falta internet, se recortan becas… y sigue la lista.

Ante esta realidad, las conducciones burocráticas de las federaciones y los centros de estudiantes le hacen seguidismo a las autoridades y al gobierno, no convocan a la organización y menos a la lucha. Son funcionales porque se adecuan a la miseria presupuestaria, tampoco le reclaman un presupuesto de emergencia al gobierno nacional para revertir esta situación.

Estas conducciones no organizan al movimiento estudiantil para poder salir a pelear por mejores condiciones y vacían y boicotean cualquier proceso genuino que surja desde abajo. Esta situación fue la que primó en todo 2020.

Ante esta realidad, hay una avanzada de las autoridades universitarias, que son cómplices del ajuste y toman resoluciones antidemocráticas que producen más deserción estudiantil. En febrero, por ejemplo, miles de estudiantes del ingreso de la UBA no pudieron entrar a las carreras de grado porque la página para dar los últimos exámenes no funcionaba. Otra traba para que más alumnos no puedan seguir en la universidad. Hace una semana, en la Universidad de La Plata, a puertas cerradas, sin ninguna consulta real al conjunto de la comunidad educativa, las autoridades se “prorrogaron” su mandato un año. No respetaron el proceso democrático donde el conjunto de las estudiantes y los docentes pudieran decidir.

Además, en estos días se va a conocer la fecha para que avance el juicio de los procesados de la Universidad de Río Negro, lo cual se suma al procesamiento de otrxs veintisiete estudiantes de Córdoba por la huelga estudiantil nacional de 2018, creando un precedente terrible acerca de la criminalización de la protesta estudiantil.

En este marco, desde la Juventud de Izquierda Socialista pensamos que es de vital importancia la participación de los estudiantes ante la situación actual, organizándose en comisiones de base y asambleas estudiantiles para pelear por todos nuestros derechos.  Apoyando a nuestros docentes por su reclamo salarial, que este 6 y 7 de abril convocaron al paro desde Conadu (Histórica) y los gremios de base afiliados. Y seguir luchando por el aumento de becas, dispositivos móviles e internet, por el desprocesamiento de todos los estudiantes por luchar y por una universidad pública, democrática, gratuita, laica, científica y de calidad al servicio del pueblo trabajador.

Escribe Agxs Mermet

Tehuel de la Torre es un pibe trans de 22 años que está desaparecido desde el 11 de marzo. Salió por una oferta laboral en Alejandro Korn, zona sur del conurbano bonaerense, y esa fue la última vez que se lo vio. Para la comunidad travesti-trans tener un laburo es algo muy difícil de lograr y, de obtenerse, suelen ser trabajos sumamente precarios. Por eso, la desaparición de Tehuel tiene un causal económico y detrás de ello hay responsables políticos.

En la provincia de Buenos Aires existe una ley de cupo laboral travesti-trans desde 2015 que no se aplica en su totalidad. La norma establece que, mínimo, 1% de los puestos de trabajo en el sector público debe ser ocupado por personas travestis o trans, pero en realidad son escasos los municipios bonaerenses que han adherido: San Isidro, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Morón, Almirante Brown, Merlo, Tres de Febrero, San Miguel, San Martín, Chivilcoy, Azul y Mar del Plata, según el relevamiento realizado por Economía Femini(s)ta al 25/5/2018, denominado “Mapa del cupo laboral trans”.

Entonces, al gobierno le cabe gran parte de la responsabilidad de la desaparición de Tehuel por su desidia y sus políticas de ajuste, hambre y desocupación contra la comunidad travesti-trans-no binarie, que tiene uno de los más altos índices de desocupación a causa de la discriminación y el prejuicio que sufre. A nivel nacional, según datos de 2014, solo 18% de las personas travestis y trans pudieron acceder a un trabajo formal, y 80% está o estuvo en situación de prostitución, destino casi obligado luego de las distintas formas de exclusión y violencias a las que son sometides. Por eso la expectativa de vida de la comunidad es de 35 años.

El pasado 31 de marzo, en el marco del Día Internacional por la Visibilidad Trans, se hicieron varias acciones en las redes y una concentración frente al Congreso para exigirles a Kicillof y a Berni que pongan presupuesto para la búsqueda, por la aparición inmediata con vida de Tehuel. Además se realizó una movilización el 5 de abril a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Ambas acciones fueron convocadas por la Mesa Organizadora por la Aparición con Vida de Tehuel, que integramos desde Diversidad-Izquierda Socialista e Isadora en el FIT Unidad, junto a varias organizaciones y activistas independientes. El próximo lunes 12 de abril se cumplirá un mes de su desaparición y estamos organizando una gran movilización para visibilizar lo que el gobierno, la policía, la Justicia y los medios ocultan. Es importante que seamos miles quienes estemos en las calles reclamando por la aparición con vida de Tehuel.