Escribe Mariana Morena

Los que hicieron campaña denunciando la corrupción del kirchnerismo no pueden tapar la de su propio gobierno. Hace un mes un informe periodístico dio a conocer una lista de 205 aportantes fantasma a la campaña legislativa de Ocaña-Bullrich en 2017 en provincia de Buenos Aires, y desde entonces se multiplican los casos de personas que se encuentran en las listas de donantes de la campaña electoral de Cambiemos. Ya suman 1.067 los casos, en su mayoría beneficiarios de planes sociales (como Argentina Trabaja y Ellas Hacen) y monotributistas sociales de barrios populares del conurbano, que supuestamente “aportaron” montos entre 300 y 750 pesos. Algunos descubrieron que figuraban como afiliados a PRO sin su consentimiento ni mediando una ficha o trámite alguno.

El escándalo tiene otro “capítulo”, también vinculado a la campaña presidencial de 2015. Numerosos dirigentes y candidatos a concejales, consejeros escolares y hasta intendentes que aparecen como aportantes por montos elevados, entre 13.000 y 50.000 pesos, entre ellos el intendente de Mar del Plata Carlos Arroyo, afirman públicamente no haber aportado nada. El escándalo está haciendo tanto ruido al interior de Cambiemos que un ex intendente bonaerense salió a acusar a Elisa Carrió de estar al tanto de la situación y no hacer nada al respecto.

La “lucha contra la corrupción” de Cambiemos es un verso tan grande como el de la “pobreza cero”. Ya teníamos a los funcionarios off-shore que aparecían en los Panama Papers, a los parientes autorizados a blanquear capitales y a los ministros que se negaban a traer su riqueza del exterior. Ahora se le suma este nuevo escándalo. Los “abanderados de la lucha contra la corrupción” son todos truchos. El gobierno de Cambiemos, al igual que todos los gobiernos patronales que le precedieron, es otro nido de corrupción.

Escribe José Castillo

Se conoció la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si antes se rumoreaba que significaría un recorte de 200.000 millones de pesos en 2019, ahora se confirmó que será peor aún: 300.000 millones de ajuste el año próximo. Todo al servicio de garantizar los vencimientos de deuda externa.

Finalmente se hizo público el informe técnico del FMI para la aprobación del préstamo a la Argentina. Esto obligó al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne a mostrar los verdaderos números del ajuste.

¿De dónde se va a recortar? El informe del Fondo nos da las precisiones al respecto. 150.000 millones de pesos saldrán de achicar el gasto en el Estado nacional. Se reducirán los subsidios a la energía y el transporte, por lo que continuarán los tarifazos.

Además, el documento del FMI dice textualmente: “Avanzar en la reducción del salario real de los trabajadores públicos, fijando un techo nominal para los incrementos del 8% hasta junio de 2019”. Y, más adelante, “reducir la nómina salarial ajustando el empleo público a través del recorte sostenido de empleados no prioritarios en 2018 y congelando las contrataciones en la administración federal”. Será un recorte con miles de despedidos en todo el sector público y con un virtual congelamiento salarial para los que queden.

A esto hay que sumarle que la obra pública nacional prácticamente se paralizará. Son cientos las obras necesarias que quedarán por la mitad o directamente no se realizarán, lo que acarrareá un aumento enorme de la desocupación en la industria de la construcción. El gasto en “bienes y servicios” del estado también se achicará: tendremos menos insumos para hospitales, escuelas, instituciones de ciencia y técnica y un deterioro en toda la infraestructura estatal. Además se reducirán las transferencias a las empresas públicas, con el consecuente vaciamiento y desinversión como en Aerolíneas Argentinas o los ferrocarriles.
Claro que todo esto es sólo la mitad del ajuste. La otra mitad caerá sobre las provincias: 67.500 millones de pesos este año y más de 150.000 el año próximo. Se achicarán los servicios esenciales, fundamentalmente educación y salud. Veremos entonces deteriorarse hasta el extremo de caerse a pedazos a las escuelas y hospitales, con docentes y trabajadores de la salud con salarios de hambre y congelados.

Y además de todo esto, el plan del FMI prevé ajustar utilizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Este fondo, que es el acumulado que viene desde la estatización de las AFJP, es la única garantía de pago de las futuras jubilaciones y los juicios de los actuales jubilados. Se estará hipotecando el futuro de los jubilados.

Pero el acuerdo con el Fondo no ocasionará sólo este superajuste en 2018 y 2019. Es un plan que alcanza hasta 2021, por lo que pretenden que sigamos achicándonos hasta un monto mayor a los 500.000 millones de pesos.

Todo esto no será para “reactivar la economía” como nos quieren hacer creer desde el gobierno. De hecho el propio informe del FMI admite que muy probablemente este plan esté acompañado por recesión y más inflación. El único objetivo será dar garantías a los especuladores internacionales de que la Argentina seguirá pagando los vencimientos de deuda externa. ¡Un verdadero plan de hambre y saqueo para que los pulpos de las finanzas internacionales sigan haciendo sus superganancias! No podemos permitirlo, salgamos ya mismo a enfrentarlo, oponiéndole otro programa que, partiendo de desconocer la ilegítima, ilegal e impagable deuda externa, ponga todos nuestros recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares de trabajo, salario, educación, salud y vivienda.

Escribe José Castillo

La Corte del distrito Sur de Nueva York acaba de fallar en contra de la Argentina. Un fondo buitre presentó una demanda contra nuestro país exigiendo 3.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. El dictamen de la Corte yanqui establece que el juicio tiene que seguir tramitándose en los Estados Unidos por lo que, con los antecedentes de los fallos del juez Griesa anteriores, todos podemos imaginar cómo terminará: se condenará a nuestro país a pagar los 3.000 millones más intereses, lo que culminará haciendo un monto de cerca de 5.000 millones de dólares.

¿De qué se trata todo esto? Es una larga historia en la que está involucrado el kirchnerismo. Entre 2008 y 2011, el gobierno de Cristina Kirchner promovió la entrada del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, en el capital accionario de YPF, entonces controlada por Repsol. La excusa fue avanzar en la “argentinización” de la empresa. El empresario kirchnerista nunca pagó nada por esa compra de una parte de YPF: la abonó con “ganancias” posteriores de la propia empresa.

Sucede que cuando se produjo la estatización de YPF, el Grupo Petersen demandó al Estado por su 25%, acusándolo de haber violado “leyes de oferta pública en los Estados Unidos”. ¡Los famosos empresarios “para la argentinización de YPF”, amigos del kirchnerismo, terminaron demandando en Estados Unidos al propio Estado argentino por la estatización!

La historia no termina ahí. Posteriormente el Grupo Petersen le “vendió” la demanda al fondo buitre Burford Capital, que es el que acaba de ganar este fallo ante la Justicia norteamericana.

De todo este enredo saldrá, muy probablemente, más deuda a pagar a los buitres. Este es sólo un ejemplo más de cómo, ladrillo a ladrillo, se va ampliando el fraude descomunal de la deuda externa. Justamente por esto decimos que es ilegal, inmoral y fraudulenta, además de impagable.

Se conocieron los datos oficiales de la inflación de junio: según el Indec, el índice de Precios al Consumidor de todo el país creció 3,7%. Es el número más alto de toda la era Macri. La zona geográfica donde se dio la suba de precios más elevada fue el Gran Buenos Aires, con el 3,9%. Lo que más aumentó fue el rubro “transporte” (5,9%), seguido por “alimentos y bebidas” (5,2%). Dos cosas de la que el trabajador no puede prescindir: la comida y el pasaje de tren, colectivo o subte para ir a su fábrica u oficina. Con estos números la inflación anual ya acumula un 16%. En apenas seis meses ya los precios subieron tanto como el techo salarial para todo el año con el que se firmaron la mayoría de las paritarias. El 15% y en cuotas terminó siendo la mejor vía para la pulverización de los salarios. A esto nos llevó el gobierno que decía que su “prioridad” era bajar la inflación y que para eso tenía al “mejor equipo de los últimos 50 años”.

Mientras los trabajadores, los jubilados y los que perciben planes sociales ven cómo lo que cobran no les alcanza para nada, con el consecuente aumento de la pobreza, del otro lado están los que “siguen de fiesta”: la devaluación de mayo le generó a los banqueros una ganancia muy superior a todos los meses anteriores: 13.000 millones de pesos en un solo mes. Los otros grandes ganadores fueron los acreedores de nuestra deuda externa: en los primeros cinco meses del año se llevaron por intereses de deuda 145.371 millones de pesos, mientras que por todos los sueldos del Estado sólo se pagó 115.211 millones. Para esto sí que sirvió el equipo de CEOs de Macri ¡Y después dicen que no hay plata para maestros o trabajadores de la salud!

Los salarios a la baja, los despidos actuales y el aumento de la pobreza no son más que el inicio del nuevo plan de ajuste. Todavía falta el grueso de las consecuencias del acuerdo de Macri con el FMI, con más cesantías, mayor pérdida salarial, más recesión y miseria. Para “certificar” que todo esto se llevará adelante es que este fin de semana viene a la Argentina la mismísima Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

Mientras se lleva adelante todo este plan de hambre, la burocracia de la CGT sigue con las idas y venidas de su interna, sin mover un dedo para salir a enfrentar el ajuste. Mientras en la clase trabajadora crece la bronca, con miles preguntándose cómo la seguimos después del enorme paro del 25 de junio. En muchos lugares se dan luchas parciales. Así, por ejemplo, en varios distritos los docentes han votado no iniciar las clases tras las vacaciones de invierno. ¡Este es el camino para derrotar al ajuste de Macri y el FMI! Exigiendo que se reabran todas las paritarias que se cerraron con el 15% en cuotas. Peleando por un aumento de emergencia que lleve a que ningún trabajador gane menos de 30.000 pesos, para que las paritarias que todavía no se cerraron se hagan con un incremento que cubra todo lo que se perdió con la inflación y con cláusulas de ajuste salarial mensual de acuerdo a la suba del costo de vida. Luchando también contra los despidos y por el reajuste de los montos miserables en que quedaron todos los planes sociales y la AUH. Para lograrlo tenemos que unir todas las luchas de la clase trabajadora y los demás sectores populares. Esto es lo que tenemos que discutir en todas las fábricas, oficinas, barrios, escuelas y facultades. Haciendo asambleas y sacando pronunciamientos de los cuerpos de delegados, exigiéndole a la CGT y a las CTA un paro de 36 horas y su continuidad con un plan de lucha para parar este plan de hambre, miseria y entrega.

Por eso, y como parte de toda esta pelea, este sábado tenemos que ser miles repudiando la presencia en nuestro país de Christine Lagarde. Exigiendo que la plata deje de ir al FMI, a los acreedores, a las ganancias de los banqueros o de los monopolios exportadores de soja. Para que se deje de pagar la deuda externa y ese dinero se destine a resolver las más urgentes necesidades populares de trabajo, salario, educación, salud y vivienda.

Siguiendo con la campaña nacional e internacional contra la persecución del dirigente ferroviario, se han recibido las siguientes firmas:
Carta en solidaridad del Secretariado Internacional de la Revolutionary Communist International Tendency (RCIT)
Brasil: Babá, Joao Batista de Araujo, concejal PSOL Río de Janeiro; Rosileia Messias – Michel Oliveira – Comité Ejecutivo PSOL y Dirección Nacional PSOL; Juninho da Silva, ejecutiva estatal y Tesorero PSOL estatal RJ; Pedro Rosa – Cirlene Coelho – Bernarda Thailania – Sadi Herculano; directores del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Federal Fluminense; Val Ribeiro – Carlos Abreu, Directores de Fasubra; Adriano Diaz, Cipeiro Correos RJ Directorio Estatal PSOL/RJ; Bruno da Rosa, recolectores de residuos y activistas Combate Sindical, directorio Municipal PSOL-RJ; Barbara Sineidino, coordinadora general de SEPE, Directorio Municipal PSOL RJ; Douglas Diniz, dirección nacional PSOL; Silvia Leticia, Ejecutiva Estatal PSOL/PA, Secretaría Ejecutiva Nacional CSP-Conlutas y Dirección Sintepp; Virgilio Moura, abogado y Dirección Estatal PSOL/PA; Cássia Ceres, Dirección PSOL/Belém-Pará; Zarah Trindade, Dirección PSOL/Belém-Pará; Neide Solimões, Dirección Nacional Condsef y Ejecutiva SINTSEP-PA; Eduardo Pimentel, Ejecutiva SINTSEP-PA; Walmir Brito, Ejecutiva de SINTSEP-PA, y siguen las firmas.

Estado Español: Josep Lluis del Alcázar. Delegado sindical de enseñanza pública. Dirigente de Lucha Internacionalista (LI); Marga Olalla. Delegada sindical de trabajadores municipales de Barcelona. Militante de LI; Pedro Mercader. Delegado Sindical de enseñanza pública; Miquel Blanch. Delegado sindical de profesorado de escuelas de adultos, miembro de la Corriente Sindical de CCOO de Girona. Militante de LI; M. Esther del Alcázar. Delegado sindical de enseñanza pública.
México: Jesús Torres Nuño, presidente del Consejo de Administración de Trabajadores Democráticos de Occidente, Sociedad Cooperativa; Leda Silva Victoria, secretaria General de la Delegación D-III-52 de Educación Inicial, Sección XI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Enrique Gómez Delgado, Movimiento al Socialismo, Sección Mexicana de la UIT-CI; estructura ejecutiva de la Nueva Central de Trabajadores: Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas; Héctor de la Cueva, Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical; Juan Manuel Soto Martínez, Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual Benito Belmont Ponce; Adrián Olivares Piña, Andrés González Olivares, Alianza de Tranviarios de México; y siguen las firmas.
Panamá: Priscilla Vásquez, dirigente nacional de los Trabajadores del Seguro Social de Panamá.
Turquía: Sedat Durel, secretario general del Sindicato de los Trabajadores Revolucionarios de la Telecomunicación y de centro de llamados (Dev İletişim-İş); Atakan Çiftçi, delegado del Sindicato de los trabajadores de Educación y de Ciencia (Eğitim-Sen); Oktay Çelik, presidente del Partido de la Democracia Obrera
Venezuela: José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv); Fran Luna, secretario ejecutivo de la Futpv; Orlando Chirino, coordinador nacional de la corriente sindical C-cura; Armando Guerra, directivo del Sindicato de Profesores del Cultca; Antonio Espinoza, profesor universitario, secretario de Finanzas de Fapicuv; Luis Giovanni Fernández, secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo; Miguel Ángel Hernández, profesor universitario y secretario general del Partido Socialismo y Libertad.