Escribe Flor R.

El pasado miércoles 25 de abril se realizó el Corpiñazo frente al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación, repudiando la sanción que recibió una alumna por no llevar corpiño a su establecimiento educativo.

Bianca concurrió el lunes 23 de abril al colegio Reconquista del barrio de Villa Urquiza, como lo hace todos los días. En el pasillo del establecimiento se cruzó a la rectora quien le llamó la atención por no usar corpiño, ordenó que se tape con una campera y se dirija hacia la rectoría para la aplicación de una sanción. Esta actitud demuestra la clara violación a la intimidad de la alumna, hecho que se replica en la sociedad cuando se nos quiere imponer cómo deberíamos vestirnos.

Tanto los compañeros del curso como el movimiento de mujeres rápidamente salieron a dar respuesta ante este suceso. Sus compañeros elevaron una carta a las autoridades exigiendo que se levante la sanción e impulsaron que al día siguiente se fuera al colegio con la vestimenta con la que no se permite entrar habitualmente, como muestra de solidaridad con la compañera. Y desde el movimiento de mujeres se acompañó con el Corpiñazo.

Este caso sale a la luz por la fuerza del movimiento de mujeres que avanza, no deja pasar de largo estos atropellos y se planta ante las injusticias de este sistema capitalista y patriarcal que quiere adoctrinar nuestros cuerpos, como vemos en el actual debate en el Congreso sobre los proyectos de ley de legalización del aborto donde el Estado y la iglesia quieren decidir por nosotras.

Desde Isadora Mujeres en Lucha llamamos a seguir movilizadas repudiando estos hechos que son parte del disciplinamiento al que somos sometidas diariamente. Por esto, te invitamos a organizarte para seguir dando pelea en las calles.

Escribe Mechi Beauvoir

Cientos de mujeres se concentraron en las puertas del Tribunal de Navarra la semana pasada. Esperaban el fallo de la Justicia ante el caso de una joven de 18 años violada brutalmente por un grupo de cinco hombres conocidos como “La Manada”. Este hecho había ocurrido en 2016 en Pamplona, durante la fiesta de San Fermín. El caso había tomado una gran repercusión mediática debido a que son miles las mujeres víctimas de violencia sexual en las fiestas populares.

Pero la Justicia volvió a mostrar su carácter machista y patriarcal. En un fallo vergonzante condenó a sólo 9 años a los cinco miembros de “La Manada” por “abuso sexual, sin violencia ni intimidación”, negando que hubiera violación.

Al conocerse la resolución, las mujeres que se encontraban esperando el fallo comenzaron a gritar “no es abuso, es violación”. Inmediatamente este grito se volvió consigna: las redes sociales estallaron y miles de mujeres comenzaron a organizarse para repudiar el fallo y la reproducción de la cultura de la violación. Centenares de miles de mujeres salieron a las calles en todo el Estado Español. Fue un repudio masivo que mostró la fuerza del movimiento de mujeres, que viene de una jornada histórica durante el 8M. El movimiento #MeToo salió a apoyar a la joven.

En las redes sociales las españolas lanzaron una campaña por Twitter llamado #Cuentalo donde las mujeres denuncian sus propias historias de abusos sexuales y violaciones y hablan por las que ya no están debido a los femicidios. La campaña tuvo una repercusión masiva, siendo la Argentina el país de mayores adhesiones con 341.200 mensajes sobre 634.700.

Mercedes Trimarchi, referente de la agrupación Isadora y diputada electa por la provincia de Buenos Aires, participó del debate de las comisiones donde se está discutiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. A continuación reproducimos sus palabras.

Lo que estamos discutiendo es si se termina, de una vez por todas, con el aval que este Congreso le da al aborto clandestino.
Porque en nuestro país se producen medio millón de abortos por año. Las mujeres de todas las edades y de distintos sectores sociales abortan. Pero la ilegalidad del aborto hace que las mujeres ricas accedan en clínicas privadas a abortos seguros. Pero las mujeres pobres no. Y terminan con secuelas muy graves de salud e incluso terminan sin vida. Esa es la realidad que atravesamos las mujeres, que es desigual por el aborto clandestino.

El movimiento de mujeres está en las calles y viene protagonizando enormes luchas en el país y en el mundo. Así lo vivimos el pasado 8M en el segundo paro internacional de mujeres. Una histórica jornada en la que las mujeres -hartas-, dijimos basta. Basta de violencia contra nosotras, basta de querer dominar nuestro cuerpo. Basta de decidir por nosotras. Por eso, gritamos en esta plaza, ciento de miles de mujeres: aborto legal ya y en el hospital. Ese es nuestro reclamo, eso es lo que les exigimos a todos ustedes.

Exigimos que se respete el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Exigimos que este derecho, que ya fue conquistado por la mayoría de las mujeres en el mundo, se respete en nuestro país. El 61% de la población mundial accede a la interrupción voluntaria del embarazo pero nuestro país queda afuera de ese porcentaje. Y las mujeres argentinas estamos condenadas al aborto clandestino por culpa de este gobierno y todos los diputados/as que, aunque se digan opositores al gobierno, actúan juntos. Todos los bloques: el macrismo, el PJ, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, están a favor del aborto clandestino. Y son los responsables de las cientos de mujeres pobres que mueren al año.

Ni Macri ahora, ni Cristina antes, respetan las decisiones y los derechos de las mujeres. Por eso se oponen a la legalización del aborto. Porque priorizan los acuerdos que tienen con la reaccionaria iglesia católica, que defiende a los curas abusadores y se opone al uso del preservativo y a la educación sexual en las escuelas y colegios. Es más, tal es el acuerdo que tienen los gobiernos con la iglesia que hasta la sostienen económicamente y le pagan sueldos a los obispos que no trabajan.

En relación con los distintos proyectos que hay en danza en el Congreso sobre el tema, quiero denunciar que son una maniobra que buscan confundir a la población. Desde el movimiento de mujeres apoyamos uno solo de todos los proyectos, que es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Que plantea que toda mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo y que este derecho debe ser garantizado por el sistema de salud. Así de simple.

Por eso, estamos en contra de los proyectos que plantean solamente la despenalización. Eso es una trampa. Porque con la despenalización solo se logra que la mujer y el médico no vayan presos pero no se plantea la interrupción del embarazo como un derecho. Por lo tanto, no plantean que debe ser garantizado para todas las mujeres, sin importar su condición social. Por eso insisto en que solo la despenalización no resuelve el problema de acceso a la salud de las mujeres.

Tampoco estamos con los proyectos de ley que plantean la objeción de conciencia que obstaculizan el acceso a nuestros derechos y tampoco queremos falsos equipos interdisciplinarios que le digan a las mujeres que no abortan.

Nosotras queremos que se respete nuestra decisión. Así como lo planteamos en las marchas con una consigna muy simple que sintetiza nuestro reclamo: “La mujer decide, el Estado garantiza y la iglesia no se mete”. Y eso es lo que queremos y se lo exigimos a este Congreso. Que el gobierno garantice lo que nosotras decidimos. Y que nadie se meta en nuestra decisión.

Eso está expresado en el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y es el que apoyamos desde el movimiento de mujeres. Que es el que venimos presentando desde hace once años y que año tras año ustedes cajonearon. Por eso decimos basta y le decimos NO a cualquier maniobra que busque distraernos. Por eso, todos los martes como hoy, teñimos el Congreso de verde y levantando bien alto nuestros pañuelos que dicen educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Escribe Guido Poletti

Se acaban de abrir los sobres para la licitación de las obras de diez corredores viales (mejora de rutas y construcción de tramos de autopistas). Están en juego negocios donde el Estado nacional terminará poniendo 6.000 millones de dólares en los próximos dos años y 15.000 millones en los siguientes.

Se presentaron “los conocidos de siempre” de la obra pública. Los que, durante décadas, hicieron sus ganancias de cobrarle de más al Estado y dejar las obras a medio hacer. Esta vez lo hacen formando 10 consorcios donde confluyen 19 empresas locales con 7 empresas extranjeras. Así tenemos a Techint, Roggio, Mindlin (a cargo de la ex Iecsa, la empresa de Calcaterra, el primo de Macri) y otros.

Pero lo novedoso es la forma de contratación. Por primera vez se pone en práctica el esquema de “participación público-privada” (PPP) promulgado en 2016 por el gobierno de Macri. El esquema fue copiado de uno similar inventado hace décadas en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, y luego replicado en otros países. En todos los casos terminó siendo abandonado luego de dar lugar a escándalos y negociados de corrupción, como en España y Grecia. Es que en este esquema, como pasa a ser una “obra privada” nadie controla los costos ni la calidad de su realización.

El PPP consiste en que las empresas privadas contratistas tienen que conseguir ellas mismas el financiamiento de la obra. Claro que el Estado les otorga un certificado de garantía. En concreto, las empresas se endeudan y eso figurará como deuda privada, pero el “garante en última instancia” es el Estado argentino, que será quien finalmente le pague a la empresa al finalizar la obra con la recaudación del impuesto a los combustibles.

En las semanas previas, las empresas participantes de la licitación hicieron lobby hasta que lograron innumerables privilegios: eximición del IVA, libertad para importar insumos y decenas de prebendas más.

Pero ahí no termina la cuestión. Las empresas concesionarias quedarán cobrando los peajes de las obras realizadas y cualquier otro beneficio que surja de las mismas. En realidad no se trata de algo novedoso en la historia argentina: el esquema es similar a lo que sucedió a fines del siglo XIX con las firmas extranjeras que se dedicaron a la construcción de ferrocarriles: la obra se la pagaba el Estado argentino y las compañías ferroviarias se quedaban con el producido de las tarifas y varios kilómetros a la vera de las vías.

El gobierno de Macri privatiza la obra pública en beneficio de mayores ganancias para los grandes grupos económicos. “Legaliza” e “institucionaliza” con la PPP lo que hasta ahora se hizo vía coimas y negociados oscuros, como en la época kirchnerista. Pero los actores son los mismos.

La obra pública es estratégica en cualquier programa económico de desarrollo. Primero y principal porque se trata de poner los recursos del Estado para hacer aquello que las empresas privadas nunca harían por sí mismas. Así se plantea la construcción de rutas, autopistas y caminos, pero también la de redes ferroviarias, puentes, obras de infraestructura para prevenir inundaciones, viviendas populares, hospitales y escuelas. Pero además porque es un recurso privilegiado para crear trabajo genuino en la construcción y así resolver el flagelo del desempleo. Desde Izquierda Socialista rechazamos tajantemente la PPP y exigimos su derogación. Proponiendo en cambio aquello en lo que siempre insistimos: todo lo que se podría avanzar en este sentido si se lanzara un gran plan de obras públicas, financiada con los recursos que se obtendrían de dejar de pagar la deuda externa.

Escribe Claudio Funes

La red de corrupción de Odebrecht tiene alcance continental. Incluye al PT y a Lula en Brasil, a Ollanta Humala y Kuczynski en Perú, a Maduro en Venezuela y tanto a Cristina como a Macri en la Argentina. Con distinto ropaje, todos los gobiernos patronales avalan los negociados corruptos capitalistas.

 En 2007 Calcaterra, el primo del presidente, “compró” la constructora Iecsa a la familia Macri. La firma es parte del grupo Obras, Desarrollos y Servicios (ODS) junto con otras empresas. La italiana Ghella S.P.A. participa de su paquete accionario.

El 23 de enero de 2008 el gobierno de Cristina Fernández adjudicó a Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. En la actualidad, tras el escándalo Odebrecht, Ghella es la dueña mayoritaria de las obras.

Ahora el juez federal Martínez De Giorgi resolvió citar a declaración indagatoria a más de cuarenta empresarios, intermediarios y ex funcionarios kirchneristas acusados de pagar y recibir sobornos para adjudicar la mencionada obra. Un gigantesco túnel de corrupción.

Entre los 49 imputados se destacan Angelo Calcaterra; Javier Sánchez Caballero, gerente de Iecsa; el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el ex secretario de Obras Públicas José “Bolso” López y el intermediario Jorge “Corcho” Rodríguez.

Según mails obtenidos por la policía de Brasil de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, director de Odebrecht, en junio de 2010 mantuvo reuniones con Sánchez Caballero, de Iecsa, para negociar coimas que “excederían los 20 millones de dólares”. “Entre 2007 y 2014 Odebrecht ordenó que se realizaran pagos en concepto de sobornos por más de 35 millones de dólares a intermediarios, sabiendo que dichos desembolsos tenían como destino final a funcionarios públicos argentinos”, agregó el juez De Giorgi.

Luis Antonio Mameri, máximo ejecutivo de Odebrecht para América Latina, declaró que hubo dos etapas en los sobornos por el soterramiento. En la primera, entre abril de 2008 y agosto de 2013, el interlocutor para el pago de las coimas fue el gerente de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, y eran destinadas a gente ligada al Ministerio de Planificación que comandaba Julio De Vido. Las coimas recibidas por los funcionarios argentinos son sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que Odebrecht pagó en otros once países para obtener obras. Es tan grande la red de corrupción que salpica a diestra y siniestra a figuras políticas del continente. En Brasil, Lula está preso, y golpeados Michel Temer y Dilma Rousseff. El presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski debió renunciar; el ex presidente Alejandro Toledo, también de Perú, está acusado y prófugo, mientras que Ollanta Humala y su esposa estuvieron detenidos hasta hace pocos días. La lista continúa.

Como se puede apreciar los casos de corrupción no son aislados, ni son un vuelto. La obra pública y la corrupción conforman uno de los principales mecanismos por medio del cual los grandes empresarios, nacionales y extranjeros, obtienen sus superganancias en América latina. En estos días se conoció la noticia de que Techint, la empresa de la familia Rocca, montó una red offshore para la gestión de fondos negros y pago de sobornos.

Los gobiernos de turno, sean “progresistas”, “socialistas del siglo XXI”, “nacionales y populares” o de CEOs, junto a la Justicia y otras instituciones, son los garantes de la subsistencia de esta trama corrupta de negociados capitalistas. Con la obra pública no buscan resolver, por ejemplo, el déficit de viviendas, la mejora de la salud pública con la construcción de hospitales, ni evitar inundaciones con obras de infraestructura. Sólo aspiran al retorno y a beneficiar a las grandes patronales amigas. Así funciona el capitalismo, de la mano con la corrupción.

Tal como lo planteó Juan Carlos Giordano cuando presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda: todos los corruptos deben ir presos y devolver lo robado, que debe ser estatizado y utilizado para resolver las más urgentes necesidades populares.