Escribe Juan Carlos Giordano

¿Cuáles son los antecedentes de Christine Lagarde, esta mujer de 62 años, tildada de “feminista” y hoy directora gerente del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué hay detrás de esta mujer catalogada como una de las más “poderosas” del mundo, a quien le gusta la natación, guarda una especial simpatía por Macri, y el ministro Nicolás Dujovne la llevó a comer a su casa gastando 31.000 pesos, que pagamos todos?

Lagarde fue ministra de Economía francesa (2007/2011) en el gobierno de Nicolas Sarkozy, ex presidente que será juzgado por corrupción y tráfico de influencias (recibió financiación del régimen dictatorial libio para su campaña electoral en 2007). Se sospecha que Sarkozy también fue financiado por el imperio cosmético L’Oréal para su campaña de 2012. El 3 de agosto de 2011 una corte francesa ordenó una investigación contra Lagarde por beneficiar con un arbitraje al corrupto empresario Bernard Tapie, por 403 millones de euros.

Lagarde asumió en el FMI en 2011, en reemplazo de Rodrigo Rato, el último director gerente, recibido en Buenos Aires en 2004 con marchas multitudinarias lo repudiaron. La mujer francesa, que no habla español, fue ungida en su cargo con el apoyo de Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Alemania. El secretario del Tesoro de Estados Unidos llegó a decir de ella: “Tiene un talento excepcional y una amplia experiencia, proporcionará un liderazgo muy valioso para esta institución, indispensable en un momento crítico para la economía global”.

Lagarde vino varias veces a Argentina en los años 90, como cabeza del poderoso estudio Baker&McKenzie, que representa a la mayoría de las multinacionales estadounidenses, bufete que hervía de trabajo por entonces, asesorando en la compra de numerosas empresas argentinas.
Los medios describen a Lagarde como portadora de “una cara amable para el antipático FMI”. Recientemente viajó a Paraguay y fue presentada por la ministra de Hacienda de ese país, Lea Giménez, como “luchadora contra la pobreza y por la igualdad de género”.

Lagarde dice que para lograr la “inclusión femenina” hay que posibilitar que las mujeres logren una mayor participación en la vida pública y política. Es decir, que sean ministras de gobiernos capitalistas, integren directorios de las multinacionales o sean diputadas, cuando la tarea pasa por combatir al capitalismo patriarcal que es el que las oprime y explota a la vez.

Los gobiernos y el establishment intentan lavarle la cara a Lagarde y al FMI. Pero por suerte, una reciente encuesta de Ipsos en Latinoamérica, concluye que el FMI sigue siendo uno de los organismos internacionales peor vistos en la región, en especial en la Argentina.

Escribe Juan Carlos Giordano

El Fondo intenta hacer creer que “ha cambiado”. Macri y Dujovne hablan de un FMI bueno, que ahora se preocupa “por los más vulnerables”. La realidad devela la mentira. Donde se aplican los planes del FMI hay más crisis, pobreza y ajuste. Y por supuesto, rebeliones populares.

En Haití acaba de caer este sábado 13 el premier Jack Lafontant tras una gran marcha pidiendo su cabeza. El 6 y 7 de julio hubo huelgas generales y cortes de rutas ante el aumento aconsejado por el FMI de 38% en la gasolina y de 51% en el querosene, usado por las mayorías populares para tener luz. Un día después de anunciar el ajuste el aumentazo cayó y ahora la marea de protesta se llevó puesto al primer ministro. El acuerdo con el FMI se firmó en febrero. También se reclama la dimisión del presidente Jovenel Moise. El 60% de la población de Haití está en la pobreza y al FMI no se le ocurrió mejor idea, “para proteger a los más vulnerables”, que aumentar el combustible popular.

En Jordania (uno de los países más “estables” de Oriente Medio, al que no lo había “tocado” la primavera árabe rebelión que tiró abajo a varias dictaduras de la región), también fue obligado a renunciar en junio su primer ministro Hani al Mulki, tras implementar un programa de ajuste del FMI. A cambio de un préstamo de 723 millones de dólares (supuestamente para aliviar una deuda que insume el 94% del PBI) se obligó a ese país a bajar subsidios y a subir impuestos (aumentando el número de contribuyentes en un 6%). El Ramadán (día de ayuno) no impidió que las protestas fueran masivas. Las medidas del FMI dispararon el precio de la electricidad, el agua y los combustibles. Hubo una huelga inmediata y protestas diarias en todo el país. El presupuesto 2018 impuso impuestos a los productos básicos (antes subvencionados), así como la subida del transporte público. El precio del pan se duplicó. El rey Abdullah II está en problemas, 200.000 personas se concentraron frente a los edificios oficiales.

En Túnez (norte de Africa), enero de este año estuvo marcado por movilizaciones contra el ajuste presupuestario y reformas de austeridad impulsadas por el gobierno nacional y el FMI, por un acuerdo firmado en 2011. El pago de los intereses de la deuda implica el 22% del presupuesto nacional.

Grecia, años atrás, acordó un crédito stand by por 40.000 millones de dólares, algo similar a lo que hizo Macri, con el compromiso de reducir el déficit fiscal hasta 2060, es decir, un ajuste permanente por 42 años más. Esto ya provocó la peor recesión del siglo en tiempos de paz, con caídas del 40% del salario real, jubilaciones y planes sociales. La desocupación supera el 22% (50% entre los jóvenes), lo que repercutió en la tasa de suicidios que aumentó 40%.

En Nicaragua, el FMI recomendó aumentar la edad jubilatoria (de 60 a 65) e incrementar el aporte mensual de los trabajadores (de 6 a 15%). Esto desató una rebelión contra el gobierno ajustador de Ortega, encabezada por jóvenes universitarios, junto a trabajadores, campesinos y jubilados, que consiguió hacer retroceder los planes de Ortega que reprimió a más no poder (ver página 11).

La mayoría de los acuerdos desde 2008 están en la misma sintonía. Son iguales a todos los firmados en los nefastos años ´90. Nada ha cambiado. También fueron víctimas países como Bielorrusia (devaluó su moneda 25%), El Salvador (con tremendos tarifazos), México (con privatizaciones y recortes a los trabajadores), o Polonia (con un ataque a los jubilados y a la edad jubilatoria), entre otros.

El FMI y todos los gobiernos son socios en estos ajustes capitalistas provocando un alto costo social para los trabajadores, los jubilados, la juventud, las mujeres y los demás sectores populares. Por eso hay luchas y rebeliones.

El antecedente de diciembre, donde miles nos movilizamos contra el robo jubilatorio, es el espejo en que se tiene que mirar Macri.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado electo Izquierda Socialista/FIT

La titular del FMI llega al país este 21 de julio. Distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y la izquierda marchamos en repudio este sábado 21, a las 12, desde Pueyrredón y Las Heras.

 “Ante la presencia en nuestro país del Fondo Monetario Internacional, nos movilizamos por la anulación del acuerdo Macri-FMI, el no pago de la deuda fraudulenta y el fin de las políticas del FMI y el G20 en la Argentina y nuestra América”. Así arranca la convocatoria a la marcha unitaria que haremos este sábado 21 contra Lagarde y el FMI. También promueve “un bloque independiente de pueblos y países por el no pago”, atento a que las imposiciones del FMI son globales y la pelea requiere de un frente de países deudores.

Christine Lagarde viene a apoyar al gobierno de Macri para que profundice el ajuste pactado con ese organismo. También aspira a reunirse con el peronismo. Lagarde está interesada en reunirse con la oposición patronal a Macri, es decir, con el peronismo. Quiere tener certeza de que los gobernadores le van a dar un guiño para que se apruebe el presupuesto del ajuste 2019, ya que el acuerdo abarcará al próximo gobierno, sea con Macri o no. Dirigentes de la CGT y del kirchnerismo, entre otros, le han enviado una carta (ver recuadro), proponiendo que al acuerdo lo debata el Congreso.

La marcha unitaria fue acordada entre centenares de organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales y de la izquierda. La convocan el Serpaj (Servicio Paz y Justicia), Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Correpi, ATE, Attac, Barrios de Pie, Cemida, CTA Autónoma, Centro Cultural Alejandro Olmos, CEPA, Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo Palestino, Diálogo 2000, Foro Argentino de la Deuda Externa, FeTeRa-CTA, Foro Hídrico Lomas y Lanús, La Alameda, Izquierda Socialista, CTEP, Libres del Sur, MST, MTL, PCR, PRML, PSTU, entre tantas otras. El Frente de Izquierda va a participar con una declaración que dará a conocer a la brevedad.

Que salga una marcha unitaria contra la visita de Largarde, el ajuste perpetuo y para que Argentina deje de pagar la ilegítima, usurera y fraudulenta deuda externa, es de mucha importancia.

Llamamos a movilizar este 21 contra Lagarde, toda la comitiva del FMI y los funcionarios del G20. Es una gran oportunidad para hacer sentir el repudio que ya concita el acuerdo con el FMI entre el pueblo trabajador. Una encuesta reveló que la gran mayoría rechaza el pacto Macri-FMI.
La marcha del sábado debe ser puesta al servicio de impulsar un gran movimiento nacional para derrotar este pacto. Sobran motivos para repudiar a la representante colonialista que nos visita en nombre del capitalismo saqueador. Nuestro partido se compromete a impulsarla, luchando por ¡fuera el FMI de Argentina! Abajo el ajuste de Macri, paro de 36 horas CGT-CTA y no al pago de la deuda.

Una carta a Lagarde

Distintos dirigentes políticos -esencialmente ligados al kirchnerismo- y miembros del triunvirato de la CGT, le han enviado una carta a la titular del FMI. Los firmantes van desde Daer y Schmid (CGT), pasando por Yasky, Pablo Moyano, Baradel, Zaffaroni, Milagro Sala, Máximo Kirchner, Kicillof, Pino Solanas, Filmus y Solá.

La carta correctamente “repudia el acuerdo firmado” con Macri y denuncia que el mismo “no cuenta con legitimidad jurídica, política ni social”. Pero a la vez señala que el pacto debería pasar por el Congreso (sembrando expectativas en que un Congreso patronal que vino avalando todos los pactos con el FMI lo podría rechazar), solo denuncia el endeudamiento de Macri (convalidando todo el anterior que viene de la dictadura) y dice que el pacto Macri-FMI “ante un cambio de gobierno, será puesto en crisis”, es decir, que podría ser revisado. Esto último da por seguro que un supuesto gobierno del peronismo en 2019 lo pueda anular, cuando muchos de sus principales referentes y presidenciables (Schiaretti, Urtubey o los gobernadores) dicen que están de acuerdo en rebajar el déficit que ordena el FMI. Es más, Macri se ha reunido con 13 gobernadores, entre ellos Alicia Kirchner a tal fin, y Pichetto dijo que sería una mala señal para el FMI “que no se apruebe el presupuesto 2019”.

Pero si de algo pecan los firmantes de la carta es que no dicen nada en que hay que movilizar ahora para derrotar el ajuste de Macri y el FMI, no esperar a 2019. La misiva es firmada por dos miembros del actual triunvirato de la CGT, los mismos que se niegan a darle continuidad al paro general con otro de 36 horas, como reclaman el sindicalismo combativo y la izquierda.

Conclusión: estos dirigentes políticos y sindicales hacen críticas al acuerdo pero no atacan el problema de fondo. Desde el Frente de Izquierda planteamos que hay que luchar ahora para derrotarlo e impulsar medidas de fondo, como el no pago de toda la deuda, cosa que no hacen los firmantes.

Entrega y algo más

El pacto con el FMI va ligado a una política de saqueo de nuestras riquezas. Días atrás hubo una marcha en Neuquén repudiando la instalación de una base militar yanqui para “cuidar” los negocios capitalistas en Vaca Muerta. Quieren hacer lo mismo en Misiones (Triple Frontera) con el verso de combatir al narcotráfico. El gobierno del PJ de Ushuaia aceptó instalaciones extranjeras. En Malvinas ya hay una base inglesa y de la OTAN. Disponen fuerzas represivas para que las multinacionales se queden con el litio, las reservas petroleras, el acuífero guaraní, la riqueza minera cordillerana y reforzar los latifundios. A tal punto que el acuerdo con el FMI dispone… ¡la “venta de tierras”!

Tropas yanquis para el G20

Tropas especiales del ejército norteamericano llegarán al país para entrenar a policías y gendarmes en vistas a garantizar el operativo de seguridad de la Cumbre de Líderes del G20 de noviembre (El Cronista, 12/7). Fueron pedidas por Macri y Patricia Bullrich. Van a cuidar a Donald Trump, Putin, Ángela Merkel y Xi Jinping.

“La capacitación ayudará a perfeccionar técnicas y tácticas que permitirán a ambas fuerzas adquirir nuevas destrezas para el cumplimiento de sus respectivas misiones, fortaleciendo los lazos de amistad entre ambos países”, dijo un parte oficial. Repudiable.

Escribe Mercedes Trimarchi

La ley 21.950, sancionada por Videla y Martínez de Hoz en 1979, habilita que los obispos perciban un sueldo equivalente al 80% de lo que gana un juez nacional. Tal como lo reconoció Marcos Peña a principio de este año, del presupuesto 2018 unos 130.421.300 pesos se destinan a pagarle los sueldos a los obispos que mensualmente reciben una cifra que ronda entre 40.950 y 46.800 pesos según el rango eclesiástico. Recordemos que el salario mínimo vital y móvil de cualquier trabajador hoy es de 10.000 pesos.

A su vez, otras leyes como la 21.540, también de la última dictadura, le otorgan jubilaciones de privilegio a los obispos y la ley 22.430 les da jubilaciones a los sacerdotes aunque no hayan realizado ningún aporte previsional previo. Además, se les paga un sueldo a los curas y párrocos que estén en zonas desfavorables (ley 22.162) y se promueve la formación del clero diocesano con becas a todos los seminaristas (ley 22.950).

Asimismo, las instituciones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos están eximidas del impuesto a las ganancias (artículo 20 de la ley 20.628) y del IVA a los productos que importen (artículo 8° inciso b de la ley 20.631. El gobierno costea financieramente las obras y reformas de las catedrales, basílicas, templos y hasta entrega terrenos públicos.

Es decir, hay todo un arsenal de leyes que fueron pensadas exclusivamente para promover y financiar a la Iglesia Católica, leyes de la última dictadura genocida que siguen vigentes y ningún gobierno posterior atinó a derogar ni anular.
 

Escribe Mercedes Trimarchi Diputada de Izquierda Socialista / FIT Dirigente de Isadora

A la par del debate por el derecho al aborto y luego de la media sanción obtenida gracias a la movilización de las mujeres, se está tratando en Diputados un proyecto de ley de “libertad religiosa” que presentó Macri el año pasado. Tiene como finalidad aumentar los privilegios de la Iglesia Católica y las demás religiones, otorgándoles totales garantías y beneficios impositivos para que continúen sus negociados en educación y salud. Y puntualmente, establece la objeción de conciencia institucional para que, de aprobarse la ley por el derecho al aborto, puedan no cumplirla en sus clínicas privadas. Denunciamos este proyecto del gobierno y exigimos la inmediata separación de la Iglesia del Estado.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda consideramos que las creencias y las religiones son del ámbito personal y privado de cada persona y, por lo tanto, no deben interferir en los asuntos del gobierno, del Estado, en salud o educación y, mucho menos, deben ser subsidiadas. El sostenimiento a la Iglesia Católica está amparado en el artículo 2° de la Constitución Nacional. En 1966, bajo el gobierno de Onganía, se homologó el Concordato entre la Santa Sede y la Argentina (ley 17.032) en el que se le otorga total injerencia a la Santa Sede para erigir nuevas circunscripciones eclesiásticas en nuestro territorio. También, en el artículo 146 del Código Civil se establece a la Iglesia Católica como una persona jurídica pública, al mismo nivel que el Estado nacional, las provincias y los municipios, demostrando el alto grado de poder y extensión que tiene la Iglesia Católica en nuestro país.

El financiamiento económico con el dinero de los impuestos de los contribuyentes a la Iglesia Católica fue ratificado por las leyes de la última dictadura militar y ningún gobierno posterior, ni peronistas, ni radicales, ni la Alianza, ni el kirchnerismo durante sus doce años de gobierno, ni ahora Macri y Cambiemos, las derogaron. Todos los partidos patronales que gobernaron están de acuerdo en favorecer y financiar a una institución reaccionaria y ultraconservadora como es la Iglesia Católica, que vive de privilegios y actúa siempre contra los derechos de las mujeres y de los demás sectores oprimidos que se movilizan y salen a luchar.

La Iglesia es parte de la educación

Uno de los negocios que mantiene la Iglesia Católica con los distintos gobiernos patronales de turno es el subsidio a sus escuelas confesionales privadas. Pero su injerencia en la educación no es sólo mediante el financiamiento, sino también en el plano de las creencias y costumbres. En 2006 se sancionó la ley 26.206 de educación nacional que fue una gran concesión a la Iglesia Católica al establecer el carácter integral de la educación, incluida la dimensión religiosa. Esto fue un salto cualitativo sin precedentes que habilitó a que en muchas provincias se enseñe religión en las escuelas estatales. Actualmente, en Salta, Tucumán y Catamarca se contempla la obligatoriedad de la educación religiosa en sus establecimientos. En Santiago del Estero se autorizan de manera optativa las clases de religión en el sistema educativo público. A su vez, Córdoba, La Pampa y San Luis establecen que la enseñanza religiosa debe impartirse con posterioridad al horario de clase.

Con la sanción de la ley 26.150 de educación sexual integral (ESI) pasó algo similar. Fue el Episcopado quien rápidamente publicó un documento llamado “Educación para el amor” en el cual se establecía cómo dar los contenidos de ESI en las escuelas confesionales. Allí, por ejemplo, se habla solamente de relaciones heterosexuales, del matrimonio entre un hombre y una mujer, de la condición natural y no social del género, de las relaciones sexuales circunscriptas a la procreación, de la defensa de la vida desde la concepción y se condena la interrupción voluntaria del embarazo y a los métodos anticonceptivos.

Por la inmediata separación de la Iglesia del Estado

La existencia de una cifra enorme de abusos sexuales de niños y niñas por parte de los curas (obispos incluidos) no es una cuestión puntual ni esporádica. Por el contrario, se trata de un sistema muy organizado. El libro “Lujuria” del periodista italiano Emiliano Fittipaldi describe cómo la Iglesia tapa los casos de pederastia y encubre a los violadores. Por ejemplo, en 2013 hubo 1.200 denuncias de acoso a niños y niñas en todo el mundo que fueron llevadas al Vaticano. El papa Francisco los encubrió y recién se reacomodó cuando aparecieron escándalos periodísticos o movilizaciones de masas, como en Chile. Es más, Bergoglio sabía que en el instituto para niños sordos Antonio Próvolo de la Argentina se refugiaron durante muchos años sacerdotes violadores.

Es inadmisible que una institución con este prontuario y que tuvo estrechos vínculos con la última dictadura militar esté hoy a cargo de la educación de miles de niños y niñas en nuestro país. Y que encima sea beneficiada con dinero que sale de nuestros impuestos. Por eso exigimos que el gobierno deje de subsidiarla y que retire el proyecto de libertad religiosa que le otorga más beneficios. Hoy, con la fuerza del movimiento de mujeres que está en las calles, exigimos la inmediata separación de la Iglesia del Estado.