
Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
En el peor momento del gobierno, con bronca popular por los escándalos de coimas, el colectivo de discapacidad y sus familias lucharon en las calles y tiraron abajo el primer veto de la era Milei.
La escena fue emocionante: miles de personas del colectivo de discapacidad, junto a sus familias, trabajadores y prestadores, aguardaron bajo el frío en la Plaza de los Congresos. Cuando se conoció el resultado, se abrazaron y lloraron en un gran festejo. En medio de la bronca popular por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a Diego Spagnuolo, Karina Milei y Eduardo Menem, se logró tirar abajo el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Fue la coronación de un proceso en el que quedó claro ante toda la sociedad que plata había, pero se destinaba a coimas mientras se recortaban pensiones y prestaciones a las personas con discapacidad, un hecho de extrema crueldad.
Los motivos para festejar sobraban. El Senado, por una mayoría abrumadora de 63 votos a 7 y ninguna abstención, derribó el veto mientras en la plaza se cantaba el jingle popular: “Karina es alta coimera”. El veto ya había sido rechazado por más de dos tercios en Diputados, por lo que ahora la ley queda firme y el gobierno tiene la obligación legal de promulgarla y cumplirla.
La importancia política de este hecho es enorme: es el primer veto presidencial que cae en los últimos 22 años y el primero durante el gobierno de Javier Milei, que en un año y medio gobernó a fuerza de decretos y vetos. Entre ellos, la Emergencia Presupuestaria para las universidades y el aumento de las jubilaciones, leyes conquistadas con la lucha popular y luego saboteadas por sus cómplices en el Congreso.
Se trata de un triunfo construido con la militancia del colectivo de discapacidad y sus familias, pero que también expresa la crisis del gobierno. Quedó sin discurso y mostró toda su miserabilidad cuando se destapó la olla: el eslogan de “no hay plata” iba de la mano con la baja de 110 mil pensiones y el desfinanciamiento de prestaciones, mientras las coimas engrosaban los bolsillos de la hermana del presidente, Karina “3%”, de su segundo, Menem, y de empresarios como los de la droguería Suizo Argentina.
Se va fundiendo el motor de la motosierra
Este triunfo deja varias reflexiones. ¿Qué diferencias hubo con los vetos a la ley de aumento de jubilaciones o a la del presupuesto universitario? ¿Qué hubiera pasado si diputados y senadores de la oposición patronal hubieran actuado de la misma manera entonces, en vez de negociar con Milei y los gobernadores? ¡Cuánto antes podrían haber caído estas medidas si la CGT, en lugar de sostener durante meses un pacto con el gobierno, hubiera impulsado nuevos paros generales y un plan de lucha!
La primera lección es clara: se le puede decir ¡Basta a Milei! siendo consecuentemente opositor, votando contra el gobierno en el Congreso y apoyando la lucha en las calles. En estas épocas electorales, la respuesta a quién lo hizo de forma coherente es clara: solo el Frente de Izquierda Unidad mantuvo esa conducta sin fisuras. Todas y todos los que nos apoyan saben que seguiremos poniéndonos del lado de las luchas, impulsando al sindicalismo combativo para derrotar el súper ajuste de este gobierno. Esto nos diferencia de todos los bloques opositores, incluso del peronismo, que dio votos claves al oficialismo, como ocurrió con el de Edgardo Kuider en la Ley Bases.
Desde ahora, la pelea sigue para que el dinero que se llevaron en coimas y el que va a la deuda externa se destine a garantizar esta ley. También para que se restituyan las pensiones dadas de baja, se reincorpore a las y los trabajadores de la Andis y se actualicen los salarios del sector. Sabemos que este es un gobierno ultraderechista, corrupto y al servicio de los buitres de la deuda y del FMI. Ya anunciaron que intentarán “judicializar” la ley, no cumplirla e incluso retener los fondos que están obligados a enviar. Una vez más, el desafío será imponer su cumplimiento con la movilización popular.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
El gobierno de Javier Milei avanza en una ofensiva contra la libertad de expresión. El juez Patricio Maraniello (con denuncias de abuso sexual y negociados en su contra) dictó un fallo exprés solicitado por Patricia Bullrich, que establece censura previa sobre los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así como sobre el canal de streaming Carnaval. Fueron ellos quienes dieron a conocer los audios de Diego Spagnuolo que destaparon las redes de corrupción de Karina Milei y el clan Menem. El fallo prohíbe difundir audios que impliquen a la hermana del presidente e incluye el pedido de allanamiento de los periodistas y del canal, algo nunca visto en democracia.
La censura previa está explícitamente prohibida por el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cada vez queda más en evidencia que el gobierno no puede tapar el sol con la mano: estamos frente a la punta del iceberg de los negociados de la “cajera” Karina y de los Menem. El ataque y la persecución contra la labor periodística, avalados por una justicia cómplice, buscan intimidar y silenciar al periodismo.
El martes 2 de septiembre, ante la negativa de María Emilia Orozco, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión y diputada de La Libertad Avanza, de convocarla, la vicepresidencia primera (a cargo del FIT Unidad, representado por el diputado Christian Castillo del PTS) decidió autoconvocarla. A la reunión asistieron los dos periodistas damnificados. Desde Izquierda Socialista repudiamos la censura previa y expresamos nuestra solidaridad con ambos.
Durante la comisión, Rial declaró: “Estamos aquí no sólo en nuestro nombre, también en el de Pablo Grillo, ferozmente reprimido”. En relación a las amenazas que sufre como parte de esta persecución, agregó: “Algún trasnochado, el viernes, creyó que me podía meter en cana. Apareció un Falcon estacionado en la esquina de mi casa. No nos van a callar”.
Por su parte, Federico denunció el ataque contra quienes “sólo informan sobre corrupción”. Y afirmó: “No tengo nada que ocultar… hago mi laburo y lo hago bien, por eso molestamos”. También aclaró sobre las fuentes: “No son rusos, no son venezolanos, ni espías… Son laburantes, muchos que echaron, otros que están ahí adentro y directivos”.
Defendemos la tarea periodística como un derecho democrático y una herramienta fundamental para que el pueblo trabajador acceda a información de interés público. La importancia de estos audios se refleja en la bronca popular que crece en todo el país contra Milei, quien en un año y medio gobernó con la motosierra, la represión y la corrupción. La difusión de estos audios no es delito: el verdadero crimen es robarle dinero a las personas con discapacidad o a los jubilados para coimas y negocios privados.
Reivindicamos la labor periodística bajo el gobierno de Milei, que junto a Bullrich atacó a trabajadores de prensa durante los brutales operativos represivos. El caso más grave fue el de Pablo Grillo, herido de gravedad en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado de forma directa por el gendarme Héctor Guerrero, aún impune. Este mismo gobierno llamó “mandriles” y “ensobrados” a periodistas opositores, desatando una campaña de odio como la que sufrió Julia Mengolini, y ahora, con cinismo, afirma: “No odiamos tanto a Jorge Rial”. Hoy busca ir todavía más lejos, aplicando censura previa.
Llamamos a los sindicatos de prensa y a todas las organizaciones democráticas, políticas y sindicales a unirse en defensa de la libertad de expresión.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad
Foto de portada Las diputadas Mercedes de Mendieta y Mercedes Trimarchi junto a la familia de Pablo Grillo
La reconstrucción balística confirmó que el cabo de Gendarmería disparó a matar contra el fotógrafo Pablo Grillo durante la represión del 12 de marzo. Mientras el gendarme Héctor Jesús Guerrero sigue libre y protegido por la propia fuerza, Pablo Grillo continúa peleando por su recuperación. Exigimos justicia y castigo para los responsables materiales y políticos.
El informe balístico, elaborado por la Policía de la Ciudad e incorporado a la causa judicial que investiga el ataque, determinó que el cabo de Gendarmería efectuó el disparo de manera recta, incumpliendo los protocolos de seguridad que establecen ángulos de inclinación de 45 grados para evitar daños. Esto confirma lo que se sospechaba desde el 12 de marzo, en la represión ordenada por Patricia Bullrich: Guerrero disparó a matar.
La querella, representada por la familia Grillo, había solicitado a la jueza María Servini (titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires) precisar la posición y el ángulo de la pistola lanza-gases calibre 38,1 mm al momento del disparo. El peritaje descartó disparos ascendentes o descendentes, los únicos permitidos de acuerdo con el protocolo, y concluyó que la intención no fue disuasoria, sino lesiva.
Pese a esta situación, Guerrero sigue en libertad y trabajando en la Gendarmería Nacional, aunque apartado de los operativos represivos en la Ciudad de Buenos Aires. Permanece en funciones porque el sumario interno, realizado por la propia fuerza, se cerró sin sanciones. El próximo miércoles 17 de septiembre, seis meses después de la brutal represión que hirió gravemente a Pablo, el gendarme deberá declarar en una audiencia. Allí se sabrá si asume responsabilidades individualmente o si involucra también a sus superiores.
El estado de salud de Pablo Grillo
Mientras tanto, el fotorreportero de 35 años sigue en proceso de recuperación por las gravísimas heridas que le provocó aquel disparo. Debió someterse a una nueva intervención quirúrgica en el Hospital Ramos Mejía. Los reportes sobre su estado de salud se actualizan periódicamente en la cuenta oficial de la familia y amigos, Justicia por Pablo Grillo, en Instagram.
El viernes 29 de agosto, junto a la diputada nacional Mercedes De Mendieta, estuvimos en el Hospital Ramos Mejía conversando con Fabián Grillo, quien nos contó más detalles sobre la evolución de su hijo y los avances de la causa judicial. La fortaleza de la familia Grillo es admirable y se sostiene gracias al apoyo de todo un pueblo que clama por justicia.
Basta de represión, fuera Bullrich
Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, somos parte del enorme movimiento que exige que los responsables políticos e intelectuales del ataque a Pablo (y a todos los periodistas que cubren las movilizaciones de los miércoles junto a jubilados y jubiladas) no queden impunes.
La represión de la Gendarmería no fue un hecho aislado ni un exceso individual: es la política represiva que el gobierno de Milei y Bullrich aplica contra quienes nos organizamos frente al plan de ajuste y motosierra. Por eso exigimos cárcel para Guerrero y juicio y castigo a los responsables políticos que dieron la orden de disparar.
Basta de represión. ¡Fuera Bullrich!
Escribe Diego Saavedra, delegado de la Junta Interna de ATE Garrahan y candidato a diputado nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad
La emblemática lucha de las y los trabajadores del Hospital Garrahan atraviesa momentos decisivos. Tras la histórica sanción en el Congreso de la Ley de Emergencia Pediátrica, el gobierno de Javier Milei anunció que la vetará. La contundente derrota electoral que sufrió el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires lo dejó políticamente debilitado y sin legitimidad para avanzar con ese veto.
El próximo 12 de septiembre habrá un paro en defensa del Garrahan. Es fundamental rodear esta lucha con la mayor solidaridad posible y exigir no solo que la ley se implemente de inmediato, sino también que se garantice una recomposición salarial urgente y sostenida.
Con el correr de los meses, la pelea del Garrahan se convirtió en una verdadera causa nacional, con un apoyo popular masivo que trasciende las paredes del hospital. Este proceso dejó en evidencia que el gobierno de Milei no vino a terminar con los privilegios de una supuesta “casta”, como proclamaba en campaña, sino a aplicar un ajuste brutal que amenaza derechos básicos como la salud de las infancias, la educación pública y las jubilaciones.
La firmeza de quienes llevan adelante una lucha incansable para frenar el desfinanciamiento del hospital pediátrico de alta complejidad más importante del país, logró instalar el tema en la agenda pública. La presión fue tan grande que obligó al Congreso a sancionar la Ley de Emergencia Pediátrica, que si bien no resuelve todos los problemas, representa un avance en la defensa de la salud pública y de la atención de miles de niñas y niños.
En un comunicado difundido el lunes 8 de septiembre, la Junta Interna de ATE del Garrahan lo expresamos con claridad: “Tras la derrota electoral del gobierno, tenemos más fuerzas para impulsar nuestros reclamos”. El propio gobierno presentó esa elección como una suerte de plebiscito y perdió por goleada. Esto deja claro que no existe respaldo popular para medidas como la destrucción de la salud pública, los recortes en educación o el ataque a las jubilaciones.
Para quienes estamos en lucha, este nuevo escenario abre condiciones más favorables para imponer nuestros reclamos. Un gobierno debilitado y desautorizado no tiene legitimidad para seguir atacando, y es momento de profundizar la organización y la lucha. La recomposición salarial no puede esperar más. Los integrantes del Consejo de Administración deben liberar de forma inmediata los recursos genuinos que hoy están siendo retenidos de manera ilegítima, y que pertenecen a las y los trabajadores.
El comunicado también remarca que el canal electoral utilizado para oponerse a Milei tiene límites insalvables: en Fuerza Patria están los mismos que aplicaron un duro ajuste después de la pandemia y que, con su desastroso gobierno, allanaron el camino para el ascenso de Milei. Este punto deja en evidencia que la única garantía para defender los derechos conquistados es la movilización independiente de los partidos patronales que ya demostraron estar al servicio del ajuste.
Al mismo tiempo, la derrota electoral refuta por completo el argumento de la burocracia sindical que se niega a convocar medidas de fuerza con la excusa de que “la gente apoya” al gobierno. La realidad es la opuesta: la masiva votación en contra de Milei demuestra que existe un amplio rechazo a sus políticas y que hay condiciones para una lucha nacional y sostenida.
Por eso, más que nunca, es necesario que todos y todas acompañemos la lucha del Garrahan. El paro del 12 y 13 de septiembre debe ser un punto de inflexión. Solo con la movilización y la unidad podremos enfrentar el ajuste y defender la salud pública de nuestro país.
Escribe Adriana Astolfo, secretaria adjunta Adosac provincial
La docencia de Santa Cruz lleva seis semanas de lucha desde el fin del receso escolar. Continúan los paros de 48 y 72 horas por semana, junto a movilizaciones, marchas y bloqueos, ante la negativa del gobierno de Claudio Vidal de reabrir la paritaria, tal como se había comprometido en el acta firmada a principios de año con Adosac.
La respuesta al pedido de reapertura de la paritaria fue aplicar descuentos selectivos, principalmente a docentes de nivel Inicial y Educación Especial, y avanzar contra la organización sindical con una multa de casi 13 mil millones de pesos, castigando a miles de docentes de toda la provincia convocados por el sindicato para ejercer su legítimo derecho a huelga.
Frente a esta ofensiva que busca, mediante la extorsión, condicionar a la base docente en su lucha por salarios dignos y la defensa de los puestos de trabajo, impulsamos desde nuestra directiva del sindicato la entrega de bolsones de alimentos y la organización en cada escuela para asistir a quienes sufrieron los descuentos. Sin embargo, la maniobra del ex sindicalista Vidal fracasó: la docencia mantiene su adhesión a las medidas de fuerza, con un acatamiento cercano al 70% tras más de un mes de conflicto. Esta semana se realizará un nuevo paro de 48 horas, con una concentración el viernes 12, en el marco de las actividades votadas en el Plenario del Sindicalismo Combativo en CABA el 16 de agosto.
Otro problema para el gobierno es que el sector de la Salud también se autoconvocó para exigir la reapertura de paritarias y repudiar a la burocracia sindical que, como en el resto del país, avala las medidas de ajuste. La semana pasada se sumaron a una marcha de antorchas organizada por la docencia en lucha. La motosierra aplicada en Santa Cruz afecta a todas y todos los trabajadores, que comienzan a expresar su repudio al gobierno.
Vidal debe tomar nota del rechazo a las políticas de ajuste y corrupción, como quedó reflejado en las elecciones bonaerenses. Aplica las mismas recetas que Milei, aunque intente distanciarse como parte de Grito Federal, la coalición de gobernadores que critica al gobierno nacional pero descarga sobre las y los trabajadores el costo del “equilibrio fiscal” para pagar millones al FMI.
Es fundamental nacionalizar el conflicto para apoyar la gran pelea de los y las maestras santacruceñas. El sindicalismo opositor, el Plenario del Sindicalismo Combativo, las organizaciones piqueteras independientes, jubilados y demás sectores en lucha deben repudiar la multa al sindicato y los descuentos por días de paro. Además, es clave difundir el fondo de huelga y toda campaña que permita visibilizar esta lucha en todo el país.
FONDO DE HUELGA
Adosac abrió una cuenta bancaria para que organizaciones políticas, sindicales, sociales y particulares puedan colaborar y ayudar a enfrentar los descuentos aplicados por el gobierno. Entre los aportes ya recibidos se destacan los 500 mil pesos enviados por ATEN Capital y Ademys de CABA, entre otros.
N° DE CUENTA:
CC$ 010896099
CBU 0860001101800008960990