Por octava vez, el 28 de mayo, día de acción por la salud de las mujeres, se presentó en el Congreso el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que elaboró la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Escribe Mercedes Trimarchi Diputada provincia de Buenos Aires por Izquierda Socialista/ FIT y dirigenta de Isadora

La sala asignada para la conferencia de prensa se colmó rápidamente con activistas feministas, referentes de la campaña, periodistas, actrices y, por supuesto, con diputadas y diputados firmantes del proyecto. Pero lo más destacado de la fecha fue la masividad que se logró tanto en las inmediaciones del Congreso como en las plazas de todo el país. Cientos de miles de mujeres en la Argentina levantaron su pañuelo verde para exigir que el aborto sea ley y que sea ahora.

Luego del revés que sufrió el proyecto en el Senado en 2018, los sectores antiderechos (las iglesias y los partidos patronales que le dieron la espalda al reclamo de las mujeres) vaticinaron que el movimiento había sido derrotado. Incluso, intentaron avanzar, atacando la educación sexual y obligando a parir a niñas violadas, como en el caso de Tucumán, gobernada por el peronista Manzur (ex ministro de Salud del gobierno de Cristina).

A pesar de estos ataques y de que varias corrientes políticas plantearon que había que esperar a que cambie la composición del Parlamento en 2020, se logró imponer que se presente el proyecto este año. Ahora tenemos el desafío de seguir movilizadas para que se trate y que se apruebe. Así se cantó y gritó en todos los pañuelazos que se hicieron a lo largo y ancho del país “aborto legal ya” y “aborto legal en el hospital”. Con la fuerza de la marea verde (que llegó para quedarse) debemos seguir en las calles hasta que el aborto sea legal, seguro y gratuito.

Repercusiones en el mundo

La lucha de las mujeres argentinas por la legalización del aborto con el pañuelo verde recorrió el globo. Ya en las semanas previas la alfombra roja del prestigioso Festival de Cannes (Francia) se había teñido de verde cuando ingresaron referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto junto a la mamá de Ana María Acevedo, quien murió porque le negaron un aborto legal en 2007. Este caso emblemático se relata en la película de Juan Solanas, nominada en el festival, que justamente se llama “Que sea ley”.
Por otro lado, la convocatoria al 28M tuvo apoyo internacional en varias ciudades del mundo. Feministas se concentraron en embajadas y consulados de la Argentina para acompañar la presentación del proyecto de ley, pero sobre todo para exigir que se apruebe porque el aborto es un derecho que ya fue conquistado en la mayoría de los países del mundo y se tiene que lograr también en la Argentina. Las acciones se dieron desde Estados Unidos hasta Chile, pasando por Perú, Ecuador y Colombia. Y en Europa en ciudades como Berlín, Barcelona, Madrid , París y Amsterdam.

Desde Isadora e Izquierda Socialista apostamos a que se desarrolle la lucha de las mujeres de manera internacional, por eso desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT- CI) impulsamos estas acciones y participamos en las ciudades en las que estamos presentes. El 28M el mundo gritó por el aborto legal.

Escribe Mercedes Trimarchi Diputada provincia de Buenos Aires por Izquierda Socialista/ FIT y dirigenta de Isadora

La diputada del Partido Obrero Romina Del Plá, propuso en la conferencia de prensa en la que se presentó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que se realice una consulta popular vinculante sobre la despenalización y legalización del aborto. Este planteo el PO lo viene haciendo luego de la sesión del Senado del 8A del año pasado, en la que no se aprobó la ley.

Ya en su momento, desde Isadora e Izquierda Socialista polemizamos con esta propuesta porque entendemos que los derechos no deben ser plebiscitados sino arrancados con la movilización. Insistimos en que es una propuesta equivocada porque, entre otras cosas, sería decirle a las miles y miles que protagonizaron la marea verde que eso por lo que activaron y militaron el año pasado ahora lo tienen que poner a consideración y evaluación por medio de una consulta popular o plebiscito.

El Frente de Izquierda es el único bloque que votó sin fisuras por la legalización del aborto porque es parte de su plataforma electoral, junto con la consigna de educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar. La consulta popular sobre el aborto no es parte del programa del FIT. Y sostenemos que al aborto legal solo lo vamos a conquistar con la movilización y no con mecanismos electorales engañosos en los que los sectores antiderechos pueden tener mucha injerencia.

Escribe Malena Zetnik

Entre las primeras declaraciones que realizó el candidato a presidente Alberto Fernández, quien comparte fórmula con Cristina, una fue la referida a la cuestión del aborto. En la campaña electoral es el tema al que todos los candidatos de fuerzas patronales pretenden esquivar o posicionarse en forma difusa por el miedo a perder votos. Por eso, ante la pregunta de los periodistas sobre el tema, Alberto Fernández no vaciló en decir que considera al aborto como un problema de salud pública, pero que se debe abordar “sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización”. Su único argumento en dilatar este sentido derecho fue que “la legalización es algo que divide mucho a los argentinos”.

De esta manera, Fernández se encargó de dejar claro que priorizará la alianza con las iglesias en lugar de los derechos de las mujeres que siguen muriendo y abortando en la clandestinidad. Cuestión en la que confluye con su compañera de fórmula Cristina, quien ya desde el año pasado llamó a dejar de lado los pañuelos verdes para unirse con los movimientos afines al papa Francisco (CTEP y otros) en el supuesto frente anti-Macri en el que vale todo.

Ahora es cuando

Como nunca en la historia, la cuestión del aborto alcanzó un lugar central no solo como problema de salud pública y para evitar la criminalización y las muertes de las mujeres pobres que abortan en la clandestinidad, sino que es parte de un programa más amplio que denuncia el control de los cuerpos de las mujeres como una estrategia de dominio patriarcal, servil a la superexplotación capitalista que vivimos en los tiempos de crisis. Con la marea verde y su eco mundial se avanzó en la despenalización social del aborto y en que sectores de masas comprendieran el rol fuertemente reaccionario de la Iglesia Católica que impide a las mujeres abortar mientras obliga a las niñas violadas a parir. Todas las fuerzas patronales pretenden convencernos de que no es el momento para la legalización. Pero para nosotras no hay que dar un paso atrás. Tenemos más fuerza que nunca para dar esta pelea y no debemos confiar ni un poco en los que ya gobernaron y se manifestaron contra el aborto y pretenden priorizar los acuerdos electorales con los sectores fundamentalistas religiosos. Desde Isadora e Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda seguiremos impulsando esta lucha hasta que el aborto sea ley.

Un puñado de grandes monopolios transnacionales tienen el dominio absoluto de nuestras exportaciones. Los pulpos financieros controlan la especulación con el dólar y la fuga de capitales. Acá explicamos cómo terminar con todo eso, a partir de una de las medidas esenciales de nuestro programa de emergencia obrero y popular

Escribe José Castillo

Todos sabemos que la Argentina es un país rico. Produce alimentos para 400 millones de personas. Tiene gas, petróleo y varios minerales estratégicos. Sin embargo, aumentan la pobreza, los bajos salarios y el desempleo. Vamos de crisis en crisis. ¿Por qué? La respuesta es una sola: somos una semicolonia capitalista del imperialismo.

Sufrimos el saqueo de la deuda externa. Pero no solo eso. El comercio exterior (lo que se vende al exterior –exportaciones– y lo que se compra –importaciones–), quién lo hace y quién termina apropiándose de los dólares de ese negocio, es una parte esencial del mecanismo por el cual se llevan nuestras riquezas. Y que se complementa con la fuga de capitales y las bicicletas financieras que terminan en feroces devaluaciones de nuestra moneda (lo que hace, a su vez, que suban los precios y se pulvericen salarios y jubilaciones).

Por eso es fundamental, como medida complementaria a romper con el FMI y dejar de pagar la deuda, que un gobierno de los trabajadores tome el control efectivo del comercio exterior. Se trata de crear un ente estatal que, articulado con una banca también nacionalizada, tenga el manejo de esta actividad estratégica.

Ese organismo estatal de comercio exterior tendrá a su cargo diversas funciones. Determinará qué se puede exportar una vez cubiertas las necesidades populares de consumo interno. Se terminará así con cuestiones inexplicables, como que en un país con una gran industria láctea la leche sea un artículo de lujo, o que falte en las góndolas porque se prioriza la venta al exterior. O con los precios exorbitantes del pan, porque se fija el valor de la harina siguiendo el precio en dólares del trigo. Para resolver estos problemas el ente de comercio exterior adquirirá los bienes destinados a la exportación a los productores, les pagará en pesos y los acopiará antes de definir si van al consumo interno o la exportación. Tendrá la potestad, incluso, de pagarle más al pequeño productor que al grande. Luego, el Estado venderá aquello que se decide exportar, percibiendo directamente los dólares (y no como ahora, que quienes lo cobran son las multinacionales). Y así podrá definir a dónde destinar esas divisas.

Asimismo, ese ente nacional de comercio exterior será el que autorizará qué bienes se importarán, aquellos que realmente se necesiten y no estemos en condiciones de producir. Se evitará así el actual despilfarro de dólares en compras de miles de productos que terminan compitiendo y haciendo quebrar a la industria local.

La nacionalización del comercio exterior nos permitirá recuperar la potestad de elegir a quién vender y a quién comprar, en qué moneda y sobre la base de qué intereses estratégicos hacerlo, ayudando así a romper la dependencia a que siempre quieren someternos el imperialismo y sus empresas. Podremos así conquistar nuevos mercados, e incluso decidir compensar exportaciones e importaciones con algún país directamente, ahorrándonos el trámite de cobros y pagos en dólares y las comisiones millonarias de los intermediarios.
El ente de comercio exterior tomará el control de las divisas extranjeras a partir de monopolizar las exportaciones y las importaciones. Así, junto con la banca nacionalizada, estará en condiciones de decidir a quién y a qué cotización vender o comprar dólares u otras monedas. Se terminará así con la actual especulación cambiaria y la fuga de capitales.

Todo esto es lo opuesto al “vale todo” del libre cambio que tenemos con el gobierno de Macri. Pero también a “cepos”, o “comercio administrado”, donde los permisos para importar debían pasar por secretarías como la que manejaba Guillermo Moreno, u otras medidas inútiles que solo sirven para que algunos amigos del gobierno hagan sus negocios, pagos de coimas mediante.

La nacionalización del comercio exterior y de la banca son medidas esenciales para un programa de emergencia que, comenzando por la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda, ponga la prioridad en resolver las más urgentes necesidades populares. Por supuesto que deben estar acompañadas por otras. Remitiéndonos solamente a los rubros directamente vinculados a la exportación, se impone la reestatización de todo el complejo gasífero petrolero, rescindiendo las concesiones a las multinacionales del sector y concentrando todo en una o dos empresas estatales (tal como fueron históricamente YPF y Gas del Estado), que funcionen gestionadas directamente por sus trabajadores. En lo que respecta al complejo agroexportador, será necesaria la realización de una profunda reforma agraria que expropie a los grandes terratenientes, respetando al pequeño productor y a la propiedad cooperativa, para así potenciar tanto el acceso a la tierra como un desarrollo productivo integral y equilibrado. Todo en el camino de un régimen social distinto, el único que puede garantizar el real desarrollo de la economía argentina y la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador: el socialismo.

El comercio exterior argentino copado por las multinacionales

Se trata de una realidad que viene de lejos. Es así durante el macrismo, pero también lo fue en la época kirchnerista. Un grupo de empresas transnacionales monopolizan nuestras exportaciones. Ellas venden nuestras riquezas, prácticamente no pagan impuestos, son dueñas hasta de los puertos por donde salen los productos, nadie las controla y, en la mayoría de los casos, ni siquiera reinvierten los dólares que cobran en la economía argentina.

Son un puñado de apenas quince empresas que exportan por más de 1.000 millones de dólares. Si exceptuamos a YPF y Techint, la presencia de multinacionales extranjeras es apabullante: Cargill, ADM, Bunge, Cofco y Dreyfuss aparecen como las principales exportadoras del complejo agrícola. A esto hay que sumar las terminales automotrices, todas extranjeras (Toyota, Fiat, Ford, Volkswagen). Y los pulpos transnacionales del gas y el petróleo. Así es cómo nuestras riquezas y el trabajo argentino se terminan yendo por el agujero de un comercio exterior al servicio del capital imperialista.

Escribe José Castillo

El 26 de mayo de 1946 se creó el Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio (IAPI), que pasó a funcionar dentro de la órbita del también recientemente nacionalizado Banco Central de la República Argentina. Así, durante las dos primeras presidencias de Perón (1946-1955) existió este organismo que ofició el rol de ente de nacionalización del comercio exterior.

Durante diez años el IAPI compró a los terratenientes latifundistas su producción a precios internos un 50% promedio menores que los internacionales. Y después la colocaba en el exterior, cobrando en dólares o libras esterlinas. Las grandes empresas agroexportadoras, como Cargill o Dreyfuss, perdieron también así el control que tenían sobre el comercio de granos y el privilegio de apropiarse de las superganancias que garantizaba la renta de los productos de la Pampa húmeda. Esos recursos pasaron a utilizarse para el financiamiento de diversas iniciativas, como por ejemplo la compra de bienes de capital para Ferrocarriles Argentinos, de aviones, o la financiación de la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires. También se dedicaron sumas importantes para otorgar créditos y subsidios para la industrialización. Por supuesto que algunos de ellos, utilizados por empresas privadas amigas del gobierno, dieron lugar a más de un caso de corrupción.

Es que, si bien el gobierno de Perón mantuvo una relativa independencia con respecto al ascendente imperialismo yanqui, no dejó de ser patronal. Y por eso no todas las acciones del IAPI son reivindicables. Cabe criticarle el denominado convenio Andes, donde se utilizaron saldos a favor del comercio con Gran Bretaña para comprar los ferrocarriles ingleses a un precio muy superior al que correspondía. O las donaciones de trigo que se realizaron a la dictadura de la España franquista al final de la Segunda Guerra Mundial, transformando a la Argentina en prácticamente el único país del mundo que sostenía ese régimen ultraderechista.

Sin embargo, y a pesar de esto, el IAPI garantizaba a la Argentina una independencia en el manejo del comercio exterior que el imperialismo y los monopolios agroexportadores no estaban dispuestos a tolerar. Su disolución, el 4 de noviembre de 1955, fue una de las primeras medidas que tomó la dictadura de la autodenominada “Revolución Libertadora” (que luego pasaría a la historia como revolución fusiladora). Otra medida fue el ingreso al FMI, destinado a transformar a la economía argentina para convertir al país en una semicolonia yanqui. Desde entonces a la fecha ningún otro gobierno peronista ha vuelto a la nacionalización del comercio exterior, medida elemental para recuperar la independencia económica perdida. No lo hicieron Cámpora, Perón e Isabel entre 1973 y 1976. Obviamente, Menem ni lo planteó entre 1989 y 1999. Pero tampoco el kirchnerismo durante sus doce años de gobierno (2003-2015) y mucho menos lo plantea ahora, que incluso sostiene que no hay que siquiera romper el acuerdo con el Fondo, sino apenas renegociarlo.

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