El golpe de Estado del 1 de febrero ha puesto fin al cogobierno que desde 2015 ejercía la Liga Nacional por la Democracia (LND) encabezada por Aung San Suu Kyi y la corrupta y asesina nomenclatura militar. Los términos de dicho cogobierno estaban definidos por la Constitución de 2008, que garantizaba a los militares el 25% de todos los parlamentos y los ministerios de Defensa, Interior y Fronteras, así como por el hecho de que las principales empresas del país son militares o empresas mixtas con capital extranjero y participación militar. Luego de la aplastante derrota electoral en noviembre de 2020 del partido militar, los generales denunciaron que se trataba de un fraude electoral y cuando correspondía la instalación del nuevo parlamento procedieron a detener a la mayoría de los parlamentarios.

La acción criminal de los golpistas ha sido respondida por una poderosa movilización revolucionaria de la clase trabajadora y la juventud en prácticamente todas las ciudades y pueblos, dando surgimiento al Movimiento de Desobediencia Civil y comités obreros, a cuya vanguardia están las obreras de la industria textil, que han organizado una impresionante huelga general. En medio del caos, tres cuartas partes del parlamento lograron realizar un acto de juramentación desde el hotel donde estaban detenidos; cuando los militares optaron por dispersarlos y confinarlos a detención domiciliario, varios lograron escapar y conformar un gobierno en la clandestinidad, el Comité Representante del Parlamento de la Unión. Aung San Suu Kyi y los principales dirigentes de la LND siguen detenidos.

Los grupos armados de las minorías nacionales oprimidas también se han pronunciado en contra del golpe y en algunos casos han llevado a cabo ataques contra el ejército golpista. Superando las divisiones étnicas y religiosas que han sido tan ferozmente explotadas por los militares y la burguesía de la mayoría bamar budista en las siete décadas desde la independencia del país, se están forjando lazos de solidaridad en la lucha contra el golpe entre todos los pueblos de Myanmar, también conocida como Birmania-, incluyendo a los estigmatizados y perseguidos musulmanes rohingya, víctimas de una política genocida por parte de los militares, intensificada bajo el cogobierno con Suu Kyi. Entre los jóvenes y trabajadores insurrectos en las ciudades que han levantado barricadas y se defienden con armas caseras y los grupos armados de los sectores nacionales oprimidos en las regiones rurales se está construyendo un gran movimiento revolucionario contra el golpe y la dictadura. 

Con antecedentes como las rebeliones en Hong Kong y Tailandia en 2019 y 2020, existe una amplia solidaridad regional de los pueblos en lucha, conocida como “alianza del té con leche”. La resistencia popular al golpe de Myamnar-Birmania es el proceso más avanzado de la lucha de los trabajadores y la juventud contra dictaduras capitalistas en la región, en un mundo que ha visto enormes procesos de movilización en 2018 y 2019, que empiezan a resurgir ahora en el marco de la pandemia del covid19. La derrota del golpe militar y un triunfo de los pueblos de Birmania tendría un enorme impacto, reforzando el ánimo de los pueblos que luchan, no solo en el Sudeste asiático, sino en todo el mundo, contra la represión y las dictaduras.

A pesar de la arremetida asesina de los militares, que han asesinado a más de 500 manifestantes y detenido a miles, los pueblos de Myanmar resisten heroicamente. Merecen todo el apoyo, con gran urgencia, de todas las organizaciones que se reclaman democráticas, de la izquierda, de las organizaciones obreras y populares del mundo. Exijamos a todos los gobiernos aislar a los golpistas política y económicamente. Denunciemos la hipocresía del imperialismo yanky y de la Unión Europea (UE). que mantienen sus asociaciones con los militares a través de transnacionales como Chevron y Total, así como la complicidad criminal directa de Rusia y China en su apoyo a los golpistas.

Desde la UIT-CI consideramos que la salida de fondo para los pueblos de Myanmar-Birmania pasa por lograr, en la lucha contra el golpe y la dictadura, imponer un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo que también permitirá superar las divisiones étnicas y religiosas y otorgar la autodeterminación nacional de los pueblos que así lo reclamen.

En ese camino llamamos a la más amplia solidaridad internacional con la movilización revolucionaria de los pueblos de Myanmar-Birmania contra el golpe y la dictadura militar asesina. 

Abajo el golpe Militar!!

Libertar a todos los presos políticos!

Fuera la dictadura de Myanmar-Birmania!

Por el triunfo de lucha revolucionaria de los pueblos de Myanmar-Birmania!

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

5 de abril de 2021.

Crece la preocupación ante el aumento del número de contagios de Covid-19. Ya no se puede disimular, y hasta a los propios funcionarios del gobierno no les queda otra que reconocer que se viene la segunda ola. Pero increíblemente, como quedó patéticamente en claro en los discursos tanto de Alberto Fernández como de la ministra de Salud, no se ofrece ninguna respuesta concreta a la pregunta elemental: ¿qué pasa con las vacunas? Fernández habló por cadena nacional y todos se preguntan: ¿para qué habló si no dijo nada? Vizzotti tuvo una respuesta desopilante a la pregunta por las vacunas: “están en China”, contestó.

Al mismo tiempo que vuelve a crecer la crisis sanitaria, también se profundiza la pandemia social. El caso de la desaparición y posterior hallazgo de M. puso al desnudo la extrema miseria y pobreza creciente que afectan a millones. El caso de la niña y su madre, que ganó la atención de todo el país, no es un hecho aislado. Es apenas un ejemplo de la situación desesperante en que está viviendo una parte importante de los sectores populares.

Para aquellos que tienen trabajo, también la situación sigue empeorando: la inflación, en particular en los alimentos, hace que los salarios continúen deteriorándose. Todo con la vista gorda de la burocracia de la CGT y las CTA, que mantienen su pacto con el gobierno. A pesar de eso, sin embargo, no pueden evitar el crecimiento de la bronca desde abajo. Por eso tenemos luchas, como la de los estatales de Neuquén, los trabajadores despedidos de Latam, los de Aerolíneas-Austral, o incluso el paro anunciado por el gremio de Sanidad para este viernes.

Frente a esta realidad, ¿cuál es la prioridad del gobierno? La respuesta está en el viaje del ministro de Economía Martín Guzman a los Estados Unidos. Ahí se reunió con los fondos buitres del establishment financiero internacional, con funcionarios del Banco Mundial y finalizó en un encuentro con la titular del FMI Kristalina Georgieva. 

Cristina Fernández, mientras tanto, en su discurso del 24 de marzo, dijo que “no podemos pagar la deuda”, para inmediatamente aclarar: “no estamos diciendo de no pagar [...] sino que nos den menor tasa de interés”. Por supuesto que la vicepresidenta le echó la culpa a Macri, jugando una vez más a la polarización electoral. No cabe ninguna duda del carácter entreguista del anterior gobierno de Cambiemos y de que fue responsable de un incremento importante de la deuda externa, así como que firmó el acuerdo con el FMI, que terminó sirviendo para financiar la fuga de capitales. Pero, la realidad es que el peronismo kirchnerista, primero, pagó en efectivo durante sus doce años de gobierno más que ningún otro. Y, segundo, termina reconociendo y pagando la propia deuda generada por el macrismo que ellos denuncian.

Por eso, volviendo a la realidad, y más allá de los discursos de ocasión, toda la gestión del gobierno de Fernández pasa por garantizar a los funcionarios yanquis, a los acreedores y a los jefes de los organismos internacionales que seguiremos pagando la deuda y que cumpliremos los compromisos asumidos con el FMI. De hecho Guzmán se jacta, y así se lo muestra al Fondo, que este año logró reducir a cero la ayuda social para la pandemia.

La cuestión es clara: el gobierno no usa la plata para resolver los problemas sanitarios ni los sociales. Comprar vacunas para 45 millones de argentinos, a un promedio de 20 dólares la dosis, son 1.800 millones de dólares. ¿Existe ese dinero? Por supuesto, es menos de lo que se pagó el año pasado a los pulpos acreedores. Es la mitad de lo que hay que pagarle este año al FMI. Es menos incluso que lo que vence a pagar en mayo al Club de París.

Pero hay algo más grave. A poco más de 40 kilómetros de la Casa de Gobierno, en Garín, se están produciendo millones de vacunas, en una empresa de Hugo Sigman, empresario cercano al peronismo. Pero esas vacunas no quedan en nuestro país. Se las lleva AstraZeneca y hoy están en Estados Unidos. ¡Increíble! Hay que estatizarla y distribuir esas vacunas.

Frente a esta realidad, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y desde el sindicalismo combativo decimos que es urgente movilizarnos: exigiendo vacunas para todos ya mismo; aumento de salarios y jubilaciones; ayuda social real para todo el que la necesite en medio de la pandemia social. 

Y, al mismo tiempo, tenemos que postular una salida de conjunto, un plan de emergencia obrero y popular. Que arranque por suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa y romper con el FMI. Para así poner toda esa plata para salario, jubilaciones, crear trabajo, para salud. Juntamente con eso, se impone exigir la liberación de las patentes, para que las vacunas lleguen efectivamente al conjunto de los sectores populares, tal como lo venimos planteando en la campaña nacional e internacional que hemos lanzado y que ya cuenta con la firma de destacadas personalidades. Después de la multitudinaria convocatoria de este 24 de marzo, estas son las tareas que tenemos planteadas para el futuro inmediato.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

El presidente brindó en estos días una sorpresiva cadena nacional para justificar la falta de vacunas en el país. Lo que no dijo es que en la provincia de Buenos Aires se producen 24 millones de dosis mensuales de la vacuna AstraZeneca y que ninguna de ellas se usó en el país a pesar que el gobierno le compró 22 millones de dosis.

Garín es un partido ubicado en la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Allí, en el laboratorio mAxbience del Grupo Insud-Pharma, de propiedad del millonario empresario Hugo Sigman y bajo licencia de AstraZeneca, se producen alrededor de 20 millones de dosis que se envían a México a otro laboratorio, el Liomont, patrocinado por el magnate Carlos Slim -dueño del grupo Claro que actúa en la telefonía, entre otros-, que la fracciona y envasa para distribuirla por toda América Latina, menos Brasil, un negocio tripartito infernal que se lo quedan Sigman/Slim/AstraZeneca, mientras la vacuna no aparece para la población argentina.

Todo este recorrido es para mostrar al lector que la vacuna AstraZeneca (el principio activo) se produce aquí, pero no contamos con esas vacunas, provocando que millones de argentinos sigan arriesgando su vida con contagios o muertes cuando se podrían vacunar si hubiera una decisión política para ello.

Alberto Fernández cuando habló en el foro económico de Davos dijo que la vacuna tiene que ser un “bien público mundial”, pero no hace nada para lograrlo. Además, Argentina es firmante de un documento junto a 99 países encabezados por India y Sudáfrica que le piden a la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se liberen las patentes para que las vacunas se puedan producir en cada país aprovechando su tecnología, científicos y demás recursos propios. ¿Qué hace el gobierno? Nada. Es cómplice.

¿Cómo puede ser que en Argentina se produzcan millones de dosis y no se destine gran parte de ellas para vacunar a los adultos mayores, personal de salud, docentes y trabajadoras y trabajadores esenciales? El sábado pasado hubo un ruidazo convocado por el Defensor de la Tercera Edad, Doctor Eugenio Semino, diciendo que los mayores adultos y grupos de riesgo “no queremos morir en silencio” antes de la llegada del frío y de una nueva ola de Covid. Es desesperante.

Cuando el presidente viajó a México visitó personalmente el laboratorio de Slim justo cuando se revelaba que el mismo tenía millones de dosis paradas porque no poseía los “insumos” para envasarla. ¡No tenía los frasquitos! O sea, es un laboratorio parásito. ¿No estaba enterado de esto Alberto Fernández?

También se conoció que AstraZeneca vendió millones de dosis a Estados Unidos y que el presidente Biden las tiene acaparadas sin usar, porque en el máximo país imperialista aún no han autorizado la misma. El periodista especializado en vacunas, Walter Goodbar reveló que el propio empresario argentino Hugo Sigman mandó 12,8 millones de vacunas a una planta de los Estados Unidos, porque AstraZeneca tiene una planta ociosa en Ohio, dado que la vacuna Oxford aún no fue autorizada en los Estados Unidos. ‘Nosotros no podemos dejar que siga saliendo el material’, sentenció Goodbar.

Las vacunas están en Garín, tienen que destinarse a quienes la necesiten de forma inmediata. Como propone el Doctor Medardo Ávila Vázquez en esta página (ver recuadro), “se deben incautar las vacunas de Oxford que Sigman tiene en Garín, envasarlas a través de la industria pública y/o contratando-alquilando los laboratorios privados que hagan falta y colocarlas (voluntariamente) en nuestra población”. Incluso en el país, hay una industria del vidrio centenaria donde el sector de envases, por ejemplo, trabaja entre el 60% y el 80% de su capacidad, la cual es necesario reactivar para producir los frascos necesarios para envasar las dosis que se producen en Garín y empezar a vacunar con ella a los esenciales acá. Laboratorios públicos tienen capacidad técnica y física para manejar productos biológicos inyectables, como el Instituto Biológico de La Plata o el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros. Es falso que no se puedan envasar las vacunas que necesitamos, el conocimiento lo tienen nuestros institutos públicos y distintos laboratorios que fabrican insulina, adrenalina, morfinas y oncológicos endovenosos dentro del país.

El gobierno debe tomar esa medida en la emergencia, obligando al Grupo Insud a que destine la vacuna en el país bajo apercibimiento de estatizarlo, e iniciar una gran producción de vacunas para Argentina y América Latina unido a otros que lo quieran impulsar. Llamamos a seguir uniendo voces con este urgente reclamo.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

“Se deben incautar las vacunas de Oxford que Sigman tiene en Garín, envasarlas a través de la industria pública y/o contratando o alquilando los laboratorios privados que hagan falta y colocarlas en nuestra población. No podemos seguir vacilando y simulando que vacunamos con pequeñas cantidades de dosis mientras en nuestras narices se llevan las vacunas de nuestros pacientes.” Esto dice muy acertadamente Medardo Ávila Vázquez, médico, ex Subsecretario de Salud de la Ciudad de Córdoba y Coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (LaNuevaMañana, 23/03/2021).

Como argumento a su postura el profesional agrega: “El gobierno italiano incautó un cargamento de 250.000 dosis que AstraZeneca enviaba a Australia y se las colocó a su población denunciando que no podían permitir que vacunas fabricadas en su país se enviaran a otros”.

Ávila Vázquez, de esta manera, sale al cruce con una tercera opción, opuesta tanto a la del gobierno como a la que predica Juntos por el Cambio. Dice: “La oposición, desde su manual neoliberal reclama liberar el acceso, que provincias y municipios compren por su lado lo que consigan y que las personas compren su vacuna a sus cadenas de farmacias amiga o por prepaga u obra social premiun, replicando un modelo criminal para la salud colectiva. Por otro lado, el gobierno nacional trata de conseguir remanentes de vacunas intentando quedar bien con Dios y con el Diablo cuando la pandemia quema, está atrapado en las miserias de una distribución nebulosa […]”. Saludamos al profesional por su valioso planteo.

El congresista Enrique Fernández Chacón, del Partido de los Trabajadores Uníos de Perú*, presentó ante el Congreso un proyecto de ley por la suspensión de las patentes de las vacunas contra el Covid-19.

En los fundamentos, Chacón denuncia que para contener la primera ola de contagios, cuando no existían vacunas contra la pandemia, las medidas de distanciamiento social y “cuarentena” fueron necesarias, pero muy mal gestionadas, condenando al pueblo trabajador a una “cuarentena de hambre” que no logró evitar el colapso del sistema sanitario, pero sí generó un crecimiento del desempleo y del hambre. Pasados los meses, Perú enfrenta la segunda ola de la pandemia con los mismos problemas del inicio, la crisis del oxígeno medicinal y la falta de camas UCI, pero en un contexto donde existe la posibilidad de obtener las vacunas contra el Covid-19, algo que no está garantizado.

Lamentablemente, el gobierno de Sagasti ha sido incapaz de adquirir las dosis suficientes para vacunar a toda la población. Esa incapacidad no solo tiene que ver con la ineficiencia en la gestión y los manejos corruptos del gobierno, sino también con la existencia de un esquema capitalista perverso de patentes que impide la libre producción y distribución de vacunas que la humanidad necesita. Un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios vienen privando a millones del derecho esencial a curarse al impedir la producción de vacunas a gran escala en virtud de la existencia de un esquema que impide la libre producción y distribución de vacunas que la humanidad necesita.

En Perú esa situación ha costado la muerte de decenas de miles personas. El fracaso en los planes de vacunación es responsabilidad de los gobiernos y los grandes laboratorios que limitan la producción de vacunas a las cantidades que tengan vendidas y pagadas. Estas prácticas criminales son avaladas por los gobiernos capitalistas que consienten el secretismo de los contratos, eximen de responsabilidades por efectos adversos a los laboratorios y los blindan contra los sistemas judiciales nacionales.

Por estos motivos presentamos este proyecto de ley que impulsa la suspensión de las patentes de vacunas contra el Covid-19. Mientras tanto, expresa Fernández Chacón, continuaremos luchando por una salida de fondo, por la abolición definitiva de todas las patentes y un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada poniéndolos bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores para terminar con el negocio capitalista de la salud y poder brindar una salud pública, universal, gratuita y de excelencia.

Corresponsal

*Sección peruana de la UIT-CI. Ver el proyecto completo en uit-ci.org