Escribe Olga Ortigoza, directiva de Suteba La Matanza

En un verdadero martes 13 para la burocracia sindical y el gobierno de Kicillof, la docencia bonaerense empezó a empalmar con las provincias en lucha. Por más que cada dos o tres meses la burocracia sindical de Baradel del Suteba y la FUDB informa que el gobierno de Kicillof “adelantó” alguna cuota de “aumento salarial” que firmaron en paritarias, la plata no alcanza para llegar a fin de mes. El salario docente sigue por debajo de la línea de pobreza, con una inflación galopante. A esto se agregan las malísimas condiciones laborales, las escuelas en pésimo estado, la presión cotidiana de decenas de tareas administrativas y aulas súper pobladas. Docentes que están trabajando bajo contratos temporales, sin derechos laborales ni estabilidad, que son despedidos y se quedan sin ningún ingreso. Y miles que ni siquiera consiguen esos contratos basura y semanalmente regresan frustradas a sus casas, sin poder tomar un cargo.

En esta situación, hay hechos que rebalsan el vaso. Los ajustes al presupuesto para personas con discapacidades son repudiables. Y los numerosos hechos de violencia contra la docencia en las escuelas, falsas denuncias, agresiones verbales y físicas y hasta detención de docentes, son directamente inadmisibles. Son parte de una fuerte campaña del gobierno y sus partidos y punteros barriales, con fuerte repercusión mediática, que quieren romper el vínculo social de la escuela pública con su comunidad, desprestigiando, generando desconfianza en las escuelas y docentes, reivindicando las escuelas privadas como garantía de “educación cuidada”. A estos ataques se suman denuncias judiciales y hasta detenciones sin ningún tipo de pruebas a docentes. La pena a treinta años de prisión al docente Lucas Puig generó un fuerte repudio en la docencia.

Por esto fue creciendo la necesidad de llamar a un paro en rechazo a todas estas situaciones. Así, desde los Suteba Multicolores Tigre, Bahía y Marcos Paz definimos convocar a un paro de 24 horas el viernes 2 de septiembre. A esa acción nos sumamos de manera autoconvocada las minorías de las directivas de La Matanza o Moreno, agrupaciones y dirigentes Multicolores de los demás distritos bonaerenses. El paro venía con inusitada fuerza, cuando se decretó feriado en repudio al atentado contra Cristina Kirchner. Pero la docencia no se olvidó y decidió volver a convocar para el martes 13.

El gobierno, la burocracia sindical, algunas supervisoras y equipos directivos, que cumplieron un papel lamentable, lanzaron una fuerte campaña contra el paro, de falsedades, amenazas, denuncias, mentiras, presiones de todo tipo, descuentos, sanciones y despidos, entre otras barbaridades, para quebrar la voluntad de lucha. Pero no hicieron mella. El martes 13 será recordado como el día que la mayoría de la docencia bonaerense se sumó al paro convocado por tres seccionales y toda la Multicolor provincial. Baradel, Yasky y toda la burocracia repudiaron el paro, diciendo que con los aumentos de Kicillof y la no implementación de la 5° hora “no había motivos para parar”. Y mientras la docencia paraba masivamente contra las consecuencias del ajuste del gobierno y el FMI, ellos se reunían y le rendían pleitesía con el embajador de Estados Unidos. ¡Todo un símbolo de la entrega de estos burócratas traidores!

Es fundamental darle ahora organización democrática, funcionamiento y continuidad a este enorme paro, convocando desde la Multicolor a un plenario provincial de delegados y conformando una comisión provincial docente que ayude a llevar a la movilización callejera y al triunfo a esta enorme voluntad de lucha.

Escribe Ana Valverde

Las y los trabajadores jubilados venimos sufriendo desde hace décadas el maltrato de los gobiernos de turno. Los fondos del Anses, que son de los trabajadores activos y de los jubilados, son usados por todos los gobiernos metiendo la mano como si fueran del tesoro nacional. Pasa lo mismo con las cajas provinciales, como el IPS de la provincia de Buenos Aires.

El PAMI, IOMA y Obsba no prestan los servicios que necesitamos y los jubilados sufrimos las consecuencias: mala atención, falta de medicamentos al 100%, tratamientos prolongados, etcétera. Por esto es que decimos que el PAMI y las otras obras sociales deben ser devueltas a sus legítimos dueños.

Con Macri perdimos el 20% de nuestro haber y ahora con Fernández otro 20%. Esto hace que cobremos cada vez menos, y la alta inflación que tiene nuestro país pulveriza mes a mes nuestros haberes. Por eso sostenemos que el haber jubilatorio debe ser igual a la canasta del adulto mayor indexado mensualmente con el valor de la inflación. No queremos bonos por uno, dos o tres meses ni un aumento miserable.

Todas estas medidas el gobierno del Frente de Todos las toma para pagar la deuda externa y cumplir con los mandatos del FMI. Por esto decimos que es importante que las y los jubilados y pensionados nos organicemos y movilicemos para pelear por nuestros derechos.

Desde la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) llamamos a los jubilados y pensionados, a las PUAM y Rentas Vitalicias a concentrarnos en Plaza de Mayo el día martes 20 de septiembre a las 11 horas, junto a otras organizaciones de CABA y del interior. Así van a hacer los jubilados de otras ciudades del país, como en Córdoba donde se va a movilizar nuestra agrupación hermana Jubilados en Marcha; también en Tucumán y otras provincias en un gran jornada unitaria y nacional de lucha, reclamando por: aumento de emergencia igual a la canasta del adulto mayor indexada mensualmente; no al vaciamiento de Anses y PAMI y de las cajas provinciales; devolución de las cajas y obras sociales a los trabajadores activos y los jubilados; no al ajuste de Fernández, Massa y el FMI; no al pago de la deuda externa. La deuda es con nosotros. Esa plata tiene que ser para salarios, jubilaciones, salud y educación.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Es sabido que en la provincia la época invernal es de pocas o nulas lluvias, y por tanto, de grave peligro de incendios. Pero la prevención sigue ausente por parte de Schiaretti y el peronismo, que gobiernan desde hace más de veinte años. El gobierno del Frente de Todos también es responsable de este reiterado flagelo que afecta a vastas zonas del país.
 
Cinco días de intenso fuego en distintos puntos de la provincia alcanzaron para arrasar con al menos 15 mil hectáreas, según datos del Plan Provincial de Manejo del Fuego. El daño es irreversible porque hay grandes superficies de biodiversidad arrasadas, afectando la retención de precipitaciones en el suelo y multiplicando el riesgo de nuevos incendios.

Según un informe de la UNC1, entre 1999 y 2017 se quemaron 700.376 hectáreas. Si sumamos el acumulado en los años restantes supera el millón de hectáreas, lo que equivale a diecinueve veces la superficie de la ciudad de Córdoba. Así llegamos al fatídico dato de que la provincia conserva en la actualidad una cifra inferior al 3% de bosque nativo.

Schiaretti continúa su plan para ejecutar la Autovía de Montaña, arrasando monte nativo, criminalizando la protesta y gastando millones en obras faraónicas en lugar de volcar los fondos necesarios para un plan de prevención y combate de incendios, con bomberos voluntarios que no reciben los elementos necesarios de protección y con aviones hidrantes de pequeño tamaño y limitada capacidad de carga, que poco pueden hacer en un territorio tan extenso.

Los incendios pueden prevenirse ¿Por qué no lo hacen?

Si realmente se invirtiera en puestos de vigía permanente diseminados en el territorio para la detección temprana del fuego, tal como lo exige la Ley de Control del Fuego, el 80% de estas catástrofes se evitarían2. Si no se hace, es porque quienes se benefician con estos incendios son los grandes emprendedores inmobiliarios y del agronegocio que, con la complicidad de los gobiernos, violan la prohibición de cambiar la utilización del suelo que se quemó. Así aparecen campos de soja, de cría de ganado o barrios cerrados donde antes había monte nativo.
El camino para cambiar esta situación es la movilización unitaria para lograr la emergencia ambiental y la formación de una Comisión de Ambiente, con expertos en la materia, miembros de las organizaciones sociales locales y representantes de los trabajadores que elaboren un plan de reparación ambiental, y una nueva Ley de Ambiente Provincial Integral.

Mientras tanto, hay que exigir al gobierno que haga cumplir la limitada Ley de Manejo del Fuego, invirtiendo en prevención, incorporando equipos de guardaparques, dotados de equipos de comunicación y prevención. Equipamiento para brigadistas territoriales especialmente entrenados. Más helicópteros hidrantes en las regiones que habitualmente se incendian. Remediación y protección de las zonas quemadas. Y la reposición de sus bienes a los sectores populares damnificados.

Para todo esto se necesitan millones de pesos, que deben salir del no pago de la deuda externa nacional y provincial y de un impuesto a las grandes fortunas, a los bancos, las grandes empresas y los terratenientes.

Mientras cerramos esta nota, la noticia se complementa con el humo que cubrió completamente Rosario desde los incendios del agronegocio en el Delta del Paraná. La semana pasada más de una decena de provincias registraron incendios. El ministro Cabandié, lejos de estar “pintado”, es cómplice. Los gobiernos son responsables.

1.  En unciencia.unc.edu.ar
2.  En www.change.org: Carta abierta al Gobierno de Córdoba por los reiterados incendios

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora porteña electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El pasado 9 de septiembre un grupo de personas encabezadas por el diputado de Juntos por el Cambio Eduardo Cáceres y los abogados Patricia Anzoátegui y Gustavo Topic, defensores de violentos y pedófilos, se manifestaron frente al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para impulsar una campaña contra las falsas denuncias. Un hecho repudiable y siniestro que muestra hasta dónde pretende llegar la reacción machista, en el marco del avance de los discursos que sostienen que los varones pierden la “presunción de inocencia” o el “debido proceso” frente a las denuncias por violencia de género.

El diputado Cáceres presentó en febrero del año pasado la Ley “Alejo”, en la que sostiene que los varones serían tan víctimas como las mujeres de la violencia de género, negando el entramado social que significa el patriarcado y por el que las mujeres e identidades disidentes sufrimos todo tipo de violencias: sexual, psicológica, física, económica y simbólica. Por su parte, la defensora de pedófilos Anzoátegui utiliza como estrategia legal el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) y la teoría de las falsas denuncias. Todo un entramado perverso al servicio de defender a violadores, violentos y pedófilos contra mujeres, niñas y niños víctimas de abuso.

Desde Isadora repudiamos la reaccionaria movilización del viernes 9, que sostiene que son falsas las denuncias por violencia de género, que alienta el inexistente SAP y que busca la revinculación de las niñas y niños con sus abusadores. Lejos de amedrentarnos con estos discursos fachos que hablan de “ideología de género” o de “adoctrinamiento” con la Educación Sexual (ESI), vamos a seguir impulsando la movilización y más organización feminista frente a la reacción machista.

En sus páginas vas a poder encontrar la elaboración política de lxs compañerxs de la Juventud de Izquierda Socialista de todo el país.

Pedisela a quien te acerca El Socialista o al 11-2642-5277