Escribe Malena Zetnik

Muchas son las discusiones que se presentan frente a la cuestión del aborto. Entre los sectores que se oponen, el principal argumento es la supuesta defensa de la “vida” del feto desde la concepción. Incluso llegan a igualar la condición de feto con la de persona humana. Más allá de las creencias personales y religiosas en cuanto al tema del aborto, resulta necesario encarar este debate de manera amplia.

Algunos sectores reclaman por el derecho de la vida del feto considerándolo como un “niño por nacer”. Frente a ello decimos que desde el punto de vista biológico y social, vida humana no es igual a persona humana. Alberto Korblitt (doctor en Ciencias Químicas, licenciado en Ciencias Biológicas, investigador superior del Conicet y docente en Ciencias Exactas y Naturales de la UBA) señaló: “Un embrión en gestación no es un ser humano, es un embrión. Un embrión no podría llegar a término fuera del útero materno. No es correcto decir que un embrión es una persona porque no es una persona desde el punto de vista biológico y social”.

También desde el punto de vista jurídico hay diferencias si el feto aún no nació o si nació con vida. Marisa Herrera, abogada investigadora del Conicet, plantea que “si aún no nació, los derechos civiles que se le puedan reconocer quedan latentes hasta el nacimiento con vida, cuando la protección de la persona es plena. La posibilidad de reconocer a una persona está sujeta al nacimiento con vida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de protección gradual, no es lo mismo ser persona que feto. El feto tiene menos protección que una persona nacida”. Esto es evidente también en el caso de la criogenia de óvulos fecundados. Nadie está a favor de mantener congeladas a personas humanas. Sin embargo, ante las clínicas de fertilización asistida, ni la iglesia se opone al congelamiento de óvulos fecundados, ni se habla de genocidio cuando se desechan los embriones si sus dueños dejan de pagar la cuenta para su mantenimiento.

Según un reciente informe de Cedes, Relas y Ela (2018), se estima que hay un aborto por cada dos nacimientos en nuestro país, lo que implica que en la Argentina se produzcan entre 370.000 y 522.000 abortos al año, sean éstos voluntarios o espontáneos. En 2013, 49.000 mujeres estuvieron internadas en hospitales públicos por complicaciones de un aborto y desde hace casi dos décadas el aborto clandestino ocupa el tercer lugar entre los egresos hospitalarios por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio a nivel nacional. Es la principal de causa de muertes de mujeres gestantes desde 1980, en su mayoría pobres y jóvenes.

En contrapartida, en los países en los que el aborto voluntario es legal (el 61% de las mujeres vive en estos países), se reduce la cantidad de abortos realizados porque hay más acceso a la atención en salud y a los métodos anticonceptivos. También baja la cantidad de camas hospitalarias por consecuencia de los abortos mal realizados, se achica el gasto en salud y se reduce casi a cero la cantidad de muertes por abortos. Por ejemplo, el Programa de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México ha atendido desde su creación en 2007 191.356 mujeres sin reportar complicaciones ni muertes. Por lo tanto, la legalización del aborto implica garantizar el derecho a la vida de las mujeres.

Oponerse al aborto no es defender la vida, sino que es sostener una doble moral. Además, defender el aborto legal, no obliga a nadie a abortar, sino que establece el derecho a que las mujeres podamos decidir sobre nuestras vidas. Por eso la consigna de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto es integral: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

Favaloro y el aborto

“Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en sanatorios hacen fortunas sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y sólo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”.

Gisela es trabajadora ferroviaria del Sarmiento, madre de cuatro hijos y víctima de violencia de género. La empresa Trenes Argentinos la despidió por este motivo, acusándola de “faltadora”. Gisela encabezó la movilización del 8M junto a otras despedidas. Llegó a la marcha con sus compañeras y delegados del ferrocarril llevando en alto carteles con su foto, exigiendo su reincorporación y el cumplimiento de la ley 26.485 de Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres que la empresa incumplió al dejarla sin protección y sin trabajo.

El caso recibió un apoyo masivo en las asambleas de mujeres de preparación del 8M y la solidaridad de varios grupos feministas que se acercaron al #Ruidazo en el hall de Once días pasados para exigir su reincorporación. Si logramos ganar esta pelea vamos a estar en mejores condiciones para que en todos los lugares de trabajo se cumpla con la 26.485.

El cuerpo de delegados del Sarmiento está llevando adelante una intensa campaña por su reincorporación. Junto a la Casa que Abraza exigen la implementación de la mencionada ley que sostiene, entre otras cosas, que cuando se notifica un hecho de violencia de género se le deben dar a la víctima todas las herramientas para salir de esa situación. Trenes Argentinos incumple la ley y arroja a Gisela a una situación de total desprotección y vulnerabilidad. Isadora acompaña este reclamo y exige su inmediata reincorporación.

Escribe Malena Zetnik

El martes 6 de marzo se presentó por séptima vez el proyecto de ley de la campaña nacional que plantea la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de la gestación. También comprende la interrupción del embarazo por causales como violación, peligro de vida o salud de la mujer y malformaciones fetales. Cuenta con un amplio apoyo, ya que se presentó con el récord de 71 firmas de todos los bloques políticos y la masiva movilización social que se expresó el 8 de marzo, al llevar al derecho al aborto entre sus principales reclamos.

Sin embargo, no es el único proyecto que se ha presentado. Existe otro del diputado de PRO Sergio Wisky, que plantea la despenalización del aborto (ver recuadro), aunque con ciertos matices respecto del proyecto de la campaña. En contrapartida, un grupo de diputados presentó un “contraproyecto” impulsado por la Red Federal de Familias –organización católica–, para prohibir el aborto en todos los casos con disposiciones aberrantes (ver recuadro). Incluso senadores de Cambiemos impulsan una iniciativa de consulta popular sobre el tema.
Entre tanto, el próximo martes 20 se acordará un cronograma en las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Familia y Salud para comenzar el debate en la cámara de Diputados.
Es evidente el conjunto de maniobras de los sectores religiosos antiderechos y los oportunistas de Cambiemos, el kirchnerismo, el PJ, el Frente Renovador y otros bloques para frenar el proyecto de la campaña, que cuenta con el apoyo del movimiento de mujeres y de diputados del Frente de Izquierda, único bloque que impulsa el proyecto con unanimidad. Ya se empieza a hablar de lograr un proyecto consensuado, restringiendo los derechos de las mujeres al recortar el proyecto que se impulsa desde las calles. Es importante que seamos contundentes en nuestro reclamo: es momento de cerrar filas por el proyecto de ley de la campaña y todos los diputados tienen que votarlo.
No es una tarea imposible como nos quieren hacer creer. Ya ocurrió con el voto casi unánime contra el fallo del 2x1 de la Corte en beneficio de los genocidas presos. La movilización popular se impuso por sobre las posiciones personales y partidarias en la mayoría de los casos. Por eso, para lograr que se apruebe nuestro proyecto, más que nunca debemos seguir impulsando la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, llevándola a todos los lugares de trabajo y de estudio. Solo así podremos derrotar las maniobras de Macri, la Iglesia, el FpV y todos los sectores que se oponen a los derechos de las mujeres.

Proyecto antiaborto: a favor de las violaciones

El proyecto presentado por la Red Federal de Familias ya tiene varias firmas de diputados de PRO, el FpV-PJ y el Frente Renovador, entre ellos su vocero Brügge de la Democracia Cristina de Córdoba –aliada al gobernador Schiaretti de Unión por Córdoba–. Es tan reaccionario que plantea que se le pague un subsidio a las mujeres violadas para que continúen con los embarazos. ¡Una barbaridad! Hasta el Código Penal de 1921 establece que los abortos son legales cuando el embarazo es producto de una violación.

¿Legalización o despenalización?

Aunque se utilicen como sinónimos, tienen consecuencias diferentes para la vida de las mujeres. La despenalización implica que si una mujer aborta no va a ir presa. En cambio, la legalización es para que el gobierno garantice la práctica a través del sistema de salud, única manera de acceder a un derecho. “Aborto legal, en el hospital” cantamos en las marchas. Por eso es que el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal no tiene nada que ver con el que presentó el diputado rionegrino de PRO por la despenalización.

Cristina: ¿Y el pañuelo verde?

La ex presidenta Cristina Kirchner está en apuros. Faltó a la Asamblea Legislativa cuando habló Macri. No es casual. No quería estar en falta ante los diputados que fueron con el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Aborto Legal. Cristina está en contra de ese derecho fundamental por el cual pelean las mujeres.
Ante la marcha del 8M Cristina sacó un tuit saludando el “cambio cultural del colectivo feminista”. Perdón, Cristina Kirchner, ¿y el derecho al aborto? ¿No era que el kirchnerismo impuso la “ampliación de derechos”?
Está claro, el aborto legal se lo tendremos que arrancar tanto a Macri como a Cristina.

Por Hugo Testa, Bordó Nacional del Roca

Entrevistamos a Alfredo Fornaro, dirigente de Ferrobaires y de la Bordó, quien encabeza el reclamo contra 1.500 despidos y el cierre de los ramales de 104 localidades bonaerenses.

¿Qué es Ferrobaires?
- Se funda en 1993 con la privatización de Menem, con Duhalde como gobernador. Teníamos quince servicios diarios a Mar del Plata y Bahía Blanca, y llegábamos a Bolívar, Tandil, Quequén, Pinamar, General Alvear, Junín, Bragado, entre otros. Los gobiernos que siguieron fueron reduciendo los servicios. No se reparaban las locomotoras y coches, no se traían formaciones nuevas y nunca invirtieron en vías.

¿Qué servicios se fueron recortando?
- Por ejemplo, se levantaron los servicios a 25 de Mayo, Pinamar, Ayacucho y Tandil. Solo hay un servicio por día a Bahía Blanca, vía Pringles, y solo dos a Mar del Plata, de doce diarios. Se cerró el servicio a Quequén, que llegaba a Necochea, hasta que se cayó el puente hace años. La infraestructura está en buen estado, sobre todo las estaciones, pero las vías están destruidas. Ningún gobierno invirtió en vías desde 1993. Todavía hay durmientes de la época de los ingleses. Por más que traigan locomotoras y coches nuevos, las vías no aguantan. Si se invirtiera se podrían reabrir los ramales, pero no lo quieren hacer. Los talleres están cerrados y abandonados. La gobernadora Vidal decidió cerrar Ferrobaires hace dos años, cuando hubo un accidente en Bragado. Todo se fue abandonando y nos quedamos sin trabajo. En Escalada, en Kilo 4, en Plaza Constitución se quitaron las plataformas para Ferrobaires, porque no quieren reabrir los ramales de larga distancia. Se deja a 104 pueblos sin tren. El tren llegaba a Bariloche, a Zapala, a Mendoza, a Tucumán, a Rosario. No tienen pensado reabrir los trenes de pasajeros.

¿Y qué dice el decreto de Vidal?
- Transfiere todo a Nación: vías, material rodante, talleres, galpones, plataformas, oficinas, pero no habla de los trabajadores, ni de los pueblos que se quedan sin trenes. Esto empezó con el Plan Larkin en 1961 y desde ese momento todos los gobiernos fueron destruyendo el ferrocarril. Ahora pasan 1.044 trabajadores a Nación y al resto, unos 1.500, le ofrecen “retiros voluntarios”, que son despidos encubiertos. El 15 de marzo cierra Ferrobaires y no hay respuesta. Impulsados por la Lista Bordó Nacional del Pollo Sobrero, hicimos un pedido de asamblea en la Unión Ferroviaria Sud con 134 firmas, y el secretario general Muñoz aceptó la convocatoria. Pero cuando llegamos a la seccional estaba cerrada con candado. Una traición de la Lista Verde.

¿Y cómo viene la pelea de los trabajadores?
- Fuimos a la marcha del 15 de febrero junto con ATE, y a la del 21 a pedirle a Moyano un paro general. Hicimos dos actos en el hall de Constitución y una asamblea donde resolvimos impulsar la movilización a La Plata. Se presentó un recurso administrativo en la gobernación, un recurso de amparo y una denuncia en el Ministerio de Trabajo. Pero no hay respuesta, y empezaron a llegar telegramas de despido. Con Izquierda Socialista presentamos, desde el Frente de Izquierda, un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para anular el decreto de Vidal. Y llamamos a los trabajadores y a los usuarios, sobre todo de los pueblos del interior, a sumarse a la pelea contra los despidos y para que vuelvan los trenes.

Escribe Valentina Pereyra Activista trans, referente de ATTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina) FALGBT y AMMAR

Referentes de la comunidad LGTTBIQ platense fueron informadas por funcionarios de gobierno que la gobernadora Vidal no reglamentará la Ley de Cupo Laboral para Personas Trans (14.783), votada hace ya dos años en la Legislatura bonaerense. La comunidad trans sigue exigiendo tener una oportunidad de poder elegir cómo ganarse el sustento. La muerte lenta y segura termina en vidas cortas, donde la expectativa de vida de una persona trans es de 35/40 años en la Argentina y en América latina.

Claramente no existe voluntad política por parte del gobierno de querer incluir o integrar a la comunidad trans, como se ve en el avasallamiento de los derechos de todos los sectores vulnerados. La comunidad trans no está exenta de esta avanzada por parte Cambiemos y sus aliados, como se ve en la falta de interés por reglamentar la ley de cupo laboral. Cada vez es más evidente la política represiva que apunta a exterminar a la comunidad. Mientras se espera dos años el cupo laboral, el gobierno no demoró ni un día en firmar un protocolo represivo para detenernos.

A esto hay que sumarle que el año pasado la Defensoría del Pueblo bonaerense a cargo del peronismo anunció con bombos y platillos la inclusión de dos personas trans en su planta laboral bajo el marco de la ley 14.783. Lamentablemente, debido al mal ambiente de trabajo y las dificultades para viajar, una de las compañeras enfermó. La Defensoría la dejó cesante tres meses antes de la finalización de su contrato y estando con carpeta médica, anoticiándola de su despido vía mail. La otra compañera sufrió la no renovación de su contrato a pesar de haber entrado por la ley de cupo, tal como se había anunciado.

Ante estos hechos se solicitó una reunión con el Defensor del Pueblo, el sciolista Guido Lorenzino, quien aún no ha dado respuesta. Esto pone de relieve que el organismo supuestamente “independiente”, cuya función debía ser hacer cumplir los derechos de personas vulneradas, como lo son las personas trans, y a sabiendas de las dificultades que atraviesan en lo laboral, miran para otro lado y aplican el mismo ajuste. Por eso la comunidad exige a Vidal la inmediata reglamentación de la ley 14.783 y la continuidad laboral de las compañeras.