Ante la brutal represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) emitió una declaración. A continuación reproducimos algunos fragmentos.
“La campaña de Daniel Ortega por una nueva reelección comenzó en junio, a cinco meses de la votación, con métodos dictatoriales, deteniendo a una decena de opositores que pueden llegar a ser candidatos. Entre las personas detenidas se encuentran dirigentes de Unamos, formación sandinista disidente (antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS), como las y los ex comandantes guerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres, las dirigentes Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona y el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco. Se les acusa de cargos falsos, como el de solicitar intervenciones militares extranjeras. Estas detenciones estuvieron precedidas por la intervención judicial del Partido Restauración Democrática (PRD).
Con un apoyo popular que ronda el 20%, Ortega ha decidido cerrar violentamente cualquier posibilidad de una derrota electoral a manos del pueblo nicaragüense, agobiado por la crisis económica, el pésimo manejo gubernamental de la pandemia, la superexplotación, el entreguismo y la represión. Por eso quiere reducir la elección a una farsa, como las realizadas por su aliado Maduro en Venezuela en años recientes”[…]
“Daniel Ortega volvió al poder en 2007, de la mano de sectores derechistas y de la Iglesia, junto a los cuales aprobó el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y a los que complació con la penalización absoluta del aborto, prohibiendo incluso el aborto terapéutico, que era legal desde el siglo XIX. Ortega usa una seudo fraseología ‘antiimperialista’ para sostener una dictadura capitalista. En 2018 aplastó a sangre y fuego la rebelión popular, iniciada en las protestas contra la aplicación del ajuste a la seguridad social recetado por el FMI. Sectores empresariales y eclesiásticos conciliaron con el régimen, alimentando el falso diálogo” […]
Llamamos a todas las organizaciones que se reclamen de izquierda o democráticas a repudiar la persecución política de la dictadura capitalista, corrupta y entreguista de Ortega y Murillo en contra de toda oposición política.
¡Libertad a Dora María Téllez, Hugo Torres, Cristiana Chamorro y todos los presos políticos nicaragüenses! ¡Plena libertad de asociación política para el pueblo nicaragüense! ¡Por una salida obrera y popular en las calles!

Ver nota completa en www.uit-ci.org, o www.izquierdasocialista.org.ar

El lunes 14 se realizó un acto frente a la embajada de Venezuela en Buenos Aires para exigir la inmediata libertad del trabajador de Ferrominera del Orinoco, Rodney Alvarez, injustamente condenado a 15 años de prisión. Participaron Convergencia Socialista, Razón y Revolución (RyR) y nuestro partido, Izquierda Socialista /FIT-Unidad que se hizo presente con una delegación encabezada por el diputado nacional Juan Carlos Giordano, el legislador porteño Pablo Almeida y la diputada bonaerense (mc) Mercedes Trimarchi.

El sistema judicial venezolano, controlado por el gobierno de Maduro, condenó a Rodney Álvarez, después de mantenerlo detenido 10 años sin sentencia, acusado del asesinato de un trabajador en medio de una asamblea sindical en los portones de la empresa. Sin embargo, quien realizó los disparos delante de todos los presentes matando a Renny Rojas, fue Héctor Maicán, burócrata sindical chavista y miembro del PSUV.

Al final del acto se hizo entrega de un documento dirigido a la embajadora donde se rechaza este juicio viciado, se exige la libertad inmediata de Rodney Alvarez y se solicita el fin de la criminalización de la protesta.

De la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

La campaña de Daniel Ortega por una nueva reelección comenzó en junio, a cinco meses de la votación, con métodos dictatoriales: deteniendo a quienes pueden llegar a ser candidatos opositores. Una decena de opositores han sufrido allanamientos y detenciones arbitrarias, incluyendo cuatro precandidatos presidenciales. Entre las personas detenidas se encuentran dirigentes de Unamos, la formación sandinista disidente (antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS), como los ex comandantes guerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres, las dirigentes Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona y el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco. Se les acusa de cargos falsos como el de solicitar intervenciones militares extranjeras. Estas detenciones estuvieron precedidas por la intervención judicial del Partido Restauración Democrática (PRD), bajo el estrafalario argumento de que se había apartado de su doctrina programática religiosa. 

Con un apoyo popular que ronda el 20%, Ortega ha decidido cerrar violentamente cualquier posibilidad de una derrota electoral a manos del pueblo nicaragüense, agobiado por la crisis económica, el pésimo manejo gubernamental de la pandemia, la superexplotación, el entreguismo y la represión. Por eso quiere reducir la elección a una farsa como las realizadas por su aliado Maduro en Venezuela en años recientes.

Dora Téllez participó del comando guerrillero que, junto a Edén Pastora, tomó por asalto el Palacio Nacional e hizo rehenes a los legisladores de la dictadura somocista en agosto de 1978, logrando la liberación de varios presos políticos. Luego del triunfo de la revolución fue ministra de Salud.

El martes 2 de junio se inscribió para participar en la elección interna del candidato presidencial del partido Ciudadanos por la Libertad, Cristiana Chamorro, hija de Violeta Barrios de Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro. Chamorro es vicepresidenta del diario La Prensa y dirigió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro hasta su cierre este año, luego de la promulgación de la ley 1040 que obliga a las ONG que reciben financiamiento extranjero a inscribirse en un registro de agentes extranjeros. Esta ley, junto a otras leyes como la que regula las redes sociales o la Ley 1055, con el pomposo título de “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, son parte del arsenal legal recientemente aprobado para la criminalización de toda disidencia.

El mismo día de su inscripción como precandidata presidencial fue acusada de “falsedad ideológica” y lavado de dinero, entre otros cargos, quedando inhabilitada para ocupar cargos públicos, y al día siguiente fue detenida. El ex embajador del gobierno de Ortega en EEUU, Arturo Cruz, también fue detenido. Una semana después, Juan Sebastián Chamorro, ex viceministro de Hacienda del gobierno de Bolaños, y el ex jefe del Consejo Superior de la Empresa Privada José Adán Aguerri, también fueron detenidos.

En 2019 se emitió una amnistía que redujo el número de presos políticos, de alrededor de 700 a un centenar, pero nunca cesó el hostigamiento y la persecución. Además, con la amnistía el gobierno se otorgó a sí mismo impunidad para los crímenes represivos de 2018. La actual es la más reciente de varias oleadas de detenciones en un proceso que no ha tenido pausa desde la rebelión de 2018.

Daniel Ortega volvió al poder en 2007, de la mano de sectores derechistas y de la Iglesia, junto a los cuales aprobó el Tratado de Libre Comercio con EEUU y a los que complació con la penalización absoluta del aborto, prohibiendo incluso el aborto terapéutico que era legal desde el siglo XIX.  Ortega usa una seudo fraseología antiimperialista para sostener una dictadura capitalista. Su vicepresidente entre 2007 y 2012 fue un ex dirigente contra, Jaime Morales Carazo. Hizo grandes negociados corruptos con el dinero de Petrocaribe suministrado por Chávez y Maduro. Ya en 2016 logró su segunda reelección habiendo intervenido al principal partido opositor de ese momento, el Partido Liberal Independiente. En 2018 aplastó a sangre y fuego la rebelión popular, iniciada en las protestas contra la aplicación del ajuste a la seguridad social recetado por el FMI. Sectores empresariales y eclesiásticos conciliaron con el régimen, alimentando el falso diálogo. Esos son parte de los sectores de la oposición burguesa y de derecha que a los que ahora el régimen cierra la vía electoral. Grandes sectores de la juventud, los trabajadores y campesinos tuvieron desconfianza en esos diálogos y percibieron el rol traidor de la oposición burguesa. Precisamente son los sectores populares quienes vienen sufriendo el grueso de la represión posterior a la rebelión.

Hay grandes divisiones en la oposición y no se descarta la posibilidad de que partidos colaboracionistas, de la llamada oposición zancuda, se presten a dar un barniz de legitimidad a la farsa electoral del gobierno. La experiencia confirma que quienes nunca creyeron en el falso diálogo ni en la farsa electoral orteguista tenían razón. 

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional realizamos en septiembre de 2020 una campaña internacional por la libertad de los presos políticos nicaragüenses. Hoy nuevamente levantamos nuestra voz, como revolucionarios y llamamos a todas las organizaciones que se reclamen de izquierda o democráticas a repudiar la persecución política de la dictadura capitalista, corrupta y entreguista de Ortega y Murillo en contra de toda oposición política. 

Reclamamos la libertad de Cristiana Chamorro y demás representantes de la oposición, más allá de que no respaldamos sus posiciones políticas en defensa de intereses patronales y proimperialistas. Consideramos que estos sectores no son salida para el pueblo trabajador nicaragüense. Por lo que es necesario construir una herramienta política del pueblo luchador y derrotar a la dictadura en las calles en un nuevo 1979, un 2018 victorioso.

¡Libertad a Dora María Téllez, Hugo Torres, Cristiana Chamorro y todos los presos políticos nicaragüenses! ¡Plena libertad de asociación política para el pueblo nicaragüense! ¡Por una salida obrera y popular en las calles!

15 de junio de 2021

Por Partido Socialismo y Libertad (PSL)

El pasado martes 8, el sistema judicial controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, condenó a 15 años al preso político obrero Rodney Álvarez, sin ninguna prueba de su supuesta culpabilidad. La decisión del sistema judicial ocurre después de mantenerlo detenido 10 años sin sentencia, en medio de un juicio que fue suspendido cuatro veces, por cambio de jueces.

La condena del preso político obrero ocurrió días después de que el burócrata sindical del gobierno, Carlos López, dijera que Rodney Álvarez es culpable. Y en una audiencia judicial sin la presencia de su abogado principal, porque se encuentra enfermo de covid-19, y en donde a su segundo abogado no se le permitió exponer sus alegatos. Así, el juicio en contra del trabajador de Ferrominera del Orinoco, siguió plagado de maniobras de la burocracia sindical gubernamental y de violaciones del derecho a la defensa y del debido proceso, como ha ocurrido desde hace ya 10 años. En la actualidad, usando al juez Pablo Vicentelli y al fiscal Regino Cova, dos verdugos judiciales del gobierno antiobrero y dictatorial.

El preso político obrero Rodney Álvarez, se encuentra preso desde el 11 de junio de 2010, por un montaje judicial organizado por el antiguo gobernador del estado Bolívar, el General Francisco Rangel Gómez; el actual Ministro del Trabajo, José Ramón Rivero; y la burocracia sindical del gobierno de Chávez, que lo responsabilizaron de un crimen que no cometió, para liberar de responsabilidad penal a Héctor Maicán, burócrata sindical del Psuv. El asesinato de Renny Rojas, ocurrido en una asamblea laboral de Ferrominera del Orinoco, el 9 de junio de 2010, es responsabilidad de Héctor Maicán, que cuando disparó fue visto y grabado por las cámaras de seguridad, y que estuvo detenido en la sede del Cicpc, a la espera de su presentación a tribunales.

El gobierno antiobrero y dictatorial de Maduro con la condena del preso político obrero Rodney Álvarez, sigue su criminalización y persecución a las trabajadoras y trabajadores que protestan por sus reivindicaciones laborales, denuncian actos de corrupción y mantienen una militancia política con independencia de clase; para continuar aplicando paquetazo de medidas que le imponen la crisis al pueblo trabajador y benefician a las empresas transnacionales, al conjunto de la burguesía local y a la alta burocracia del Estado.

A su vez, el gobierno antiobrero y dictatorial de Maduro con la condena a Rodney Álvarez, quiere negar su condición de preso político obrero al presentar un juicio con sentencia firme, como respuesta a las peticiones de organismos internacionales que han exigido su liberación como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, en medio del intento gubernamental de negar la existencia de presos políticos obreros en Venezuela, con el traslado de trabajadores detenidos desde los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a cárceles comunes como El Rodeo, donde llevaron a los dirigentes sindicales petroleros Eudis Girot y Guillermo Zarraga.

Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) rechazamos contundentemente la condena a Rodney Álvarez y ratificamos nuestra demanda de libertad inmediata y plena. Al mismo tiempo, el PSL informa que la condena corrupta y repudiable del gobierno es totalmente antagónica a la posición de la clase trabajadora de Ferrominera del Orinoco, la cual sabe que Rodney Álvarez es inocente. En ese sentido, hacemos un llamado al conjunto del pueblo trabajador venezolano para que arrope de solidaridad al preso político obrero Rodney Álvarez, y que con su lucha unitaria e independiente del gobierno y de la oposición patronal, logre su libertad inmediata y plena y la restitución de sus derechos laborales con su reenganche.

Caracas, 10 de junio de 2021.

Con más del 97 % de las actas procesadas el profesor Pedro Castillo se impone en la segunda vuelta presidencial sobre la derechista Keiko Fujimori. Este resultado electoral es un triunfo del pueblo trabajador y de los pueblos en lucha, principalmente de las zonas más olvidadas del país, que sin miramientos rechazaron la candidatura de la señora K y al corrupto modelo extractivista neoliberal que representa y es herencia del reo de su padre. Castillo logró extraordinarias votaciones en las provincias con conflictos socioambientales como Chumbivilcas y Espinar, en Cusco, donde obtuvo más del 96 % y 92 %, respectivamente.

Pedro Castillo logró capitalizar la lucha y la búsqueda de un cambio en 17 de las 25 regiones del país, pero Keiko triunfa en Lima y Callao, regiones donde se acumula más de 1/3 del padrón electoral. Este triunfo se explica más por la millonaria “campaña de miedo” que impulsó Fuerza Popular y sus aliados: López Aliaga, De Soto, Acuña y el imperialismo, a través de Vargas Llosa, Leopoldo López (Venezuela) y los ex presidentes Lenin Moreno (Ecuador) y Carlos Mesa (Bolivia), campaña que fue amplificada por las redes y todos los medios hegemónicos de comunicación y que, lamentablemente, confundió a un sector importante del pueblo pobre de la capital que terminó o anulando su voto o votando por la corrupta señora K, presentada como la nueva “garante de la democracia”. 

La extrema polarización política se expresó en el apretado resultado electoral, por lo que cada voto debe ser cuidado y defendido en las calles. La señora K al ver que los resultados le son desfavorables y, sin prueba alguna denuncia un fraude, pero al mismo tiempo espera que los votos del extranjero y el recuento de las actas impugnadas y observadas le permitan revertir la tendencia que da ganador al pueblo trabajador y sus luchas a través de la candidatura de Pedro Castillo. Las denuncias de fraude de la falsa “garante de la democracia” no son más que una maniobra para esconder y evitar su inminente derrota electoral en manos de la bronca del pueblo, por tercera vez consecutiva.

Desde el Partido de las Trabajadoras y Trabajadores-UNÍOS fuimos parte de la campaña electoral y llamamos a votar por Pedro Castillo como una terea fundamental del pueblo para cambiar el modelo y convocar a una Asamblea Constituyente libre y soberana que recupere las riquezas del país para crear empleo, fortalecer la salud y la educación pública, no para el FMI ni los capitalistas que se enriquecen mientras millones perdieron sus empleos, caen en la informalidad o mueren victimas del Covid- 19 por la privatización y desfinanciamiento del sistema sanitario.

Llamamos a sostenernos movilizados, organizados y en lucha para evitar que la señora K intente dar vuelta la elección en contubernio con sus aliados en las altas esferas del poder político, jurídico y económico. Exigimos la más amplia transparencia electoral y el libre acceso a la información para que el pueblo organizado fiscalice a las autoridades electorales durante todo el proceso.

Para derrotar políticamente a la derecha, que seguirá buscando blindar al modelo hambreador, sostengamos los comités de apoyo en todas las regiones para organizar la defensa del voto a Pedro Castillo y avanzar en la lucha, para darle la estocada final al modelo con una Asamblea Constituyente libre y soberana que garantice las medidas de fondo que el pueblo necesita, recuperando nuestros recursos, como el gas de Camisea, y ponerlos al servicio del desarrollo del pueblo trabajador del campo y la ciudad para que a la crisis la paguen los capitalista, no el pueblo trabajador. ¡Avancemos!

Partido de los Trabajadoras y Trabajadores-UNÍOS.
Lima, martes 8 de junio. 2 p. m.