El gobierno justifica los aumentos diciendo que las tarifas estaban “demasiado bajas” y que eso era lo que ocasionaba la mala calidad de los servicios (con los consiguientes cortes de luz, zonas a las que no llega la red de gas, los pésimos servicios de transporte, etcétera). Se trata de una vulgar mentira. Las empresas privatizadas nunca dejaron de ganar millonadas: lo hicieron con las tarifas dolarizadas en la época de Menem, y luego con las “congeladas” (que no fueron tales, porque hubo varios aumentos) del kirchnerismo. Durante esta etapa, lo que dejaban de ganar con las tarifas les era recompensado, y con creces, con enormes subsidios.

El gobierno de Macri, urgido por destinar para pagos de deuda externa todo ese dinero que antes iba a subsidios, los está reemplazando con esta ola de tarifazos. La calidad de los servicios, como cualquier usuario lo puede comprobar, siguen siendo pésimos.

La salida no está ni en los tarifazos ni en los subsidios. Lo que se impone es rescindir todos los contratos con esas empresas que vienen obteniendo superganancias desde la década del 90, reestatizando todos esos servicios públicos y poniéndolos a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios. Así se podrá garantizar que todos accedan a esos servicios básicos con la calidad adecuada y tarifas sociales de acuerdo a las distintas necesidades.

Escribe Guido Poletti

Todo aumenta. El Indice de Precios al Consumidor (IPC) que refleja apenas un promedio de los aumentos y está lejos de mostrar el real impacto de los precios sobre la canasta familiar, no deja lugar a dudas: 1,8% en enero, 2,4% en febrero. Para marzo se espera de mínima un 2,3% más. Y en abril, tarifazo mediante, también andará bastante por arriba del 2%. En apenas un cuatrimestre estaremos sumando cerca de 9%. Es imposible que se termine el año con el famoso 15% que plantea el gobierno. Las consultoras amigas del oficialismo y el propio Banco Central calculan como mínimo un 19,6%. Otros hablan de 24% o incluso más. Hasta existe la posibilidad de que la inflación de 2018 sea superior a la del año pasado.

Con este panorama resulta doblemente entreguista el rol de la burocracia sindical, en particular de los sindicatos más cercanos al gobierno. En las semanas anteriores firmó por el 15%, sin cláusula gatillo y en cuotas, el sindicato con más afiliados del país, Empleados de Comercio (1.2 millones de afiliados). Se sumaba así a lo que habían hecho UPCN, Obras Sanitarias o el Sutecba. Esta semana también firmó la Uocra, alcanzando así un universo de más de dos millones de trabajadores a los que se les impuso el techo salarial, que en la práctica significa la segura pérdida de poder adquisitivo.

Tenemos que denunciar esta traición. Al mismo tiempo a aquellos gremios que todavía tienen pendiente la firma de sus acuerdos paritarios (docentes de varias provincias, docentes universitarios, bancarios, aceiteros) tenemos que brindarles todo el apoyo a sus luchas y los llamamos a coordinarlas. A la Corriente Federal de la CGT, las CTA y todos los que se pronuncian contra el ajuste macrista les planteamos que hay que convocar un paro general y un plan de lucha para derrotar el ajuste macrista, cuyo primer paso es lograr quebrar el techo salarial del 15% que hoy sostienen el gobierno y las patronales.

La llamada “informalidad laboral”, que traducido significa tener trabajadores en negro sin pagarles jubilación ni obra social, muchas veces sin vacaciones, con salarios por debajo de los que cobran quienes están en blanco, creció de 33,6% a 34,2 por ciento. Estamos hablando de uno de cada tres trabajadores, sumando un total de casi 4,7 millones. Hay zonas del país donde los números son terroríficos: el trabajo en negro es de 40,7% en San Luis, 42,7% en Salta y Tucumán y 44,8% en Río Cuarto.

El crecimiento del trabajo en negro desmiente las afirmaciones del gobierno sobre que “se estaría generando empleo”. Lo concreto es que los puestos en blanco que se perdieron, fundamentalmente en la industria, fueron reemplazados por changas o trabajos directamente en negro. En concreto, más ventajas y facilidades para que las patronales aumenten la superexplotación.

El gobierno de Macri, que al igual que su antecesor kirchnerista hace la vista gorda, teniendo empleados en esas condiciones hasta en el mismísimo Ministerio de Trabajo, propone como solución el llamado “blanqueo”. En concreto, que las patronales no tengan que pagar nada por todos los aportes no realizados, ni sean multadas de modo alguno. Por el contrario, serían premiadas con rebajas en los aportes patronales a abonar en el futuro. La solución es exactamente la inversa: hay que exigir que todos los trabajadores en negro sean blanqueados inmediatamente, reconociéndoles la antigüedad y con el salario de convenio respectivo y que las patronales paguen lo que adeudan en concepto de cargas sociales.

1. Desde el Comité Ejecutivo de Izquierda Socialista queremos precisar nuestras posiciones visto los diversos comentarios vertidos en las redes sociales ante de la denuncia pública de abuso sexual contra nuestro militante Alejandro Resnik.

2. Existen una multiplicidad de comentarios de lógica preocupación de compañeras que han leído el testimonio que es público y que, sin pertenecer a nuestra organización, dudan sobre si nuestro partido va a tomar o no la denuncia y si realmente se va a investigar e ir hasta el final. Comprendemos que se tengan esas dudas e interrogantes. Por eso lo primero que queremos ratificar es que la denuncia no la ignoramos ni la rechazamos.

Hacia el interior de nuestro partido nosotros tenemos el método de llevar estas denuncias a nuestra Comisión de Moral. Esta denuncia ha sido llevada a la comisión para que investigue y busque testimonios. En primer lugar de la propia denunciante, a la que queremos reiterarle que le brindaremos todas las seguridades para que pueda realizarlo con la privacidad y el cuidado que el caso amerita. Nuevamente insistimos en las plenas garantías necesarias para la presentación de ese testimonio. 
Compartimos la preocupación por la gravedad de lo denunciado. Por eso las denuncias de violencia de género u otras que puedan ir contra lo que debe ser el comportamiento de un militante socialista y revolucionario son abordadas por una comisión especial de nuestro partido conformada a tal fin, que denominamos Comisión de Moral. Está compuesta por militantes de décadas con una tradición intachable en su accionar moral. Es independiente de la dirección del partido, es elegida en cada uno de nuestros congresos y en cuya composición no puede haber ningún miembro de la dirección del partido, para asegurar que cualquiera de sus integrantes pueda ser sancionado si violara la moral revolucionaria.

3. Lo que no podemos compartir son los ataques que por las redes se vienen haciendo a Izquierda Socialista y a nuestra Comisión de Moral, de ser “encubridores de abusadores”. Lamentablemente gran parte de esas acusaciones provienen de mujeres militantes independientes o de agrupaciones que se reivindican feministas. Algunas se definen “antipartido”, otras tienen simpatías con el peronismo kirchnerista y otras rechazan a los partidos de izquierda en particular. Izquierda Socialista es parte de ese gran movimiento nacional e internacional de lucha de las mujeres en el que existen todo tipo de posiciones políticas, lógicamente por su masividad. Lo que rechazamos es que se utilice el método del “vale todo” para dirimir diferencias políticas, con difamaciones, mentiras y calumnias a los oponentes políticos. Por eso queremos debatir con franqueza y claridad. Consideramos muy equivocadas esas acusaciones a nuestro partido y sostenemos que, objetivamente, contribuyen a dividir y debilitar la lucha común contra el capitalismo patriarcal y contra los máximos enemigos que son el gobierno de Macri y todos los partidos patronales que lo defienden. No solo desde las gobernaciones, aplicando la misma política, sino también en el parlamento, votándole todas las leyes al gobierno.

4. Izquierda Socialista nunca ha encubierto abusadores sexuales. Tenemos una larga tradición que desmiente esa reiterada difamación. En el seno de nuestra organización consideramos los hechos de violencia de género como violaciones a la moral partidaria, porque entendemos que son un gravísimo ataque a la integridad personal de las víctimas y también del proyecto de organización y de sociedad que queremos construir.
Es por eso que, tal como lo hemos publicado en las redes oficiales y en nuestro periódico partidario, recientemente nuestra Comisión de Moral expulsó de la organización a dos militantes por denuncias de violencia de género después de investigar y evaluar los hechos. Uno de ellos referente y miembro de una dirección regional. Incluso, en uno de esos casos, ante la definición de la víctima de también proceder a realizar la denuncia judicial, nuestro partido ha definido acompañar también ese proceso legal (ver El Socialista N° 378, del 31 enero y 379 del 14 de febrero de 2018).
Por otro lado, nuestro partido avanzó en elaborar un protocolo interno para abordar los casos de violencia de género. En el marco de reafirmar nuestra tarea militante en cada lugar para combatir la violencia de género y promover también la formación en nuestra moral revolucionaria, con su perspectiva socialista y antipatriarcal.

5. Parte de la difamación que ha circulado en las redes es cuestionar nuestra moral revolucionaria y a nuestra Comisión de Moral, buscando compararnos con la moral de la curia de la Iglesia Católica. Con eso se quiere tocar la fibra del lógico y compartido odio de millones de personas en Argentina y el mundo, a la repugnante “moral” del Vaticano, haciendo una caricatura de nuestra moral y nuestra Comisión de Moral. Puede haber compañeras que, por el odio a los partidos patronales (UCR, PJ, PRO) o a lo que fue la burocracia estalinista, duden que Izquierda Socialista vaya a ir a fondo en su investigación. O porque desconozcan nuestra trayectoria como corriente socialista revolucionaria. A esas compañeras les decimos que nuestro partido sostiene una moral opuesta a la “moral” repugnante de la Iglesia y la burguesía. Ellos tienen una “moral” hipócrita, de doble discurso, antimujer y, de última, antihumana. Tampoco tenemos nada que ver con la “moral” estalinista y burocrática. Del falso socialismo de José Stalin, que difamó a revolucionarios como León Trotsky y a miles, que eran tratados de “contrarrevolucionarios”, para justificar los crímenes y traiciones del stalinismo. La trayectoria de Izquierda Socialista tiene sus antecedentes en la década del ‘70 con el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) que tiene más de 100 militantes asesinados y desaparecidos entre las Tres A del peronismo y la dictadura genocida de Videla y decenas de presos en los centros clandestinos de detención. Esa es nuestra moral. A eso llamamos moral revolucionaria*. Nuestra Comisión de Moral hoy día, está integrada por mujeres y hombres militantes que vienen de esa trayectoria intachable. Desde ya que nuestro partido ni nuestra Comisión de Moral están exentos de cometer errores. Por eso existen reaseguros democráticos como que los fallos de dicha comisión pueden ser apelados en el congreso partidario.

6. Izquierda Socialista ratifica su lucha contra toda forma de violencia de género, dentro y fuera de nuestro partido. Llamamos a quienes usan métodos de polémicas equivocados a abandonarlos, para no favorecer la división del movimiento que lucha contra el capitalismo patriarcal, contra el gobierno de Macri y sus cómplices, por los derechos de las mujeres, contra toda forma de violencia de género y, en el presente inmediato, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, entre otras reivindicaciones.

Comité Ejecutivo de Izquierda Socialista.
3 de abril de 2018

* Ver Su moral y la nuestra. León Trotsky 

El martes 27 la Federación de Aceiteros lanzó un paro general contra los despidos, y por el reclamo salarial que todavía atraviesan. Al día siguiente, a las 11 de la mañana se les imponía la conciliación obligatoria. Algunos medios, como C5N, informaron equivocadamente que Aceiteros había acordado por el 15%. En realidad ese fue el acuerdo de la conducción burocrática y propatronal del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo -que es claramente minoritaria y no integra la federación- que también aceptó un convenio flexibilizado con menos categorías y derechos adquiridos.

Macri y Triaca les quieren imponer el 15% y la modificación del convenio colectivo a todos los aceiteros para aumentar las ganancias empresarias. Por eso no reconocen las últimas elecciones de la Federación Aceitera, para trabar su funcionamiento y negarle fondos para su obra social.
En ese marco sigue la lucha contra los despidos en Cargill, con un acampe en la puerta de una de las industrias, y un paro rotativo que impide su funcionamiento. Es necesario seguir rodeando de solidaridad a los trabajadores aceiteros y difundir su lucha.