Escribe Graciela Calderón Secretaria adjunta de Suteba La Matanza

Aunque Vidal y sus funcionarios sigan mintiendo, desde diciembre de 2017 los docentes cobramos el mismo salario básico. Vidal entregó compulsivamente tres veces cifras en negro por única vez, que no se integran al salario, ni al aguinaldo, ni a la antigüedad. Presionada socialmente al quedar en evidencia que todo ha sido una maniobra para que demos clases sin aumentos, ahora ofrece legalizar esas cifras en negro y dar unos mil pesos de “material didáctico” por única vez. A esto lo llama “16,5% de aumento”. ¡Caradura! Y quiere que volvamos a las escuelas y confiemos que después ella mejorará la oferta. Esa maniobra le dio resultado en el primer trimestre por la capitulación de Baradel y la burocracia del FUDB (Suteba, Feb, Udocba)  que accedieron a negociar “con los chicos en las aulas”. Pero ahora la docencia ya no está dispuesta a permitir tanto atropello, miseria salarial y ajuste educativo.

¿Y de las resoluciones anti educativas no hablan?
Vidal fue aplicando el Plan Maestro, un brutal ajuste a la educación pública. Sacó resoluciones para cerrar escuelas de islas. Cerró y recortó bachilleratos de adultos, escuelas de educación especial y equipos de orientación escolar. Ahora quita 1.400 horas por escuela en la educación técnica, destruyendo el nivel educativo y despidiendo centenares de profesores. También quiere que los profesores de educación física dejen de ser trabajadores y pasen a ser cuentapropistas, con facturación y perdiendo sus derechos laborales. Y, mientras ofrece salarios miserables, ni habla de retroceder en estas medidas. Nuestra lucha no sólo es por salarios, sino para defender la escuela pública y los derechos laborales. ¡Anulación de los decretos antieducativos ya!

Como en Neuquén, el FUDB debe llamar a paro por tiempo indeterminado
La burocracia kirchnerista de Suteba con Baradel, la de Petroccini de Feb y Díaz de Udocba, más allá de quejarse y denunciar a Vidal, le dan tregua y largan paros aislados cuando no pueden sostener la presión de las bases docentes. La inflación y los tarifazos nos golpean tanto que no se puede soportar la miseria salarial. Por eso, cuando los Suteba Multicolores definimos en un plenario provincial no iniciar las clases con 72 horas de paro, con o sin el FUDB, obligamos a que Baradel anunciara que ellos también irían a 72 horas de paro.
Ese es el camino para ganar. Tomar la lucha en nuestras manos, movilizarnos masivamente e imponer la lucha a la burocracia del FUD. Hay que arrancar con el paro de 72 horas e impulsar asambleas de los Suteba Multicolores y Autoconvocados. Llevar mandatos al plenario provincial de delegados para darle continuidad y no volver a clases hasta obtener respuesta satisfactoria de Vidal y que se anulen las resoluciones de recortes. Así lo hicieron y ganaron los docentes de Neuquén. Plata hay. Macri y Vidal quieren dársela a los ricos y al FMI y sostener a la educación privada y a los curas. De allí debe salir la plata para los 20.000 pesos de básico y para el presupuesto de la educación pública.

Docentes universitarios: También votaron no empezar las clases

Las dos asociaciones gremiales más importantes de los profesores universitarios (Conadu Histórica y Conadu) votaron no iniciar las clases el segundo cuatrimestre. Esta medida, que se aplicará a partir del 6 de agosto próximo, se debe a la más absoluta negativa de la Secretaría de Políticas Universitarias a siquiera convocar a una reunión para resolver la paritaria del sector. 
Los sueldos de los docentes universitarios están congelados desde noviembre pasado, mientras que la inflación desde ese momento ya ha superado largamente el 20%. Y a eso se suma toda la pérdida salarial sistemática que se viene dando desde los años anteriores. 
La universidad pública es uno de los objetivos “a ajustar” del gobierno de Macri, con la inmensa mayoría de sus funcionarios formados en la universidad privada. Las recientes declaraciones de la gobernadora Vidal, atacando la mera existencia de las universidades del conurbano bonarense, son una clara muestra al respecto. 
Como ya ha sucedido otras veces, el triunfo de la lucha de los docentes universitarios dependerá del grado de movilización y solidaridad del conjunto de la comunidad, en particular del movimiento estudiantil. Con asambleas, clases públicas, movilizaciones y tomas de facultades, la lucha de los profesores podrá triunfar. 
Corresponsal

Escriben Armando Aligia y Rodolfo Sánchez Delegados de ATE en el Centro Atómico Bariloche

Los delegados de ATE y las asociaciones de técnicos y de profesionales del Centro Atómico Bariloche expresamos recientemente nuestra indignación por las nuevas mentiras vertidas en la columna del corresponsal Claudio Andrade de Clarín sobre un estudio técnico solicitado por el Juzgado Federal de Bariloche a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Página12, 18 de julio). En una seguidilla de notas, los días 8 de febrero, 22 y 30 de marzo, 8 de junio y 9 de julio, Clarín constantemente miente para intentar sostener la hipótesis del gobierno según la cual la muerte de Rafael Nahuel tuvo lugar durante un violento enfrentamiento armado en Villa Mascardi y que ésta sería avalada por restos de pólvora en mapuches.

El 8 de febrero, Clarín publica la falsedad: “Los científicos del Instituto Balseiro habrían confirmado a la Justicia Federal que fueron encontrados restos de pólvora en las manos del Rafael Nahuel” y, a pesar de haber sido desmentido recientemente en la nota “Conflicto en la Patagonia”, Clarín (9 de julio) vuelve a faltar a la verdad: “… las pericias en las extremidades de los integrantes de Prefectura Naval y mapuches para detectar restos de pólvora difirieron sustancialmente en sus conclusiones. Mientras el Departamento de Caracterización de Materiales del CAB-CNEA dictaminó que no había residuos de pólvora en Nahuel, en el Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta indicaron lo contrario.” Los gremios y los trabajadores del CAB desmentimos categóricamente a Clarín. En Bariloche se realizó un estudio técnico de cuantas partículas de antimonio, bario y plomo había en muestras codificadas y anónimas.Ese estudio debe ser interpretado por peritos idóneos y desde Bariloche se sugirió enviarlo al servicio de Salta, quienes deberían determinar si corresponden a restos de pólvora y si están asociados a disparos. Solo la Justicia es la que puede asociar los códigos de las muestras con la identidad de los implicados.
Al ser desmentido, Clarín intenta calumniar a la investigadora del Departamento designada para el estudio escribiendo: “En el Gobierno consideran que no fue pertinente enviar a hacer los análisis de las cintas de carbono a un departamento que dirige la científica Adriana Serquis conocida por su militancia kirchnerista. Serquis ha calificado al gobierno de Mauricio Macri como una dictadura. A los compañeros no nos consta ninguna declaración o calificación del gobierno pública de ningún trabajador involucrado en el estudio. Estas calumnias son una ofensa a los investigadores y técnicos, cuyos resultados de los trabajos son independiente de toda posición política e ideológica. Las tres máximas autoridades de CNEA, tras las difamaciones de Clarín, sacaron un comunicado (lamentablemente sólo de difusión interna y sin llegada a los medios) respaldando el estudio, al equipo de investigación y el anonimato de las muestras analizadas.
Clarín, y otros medios oficialistas, tratan de apuntalar la hipótesis de enfrentamiento armado y darle “veracidad” sosteniendo falsedades y desprestigiando la labor de los trabajadores científicos que fueron designados institucionalmente para colaborar con la Justicia. Una vez más, repudiamos la calumnia a compañeros de trabajo y a este tipo operaciones, que no tienen nada que ver con dar información, o periodismo y menos con tratar de que se haga justicia.

Escribe Guido Poletti

Santiago Maldonado, un joven solidario con la causa de los pueblos originarios, desapareció en medio de una feroz represión lanzada por la Gendarmería Nacional contra la comunidad mapuche. El gobierno de Macri negó cualquier responsabilidad en el hecho y luego hizo todo lo posible para entorpecer la búsqueda. Finalmente, Santiago fue hallado muerto en el río Chubut. A un año de estos hechos seguimos reclamando justicia y castigo a los responsables.

El 1° de agosto del año pasado la Gendarmería Nacional reprimió salvajemente una movilización de la comunidad Pu Lof en Cushamen, Chubut. Basándose en la orden de un juez que exigía desalojar la ruta 40, por orden del gobierno nacional y en particular por directivas del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, los gendarmes avanzaron sobre los manifestantes, ingresando en los terrenos de su comunidad, dando palazos y lanzando balas de plomo, gases, e incluso prendiendo fuego el acampe mapuche. En el lugar estuvo personalmente el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien dirigió la represión. Tan brutal fue el ataque que quienes ocupaban el terreno corrieron a la desbandada y debieron lanzarse a las gélidas aguas del río Chubut para cruzarlo y salvarse. A Santiago se lo vio por última vez aferrado a un árbol, sin ser capaz, tal vez, de animarse cruzar el río dada la fuerte correntada.
Denunciada la desaparición, el gobierno hizo todo lo posible por deslindar cualquier responsabilidad e incluso echó a correr todo tipo de versiones, “que se lo había visto en Entre Ríos”, “que había sido herido al participar de un ataque del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)a un puesto de una estancia” o que “había huido a Chile”. Al mismo tiempo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzaba todo tipo de declaraciones xenófobas contra el pueblo mapuche, acusándolos de estar financiados por “grupos terroristas internacionales”. Mientras se sucedían las marchas multitudinarias y la Plaza de Mayo se llenaba una y otra vez, el gobierno hasta intentó prohibir que se hablara del tema en las escuelas. 
La presión popular fue tal que el juez a cargo de la causa, que era el mismo que había ordenado la represión y que, a posteriori había hecho todo lo posible por destruir cualquier prueba que involucrara a la Gendarmería, tuvo que renunciar. Finalmente, el cuerpo de Maldonado fue hallado el 17 de octubre flotando en el río Chubut. Tras la autopsia, donde se comprobó que murió ahogado, el gobierno volvió con su campaña de que “la Gendarmería no tenía nada que ver”. Pero es un hecho que Santiago se lanzó al río Chubut como consecuencia del violentísimo operativo represivo que se estaba dando. Y fue, por lo tanto, una víctima de ese accionar, responsabilidad directa de la ministra Bullrich. 
La desaparición y muerte de Santiago Maldonado también puso al desnudo el histórico reclamo de la comunidad mapuche y otros pueblos originarios. En particular, los mapuches pelean por su territorio, perdido tras el genocidio conocido como “la Campaña del Desierto”. En el caso de la comunidad Pu Lof de Cushamen, donde terminó muriendo Maldonado, se trata de una pelea por recuperar sus tierras que fueron apropiadas por el Grupo Benetton. El operativo fue parte de la represión que llevan adelante los gobiernos nacionales y provinciales para garantizar la entrega de tierras y recursos a los terratenientes y multinacionales que operan en la Patagonia. Así como exigimos verdad y justicia y que se castigue a los responsables del gobierno en la represión del 1° de agosto del año pasado, también somos incondicionalmente solidarios con los reclamos del pueblo mapuche por sus tierras.

1° de agosto  a las 18 Acto en Plaza de Mayo

Convocan: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo- Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales- Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre. 
Por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia: Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Asociación por el esclarecimiento de la masacre impune de la Amia (Apemia), Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Colectivo Memoria Militante, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (Eatip), Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo (Liberpueblo), H.I.J.O.S Zona Oeste, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa de Izquierda Socialista/FIT y dirigente de Isadora

Estamos frente a una nueva oleada feminista de lucha a nivel mundial. La Argentina es un país que está a la vanguardia y desde hace varios años, el ascenso no para. Desde el #NiUnaMenos de 2015 hasta la reciente media sanción en Diputados de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es una muestra de ello. Con la movilización vamos logrando conquistas y obtenemos algunos triunfos que se verán amenazados si no peleamos por cambios más de fondo. Esa es la pelea que te invitamos a dar desde nuestra agrupación Isadora y desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda.

Por supuesto que las mujeres fuimos ganando espacios y conquistamos lugares públicos que históricamente nos fueron negados, pero eso no se traduce linealmente en mejorar la situación de todas. Por ejemplo, las mujeres nos incorporamos al mercado laboral desde hace tiempo en igual proporción que los varones, sin embargo la diferencia salarial sigue siendo de 23% menos que los varones. Tenemos los trabajos más precarizados y somos las primeras despedidas en épocas de crisis y ajuste de los gobiernos. A su vez, las tareas domésticas, como el cuidado de la familia o la limpieza del hogar, son tareas que seguimos realizando nosotras y que no nos pagan nada por hacerlo. Y según los datos del Indec, si tomamos el 10% de la población más pobre de nuestro país, el 70% está integrado por mujeres y niñas. Esto es lo que se conoce como la feminización de la pobreza y que se puede observar en todo el mundo. ¿Por qué esto es así?
Actualmente vivimos en una sociedad que combina dos sistemas: el capitalismo y el patriarcado. En el capitalismo, que tiene unos cientos de años, hay una división de clase. Un grupo minoritario de ricos y empresarios se llevan las ganancias que produce la clase trabajadora explotada con salarios de hambre, que apenas alcanzan para poder vivir. Este sistema capitalista, se combina con uno, milenario, que es el patriarcado y que sostiene una división entre los géneros, en el que las mujeres son oprimidas por los varones. Es decir, que somos consideradas inferiores y tenemos menos derechos. Ambos sistemas se refuerzan mutuamente haciendo que las mujeres trabajadoras seamos superexplotadas en el ámbito laboral y suframos todo tipo de violencias de género. 
Por eso es necesario que nos organicemos contra la opresión y también contra la explotación, hasta lograr la destrucción de los sistemas que las sostienen: de ahí nuestra consigna “que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos”. Estamos convencidas de que con la movilización podremos obtener conquistas que mejoren nuestra vida, pero éstas serán parciales, ya que en cuanto dejemos de luchar, los gobiernos y las patronales nos las quitarán. Para terminar con estas desigualdades impulsamos que la pelea feminista contra el patriarcado sea aliada de la lucha del conjunto de la clase trabajadora contra el capitalismo. Por eso nos reivindicamos feministas y socialistas. Porque luchamos hermanadas para conquistar todos nuestros derechos y dentro del movimiento feminista nos organizamos con las trabajadoras para acabar con la explotación capitalista, en la lucha por el socialismo. Tal como lo sostuvo Rosa Luxemburgo, peleamos para vivir en una sociedad en la que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

Escribe Malena Zetnik

Mientras se desarrollan las últimas sesiones del plenario de comisiones en la Cámara de Senadores y siguen las movilizaciones en apoyo al proyecto de ley por el derecho al aborto que cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados, algunos senadores propusieron una nueva versión del proyecto con modificaciones para frenar su aprobación ¡Abajo la maniobra! ¡Qué se apruebe el proyecto sin modificaciones!

A pocas semanas de que se discuta el derecho al aborto en el Senado un conjunto de legisladores optaron por salir al ruedo con una nueva maniobra para dilatar la discusión y frenar el reclamo masivo del movimiento de mujeres habida cuenta del implacable apoyo al proyecto de Diputados en las calles. A esta propuesta la encabezan los senadores cordobeses Carlos Caserio (vicepresidente del bloque de Miguel Pichetto) y los macristas Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado, por lo cual el proyecto es conocido como la “opción Córdoba”.

El proyecto introduce centralmente tres modificaciones importantes al texto original votado en diputados. En relación con la objeción de conciencia, plantea que ésta se amplíe a las instituciones de salud, en coincidencia con el reclamo de las clínicas y sanatorios privados vinculados con la Iglesia Católica y demás cultos que se niegan a garantizar el derecho al aborto. Otro aspecto a modificar es la reducción de 14 a 12 semanas del período para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Y, finalmente, propone incluir partidas presupuestarias para que los hospitales públicos puedan hacer frente a la atención de las personas gestantes que soliciten una interrupción del embarazo, dejando los costos al subsistema público de salud y avalar el corrimiento de las obras sociales y los establecimientos de las empresas privadas. 
El proyecto fue bien recibido por los senadores de los diferentes bloques ya que busca ser una medida intermedia que incluye los reclamos de la Iglesia en un contexto social que se pronuncia masivamente a favor de la legalización del aborto. Sin embargo, desde la campaña Nacional por el Derecho al Aborto y la organización de mujeres Isadora e Izquierda Socialista salimos a rechazar esta maniobra que pretende llevar el proyecto de ley a un limbo entre las cámaras de Senadores y de Diputados. Es evidente que a los sectores antiderechos no les alcanza con las sanciones a estudiantes y docentes, las palizas a jóvenes y demás campañas que comenzaron a montar en las últimas semanas para intentar frenar la ola verde a favor del aborto. Ahora intentan una nueva propuesta para ganar más tiempo. Pero desde los puentazos, los pañuelazos y demás acciones callejeras que venimos desarrollando expresamos con claridad que el 8A queremos que el aborto sea ley. Y vamos a enfrentar todos los intentos de frenar nuestros derechos y seguiremos en las calles movilizadas levantando en alto y con orgullo nuestro pañuelo verde, ícono de nuestra lucha por la salud, la vida y la libertad de las mujeres.