Escribe Francisco Moreira

El juicio contra Ivan Blacutt y otros dirigentes es parte de la política represiva y de criminalización de la protesta social que impulsa el gobierno ultraderechista de Milei y sus gobernadores aliados. El plan de ajuste del gobierno y el FMI, que promueve despidos, salarios a la baja, privatizaciones y recortes presupuestarios, viene encontrando rechazo de la clase trabajadora y sectores populares que, pese al pacto de la CGT con el gobierno, salen a luchar contra este plan de hambre y miseria. La motosierra no pasa sin represión y persecución a las y los luchadores. Así se puso de manifiesto en junio pasado cuando el Congreso votó la Ley Bases en medio de una fuerte represión que dejó treinta y tres detenidos por denunciar esa nefasta ley. Lo vemos cada semana, con la aplicación del protocolo anti-piquetes y la represión contra las y los jubilados que se manifiestan frente al Congreso. En octubre sufrieron allanamientos y detenciones dirigentes de Amsafe (docentes) y ATE Rosario por luchar contra la reforma de la caja jubilatoria. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quiere cobrar multas millonarias a Adosac (docentes) por luchar y hacer huelgas en defensa del salario. Sigue abierto el proceso de desafuero de Juan Manuel Di Vicenzo, delegado de Ademys por reclamar vacunas y protección en la  pandemia. Dirigentes docentes misioneros son judicializados por participar de la rebelión docente por aumento salarial en esa provincia. También sufren la judicialización ambientalistas chubutenses por rechazar el RIGI. Mientras en el país crecen el desempleo y la pobreza, el gobierno ultraderechista persigue a referentes del movimiento piquetero. Eduardo Belliboni y más de diez dirigentes del Polo Obrero son acusados por “amenazas coactivas y extorsión” por reclamar por la continuidad de comedores sociales y planes sociales. Por eso desde Izquierda Socialista/FIT Unidad llamamos a enfrentar la represión y persecución de la protesta social. Reclamamos el desprocesamiento de todos los luchadores y luchadoras. No a las causas armadas. Abajo el Protocolo de Bullrich. Basta de criminalizar la protesta. Luchar no es delito. 

Escribe Pili Barbas, dirigenta nacional de la Juventud de Izquierda Socialista (JIS)

El cuatrimestre culmina estas semanas con un conflicto en las universidades sin resolver. Las conducciones lograron desarticular la lucha, pero las perspectivas para continuar la pelea en defensa de la universidad pública y gratuita siguen abiertas.

Estas semanas está terminando la cursada en todas las universidades nacionales. Un cierre de año donde fuimos parte de unos de los conflictos más importantes contra el gobierno de Javier Milei. La pelea de las universidades no solo involucró a estudiantes, docentes y nodocentes, sino a la clase trabajadora que en su conjunto fue parte de las masivas movilizaciones del 23 de Abril y 2 de Octubre.

Del balance más general se desprende que la lucha sirvió para conseguir triunfos parciales contra una política brutal de ataque a la educación superior en Argentina. El plan que en campaña Milei había esbozado no se materializó, no pudo avanzar en la privatización de la educación superior, ni mucho menos cerrar el conjunto de las universidades. Las enormes marchas consiguieron el presupuesto para seguir con las puertas abiertas, y un parcial aumento salarial a algunos sectores de docentes y nodocentes. Pero sobre todo conquistamos el ascenso de un movimiento estudiantil que venía sin protagonizar grandes procesos desde el 2018 para acá. Estos son elementos fundamentales en relación a las tareas que tendremos como movimiento estudiantil, junto a nuestrxs docentes y nodocentes para conquistar todo lo que nos falta.
Los salarios, las becas y el boleto educativo nacional, junto a un presupuesto acorde para el funcionamiento de todas las universidades nacionales, son las peleas que quedan abiertas.

El gran problema de las direcciones.

El CIN (rectores), junto a las conducciones burocráticas de los sindicatos y federaciones estudiantiles en manos de la UCR y el peronismo/kirchnerismo hicieron todo por desarticular las históricas tomas y sembrar confianza en el Congreso. Luego de la marcha de abril se jugaron a fondo a la negociación con el gobierno que hasta ellos mismos denunciaban venía a liquidar la universidad pública. El CIN encabezó esa política, y al igual que la CGT, congeló cualquier acción contra el gobierno una vez que recibió los fondos que les interesaban, los del funcionamiento. A partir de allí su política giró para depositar todas sus fichas en el parlamento y en el cabildeo, sembrando confianza en que los diputados y senadores del peronismo y la UCR iban a conseguir el presupuesto que se necesitaba.

En ese marco, luego de la masiva marcha del 2 de octubre y en el medio del proceso de las tomas en todo el país, se negaron rotundamente a convocar a la Tercera Marcha Federal, el momento de mayor radicalización de la lucha estudiantil era el momento justo para golpear nuevamente a Milei con una acción masiva y coordinada nacionalmente pero se jugaron a dilatar a la espera del fin de año. En las diferentes reuniones de coordinación los rectores ya anunciaban que la lucha por el salario era para el siguiente año. Mientras tanto, docentes y no docentes veían pulverizados sus salarios con un 60% de pérdida del poder adquisitivo, solo en este año. Cientos de investigadores y becarixs en peligro ante el congelamiento del dinero destinado para investigación y la amenaza de Milei de cerrar el CONICET y otros organismos, incluida la recientemente denunciada persecución ideológica. Se podría creer entonces que la antorcha de la lucha la llevarían adelante los sindicatos docentes y no docentes, pero tampoco sucedió. Las cabezas de los sindicatos burocráticos se plegaron a la actitud del CIN, prácticamente abandonando las tomas que protagonizamos lxs estudiantes, sin generar ningún tipo de alianza por fuera de su estructura sindical, quebrando de hecho la unidad contra Milei que se daba en las marchas. El plan de la mesa gremial se centró en convocatorias de festivales o marchas pequeñas disgregadas en muchas provincias, sin ninguna preparación real para que fueran masivas, en muchos casos sin siquiera salir a convocar por los medios y lanzando las convocatorias con escasos días de anticipación y en el momento en que ya había empezado a bajar el nivel de radicalización estudiantil. En AMBA llegaron al punto de no convocar ni siquiera a un festival para el 22 de noviembre, dejando en claro su orientación de acordar unas migajas y con una política de cerrar el año sin dar ninguna pelea más en las calles.

En cuanto a las conducciones estudiantiles, la Franja Morada (UCR) jugó un rol clave en la desarticulación del conflicto, oponiéndose abiertamente en todo el país a las ocupaciones de las facultades e incluso, como pasó en facultades de la UNC, movilizando a sectores conservadores para repudiar las tomas y sin convocar asambleas en los centros donde conducen.

El peronismo/kirchnerismo estudiantil tuvo sus matices. En algunas facultades actuó igual que la Franja Morada sin convocar asambleas y contra las ocupaciones. En otras, intentó contener el desborde desde dentro, siendo parte de las asambleas y ocupaciones pero intentando que sean medidas de pocos días y con el menor debate político posible. Se jugaron a quedar mejor parados ante el activismo estudiantil, pero siguiendo firmes en la línea más general de no apostar al desborde ni la articulación del conflicto. Por eso no participaron de las interfacultades y no llamaron a ninguna acción por fuera de las definiciones de las conducciones sindicales burocráticas y todo se fue orientando hacia “la pelea por el presupuesto 2025”. De hecho, en medio del conflicto, vimos a Máximo Kirchner plantear que “no había que patalear” ante los vetos de Milei y que la tarea central pasaba por votar a los diputados del peronismo en 2025, ninguneando no sólo el potencial de la lucha sino también que sectores del PJ contribuyeron, junto a otros de la UCR y el PRO, a garantizar el veto.

La especulación de todos estos sectores llevó a la desmovilización, y se desaprovechó una oportunidad importante para golpear nuevamente al gobierno de Milei y sacarle más de lo que estaba dispuesto a dar, tal como ocurrió a principio de año con el 270% de aumento para el funcionamiento. Esto llevó a que muchos sectores vieran o creyeran que este año terminó en derrota para el conflicto universitario, desde JIS-Juventud de Izquierda Socialista no acordamos con esos balances. La conquista más grande que tuvimos fue poner de nuevo de pie a un movimiento estudiantil que no ha sido derrotado, y que aprendió de una experiencia de lucha que no tenía hace años. Eso, más el apoyo contundente de la sociedad en la defensa de la Universidad Pública, nos da la chance de salir el año que viene con más fuerza a disputar contra Milei. Por eso, es importante el fortalecimiento de todos los espacios independientes y combativos en perspectiva de seguir peleando contra los ataques del gobierno. El movimiento estudiantil tendrá que ser parte, junto ala clase trabajadora, de todas las peleas que se den contra el plan motosierra en estos meses, en perspectiva de buscar las mejores condiciones para comenzar una nueva pelea en el 2025 en defensa de lo nuestro. Con una consigna clara por aumento del presupuesto, en contra del pago de la deuda externa, levantando la necesidad de un nuevo paro general y el impulso de la Tercera Marcha Federal al comienzo del cuatrimestre para que se vuelva a poner en las calles el conflicto universitario.

El rol de la izquierda y de los sectores independientes y combativos

Nos parece importante poner en debate para el conjunto del movimiento estudiantil algunos elementos del conflicto. Sin dudas el 9 de octubre, luego del veto a la Ley de Presupuesto Universitario,se abrió una etapa del conflicto diferente y disruptiva que pensamos que amerita sacar algunas conclusiones. A partir de ese momento, el movimiento estudiantil que venía acompañando las acciones de las burocracias estudiantiles, empezó a generar un plan de lucha alternativo, llegando a tomar casi 100 facultades cuando la mayoría de las conducciones burocráticas estaban en contra de esta medida.

Este momento del conflicto fue clave y se dio en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Jujuy donde cientes de estudiantes de las distintas universidades participamos de una Asamblea Autoconvocada en el medio de la toma de la UNJU que puso una fecha para una marcha nacional.

Desde JIS-Juventud de Izquierda Socialista, tuvimos un eje claro en todo el país, planteando que las tareas inmediatas en el alza del conflicto pasaban por fortalecer las Asambleas, impulsar las tomas de las facultades y preparar una Tercera Marcha Federal para el 23 de Octubre, tal como se había planteado en el Encuentro Plurinacional de Jujuy. Más allá de la dilación y boicot que trataban de imponer las conducciones, el nivel de radicalización de esos días permitía ir más allá, no sólo desde el planteo de la “exigencia” a las conducciones, sino también construir la movilización desde las asambleas, tal como sucedió en la UNC. Esa marcha tenía que tener una consigna de presupuesto extraordinario ya, para otorgarle el salario a los trabajadores y dar una respuesta inmediata a las reivindicaciones estudiantiles. Lamentablemente en el pico del conflicto quedamos solos en esa perspectiva, si bien programáticamente otras agrupaciones de izquierda coinciden con el planteo con la exigencia de una tercera marcha federal en los hechos priorizaron otra línea de intervención. El ejemplo de Córdoba es una muestra de eso, ya que a partir de una buena coordinación entre la izquierda y las asambleas se llevó a poder impulsar esa marcha para el día 22, que fue muy importante, la presión de las bases hizo que las organizaciones estudiantiles peronistas y el gremio docente Conadu-Adiuc, que una semana antes había planteado realizar un “abrazo” , tuvieran que movilizar y que Franja Morada tuviera que lanzar la convocatoria, pese a que después no movilizó.

Lxs compañerxs de PTS, que ahora correctamente toman con jerarquía la necesidad de la tercera marcha federal, en la UBA y otras universidades, se la pasaron en ese momento clave del conflicto priorizando su autoconstrucción y postulación de Miryam Bregman, su línea central no pasaba por construir esa marcha sino por impulsar medidas de visibilización mediática tales como la convocatoria a cortes de calle.En algunos casos llegaron al punto de estar en contra de continuar las tomas, como fue en la Universidad de La Plata, o a tomar posiciones opuestas en diferentes facultades en la Universidad del Comahue, absteniéndose a continuar con las tomas en Trabajo Social, pero votando a favor en Humanidades al día siguiente.

El Partido Obrero, mientras en Córdoba tenía una posición de no hacer absolutamente nada con sectores que no fueran de izquierda o combativos, en la UBA, que son parte de la directiva de AGD, priorizaron durante la primera semana de radicalización del conflicto plegarse al plan de la mesa sindical esperando a que esta convocara a un plan de acción que nunca llegó,, Y en la interfacultades de AMBA, en vez de actuar en común con las agrupaciones del Frente de Izquierda Unidad, priorizaron acordar con el Ya Basta-NMAS, pretendiendo tener preponderancia de intervenciones a partir de los Centros en los que son conducción, lo cual tampoco ayudó a generar acciones en común desde un polo independiente y combativo y, más bien, alimentó las maniobras divisionistas y autoprocamatorias del Ya Basta-NMAS, que es un sector que llevaba al extremo posiciones que conducían al aislamiento, como las tomas “hasta que caiga Milei”, o expresar que lxs estudiantes tenían que cortarse solxs con su plan de lucha (también contra los sectores docentes y nodocentes combativos) o incluso enfrentándose contra activistas independientes. Toda una línea autoproclamatoria al extremo que no construye ningún lazo de intervención y aleja a un sector del estudiantado que en muchos casos está haciendo sus primeras experiencias de lucha.

Este debate nos parece importante darlo de cara a las peleas y perspectivas que tenemos el año que viene ya que las conducciones burocráticas, viendo lo sucedido en 2024, intentarán por todos los medios evitar los desbordes y la radicalización de la lucha. En ese sentido será fundamental lograr una coordinación a fondo entre los sectores combativos, donde lo fundamental es encontrar puntos de acuerdo al servicio de desarrollar la lucha y no levantar intereses fraccionales que juegan en contra de esa perspectiva.

Desde JIS-Juventud de Izquierda Socialista apostamos a que se desarrolle el conflicto desde las asambleas interclaustro por facultad y mejorar la coordinación interfacultades, como método organizativo que sume a toda la comunidad educativa, contra la política del Frente Gremial de desconocer lo resuelto en las asambleas y tomas por facultad. Además, los burócratas de los gremios docentes y nodocentes se la jugaron a dividir a nodocentes, a docentes y a estudiantes, como han hecho en distintas tomas de facultades al denunciar a lxs estudiantes por llevar tomas “contra los nodocentes”. Esta política divisionista ayudó a apaciguar el conflicto, por lo que desde nuestra juventud reafirmamos la importancia de continuar las tomas, discutiendo las distintas acciones con todos los claustros y para desarrollar una gran marcha unitaria, masiva, que golpee de lleno al gobierno ajustador de Milei.

Es importante la superación de estas posiciones sectarias y autoproclamatorias que no contribuyen a que seamos una dirección combativa que pueda postularse para conducir con un plan de lucha coherente junto al movimiento estudiantil. Es crucial que podamos, en unidad, fortalecer una oposición ante las conducciones burocráticas que pretenden que el estudiantado sea un mero espectador que va detrás de definiciones tomadas a puertas cerradas, la historia nos muestra que el movimiento estudiantil es un potente agente de cambio, capaz de elaborar, discutir y protagonizar un plan político propio y que también busque la solidaridad y coordinación con el resto del movimiento obrero. Creemos que esa es la perspectiva a desarrollar para enfrentar a este gobierno de Milei en defensa delas necesidades populares y de nuestras universidades públicas y gratuitas.

Escribe Graciela Calderón

La educación pública también es blanco del ajuste de Javier Milei. Pero en esto no hay conflicto con los gobernadores de todos los partidos que comparten esa política. Rápidamente, Milei eliminó por decreto el Fonid y rebajó el salario. También derogó programas socio educativos y recortó presupuesto para comedores escolares.

Los gobernadores reformaron las condiciones laborales, incluyeron el presentismo, achicaron regímenes de licencias como en Neuquén, Mendoza o La Rioja. En Santa Fé se reformó el régimen jubilatorio, aumentando la edad y recortando derechos.

En CABA, Jorge Macri intenta la reforma en secundaria, con el plan BA Aprende, fusionando materias, achicando calidad educativa y dejando miles de docentes sin alumnos. En terciarios también reemplazando importantes materias por otras, responsabilizando “a la formación docente” como causa de la crisis educativa y no a las políticas de ajustes gubernamentales.

Kicillof, bajo el lema “todos pasan”,  intentará una reforma en secundaria donde se podrá pasar de año sin límite de materias desaprobadas, que recuperarán recursándolas, mientras al  mismo tiempo se cursa el año siguiente. Un absurdo, que además de seguir bajando el nivel educativo, implica más flexibilización laboral docente.

En la Educación especial hay un ataque en todas las provincias, buscando casi su eliminación. Desaparecerán las caracterizaciones de atención profesional de acuerdo al tipo de discapacidad. La docente de Especial deberá atender, por ejemplo, a un niñe sordo aunque no tenga la formación específica para hacerlo.

Con Milei, junto a todos los gobernadores, hay un brutal ataque a la educación pública, el salario, la infraestructura, la carrera docente, los derechos laborales, la calidad educativa, mientras se sigue financiando e incentivando el negocio de la educación privada.
La docencia ha enfrentado estos planes, mientras la conducción kirchnerista Celeste de Ctera ha pactado con Milei y los gobernadores.

El 2025 será un año donde seguiremos apostando a derrotar este ajuste y lograr que haya inversión para educación pública y salarios, no para el FMI ni subsidios a la educación privada

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El primer año de gobierno de Milei ha sido de retroceso en materia de derechos conquistados por mujeres y disidencias y de fuerte enfrentamiento político e ideológico. El 8M y el 3J encontró al movimiento feminista en las calles pero sin continuidad de un plan de lucha frente a los ataques recibidos.

El gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel es un fiel representante de la reacción patriarcal y de la ultraderecha mundial. Desde sus inicios, se ha posicionado y atacado los derechos que mujeres y disidencias venimos conquistando en la cuarta ola de luchas feministas. Estos ataques no sólo los vemos en los recortes y eliminación de políticas para combatir la violencia de género, sino en su carácter negacionista de las problemáticas que sufrimos como consecuencia del sistema capitalista patriarcal.

Desde que asumió el gobierno, el movimiento feminista salió a denunciar el desmantelamiento de las insuficinentes políticas que fuimos arrancado desde el 2015 con #NiUnaMenos, empezando por el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Según el Observatorio de La Casa del Encuentro, hubo 269 femicidios en lo que va de 2024, mientras se recortó el programa Acompañar para víctimas de violencia machista y la Línea 144 funciona al límite mínimo de su capacidad.

En materia de salud sexual y reproductiva, La Libertad Avanza (LLA) empezó el año presentando un proyecto de Ley mediante diputados para eliminar el aborto legal que ganamos con la #MareaVerde. El masivo repudio hizo que tuvieran que retroceder, pero los ataques incluyeron la eliminación del programa de prevención del embarazo en la adolescencia, y el ajuste sobre la distribución de preservativos y anticonceptivos. Además del aumento de las denuncias por falta de insumos y fármacos para garantizar la aplicación del derecho al aborto. El ataque a la ESI fue constante, como lo hemos visto con el intento de censura a diversas autoras que se leen en las escuelas y que problematizan las consecuencias del machismo.
 
Derribemos el mito de las “falsas denuncias”

El proyecto de Ley impulsado por la senadora Carolina Losada (UCR) y el senador defensor de la venta de niñes Juan Carlos Pagotto (LLA) busca aumentar la penas en el Código Penal ante el delito de “la falsa denuncia”, que criminaliza a las denunciantes considerando un agravante la violencia de género, con penas de tres a seis años de prisión sin posibilidad de excarcelación. Este repudiable proyecto se basa en el mito de la existencia de supuestas falsas denuncias y tiene sustento en el estereotipo de las mujeres mentirosas que exageran abusos o que son responsables del ataque sexual, estereotipos con los que las mujeres lidian cuando denuncian y que venimos combatiendo bajo la consigna #YoTeCreoHermana. Esta frase símbolo de la lucha contra la violencia sexual busca darle credibilidad a la víctima y no implica la sentencia automática de los varones que, lo que han perdido, es la impunidad para ejercer violencia de género y sexual.

Con la cuarta ola de luchas feministas fueron miles las que por primera vez se animaron a salir a denunciar la violencia y luchar por un cambio. Frente a este cambio progresivo y revolucionario, la reacción patriarcal busca disciplinar a quienes alzan la voz y favorecer la cultura del silencio. Es parte de la batalla que nos plantea el gobierno de Milei y que tiene consecuencias materiales que son desalentar la denuncias y fomentar la impunidad de violentos y abusadores.

Volver a las calles: el debate con el peronismo dentro del feminismo

El 8M de 2024 nos encontró en unidad de acción en las calles a los feminismos y quiénes enfrentamos los ataques a nuestras conquistas, desafiando el protocolo de Patricia Bullrich y al gobierno de Milei. Luego de esta masiva acción volvimos a impulsar una jornada unitaria el #3J con eje contra el triple lesbicidio de Barracas, frente a un gobierno que incentiva los crímenes de odio. A partir de la votación de la Ley  Bases, el pacto de la CGT con el gobierno se trasladó al movimiento feminista y las direcciones peronistas no llamaron a volver a las calles, desmovilizando a nuestro movimiento. Desde Isadora Mujeres en Lucha estuvimos presentes en cada acción y el #25N junto al Frente de Izquierda Unidad y los sectores independientes para decirle no a la violencia machista. Llamamos a los feminismos que estuvimos en las calles el 8M y  quienes fueron parte de la conquista del aborto legal a volver a las calles y despertar a este gigante que tiene nuestro país que es el movimiento de mujeres y disidencias frente a la reacción patriarcal.

Escribe Isabel Lorca

A fines de los años ‘90 en Catamarca se desataron masivas movilizaciones en reclamo de justicia por Maria Soledad Morales. La joven de 17 años que fue violada en grupo, asesinada y luego, su cuerpo descartado en un basural. Eran las marchas del silencio pero el reclamo por justicia se oyó en las esferas más altas del poder. Era un grito de rabia contra una sociedad casi feudal que cuestionaba a quienes gobernaban la provincia, el clan Saddi.

Se cumplieron 34 años de aquel hito y en la plataforma Netflix se estrenó el documental “María Soledad: el fin del silencio” dirigida por Lorena Muñoz. Un film que cuenta lo ocurrido durante aquel septiembre de 1990. Desde la desaparición de la adolescente, el encuentro de su cuerpo sin vida, la fuerza de sus compañeras de escuela hasta la denuncia a los “hijos de poder” que involucró al gobernador de la provincia, al jefe de la policía, a la justicia y al gobierno peronista de Carlos Menem. Con la movilización se logró poner en discusión todo ese entramado de corrupción e impunidad.

Los “hijos del poder” y el encubrimiento judicial

Las marchas fueron creciendo jueves a jueves en Catamarca. La primera se realizó por iniciativa de sus compañeras del Colegio del Carmen y se reunieron unas 300 estudiantes. Ya para la tercera, ese número llegó a 3.000 personas, para la cuarta 7.000, para la quinta 12.000 y para la séptima 30.000 personas, el 30% de la población de la ciudad. El femicidio pero sobre todo la impunidad del poder político se debatía en todos lados: en las aulas y en los negocios. Un pueblo entero reclamando justicia y señalando al gobernador Ramón Saadi como el principal encubridor. 

En marzo de 1996 se inició el juicio oral y terminó suspendido por diversas irregularidades. Al año siguiente se realiza un nuevo juicio por el que resultaron condenados solo a dos de los hijos del poder: Guillermo Luque, hijo del entonces diputado Ángel Luque y Luis Tula. Miguel Ferreyra, hijo del jefe de la policía, Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente y Arnoldito Saadi, primo del gobernador, no fueron condenados.

Era tal la impunidad con la que se manejaban que el diputado Luque para defender a Guillermo dijo que: “Si su hijo hubiera sido el autor del crimen el cuerpo no hubiera aparecido”. Esto le significó la expulsión del Congreso nacional y que el reclamo por justicia siga creciendo.

Una de las expresiones de esa época se dio en la cancha de la Liga Catamarqueña de fútbol que reunía a 6.000 personas. Los cánticos de las tribunas se escuchaban en gran parte de la ciudad: “El gobierno es una mierda y la policía también. Como corre tanta guita la justicia no se ve” De esta manera “Se expresaba también la bronca contra el largo reinado del gobierno provincial (40 años de gobierno) y sus fastuosas riquezas, la miseria salarial, pagos atrasados de los sueldos, desastre hospitalario y educativa y la pobreza y ajuste de la Argentina de los Menem”[1]

Durante el juicio se destacó la presencia del Fiscal Gustavo Taranto que llegó desde la provincia de Córdoba porque todos los integrantes del tribunal en Catamarca entorpecían la investigación y protegían a los implicados directos en el asesinato. El fiscal culmina su alegato con las siguientes palabras: “María Soledad nos dice ‘me drogaron, y yo no quería’. Y yo le creo. Nos dice ‘me violaron, y yo no quería’. Y yo le creo. Nos dice ‘esa persona me golpeó y tragué mi propia sangre’. Y yo le creo. Porque María Soledad no tiene razones para mentir”.

Del grito silencioso al Ni Una Menos actual

El femicidio de María Soledad fue un hito para la historia de nuestro país. Gracias a la movilización incansable de su familia, de sus amigas y de todo un pueblo que reclamaba justicia se logró desentrañar la trama de poder entre los gobiernos, la policía y la justicia. No se trataba solo del gobierno provincial en manos del Clan Saadi sino del propio presidente Carlos Menem. El presidente que es reivindicado actualmente por Javier MIlei. Un ultraderechista, misógino, anti derechos y que hasta niega la violencia de género.

La lucha por justicia para Maria Soledad fue un grito silencioso que salió de la rabia en las marchas organizadas por sus amigas y compañeras del colegio. Adolescentes y jóvenes que se animaron a decir basta a la violencia y a la impunidad. Al igual que el Ni Una Menos actual, son las familias y las amigas que se levantan ante cada nuevo femicidio exigiendo justicia. Es por María Soledad Morales, es por todas.

[1] Periódico Solidaridad Socialista Nº 354, 8/11/1990