El #22N en el Congreso Nacional se realizó la audiencia pública de presentación del proyecto de ley por “La Estatización del sistema Ferroviario bajo gestión de trabajadoras y trabajadores y organizaciones de usuarios” convocada por la diputada nacional y delegada ferroviaria Mónica Schlotthauer junto al bloque del Frente de Izquierda-Unidad ante la amenaza por parte del gobierno de Milei de privatizar el ferrocarril. Pedí el folleto a quien te acerca El Socialista.

Escribe Adolfo Santos

El gobierno de Milei ha enviado al Congreso dos proyectos de Ley para cambiar el sistema político electoral. Por supuesto que no es para mejorarlo, sino para hacerlo más proscriptivo y antidemocrático, lo cual podría implicar una proscripción para la izquierda y otras fuerzas opositoras menores.
 
Esto es parte de una política que quiere acallar las voces discordantes y en particular de quienes lo enfrentamos consecuentemente, embiste contra los derechos democráticos esenciales con el fin de que lleguen a la contienda electoral sólo los partidos patronales financiados por grandes capitalistas.

Uno de los proyectos elimina las PASO. El Frente de Izquierda siempre denunció que las PASO son proscriptivas, ya que imponen un filtro con el piso de votantes para poder pasar a las generales. Desde su conformación, las PASO fueron un claro intento de proscribir a partidos menores y a la izquierda, pero la reforma de Milei va más allá.

Con esta reforma el Estado dejará de aportar a las campañas electorales y se abrirá paso al financiamiento privado casi sin límites. Así sobrevivirán sólo las fuerzas políticas financiadas por grandes empresarios y banqueros, tal como lo hizo La Libertad Avanza (LLA) de Milei con una cena donde recaudó, de parte de esos personajes, diez millones de dólares.

El gobierno miente diciendo que con esto dejará de financiar a los “sellos de goma”. A diferencia de los sellos de goma que usó Milei para presentarse en varias provincias, el Frente de Izquierda Unidad, participa en las elecciones e interviene políticamente en todo el país; cuenta con cinco bancas nacionales y otras en distintas provincias y distritos. Además tiene presencia en el sindicalismo combativo, organizaciones piqueteras combativas, centros de estudiantes, en defensa del ambiente, mujeres y disidencias, derechos humanos, etcétera.

El gobierno también pretende eliminar los espacios electorales gratuitos en radio y televisión que, por los costos prohibitivos de la publicidad, este cambio llevará a monopolizar la propaganda electoral. Por ejemplo, un espacio de apenas quince segundos en un canal de televisión abierta cuesta más de cinco millones de pesos; sólo La Libertad Avanza, el PRO, los radicales y el PJ, financiados por bancos, laboratorios o grupos de inversión, tendrán acceso a difundir sus propuestas y se beneficiará su aparato clientelar con punteros o trolls pagados para hacer política. La izquierda, que denuncia sistemáticamente los negociados de esos sectores, no podrá hacerlo.

Los proyectos acaban con los debates presidenciales obligatorios para evitar que la izquierda pueda desenmascarar las mentiras de los candidatos patronales. Y también van por las personerías de los partidos nacionales, aumentan a diez las personerías provinciales necesarias, cuando hoy son necesarias cinco, y le agregan el requisito de contar con casi 40.000 afiliados. Los partidos deberán contar como mínimo con más del doble de afiliados de lo que exige la Ley actual. Y elevan del 2% al 3% los pisos de votos a obtener en al menos una de dos elecciones consecutivas para no ser declarados caducos. En el caso de tratarse de un frente electoral como el Frente de Izquierda, ese 3% se multiplica por los cuatro partidos que lo integramos, llevando el piso final a un 12% del padrón (unos cuatro millones y medio de votos), una clara proscripción. La clase trabajadora y sectores populares no tendrán opciones distintas a las que financian los grandes grupos económicos para su beneficio.

Es evidente que el gobierno no quiere diputadas y diputados que estemos en las luchas, ganemos como una maestra, juremos por los 30 mil, defendamos al pueblo de Palestina, postulemos el no pago de la deuda externa y un gobierno de la clase trabajadora. Los operadores de Milei ya están negociando con sectores de la oposición patronal, incluso con el peronismo kirchnerista, para que estos proyectos puedan ser aprobados en el Congreso Nacional como parte de las negociaciones que mantienen con el Presupuesto 2025 o la puja en la designación de los jueces. Ya que esta reforma depende de los votos de las bancadas cómplices, que incluye a sectores de Unión por la Patria, como ya ocurrió con otras leyes, vetos y los DNU. Por ello, le exigimos a los legisladores peronistas, que dicen defender los derechos democráticos, que no voten y rechacen de plano estos proyectos.

Desde el Frente de Izquierda Unidad llamamos a la más amplia unidad de todos los partidos y personalidades que se reclaman democráticos, organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, barriales y estudiantiles a pronunciarse para frenar este proyecto reaccionario, antidemocrático y proscriptivo. Lanzamos esta campaña en todo el país con un petitorio que invitamos a firmar y sumarse a la pelea contra la proscripción.

Firmá el petitorio (click aquí)

Escribe José Castillo

Con su hermana Karina y el jefe de Gabinete Guillermo Francos a su lado, y con el resto de los ministros en lugares secundarios, Javier Milei realizó un discurso en cadena nacional para festejar su primer año de mandato, festejando haber llevado adelante un ajuste “como nadie antes en la historia”.

En un texto leído en tono monocorde donde, como nos tiene acostumbrados, preponderaron las mentiras del tipo “se vienen tiempos felices”, “la recesión terminó”, o “el salario básico subió de 300 a 1.100 dólares”, el presidente ultraderechista insistió con la profundización de su plan de guerra contra el pueblo trabajador para 2025: “se viene la motosierra profunda. Haremos 3.200 reformas más”, amenazó, poniendo la sombra sobre decenas de miles de nuevos despidos en el sector público.

Hubo pocos anuncios concretos. Mientras realizaba afirmaciones fantasiosas del tipo que gracias al RIGI ya hay proyectos de inversión por 11.000 millones de dólares y que la Argentina se transformaría en una potencia  por medio de un “plan nuclear para la inteligencia artificial”, lo que se destacó fue el planteo de ir por un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos: “vamos a hacer el tratado que debimos haber hecho hace 19 años”, afirmó recordando al ALCA, aquel acuerdo de entrega que los pueblos latinoamericanos tiraron abajo luego de las tremendas rebeliones e insurrecciones de principios de siglo que tumbaron gobiernos entreguistas de muchos países de la región. Todo un anticipo de profundización de la entrega y el saqueo de nuestras riquezas.

“Vamos a hacer una reforma impositiva, una reforma previsional, una verdadera reforma laboral; una reforma a las leyes de seguridad nacional, una profunda reforma penal, una reforma política, y otras tantas reformas que el país se debe hace décadas”, amenazó Milei. “Feliz diciembre en familia” culminó cínicamente el presidente, cuando hay miles de familias destruidas por haber perdido sus trabajos, o por no poder comer o pagar medicamentos. En definitiva, vienen por las y los trabajadores, las y los jubilados, con más represión y menos impuestos para los ricos. Nada diferente se podía esperar de este discurso de diciembre del ultraderechista Milei.  

Escribe José Castillo

Milei se jacta de “haber terminado con el tema de la inflación”. Es una vulgar mentira. Veamos.

Los dos últimos meses el índice de precios al consumidor del Indec dió números menores a los astronómicos anteriores (3,5% en septiembre y 2,7% en octubre). Pero no es para festejar: nuestro país tiene en un mes la inflación que los otros países de Latinoamérica tienen en un año.
Pero hay algo más: muchísimas compañeras y compañeros insisten en que la inflación “del bolsillo”, lo que gastan realmente, sigue subiendo mes a mes y pulverizando salarios y jubilaciones, que cada vez les alcanza para menos. Es cierto. Lo que sucede es que el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) se calcula utilizando una canasta de consumos que atrasa veinte años. Hoy, cualquiera sabe que luego de pagar las boletas de los servicios privatizados, el transporte público y algunos servicios como cable o internet, se le fue una parte sustancial de sus ingresos. Sin embargo, eso está ponderado mucho menos en el cálculo del IPC. Por eso mismo, las compañeras y compañeros de ATE Indec calculan mensualmente el costo real de la canasta familiar, que asciende, a fines de octubre, a 1.547.169 pesos.

Pero ahí no termina el problema. Porque ya en noviembre, la inflación volvió a superar a la de octubre y más aún subirá en diciembre, como ya preanuncia el incremento de más del 10% en el precio de la carne.
En síntesis, la inflación es parte sustancial del ajuste y la motosierra de Milei. Los salarios y las jubilaciones perdieron por goleada en este 2024 frente a la suba de los precios. Razones más que suficientes para seguir peleando y exigiendo a la burocracia de la CGT que rompa el pacto y convoque a un nuevo paro general.