Escribe Blanca López Diputada electa por Izquierda Socialista/FIT en Neuquén

El lunes 29 de abril llevé la solidaridad de mi partido a los tres obreros petroleros enjuiciados en los tribunales de Caleta Olivia. Los procesan porque hace cuatro años se manifestaron en una  huelga ante el despido de un compañero pidiendo su reincorporación instalándose al frente de la empresa Bacsa. La policía reprimió y la fiscalía ordenó la detención de los tres delegados que permanecieron tres meses presos en cárcel de máxima seguridad. En el curso del mes de abril les tomaron declaración a los testigos ofrecidos por la defensa de los compañeros y por la fiscalía. De sus declaraciones surgió claramente que se trata de una causa armada para amedrentar a todos los trabajadores que se movilizan y pelean por sus derechos.

En la audiencia que participé el lunes pasado se recibieron las declaraciones de dos testigos propatronales y se leyeron los alegatos de la defensa y de la fiscalía que los acusa por el delito de “perjuicio económico”, una figura penal que solo puede ser aplicable a empresarios que vacían su propia empresa y de ninguna manera es un delito que puede encuadrarse a la conducta de trabajadores. También se los acusa de “coacción”, cosa que tampoco es correcta, ya que solo ejercieron el derecho a huelga amparado en la Constitución. Los enjuiciados nunca recibieron el apoyo explícito del sindicato que los agrupa. Sí en cambio en estas últimas audiencias recibieron el apoyo y acompañamiento de los docentes de Adosac y de quienes nos acercamos para fortalecerlos en estos momentos complicados. La próxima semana se leerá la sentencia y tendremos que volver a acompañarlos. Exigimos su inmediata absolución y libertad.

El 9 de abril salió a la luz la noticia de la sanción por parte de la empresa de colectivos Indalo, con catorce días de suspensión al chofer Javier Carreras de la línea 502 de la ciudad de Neuquén. El hecho generó un gran repudio social y fundamentalmente en la comunidad educativa, ya que la sanción se debe a un gesto solidario del chofer para con los niños estudiantes de una escuela de las afuera de la ciudad donde asisten alumnos de las barriadas vecinas.

Desde hace un tiempo la empresa y el municipio, arbitrariamente, cambiaron el recorrido obligando a que los chicos tuvieran que caminar cerca de quince cuadras para llegar al establecimiento educativo por un sector descampado y con riesgos de sufrir robos, violencia y peligros, como efectivamente ocurrieron. La dirección del establecimiento solicitó por nota que se restituya el recorrido anterior, pedido que la empresa ignoró completamente. El trabajador, al enterarse de hechos delictivos, tomó la decisión de cambiar el recorrido para acercarlos a la escuela. La empresa, en vez de convalidar dicha determinación, hizo lo opuesto, sancionando al chofer.

La actitud represiva y persecutoria de la paternal hacia los choferes es un accionar cotidiano en todos los sentidos, ya que los obligan a trabajar sin condiciones laborales adecuadas y prestando un servicio muy deficiente hacia los usuarios, que diariamente manifiestan decenas de denuncias y situaciones de incumplimiento.  Detrás de este gesto del chofer existe un hecho de solidaridad y empatía entre trabajadores y usuarios que ninguna empresa podrá entender, y por esto sanciona a quien muestra preocupación por sus pares.

Desde la banca de Izquierda Socialista/FIT, la diputada Angélica Lagunas llevó la denuncia a la Legislatura y se logró que la sesión plenaria votara una declaración de repudio a la sanción (solo votaron en contra los diputados de Cambiemos) que manifiesta en su artículo 1º su rechazo a la sanción por parte de la empresa Autobuses de Neuquén contra el chofer de la línea 502 de la ciudad de Neuquén. Los restantes artículos exigen de las autoridades competentes, como la Secretaría de Trabajo, que arbitren los medios para quitar la sanción. En el mismo sentido se está impulsando una declaración similar en el Concejo Deliberante de la ciudad por parte de nuestro concejal Manuel Sánchez. A su vez se avecina una pelea legal porque la empresa inició una causa penal contra la diputada por respaldar al chofer.

Corresponsal

El gobierno de Macri quiere bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años mediante una ley que se debate en el Congreso llamada “nuevo régimen penal juvenil”. Apunta contra niñas, niños y adolescentes a quienes considera peligrosos. Es parte de la política de mano dura de Patricia Bullrich. Nuestros diputados Juan Carlos Giordano y Laura Marrone expusieron en el Congreso repudiándola. Lo mismo hicimos acá en la Legislatura de Córdoba.

Escribe Ezequiel Peressini Legislador de Izquierda Socialista/FIT de Córdoba

Decenas de organizaciones sociales, de derechos humanos, juristas y especialistas en el tema nos plantamos contra esta iniciativa que busca criminalizar a la juventud. Con una campaña demagógica, Macri y sus funcionarios buscan bajar la edad de imputabilidad diciendo que con eso habrá más seguridad. Una mentira total.
Ni siquiera las estadísticas lo acompañan. Solo el 4% de los delitos son cometidos por menores, y de ellos solo el 1% es grave. Quiere decir que los verdaderos delincuentes están en otro lado.

El gobierno y la oposición patronal están por bajar la edad

El gobierno dice que es necesario modificar el decreto aberrante que viene de la dictadura. Pero lo van a cambiar para peor, bajando la edad de imputabilidad y fijando penas más altas para los menores.
Todos los gobiernos “democráticos” sostuvieron ese decreto durante décadas y ahora todos coinciden en bajar la edad. En 2009, el kirchnerista Scioli promovió bajar la edad a 14 años. La ley se aprobó en el Senado y fue defendida por Cristina Kirchner diciendo que era “una adecuación a los tiempos que corren”. Massa también acuerda con bajar la edad a 14 años.
Se argumenta que otros países la bajaron aún más, a 12 años en Brasil, a 13 en Nicaragua y a 14 en Chile. Pero lo que no dicen es que en esos países aumentó la criminalización hacia los pibes y no bajó la inseguridad.

La mano dura fracasó

Las organizaciones que trabajan con menores se han manifestado en contra porque viola los derechos de niñas, niños y adolescentes. Luis Pedernera (Comité de los Derechos del Niño de la ONU), recomienda no reducir la edad de imputabilidad y no aumentar las penas. Unicef advirtió que el sistema penal juvenil “no puede utilizarse como respuesta tardía a las fallas en la protección de los derechos de niños y jóvenes”. (La Nación, 29/4).

La política de mano dura nunca trajo seguridad. Desde 1983 subieron las penas máximas de 25 a 50 años y el delito creció 400%. Si a esto le agregamos que (según Correpi) se asesina una persona cada 23 horas en manos del gatillo fácil, donde el 50% de las víctimas son jóvenes, el cuadro es desolador.

Combatir el hambre y las mafias, no a los menores

El titular de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación, Gustavo Gallo, señaló que “el 98% de los 667 pibes que defendí en 2016 tenía derechos básicos insatisfechos, estaban en situación de calle y no se alimentaban bien”.
En provincia de Buenos Aires las partidas presupuestarias para los menores son 29 veces más bajas que las destinadas para las fuerzas represivas. Y en la Córdoba de Schiaretti hay más policías que maestras.
El mismo gobierno que hunde en la pobreza al 48% de niños impidiéndoles acceso a sus derechos básicos, ahora solo les ofrece el encierro represivo.

Los más chicos no son un peligro, están en peligro por el ajuste de Macri, que destina un millón de pesos por minuto para la deuda externa mientras recorta y vacía los programas socioeducativos.
Mientras los grandes delincuentes de guante blanco como Calcaterra o Paolo Rocca (Techint) fueron sobreseídos, hay represores de la dictadura en funciones, como el fiscal general Fernández Garello en Mar del Plata, o el intendente de Cambiemos de Paraná, que está ligado al narco, se quiere apuntar contra los jóvenes.

Para combatir la inseguridad se necesita combatir a las mafias que trafican con el delito, donde están implicados el gobierno, políticos patronales, comisarios y jueces. Y hay que terminar con este plan económico al servicio del FMI, caldo de cultivo de la violencia. Se necesita presupuesto para los programas que protegen a niñas, niños y adolescentes, para garantizarles alimentos, vivienda, salario y trabajo para ellos y sus familias. Es la única manera para que los menores y adolescentes no sean empujados a ser carne de cañón del narcotráfico, las bancas delictivas o el delito callejero.

Llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos a sostener la movilización para derrotar este intento represivo y no permitir que el gobierno de la mano de la oposición patronal apruebe este proyecto que viola los derechos más elementales de los más chicos, criminaliza a la juventud y fortalece al podrido aparato represivo.

Escribe Jonathan Castronuovo Secretario del Centro de Estudiantes ISFD 45

El jueves 25 de abril se llevó a cabo en el distrito de Morón la sesión en el Concejo Deliberante que definiría la aplicación del boleto estudiantil terciario para las líneas comunales. Desde el año pasado que en el municipio venimos dando esta pelea contra el gobierno de Cambiemos. La realidad es que a causa del terrible ajuste con el aumento del transporte, muchos compañeres estaban dejando de cursar.

Desde Estudiantes en Marcha (Izquierda Socialista+Independientes) en septiembre del año pasado generamos un expediente en el Concejo que terminó siendo un proyecto realizado por todos los profesorados de Morón en unidad. Así empezó la lucha armando una coordinadora cuyo eje fue el boleto gratuito, ya que los terciarios fueron excluidos por María Eugenia Vidal del derecho al boleto y se volvió una bandera de los profesorados en la provincia.

Luego de asambleas abiertas, movilizaciones y festivales logramos imponer la discusión del boleto gratuito y la aprobación del proyecto el pasado 25 de abril en el Concejo Deliberante.

Para nosotros es una victoria del movimiento estudiantil terciario, que con una política de unidad y movilización logró torcerle el brazo al macrismo municipal. Ahora vamos por el boleto provincial. Por eso desde Estudiantes en Marcha e Izquierda Socialista convocamos a todos los terciarios a seguir peleando en sus distritos y a movilizarnos a La Plata llevando esta exigencia a la gobernadora Vidal.

El pasado viernes 26 de abril terminaron las elecciones en la Facultad de Derecho. Nos ubicamos en nuestra primera presentación como tercera fuerza entre ocho, quedando a solo 16 votos de la segunda (FpV).

Fue la primera vez que nos presentamos en esta facultad totalmente dominada por la Juventud Universitaria Peronista (los “soldados” del rector Molea). En nuestro debut logramos superar a espacios que están hace muchos años gracias a nuestra gran campaña militante. Eso nos da fuerza para seguir desarrollando a Izquierda Socialista y a Isadora.

Por otro lado, en la Facultad de Sociales llamaron a elecciones para la semana del 13 al 17 de mayo. Ahí, desde que llegamos hace tres años, logramos conformar el FIT, conquistando la Secretaría de Género y Diversidad Sexual. Este año, además del PTS y el PO, incorporamos al MST en una lista de unidad de la izquierda.

Desde la Juventud de Izquierda Socialista apostamos a seguir consolidando un espacio de lucha en una de las universidades más grandes del conurbano.

Corresponsal