Escribe Alejandro Macedo

Jonathan Nicolás Centeno tenía 22 años. Fue detenido por la policía de Córdoba en Barrio Comercial y un día y medio después, el 5 de febrero, le notificaron a la familia su muerte, ocurrida en un traslado desde el penal de Bower a una pericia en Tribunales II, deslindando toda responsabilidad por parte de la fuerza policial. El personal médico del hospital Príncipe de Asturias –donde finalmente lo llevaron– afirma que Jonathan Centeno llegó muerto a la guardia.

A Jonathan lo asesinaron la policía y el servicio penitenciario de la provincia de Córdoba. Es una nueva víctima de las políticas de persecución y muerte. Acompañamos a los familiares, amigos y amigas de Jonathan en el pedido de justicia y la cárcel inmediata a los policías asesinos. Es necesario desmantelar el aparato represivo, imponer la elección de los comisarios en cada barrio y su revocabilidad inmediata cuando los propios vecinos lo decidan. Lo mismo con la Justicia, eligiendo democráticamente a los jueces y estableciendo el juicio por jurados en todos los delitos.

Escribe Pablo Almeida Delegado general ATE-Mecon

Mientras el presidente Macri habilitaba el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, manifestando en su discurso que “lo peor ya pasó”, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne despedía a 106 trabajadores. Algunos de los cesanteados fueron notificados por sus jefaturas a última hora del miércoles 28 de febrero, mientras otros se enteraron al otro día, cuando no pudieron ingresar a realizar sus labores por estar bloqueadas sus tarjetas. La arbitrariedad de los despidos queda en evidencia cuando se conoce la nueva estructura de Hacienda. En ella se crean nuevos cargos con categorías de secretario y otras de subsecretario, con salarios que superan los 150.000 pesos. ¡Dujovne es un caradura!

Pero la inmediata respuesta de las trabajadoras y trabajadores de nuestro ministerio, luchando en unidad, sin distinción alguna, comenzó a dar frutos: ya le hemos arrancado a las autoridades quince reincorporaciones. Estas no se han producido porque “se revisaron casos particulares y se subsanaron errores involuntarios”. Tampoco son producto del accionar de algún dirigente con llegada a altos funcionarios como dice UPCN. Las reincorporaciones conquistadas son consecuencia de las masivas asambleas, de las multitudinarias batucadas frente a los despachos de los funcionarios y del inmenso pañuelazo del 8M en el marco del paro internacional de mujeres. Fue decisiva la férrea unidad entre despedidos y no despedidos.

Desde ATE Mecon hemos estado desde el principio, junto a los compañeros, organizando la pelea, y nos proponemos profundizarla hasta lograr la reincorporación de los 106. Para ello es necesario conquistar la unidad en la lucha de todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción. Llamamos a todas las representaciones gremiales más allá de las diferencias a llevar adelante, en forma conjunta, todas las medidas que se requieran para lograr ese objetivo. Un plan de lucha unitario, votado por los trabajadores de ambos gremios, sería un extraordinario golpe a las autoridades ministeriales. Ese es el camino que los trabajadores exigen y votaron en asamblea. La exigencia es clara: ni un despedido, todos adentro. Unidad y lucha para ganar, en Mecon no sobra nadie.

Escribe Martín Fú

El gobierno nacional continúa con la persecución a los luchadores. A través de sus operadores judiciales busca imponer un precedente nefasto: cualquiera que se manifieste contra las políticas de ajuste y miseria puede ir preso. Seguiremos movilizados repudiando la judicialización de la protesta social.

La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento y dispuso la prisión preventiva de los compañeros César Javier Arakaki y Dimas Fernando Ponce, revocando la libertad que les había otorgado el juez Sergio Torres luego de la gran campaña de movilización y pronunciamientos contra la persecución judicial, tras las masivas jornadas del 14 y el 18 de diciembre de 2017.
El nuevo fallo plantea volver a encarcelar a los compañeros (aunque no está firme porque fue apelado) y traba un embargo económico contra ellos, dictando la prisión preventiva para ambos. La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzún y Eduardo Farah, resolvió el procesamiento de César Arakaki y Dimas Ponce por los “delitos” de “lesiones en agresión y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas”. Lo más escandaloso del pedido de la cámara es que incluye presuntos delitos como “lesiones, intimidación, atentado con uso de armas”, entre otros graves cargos, acusaciones que fueron desestimadas por el mismo juez Torres, quien llevó adelante la instrucción contra Arakaki y Ponce para luego liberarlos. Con el Código Penal en mano pretenden judicializar la protesta social, acusando a los compañeros por las lesiones sufridas por un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba reprimiendo a los manifestantes.
Mientras Macri recibe con honores al policía de gatillo fácil Chocobar y se profundiza la operación de liberar a cientos de militares con múltiples condenas por genocidio, Irurzún se postula nuevamente como el operador judicial todoterreno del gobierno, que busca poner entre rejas a quienes nos manifestamos en el Congreso contra el vergonzoso robo a los jubilados, pone especial énfasis en perseguir a la izquierda, particularmente a quienes conformamos el Frente de Izquierda.
 Como explicó la defensa de César y Dimas, “participaban de una movilización masiva, junto a otras 300.000 personas que pretendían manifestar frente al Congreso contra la consumación del robo de 100.000 millones de pesos a los jubilados, pero se encontraron con un operativo represivo que pretendía dispersarla, por decisión del poder político. Durante más de dos horas los manifestantes defendieron su derecho a manifestar contra una agresión policial inusitada”.
El caso de los militantes del PO César Arakaki y Dimas Ponce, así como el pedido de captura internacional del compañero del PSTU Sebastián Romero, son la continuidad de las políticas de persecución y amedrentamiento del gobierno, buscando que las jornadas masivas como la del 18 de diciembre no vuelvan a repetirse.
Izquierda Socialista denuncia y repudia la persecución a Dimas Ponce y César Arakaki, como también la de Sebastián Romero, exigiendo la libertad y el cierre de todas las causas judiciales contra los procesados por luchar. Seguiremos en las calles, movilizados, participando y acompañando todas las luchas de los trabajadores y sectores populares contra las políticas de ajuste de Macri y los gobernadores.

Escribe Ezequiel Peressini Diputado de Izquierda Socialista/FIT de Córdoba

El miércoles 27 de febrero estuve junto con Nora Cortiñas, referentes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y organizaciones de derechos humanos en la militarizada ciudad de Bariloche. Fuimos para repudiar el juicio de extradición de Facundo Jones Huala, donde se debatía entregarlo a la Justicia chilena. Un juicio a todas luces ilegal, por cuanto el juez federal Otranto no dio lugar a un anterior pedido de extradición por considerarlo lleno de vicios, nulidades y testimonios tomados bajo apremios ilegales. En el marco de la nueva “doctrina” pregonada por la ministra Bullrich, el juicio finalmente tuvo lugar. Obedece al acuerdo entre Macri y la ex presidenta chilena Bachelet para criminalizar al pueblo mapuche y “avalar” la represión de las fuerzas de seguridad, como ocurrió con los casos de Maldonado y Nahuel.

El lunes 5 de marzo el juez Villanueva resolvió la extradición de Facundo. Se trata de un ataque para profundizar el saqueo de los grandes empresarios y multinacionales como Benetton, Lewis o Chevron, usurpadores de las tierras de la comunidad mapuche.

La ofensiva contra Facundo es también contra el conjunto del pueblo trabajador que enfrenta las políticas entreguistas de Macri y los gobernadores. En nuestro país hay miles de luchadores procesados, porque el gobierno los quiere presos para frenar las luchas y descargar su plan de ajuste.

Desde Izquierda Socialista repudiamos la extradición resuelta por el juez Villanueva y la represión y las detenciones efectuadas por la policía de Río Negro contra quienes se manifestaban frente al juzgado federal mientras se resolvía la extradición. El juez Villanueva es quien ordenó el operativo en el que asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. Es indignante que sus asesinos estén libres y Facundo preso y extraditado. Esto no es justicia, es persecución política e impunidad para los represores. Nos solidarizamos con Facundo y la comunidad mapuche, llamando a redoblar la movilización y acompañar la apelación del fallo.

Luego de asumir en diciembre pasado la banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, con la compañera Angélica Lagunas llevamos a la Legislatura la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Los proyectos que presentamos exigen soluciones y el pronunciamiento ante los reclamos que los trabajadores expresan en sus movilizaciones.

En la víspera del 8M pedimos por el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres y denunciamos al gobierno provincial durante las masivas marchas pidiendo justicia por Carina y Valentina Aplablaza, cuyo asesino continúa prófugo. No nos callamos cuando en la Legislatura el MPN quiso sacar una declaración lavada reivindicando a las mujeres. Exigimos el cese de actividades en todas las dependencias del Estado y en las privadas porque defendimos el Paro Internacional de Mujeres. Esta presión llevó al gobierno a emitir un asueto administrativo.
También desde la banca del Frente de Izquierda nos ocupamos de la salud, sumergida en una grave crisis por el constante ajuste que aplican todos los gobiernos. En Neuquén el sector pediátrico alzó su voz y tuvo eco en la audiencia pública que organizamos el martes 6 de marzo junto a Raúl Godoy, también diputado del FIT por el PTS, donde miembros de bloques opositores tuvieron que comprometerse a dar respuestas, mientras que el oficialismo guardó silencio.

La educación es uno de los pilares a los que todos los gobiernos apuntan a la hora de preparar su ajuste. En nuestra provincia eso se traduce en falta de presupuesto salarial, en obras no terminadas y en el intento de quitarle a la comunidad educativa derechos que se consiguieron tras años de luchas, como el servicio de transporte gratuito a cientos de alumnos, servicio que el gobierno quiere cancelar. Por eso presentamos diferentes proyectos: uno pidiendo informes sobre la construcción de treinta jardines prometidos en varias campañas que nunca se hicieron, otro para que se ponga en marcha el Aula Hospitalaria para que los niños internados tengan clases, y otro para que el gobernador no avance en la reforma del Consejo Provincial de Educación.

También participamos en las calles apoyando la lucha de los trabajadores de ATE y de los madereros de MAM, resistiendo junto a ellos el desalojo. Pedimos por la reincorporación inmediata de los compañeros del INTI en Neuquén junto a los reclamos en todo el país. Fuimos parte activa durante el Paro Internacional de Mujeres y en las masivas movilizaciones docentes.
Cobró notoriedad la denuncia que hicimos desde nuestra banca exigiendo que los cinco millones se dólares provenientes de las coimas petroleras que intentó depositar el ex gobernador de la provincia Jorge Sapag sean devueltos, para destinarlos a las necesidades de salud y educación.

Nuestra banca continuará a disposición de todas las luchas para que triunfen. Corresponsal