Escrible José Castillo

La mayoría de la matriz energética argentina depende del gas y el petróleo. Así nos calefaccionamos y cocinamos. Pero también de esta forma se alimentan las centrales térmicas que proveen de electricidad a nuestro país.

En el mundo hay países que no tienen gas ni petróleo y que por lo tanto deben gastar gran parte de sus divisas en importarlos. Otros, los menos, están beneficiados por poseer en su territorio esos recursos. Así pueden autoabastecerse y, además, les sobra para exportar y hacerse de dólares. Por eso casi todos los países petrolíferos y gasíferos cuentan con empresas estatales a tal fin.

La Argentina está en el peor de los mundos: somos un país con gas y petróleo, entregados totalmente al saqueo de las multinacionales. A partir de las privatizaciones del peronismo menemista, se habilitó un esquema no tocado por ninguno de los gobiernos posteriores. Los grandes pulpos del petróleo y el gas se dedicaron a extraerlo, sin invertir un peso en nuevas exploraciones. Así, año a año, las reservas se fueron achicando.

Finalmente, tuvimos que empezar a importar gas y petróleo. Luego, cuando ya no le convenía más, Repsol terminó desentendiéndose de YPF, que fue reestatizada pagando a cambio millonadas a la multinacional española.

El desguace de YPF y Gas del Estado

Durante décadas existieron YPF y Gas del Estado, dos grandes empresas estatales. YPF exploraba, abría pozos, fundaba pueblos, extraía petróleo hasta alcanzar el autoabastecimiento y exportaba. Además refinaba el propio petróleo y tenía una inmensa red de comercialización vía estaciones de servicio que llegaban hasta los rincones más alejados del país. Gas del Estado, por su parte, cubría todo el proceso desde la extracción, el transporte vía gasoductos hasta la distribución domiciliaria. Llegó así a ser una de las compañías gasíferas más grandes del mundo, con gasoductos de un tamaño sólo superado por los soviéticos.

Menem con la privatización desguazó ambas empresas. El saqueo petrolero se garantizó regalando los pozos con concesiones prácticamente a perpetuidad, mientras se cerraban otros, se echaba a decenas de miles de trabajadores y se transformaba a ciudades enteras en prácticamente pueblos fantasmas.

En el caso de Gas del Estado se desarmó la empresa descuartizando el negocio. Para la extracción se recurrió a los mismos pulpos del negocio petrolero. Se crearon las “transportadoras” (Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur) y se subdividió en varias empresas la distribución final. Todo al servicio de “capturar subsidios” y hacer superganancias sin invertir un solo peso.

Vaca Muerta

El surgimiento de la extracción de gas y petróleo no convencional (por el método denominado fracking, prohibido en muchas partes del mundo por contaminante) puso de moda el yacimiento de Vaca Muerta. Se habla de la posibilidad de extraer recursos por valores superiores a todas las reservas existentes del país. Por eso todos los monopolios internacionales del sector pusieron el ojo en esa zona. El gobierno nacional (con Cristina Kirchner anteriormente y ahora con Macri) le dio vía libre al saqueo. Así, fue durante el peronismo kirchnerismo que se firmó el acuerdo secreto YPF-Chevron, que le daba privilegios absolutos a la multinacional yanqui. Macri, por su parte, en todos sus viajes y reuniones con funcionarios y empresarios extranjeros nunca deja de “ofrecer” los negocios que se pueden hacer con ese yacimiento. El gobierno provincial neuquino, a la vez, no dudó un segundo en pasar por encima de todos los derechos de los pueblos originarios de la zona para también tener “su tajada” en el negocio. Vaca Muerta, en síntesis, se presenta como el paradigma del saqueo para los años venideros.

¿Cómo recuperar la soberanía energética?

La conclusión es obvia: pagamos carísimo el gas y el petróleo, cada día tenemos menos reservas y gastamos millonadas en importaciones, mientras seguimos garantizándole el saqueo a todas las empresas monopólicas que se instalan en las distintas etapas del negocio.

Hay que terminar con el saqueo, rescindiendo todos los contratos existentes. Y construir una gran empresa estatal gasífero-petrolera que recupere lo mejor de la vieja tradición de YPF y Gas del Estado, que unifique todo el negocio, desde la exploración, pasando por la extracción, la refinación y la comercialización en el caso del petróleo, y la extracción, el transporte y la distribución en el gas. Esa gran empresa, gestionada por sus propios trabajadores y técnicos, será capaz así de recuperar nuestra soberanía energética y aportar a un programa de desarrollo de nuestros recursos al servicio de las necesidades de las mayorías populares. 

Escribe José Castillo

Después del aumento de las tarifas del gas y la electricidad de abril, mayo comienza con las subas del agua y el transporte. Macri quiere hacernos creer que el problema son los “altos impuestos”. Pero la gran tajada se la llevan las privatizadas, que siguen sumando superganancias.

En estos dos años de gobierno de Macri las tarifas del gas aumentaron hasta 1.300%, las eléctricas casi 1.500% de promedio y el servicio de agua corriente cerca de 1.000%. Sólo para comparar, el salario mínimo está en 9.500 pesos, la jubilación mínima en 7.600 y la mitad de los trabajadores cobran sueldos por debajo de los 11.000 pesos. Esta es la realidad que hace que cada vez más familias tengan que destinar hasta un 15% de sus ingresos simplemente para pagar facturas de servicios o el transporte.

El objeto de estos descomunales tarifazos -que no han terminado, ya que habrá una nueva suba del gas en octubre/noviembre- es ajustar el gasto público reduciendo los subsidios que el Estado le otorga a las empresas privatizadas. Así, en estos dos años, esos subsidios se achicaron en 90.000 millones de pesos. Claro que esto no se reflejó en un descenso del déficit fiscal (lo que gasta de más el Estado en comparación con lo que recauda) ya que esos “menores gastos” fueron más que compensados con el aumento de lo que se paga en conceptos de intereses de deuda externa.

El gobierno de Macri comenzó diciendo que los subsidios eran un escándalo, ya que les permitían a los ricos “calentar las piletas de natación en invierno”. Claro que en vez de ponerle altos impuestos por ese derroche o cobrarles tasas diferenciales, lo que se hizo fue lanzar estos feroces tarifazos, que hacen que hoy los servicios esenciales como la calefacción o la luz pasen a ser un lujo.

Mientras tanto, las empresas de servicios públicos privatizadas nunca perdieron. En la época del peronismo menemista ganaron con las altísimas tarifas dolarizadas. Luego de 2001, cuando se congelaron o subieron por debajo de la inflación, siguieron embolsándose millonadas a través de los subsidios que les otorgaba el peronismo kirchnerista. Ahora Macri y Aranguren achican esos subsidios, pero a cambio les otorgan tarifas astronómicas. En síntesis, las empresas siempre ganan, mientras a cambio brindan servicios horribles. Como ejemplo recordemos a los continuos apagones de las empresas de electricidad, o que sigue sin invertirse en la red de gas natural, con millones de argentinos, justamente los más pobres, dependiendo de la garrafa, un servicio aún más caro.

Ante el crecimiento de la bronca por tarifas que ya son impagables, ahora el gobierno sale a buscar cambiar el eje del debate, diciendo que el problema son “los altos impuestos” que componen la boleta. Y planteando que parte de esos impuestos son provinciales, tirándoles así el “paquete” a los gobernadores. La realidad es que el impuesto que mayor peso tiene en las facturas es justamente el IVA, el único que Macri no quiere tocar.

Pero no debemos confundirnos: el problema central del alto costo de las tarifas no son los impuestos, sino los valores que se les garantizan a las empresas privatizadas para que sigan con sus negocios a costa de todos los usuarios.

Desde Izquierda Socialista somos claros: hay que retrotraer y suspender inmediatamente estos tarifazos, planteando una salida de fondo: la reestatización de todas las privatizadas y su puesta en funcionamiento bajo la gestión de sus trabajadores y usuarios.

Escribe Guido Polleti

En diciembre pasado, el gobierno de Macri se vio obligado a dar marcha atrás con el proyecto de reforma laboral, que buscaba ir a fondo con la flexibilización de las condiciones de trabajo y la liquidación de las conquistas de los convenios colectivos. A pesar de que contaba con el apoyo de los burócratas del entonces reinante “triunvirato” de la CGT (que hasta se disponía a sacar una solicitada apoyándola), la inmensa movilización contra la reforma jubilatoria y las jornadas multitudinarias de diciembre obligaron al gobierno a archivar el proyecto.

Ahora, más silenciosamente y buscando no levantar demasiada polvareda, vuelven a intentar meterlo en el Congreso para que se trate. Lo hacen planteando los mismos ejes centrales. Primero el llamado “blanqueo laboral”, que en concreto es el perdón para los empresarios que tienen trabajadores en negro, con menos aportes patronales (y la consiguiente desfinanciación para la Anses) y haciendo que a los trabajadores sólo se le reconozcan la mitad de los años de aporte mientras estuvieron en negro. Segundo, la legalización del sistema de pasantías, que significa la promoción de puestos de trabajo “basura” para los jóvenes, donde se los superexplota con la excusa de que se los está “formando”. Tercero, la creación de una “agencia de evaluación de tecnologías de la salud”, con el objetivo de que las obras sociales y sanatorios puedan negar al trabajador el acceso a tratamientos complejos en un verdadero guiño a los negocios de la salud privada. A ello se le agrega la reducción de la indemnización por despidos no computándose aguinaldo, horas extras ni otros adicionales, abaratando el despido del trabajador. Todo este paquete de reforma laboral acompaña, por supuesto, todas las “flexibilizaciones gremio por gremio” que acuerdan las patronales, la burocracia sindical y el gobierno, con el caso Vaca Muerta como máximo estandarte.

Tal como dijimos a fines del año pasado, estamos atentos ante este nuevo embate y volvemos a decir ¡no a la reforma laboral!

La semana pasada fue la más movida en mucho tiempo en términos económicos. El dólar empezó a subir: primero de 20,30 a 20,50; luego siguió y pasó la barrera de los 21 pesos. El gobierno, con el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger a la cabeza, salió a vender dólares para tratar de que no se le escapara tanto. Pero el billete verde igual terminó subiendo después de que se perdieran 3.000 millones de dólares de reserva y de que el gobierno aumentó la tasa de interés de 27,25% a 30,25%. Hasta aquí los hechos. En los lugares de trabajo muchos se hacían dos preguntas: ¿qué es lo que efectivamente está pasando? Y, la más importante: ¿cómo nos afecta a los trabajadores?

Expliquemos el primer interrogante. Macri desde el comienzo de su mandato se dedicó a endeudarnos a niveles astronómicos. Miles de millones de dólares pasaron a engrosar nuestra deuda externa. ¿Para qué se usaron? Terminaron financiando una vertiginosa bicicleta financiera. Los grandes pulpos de la especulación, que no son otra cosa que fondos de inversión de multinacionales extranjeras, se hacían de esos dólares, los pasaban a pesos y compraban Lebac (letras del Banco Central que, en estos años, llegaron a rendir más de 30% anual, una superganancia que no se obtiene en ningún lugar del planeta). Por supuesto, el final del negocio se da cuando esos especuladores deciden “volver al dólar” y fugar ese dinero porque aparece otra operación más rentable en algún lugar diferente del planeta. Eso fue exactamente lo que pasó la semana pasada: se calcula que 3.000 millones de dólares que estaban en Lebac (o sea en pesos) “se pasaron” rápidamente a dólares, provocando la suba de la divisa norteamericana, demostrando la fragilidad extrema de la política de mayor endeudamiento del gobierno de Macri y de todo el plan económico, dependiente de las idas y venidas de los capitales imperialistas, que sólo puede sostenerse cada día aumentando la deuda externa para refinanciar los vencimientos anteriores y que, al menor cimbronazo internacional, hace agua por todos los costados.

Ahora bien, vamos a la segunda pregunta: todo este tembladeral, con un gobierno que pierde reservas y bandas de especuladores internacionales que, después de hacer su negocio, “huyen” del país con los dólares bajo el brazo, ¿en qué nos afecta a los trabajadores? No es muy difícil la respuesta, basta apelar a la memoria cercana: cada vez que hay una devaluación, aun cuando luego el dólar se aquiete y deje de ser noticia en la tapa de los diarios, lo que sigue es un aumento generalizado de todos los precios. Eso fue lo que ya pasó en el verano, cuando el salto del dólar de 17 a 20 pesos ocasionó una inflación que ya lleva el 9% en apenas cuatro meses, pulverizando salarios y jubilaciones. Encima, tenemos que sumarle que el gobierno trató de evitar que se le fueran más Lebac aumentando el “premio” para los especuladores que se queden con ellas, por eso aumentó la tasa de interés. La consecuencia será créditos más caros, que todos pagaremos cada vez que financiemos un saldo de tarjeta de crédito o tengamos que abonar la cuota de un crédito hipotecario.

Claro que las cuotas más caras ya no son únicamente porque cambiamos un electrodoméstico. También resultará más caro el financiamiento de las cuotas de la factura del gas. ¡La calefacción se tornó en un auténtico artículo de lujo, que hasta lo vamos a terminar pagando en cuotas! Es que la suba de precios no sólo es fogoneada por el dólar. También tenemos la otra “política macrista”: los tarifazos para garantizarles las ganancias a las privatizadas, nuevamente con la excusa de que “hay que bajar los subsidios para reducir el gasto público”. La consecuencia está a la vista: los subsidios se achican, pero a las privatizadas se les mantienen las ganancias a costa de nuestro bolsillo, mientras que ¡el gasto público sigue igual, o incluso aumenta, producto de que cada día pagamos más intereses de deuda!

Mientras la inflación se come nuestros salarios, la burocracia sigue firmando paritarias al 15%. Y la oposición peronista no hace nada más que buscar algún circo parlamentario sin plantearse ninguna pelea en serio contra el tarifazo ni contra el techo salarial.

La deuda externa, que sigue creciendo astronómicamente, no sólo hace que para pagarla el gobierno ajuste salarios, despida, meta tarifazos, reviente la educación y la salud pública. La deuda también es el mecanismo que aceita la bicicleta financiera, esa que vimos provocar la corrida cambiaria de la semana pasada, que pagaremos todos con más inflación. Por eso, amigo lector, volvemos a insistir en lo que venimos diciendo desde hace años: el problema central de la Argentina es la deuda externa. Y no hay salida para los trabajadores, ni programa económico alternativo viable si no comenzamos por repudiarla, suspendiendo inmediatamente sus pagos y volcando todos esos recursos a un programa de emergencia que priorice el salario, el trabajo, la educación, la salud y la vivienda.

El martes 22 se estaba realizando una nueva jornada del plan de lucha de los trabajadores del subte. En esta ocasión, con un paro de las líneas E, H y el Premetro. El conflicto tiene su origen en el rechazo al 15% de aumento salarial firmado por la UTA que, en complicidad con la patronal, excluyó de la negociación a los metrodelegados, no reconociéndoles la representatividad gremial.

Fue en el marco de esta jornada que la Policía de la Ciudad lanzó la feroz represión. Buscaban romper la medida de fuerza, sacando a circular los trenes con personal jerárquico no idóneo. Al lanzarse los compañeros a las vías para tratar de impedirlo, fueron salvajemente reprimidos en las instalaciones y andenes. En la primera línea de la represión muchas trabajadoras del subte resultaron golpeadas, lanzadas al piso y arrastradas por la policía, que realizó un despliegue sin precedentes por los túneles, dando caza a los trabajadores (entre ellos varios delegados) para llevárselos detenidos.

Hubo dieciséis presos, entre ellos el secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) Néstor Segovia. Los metrodelegados denunciaron que el operativo se cumplió “sin orden judicial” y que el comisario a cargo les explicó que “el Ministerio de Transporte ordenó sacar a los trabajadores”. Al mismo tiempo la empresa Metrovías, en evidente connivencia con el gobierno, envió 150 telegramas de suspensión, de los cuales 114 fueron remitidos a delegados, a los que a su vez se les iniciaría un proceso de desafuero. El Gobierno de la Ciudad, por su parte defendió la represión y atacó el derecho de huelga.

Inmediatamente la organización gremial lanzó un paro de todas las líneas hasta que se libere a los detenidos y llamó a una conferencia de prensa mientras numerosas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos se congregaban en la puerta de la comisaría, donde volvieron a darse episodios de represión.

Se hicieron presentes agrupaciones y dirigentes kirchneristas, dirigentes sindicales de Camioneros, la Corriente Federal de la CGT, ATE y la CTA. También referentes de nuestro partido y el sindicalismo combativo, como Rubén “Pollo” Sobrero, Mónica Schlotthauer y Edgardo Reynoso de la Unión Ferroviaria Oeste, Jorge Adaro de Ademys, la legisladora Laura Marrone y el diputado electo Juan Carlos Giordano, entre otros tantos compañeros que llevaron su solidaridad.

Tal como señaló Juan Carlos Giordano: “La salvaje represión y posterior detención de varios delegados y dirigentes del subte merece nuestro más visceral repudio. Larreta y Macri se ponen del lado de la patronal de Metrovías. Ahora los detienen por el delito de defender su salario, prohibiéndoles el derecho a la protesta”.

Desde Izquierda Socialista apoyamos todas las medidas de protesta de los trabajadores del subte. El paro es por responsabilidad exclusiva del gobierno y la patronal que han acordado un salario miserable a espalda de los trabajadores.

El subte no debe seguir en manos de una patronal negrera como la de Roggio. Hay que reestatizarlo y ponerlo a funcionar bajo el control y gestión de sus trabajadores y organizaciones de usuarios. Esa será la única forma para que haya un servicio eficiente con tarifas accesibles para los millones de trabajadores y sectores populares que lo usan.