Fotos de portada: A la izquierda, la policía de Jorge Macri deteniendo a los delegados del subte; A la derecha, Myriam Bregman y Pollo Sobrero llevando la solidaridad

Con una acción arbitraria y truculenta, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires al mando de Jorge Macri detuvo a Facundo Heredia, Claudio Dellecarbonara y Néstor Segovia integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). La detención se produjo en la estación Rosas de la línea B en momentos en que se realizaba la apertura de molinetes en protesta contra sanciones a un trabajador por parte de la concesionaria Emova.

La reacción de las y los trabajadores del subte fue inmediata. Conocida la detención, se realizó un fuerte paro en todas las líneas que obligó a retroceder a Macri, Emova y el poder judicial que había armado la causa por “asociación ilícita” contra los compañeros. Después de 6 horas de paro, los dirigentes sindicales fueron liberados logrando un categórico triunfo.

Este ataque antisindical, produjo el repudio de dirigentes y activistas sindicales y políticos de izquierda. Los ferroviarios de la seccional Haedo, encabezados por Rubén “Pollo” Sobrero se movilizaron de inmediato a expresar la solidaridad, también Soledad Mosquera, secretaria general de Ademys junto a un grupo de docentes, Suteba La Matanza y Tigre, sectores de la CTA. En el lugar de las detenciones, la estación Juan Manuel de Rosas, también se hizo presente la dirigente del PTS/FITU, Myriam Bregman junto a otros dirigentes. 

La medida de fuerza inmediata y contundente y las acciones de solidaridad demuestran que con lucha y unidad es posible frenar los ataques contra el pueblo trabajador.

Corresponsal

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Juan Carlos Giordano, diputado Nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Arrancó el debate del Presupuesto 2027 en Diputados con tres funcionarios que defendieron la motosierra de Milei al servicio de los grandes capitalistas y el FMI, con el aval de los gobernadores.

El secretario de Hacienda defendió el brutal ajuste sobre las partidas sociales. Desde 2023 a esta parte, hubo un recorte del 44% en Educación, 33% en universidades, 79% en becas estudiantiles, 37% en Ciencia y Tecnología, y 65% y 55% respectivamente en organismos como el INTI y el INTA. Los fondos para el Hospital Posadas bajan un 41% y en Vivienda, un 98%.

Por otro lado, el secretario Guberman, mano derecha de Caputo, aseguró que no están las partidas para Discapacidad y que no habrá actualización automática en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares. Tampoco explicó por qué desde 2023 se redujeron en un 98% los fondos para la Educación Sexual Integral (ESI), ni por qué el Programa Acompañar se achicó en un 90%, al igual que la Línea 144 para atender denuncias sobre violencia de género, mientras las partidas para la SIDE se elevaron un 44%.

El argumento es que “no se puede gastar más de lo que se recauda”. ¿Y por qué se recauda poco? Porque, como le enrostré, el gobierno sigue con la política de baja de impuestos a los de arriba, perdonándoles entre 25 mil y 40 mil millones de dólares a los más ricos, a las principales 500 empresas, a las multinacionales del RIGI, al agronegocio y a las petroleras con menos retenciones, entre otras.

Un “pescado” del presidente

El secretario de Trabajo, Julio Cordero (exabogado de Techint), por su parte, defendió a Milei porque, según él, “le dio una caña a la gente para enseñarle a pescar”. La sádica y siniestra metáfora me llevó a bautizarlo “pescado del presidente”. Hasta se animó a decir que no lamentaba la pérdida de puestos de trabajo registrados, al igual que Guberman, porque se recuperaban con el monotributo, afirmando que “los trabajadores ahora quieren ser autónomos”, es decir, que les gustaría no tener derechos laborales y estar precarizados. Un verdadero provocador.

Le pregunté si no lee los diarios, donde las noticias dan cuenta de que hubo más de 10 cuadras de cola para conseguir un empleo en un bazar, o que seis de cada 10 trabajadores consumen un alfajor para zafar de una comida. Y, lejos de que los salarios estén en suba, como dijo, le demostré que más de la mitad de los trabajadores registrados no llegan a la canasta de pobreza ($1.632.000), el Salario Mínimo, Vital y Móvil está en $391.000 cuando la canasta de indigencia llegó a $738.690, y la jubilación mínima en $505.748 mientras la canasta de las y los adultos mayores asciende a $2.090.646. Nunca contestó.

Las mentiras de los fachos libertarios

El gobierno dice que no hay plata para atender las necesidades sociales y así justificar la motosierra sobre las partidas sociales. Sin embargo, de acuerdo al proyecto oficial, el monto destinado a los vencimientos de deuda externa en 2027 asciende a 23.787 millones de dólares y existe un artículo para autorizar un nuevo endeudamiento por 33 mil millones de dólares.

A ese número hay que sumarle los 30 mil millones promedio que el Estado deja de recaudar por los perdones impositivos a grandes capitalistas como Paolo Rocca, Alejandro Bulgheroni, Marcelo Mindlin, Daniel Vila, José Luis Manzano y Marcos Galperín. El dueño de Mercado Libre, por ejemplo, además de estafar con préstamos usurarios a tasas de hasta 1.350%, recibe subsidios del Estado por la industria del conocimiento mientras su compañía está valuada en 94 mil millones de dólares. Y hay que agregar 20 mil millones de dólares anuales que se van por la fuga de capitales. ¡Qué cinismo!

Para combatir los males hay que hacer lo opuesto

Si paramos la sangría de 70 mil millones de dólares que se van entre la deuda externa, el perdón impositivo a los de arriba y la fuga de capitales, se podría aplicar un plan económico alternativo que aumente los salarios y las jubilaciones y reactive la economía. Con esa plata se podrían construir 500 mil viviendas populares y dar trabajo genuino a dos millones de desempleados, entre otras medidas urgentes. Significaría, además, una solución a la falta de vivienda y a los alquileres, que no paran de aumentar.

Aplicar este plan, complementado con otras medidas que contempla el programa del Frente de Izquierda, implicaría tocar fuertes intereses. El peronismo no solo nunca lo hizo, sino que con Alberto y Cristina reconoció los 45 mil millones de dólares con que nos endeudaron Caputo y Macri con el FMI. Solo un gobierno de la izquierda y de la clase trabajadora lo podrá imponer.

Camila Urquiza

La soberanía sobre el territorio argentino ha sido objeto de décadas de luchas campesinas, indígenas y populares. La Ley de Tierras de 2011, que puso límites a la propiedad rural extranjera, expresó parte de aquella disputa. Quince años después, el gobierno de Javier Milei avanza en sentido contrario. A sus intentos de liberar la venta de tierras suma ahora un mecanismo para otorgar la ciudadanía argentina a cambio de cientos de miles de dólares.

El programa de “ciudadanía por inversión” ofrece dos caminos a los extranjeros con grandes fortunas. Un aporte no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de bonos públicos por 800 mil dólares. Así lo anunció el Ministerio de Economía en octubre. El esquema fue habilitado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 y reglamentado por el Decreto 524/2025. Los solicitantes deberán superar controles, pero podrán acceder a la nacionalidad sin cumplir los dos años de residencia que se exigen por la vía ordinaria.

La desigualdad es evidente. Mientras trabajadores y familias migrantes deben atravesar trámites y exigencias para naturalizarse, quienes disponen del capital suficiente reciben una vía privilegiada. La ciudadanía, que supone pertenencia, derechos y vínculos con una comunidad, aparece tratada como otro activo financiero.

El negocio ya tiene vidriera internacional. La firma británica Henley & Partners, dedicada a gestionar residencias y ciudadanías para grandes patrimonios, promociona el pasaporte argentino por 350.000 dólares. Entre sus argumentos comerciales destaca la posibilidad de viajar a unos 170 destinos y circular por el Mercosur. La agencia admite así el carácter mercantil del programa, que el Gobierno presenta como una herramienta para captar inversiones.

La contradicción resulta más llamativa por la disputa alrededor de la Ley de Tierras. Milei intentó derogarla mediante el DNU 70/2023, pero en octubre de 2026 retrocedió frente a la resistencia política y social y restableció límites a la propiedad extranjera. La pelea por el territorio continúa abierta, mientras el Ejecutivo abre otra puerta para privilegiar al capital extranjero.

Con la necesidad de dólares como argumento, el Gobierno transforma derechos y atributos de la soberanía en oportunidades de negocios. Lo que se conquistó y defendió a través de años de organización popular hoy vuelve a ponerse en disputa. Esta vez, hasta el pasaporte argentino tiene precio.

Precarizados a gusto

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que “hay personas que no quieren estar en relación de dependencia” y defendió el monotributo en la reciente exposición que hizo en el Congreso Nacional, en la cual (parece un chiste) reconoció que al gobierno le “preocupa la informalidad”.
“No todos quieren poner todo su tiempo a un empleador. Hay algunas personas que quieren ser autónomas y tener la libertad”, lanzó el funcionario, como si en Argentina, de acuerdo al Indec, no hubiera un 45% de empleo no registrado. La defensa del modelo precarizador no es una casualidad. Es parte de la agenda política del programa de Milei, sus cómplices y el FMI.

Volver a los 90

Quienes cobran el seguro de desempleo en la Argentina aumentaron un 29,4% en el último año, de acuerdo con la comparación entre las 127.613 altas del subsidio de septiembre de 2026 y las 112.056 de un año atrás. De acuerdo con el Indec, la desocupación es del 7,9%. A su vez, y según la mayoría de las encuestas, la problemática trepó como una de las principales preocupaciones de la población en los últimos meses.

Si bien parecen lejanos el 17,5% del menemismo en 1995 o el récord del 21,5% del segundo trimestre de 2002, cuando Milei asumió el desempleo era del 5,7%. A esta velocidad, si “todo marcha acorde al plan”, volver a los 90 no parece tan imposible.

Granja Tres Arroyos

La patronal de la principal avícola argentina, que desde que llegó el gobierno libertario ya despidió a más de 1.550 trabajadores, les ofreció un cajón de pollo a 50 ex empleados para que levanten un acampe en la puerta de su planta Pinazo. Lo más grosero de todo no fue querer comprarles la lucha con una recompensa tan baja, sino haberlo hecho pocos días después de enviar a amedrentarlos con 15 patoteros de la burocracia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). 

El acampe se sostiene porque la empresa no se hace cargo de la deuda que mantiene con los despedidos, en el marco de la fuerte crisis que atraviesa. La oferta de algo que en el mercado mayorista puede estar entre 50 y 70 mil pesos es una demostración más de la bajeza de la clase capitalista, que cuando gana se enriquece y cuando pierde quiere repartir pobreza.