Escribe Mariano Barba
 
Tras el atentado contra Cristina, los tres diputados del Frente Patria Grande, Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, decidieron permanecer en el bloque oficialista del Frente de Todos. Hace menos de un mes habían resuelto retirarse al criticar los anuncios del recién asumido Sergio Massa como superministro.
 
 Juan Grabois, abogado y dirigente social, es el fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Su política siempre estuvo vinculada a los dictados del clero. Es miembro del Pontificio Consejo de Defensa y Paz, un organismo de la Iglesia Católica. Por su rol y amistad con el Papa Francisco, se lo señala como consultor del Vaticano en  Argentina. Su amistad con Bergoglio proviene de acompañar a su padre, Roberto “Pajarito” Grabois, a las reuniones del peronismo ortodoxo de “Guardia de Hierro”, una corriente de centroderecha del movimiento justicialista creada por Juan Domingo Perón a la que asistía el actual Papa.

A principios del mes de agosto el agrupamiento de Grabois tomó distancia de los anuncios del ministro Massa. Empezaron a dar pasos en el sentido de retirar del bloque oficialista no solo a los tres diputados nacionales sino también a diputados provinciales y concejales. Fundamentaban su retiro en que Massa hizo “anuncios para otros sectores, en particular los grandes empresarios, exportadores, la mega minería y las petroleras, así como la continuidad sin cambios del acuerdo ‘antipopular’ suscrito con el FMI”. A su vez, ratificaban el reclamo por “un salario básico universal”, en consonancia con el proyecto fogoneado por Cristina Kirchner en el Senado, con el objetivo de desplazar a los movimientos sociales del control del padrón de los subsidiados en el “Potenciar Trabajo” y pasarle ese control a los intendentes del conurbano, de cara a las elecciones del próximo año. En realidad, esta propuesta que respalda Grabois es más un motivo de propaganda que de soluciones reales para los supuestos beneficiarios, ya que el monto solicitado para ese ingreso mínimo asciende solo a 15.000 pesos. Una lamentable miseria anunciada como ingreso. No obstante, y para confirmar su ruptura con el bloque del Frente de Todos, el Frente Patria Grande convocó a su congreso de este domingo 4 de septiembre en el Centro Cultural Paco Urondo.
 
Incondicional a Cristina

Una voltereta de 180 grados terminó definiendo ese congreso. A partir del atentado contra Cristina Kirchner, el agrupamiento de Juan Grabois dejó de lado sus reclamos a Massa y decidió no retirarse del bloque oficialista. Mediante un comunicado sostuvieron que “no hay casualidades, ni loquitos, ni ineptos, sino causalidades, asesinos y responsables” y le pidieron al Ejecutivo que cuide a su “máxima dirigente”. Una vez más Grabois demuestra su adhesión incondicional a Cristina y a su política.

Decidieron continuar dentro del Frente de Todos con otros argumentos adicionales: “el Frente Patria Grande se propone trabajar para desescalar la violencia […] promoviendo un pliego de consensos mínimos con los actores democráticos de la oposición política”. Recibieron, como concesión de Massa, el pago de un subsidio de 16.000 pesos solo por tres meses para unas 2.100.000 personas. De esta manera, continúan acompañando desde adentro del bloque al gobierno de Cristina y Massa, demostrando una vez más que sus declaraciones amenazantes solo quedaron en una proclama. Muy lejos de impulsar una política de enfrentamiento contra el plan de ajuste del gobierno peronista del Frente de Todos, que cada día toma más medidas en beneficio de las grandes patronales. Como la de este fin de semana, devaluando el peso argentino en un 40% solo para que los pulpos exportadores de la soja hagan una gran negocio. No es casual la reunión realizada hace un tiempo atrás entre Grabois y Gustavo Grobocopatel, presidente de una empresa argentina de agronegocios que factura 800 millones de dólares al año y administra 150.000 hectáreas, la mayoría de soja.

 Grabois acuñó la frase de que vuelva Cristina pero sin los chorros. Esto le valió un repudio de uno de ellos, el ex ministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido, quien le respondió: “El viejo truco de los malos delincuentes: ser vigilante. Anda a confesarle tus pecados a Francisco, chorro de los pobres, BASURA”.

Con esto Grabois trata de esconder que los negocios corruptos son intrínsecos al sistema capitalista que el peronismo defiende. Por eso hace falta luchar por una Argentina socialista, como proponemos desde Izquierda Socialista.

Aquellos trabajadores y jóvenes que siguen con atención los pasos de Grabois no encontrarán ninguna solución de fondo. Desde el Frente de Izquierda proponemos lo opuesto de Grabois. Porque solo podremos superar la pobreza y recuperar el salario, la salud y la educación si rompemos con el FMI, recuperamos todas las empresas privatizadas por Menem, nacionalizamos la explotación e industrialización de los hidrocarburos y el litio y hacemos una verdadera reforma agraria.

Escribe José Castillo

El superministro de Economía intentará que le aprueben los “deberes”: el mayor ajuste sobre educación, salud y obras públicas y el tarifazo en curso. Se reunirá también con transnacionales del gas y el petróleo para ofrecerles más privilegios.

Sergio Massa se sumará al resto del equipo económico que, con el viceministro Gabriel Rubinstein a la cabeza, hace ya varios días que está rindiendo exámen ante los funcionarios del FMI. Ahí está lo central del viaje: el gobierno argentino en marzo pasado, cuando firmó el acuerdo con el Fondo, cedió todas las decisiones de política económica al organismo, y ahora deberá dar cuenta de si cumplió o no con el superajuste exigido por éste. Del resultado de esta reunión dependerá si se aprueba o no el desembolso de 4.000 millones de dólares al que corresponde llegar este mes. Aclaremos que, en caso de respuesta positiva, este dinero en ningún caso se tratará de “dinero fresco” que podrá ser utilizado para resolver necesidades populares, sino simplemente de lo necesario para poder pagar los vencimientos de deuda con el propio Fondo. O sea un simple “pasamanos” para demostrar que sigue moviéndose e incrementándose la bola de nieve de la deuda mientras continúa el ajuste.

Massa lleva como tributo al FMI las medidas de ajuste implementadas en los últimos días. Podrá mostrarle al Fondo que cumplió con lo prometido por Silvina Batakis en su visita anterior (cuándo ésta aún era ministra) de congelar todas las vacantes en el sector público. Le ofrecerá que se sigue ajustando a los jubilados y empleados públicos (ya que la inflación corre por arriba de los aumentos), que se pusieron en marcha los tarifazos del gas, electricidad y agua y que se achicaron las partidas en educación, salud y obras públicas. Un ajuste que, sumado, es de casi 300.000 millones de pesos.
¿Alcanza para llegar a fin de año con la meta de reducir el déficit a 2,5% del PBI? Es evidente que no, y esa será la primera respuesta del staff del FMI, que le exigirá mayores medidas de ajuste para el último trimestre del año.

El otro gran tema son las reservas del Banco Central. Es que el gobierno del Frente de Todos se comprometió a terminar el año pudiendo mostrar en que tenía al menos 5.800 millones de dólares de reservas disponibles, como señal de que ahí se estaba juntando la plata para cumplir con los vencimientos de deuda. Y el gobierno hasta ahora no lo está logrando. Massa mostrará el acuerdo recientemente ofrecido a los monopolios agroexportadores y grandes terratenientes sojeros, así como a las automotrices y megamineras, donde a cambio de grandes privilegios tiene promesas de pronta entrada de divisas.

Las reuniones con las transnacionales

En su desesperación por conseguir divisas, Massa se reunirá también con varios actores del establishment económico yanqui. Lo más novedoso será su encuentro con las grandes transnacionales del gas y la energía, a las que les ofrecerá mayores privilegios si aumentan sus inversiones en Vaca Muerta. Se habla de un nuevo “Plan Houston”, refiriéndose a una propuesta hecha en su momento por Alfonsín en 1988, todo un preludio de lo que terminó siendo la privatización del gas y el petróleo años después. Pero lo concreto, más allá de lo que se defina en esta reunión, es que todo el programa de Massa es ofrecer más y más privilegios para que los monopolios vengan a saquear nuestros recursos y ambiente. Todo a cambio de algunos dólares más para poder cumplir con los pagos de deuda externa.

La salida está en otra parte

Nada puede esperar el pueblo trabajador de este viaje, que nos muestra el corazón del programa económico del actual gobierno: ajustar y ajustar, monitoreado por el FMI, mientras se ofrecen nuestras riquezas a quién quiera venir a saquearlas. Todo con el horizonte de poder cumplir con los futuros pagos de una deuda ilegal, inmoral, y encima impagable.

Volvemos a insistir: la salida para nuestro país y su clase trabajadora está justamente en lo opuesto: hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, suspender inmediatamente todo pago en concepto de deuda externa, reestatizar todos nuestros recursos gasíferos y energéticos, así como las empresas de servicios públicos, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Y así, con todos esos recursos, aplicarlos a resolver las necesidades más urgentes del pueblo trabajador: salario, trabajo genuino, educación, salud y vivienda.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández, por intermedio del ministro de Economía Sergio Massa, se ha lanzado a garantizarle super-ganancias a varios conglomerados de monopolios exportadores.
Lo más importante, sin duda, fueron los anuncios del domingo 4 por la noche. Allí, Sergio Massa anunció un dólar diferencial (más alto) para los exportadores del complejo sojero (porotos, harina, aceites, pellets y otros derivados). En concreto, el gobierno les asegurará durante todo el mes de septiembre un dólar a 200 pesos, en lugar de los 145 que vale el oficial, o sea una mejora del 38%. Como reconoció el propio Massa: “sería lo mismo que bajar las retenciones a cero”.

Massa anunció esto luego de negociaciones con los grandes exportadores y terratenientes. Se trata de una política “a medida” de estos sectores, como lo confirman dos hechos. El primero, los dichos del propio Massa, de que ya tenía garantizado el ingreso de 1.000 millones de dólares de liquidación en las primeras 72 horas de vigencia de la medida y 5.000 millones a lo largo del mes. Lo segundo, la presencia durante el anuncio de todo el arco del negocio agroexportador, con representantes de Dreyfus, Aceitera General Deheza, Viterra, Cofco, Bunge, Cargill, Molinos Agro, Sygenta, y las principales bolsas de cereales del país.

Por supuesto, Massa también dijo “para la tribuna” que los mayores ingresos permitirán fortalecer las economías regionales y atender a los sectores más vulnerables, vía el Anses. Cuando es un secreto a gritos que de lo que se trata es de aumentar las reservas para atender la demanda de los especuladores financieros, los fugadores de divisas y las exigencias del FMI.

Privilegios para automotrices

El jueves pasado fue aprobado también en el Senado (y hecho ley) el proyecto de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista. Tal como fue informado en los medios, se lo hizo por pedido especial del ministro Massa, que lo solicitó como parte de este paquete de “leyes productivas”.

El proyecto declara oficialmente como “estratégica” a la industria automotriz-autopartista y a todos los eslabones de esa cadena productiva. Por eso se le otorgan una serie de privilegios fiscales, el más importante de los cuales es que pagarán 0% de derechos de exportación (retenciones) de acá al 31 de diciembre de 2031. Además, las empresas accederán a una devolución anticipada del IVA y a poder contabilizar una “amortización acelerada por inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura” en el Impuesto a las Ganancias. O sea, en la práctica pagarán cada vez menos de todos los impuestos hoy vigentes.

La excusa es “fomentar la industria nacional”. Pero se trata de una auténtica burla, ya que las transnacionales del sector podrán acceder a estos beneficios, debido a que el contenido mínimo nacional para hacerlo deberá ser de apenas 15% en los primeros tres años de producción y 20% en los dos siguientes. O sea, una empresa que fabrique automóviles con un 80% de contenidos importados será considerada “nacional”. En el caso de los motores que se produzcan, ese contenido nacional tendrá que ser del 10% durante los primeros tres años y 15% en los siguientes dos. Una auténtica farsa.

También beneficios para las megamineras

Massa tiene también en cartera, y muy probablemente se anunciará esta semana, un nuevo régimen de disponibilidad de divisas para el sector minero. Se tratará de facilidades en el acceso a las divisas al tipo de cambio oficial, de modo tal que las empresas puedan girar sin trabas dividendos a sus casas matrices ubicadas en diferentes partes del mundo. ¡Ni siquiera se les exigirá que reinviertan sus superganancias en el país!

En síntesis, todo para estos monopolios, y ni una sola medida a favor del pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

Sin cubrir el requisito legal de pasar por audiencias públicas, y sin que cada usuarios tenga claridad de a cuánto se le está cobrando la luz que está utilizando, entró de hecho en vigencia el tarifazo eléctrico.

El único dato que existe para calcular los valores, fue el divulgado por la secretaría de Energía. Según este, aquellos que no se hayan inscripto en el registro, pertenezcan al nivel 1 (de “altos” ingresos) o consuman más de 400 kW por mes (o más de 550 kW si es una zona donde no llega la red de gas) sufrirán un aumento de 28% promedio. Un usuario de inscripto en el registro con nivel 2 (ingresos bajos), tendrá una suba de 15%. Claro que este no será el único incremento, ya que sufrirá otro en el mes de noviembre. Y luego otro en el próximo febrero, hasta “completar” el total del tarifazo.
Todo esto es lo que corresponde a las boletas que reciben los usuarios particulares. Pero a esto habrá que sumarle los aumentos que vengan en lo que se llama “usuarios generales”. Ahí el tarifazo se sentirá mucho más, e incluye desde la luz general de un edificio que forma parte de las expensas o lo que paga un kiosco o pequeño comercio.

En el caso del gas, donde también ya está corriendo el aumento, lo único que está claro es que las empresas Metrogas y Naturgy (que opera en la provincia de Buenos Aires) tienen cuadros tarifarios que autorizan aumentos de hasta el 100% entre este mes y el próximo febrero para el nivel 1, sin más datos de cómo ya está afectando al nivel 2 donde se encuentran la mayoría de los usuarios. Pero, sin que quepa ninguna duda, también habrá fuertes porcentajes de aumentos de tarifa sobre este sector.

En medio de una inflación por las nubes y la virtual pulverización de salarios y jubilaciones, esto es un nuevo ataque al bolsillo; con el doble objetivo de cumplir con el ajuste exigido por el FMI, pero a la vez seguir garantizando sus ganancias a las privatizadas. Por lo primero, la salida es romper con el Fondo y dejar de pagar la deuda. Por lo segundo, hay que reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados y ponerlas a funcionar bajo la gestión de sus trabajadores y usuarios.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Con la llegada de Massa al ministerio de Economía se profundizó el ajuste y la entrega. Empiezan a reactivarse las luchas de los trabajadores, con la docencia al frente. Pero los dirigentes de la CGT y las CTA solo se pelean para ver quién es más sumiso al gobierno nacional. Hace falta un paro general y plan de lucha.
 
Desde que asumió Massa, el gobierno del Frente de Todos, sin diferencias y con el aval de Juntos por el Cambio, lanzó una fuerte avanzada en el ajuste y la entrega al FMI. La inflación, el aumento de precios, alimentos, tarifas y transporte siguen sin freno. La pérdida salarial es inmensa. Y a esto se suman los recortes presupuestarios en salud, educación, vivienda.

Todos los trabajadores están reclamando aumento salarial. El gobierno y las patronales aceptan “reuniones paritarias” y en algunos casos adelantan uno o dos meses algunas cuotas que ya estaban acordadas en la paritaria anual. El gran problema es que mientras los precios aumentan sin freno y la inflación llegará alrededor del 100% anual, estos “adelantos” se enmarcan en las paritarias que se cerraron con incrementos salariales de entre un 45% y 65%. Las patronales y el gobierno quieren que perdamos al menos un 30% del salario en un año.

Pero lo más grave es que los burócratas sindicales de la CGT y las CTA aceptan estas propuestas y hasta firman un salario mínimo vital y móvil y jubilaciones por debajo de la línea de pobreza. Hacen esos acuerdos sin realizar asambleas ni consultar a los trabajadores. Siguen repitiendo, sin ponerse colorados, que “el salario igualará o le ganará a la inflación”. Presionados por el malestar de la base, los dirigentes hacen algunas declaraciones contra los aumentos de precios y los “especuladores”, pero siguen defendiendo al gobierno. El 17 de agosto hicieron una “jornada” sin paro, ni movilización conjunta, ni acto, solo columnas de los sindicatos dando vueltas en diferentes horarios por la ciudad de Buenos Aires, en defensa del gobierno del Frente de Todos. ¡Increíble!

Esta trampa de “adelantos salariales en cuotas” con el aval de la burocracia sindical, por ahora les está dando resultados a las patronales y el gobierno. Con la burocracia logran encorsetar las luchas de los trabajadores, pero la presión crece por abajo. Las enormes luchas de los docentes de San Juan y La Rioja salieron porque la base desbordó a los burócratas, y pararon semanas por fuera de la conducción de los sindicatos, autoconvocados. Ese es el gran temor que tienen los burócratas. Y empiezan a darse luchas importantes contra los salarios de pobreza y los recortes, con los docentes y estatales provinciales al frente.

Desde el sur, en Santa Cruz, Chubut, Río Negro, con paros y acciones callejeras, la docencia reclama aumentos salariales. En Mendoza llevan semanas con paros y movilizaciones. Santa Fe le arrancó a la burocracia de Alesso semanas de huelga, con movilizaciones masivas particularmente en Rosario, en unidad con otros sectores gremiales, y están esperando la contra propuesta del gobernador peronista Perotti. Córdoba tuvo el paro con movilización más multitudinario de décadas. Las calles céntricas se llenaron de guardapolvos contra el gobernador Schiaretti y no dejaron hablar en el acto al burócrata del sindicato UEPC, Monserrat. En provincia de Buenos Aires, contra la condena absurda al docente Lucas Puig y las agresiones a docentes en jardines de infantes y escuelas, además del malestar por el salario y la falta de presupuesto, el viernes 2 se venía un parazo autoconvocado por los Suteba Multicolores, por fuera de Baradel y Suteba provincial, que se diluyó por el asueto. Y en CABA hubo una enorme movilización docente y de la comunidad de Barracas convocada por Ademys, contra la muerte por desnutrición de una niña de once años. Desde el interior profundo del país crece la bronca salarial y se va gestando una fuerte lucha, que inclusive obligó a la conducción ultra kirchnerista de Ctera a convocar a un paro nacional del gremio con alta adhesión, que quisieron esconder detrás del justo reclamo contra la condena del dirigente Goodman de Atech Chubut. El reclamo de paro nacional de Ctera y plan de lucha es cada vez más fuerte.

Pero no son solo la docencia y los gremios estatales de las provincias. Pocas veces el adjetivo de “brutal ajuste” está tan bien adecuado a lo que el gobierno está haciendo contra las personas y las infancias con discapacidad. Pensaron que el “recorte presupuestario” para juntar plata para el FMI pasaría desapercibido en este sector. Y se encontraron con el repudio social e importantes movilizaciones en diferentes ciudades del país, que lo obligaron a reenviar parcialmente fondos, pero sin eliminar totalmente los recortes en el sector. También hay paros de docentes universitarios.

Luego de años la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses movilizó masivamente a La Plata. Los trabajadores del Sutna siguen en un fuerte plan de lucha por mejoras salariales, y la UOM está convocando a un paro en la industria siderúrgica (Siderca, Techint, Propulsora, etcétera, las fábricas más grandes del país) para la semana próxima, si la patronal no otorga aumento salarial.
Mientras esto ocurre, los dirigentes de la CGT y las CTA se pelean entre ellos por si hay que hacer o no un paro en apoyo a Cristina Kirchner. Ni se les ocurre tomar una medida de fuerza en apoyo a las luchas en curso y por un aumento general de salarios.

Desde Izquierda Socialista seguimos impulsando, junto al Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), la exigencia a la CGT y las CTA a que llamen al paro general y plan de lucha, con movilización nacional. Que rompan su apoyo al gobierno y al plan de ajuste. Mientras tanto, llamamos a todos los trabajadores a apoyar las luchas en curso y a su coordinación.