Charla presentación del libro “El trotskismo en la argentina. Estudios para una historia política, social y cultural”
Con sus editores: Hernán Camarero y Martín Mangiantini

Lunes 11 de noviembre a las 17
En la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Juan María Gutiérrez 1150

Escribe Rainier Ríos, dirigente del Movimiento Socialista de les, las y los Trabajadores (MST) sección chilena de la UIT-CI

23/10/2024. Este sábado 26 y domingo 27 de octubre, se llevarán a cabo elecciones municipales en todo el país. El telón de fondo es el creciente descontento popular en contra de la corrupción, el encarecimiento del costo de vida para millones de familias trabajadoras, y los profundos acuerdos políticos y económicos del gobierno de Boric y la derecha a favor del empresariado y las multinacionales.

En este marco, distintas organizaciones sociales y políticas hemos levantado alternativas electorales a los grandes bloques partidarios del oficialismo y la oposición, algunos de ellos con candidaturas y programas que buscamos retomar las demandas de la rebelión popular de 2019, la necesidad de retomar el camino de movilizaciones, pero, sobre todo, de construir una alternativa política para expresar las verdaderas necesidades de las familias trabajadoras y el pueblo.

La inestable “estabilidad” que buscan imponer el gobierno de Boric y la derecha en el país

Hace 5 años el país fue sacudido por históricas movilizaciones, que durante meses se tomaron las calles por parte de millones de personas, que rabiosamente luchamos en contra de décadas de abusos empresariales, desigualdad social, corrupción y otros males que aún nos aquejan. La respuesta del régimen político, los partidos del oficialismo y la oposición de derecha, fue imponer un camino institucional, con tintes constituyentes, para desviar las movilizaciones a derroteros que dejaran incólume la herencia de Pinochet. Y así fue.

La creciente frustración popular creció como una espesa niebla, que envuelve la actual situación política. Ninguna de las más sentidas demandas populares fue resuelta. En cambio, la impunidad de la mayoría de los policías y militares represores se impuso. Los pilares fundamentales, económicos, políticos y sociales dejados por Pinochet siguen intactos, y con ello se viene profundizando la desigualdad social y el saqueo empresarial de los sueldos y las riquezas naturales. A primera vista, y como ellos quieren hacernos creer, han ganado la partida contra las movilizaciones, a las que hoy las culpan de todos los males, y celebran que al final ganó “la estabilidad y el orden social”. Nada más equivocado.

Lo que viene creciendo en estos cinco años, también, es el profundo rechazo a los partidos del gobierno de Boric, la derecha y la ultraderecha. Todas las encuestas muestran esta tendencia. Dinámica que se sostiene no sólo en la frustración popular porque estos administradores del capitalismo chileno no escucharon ninguna demanda de las calles, sino además porque los casos de corrupción de todas las instituciones del Estado crecen sin parar, semana a semana, con nuevos casos de robos de recursos públicos y abuso de poder. Sensación que se suma a la dificultad, cada vez mayor, de poder llegar a fin de mes con el alto costo de la vida y los bajos sueldos.

Las próximas elecciones municipales se dan con la contradicción que muestra este telón de fondo. Esto no quiere decir, sin embargo, que los dos grandes bloques políticos tendrán problemas para encausar los votos a sus partidos, porque estamos seguros que así será. La ausencia de una alternativa política que realmente exprese el descontento popular, orquestada en gran parte por estos mismos partidos, será decisiva para que las y los votantes voten a la centroizquierda en el gobierno contra la derecha, y viceversa, con “la nariz tapada” y sin ninguna expectativa de cambios importantes en beneficio del pueblo.

Los sectores que apuestan por la derecha lo hacen pensando, principalmente, en que resuelva la denominada “crisis de seguridad u ola de delincuencia”, relato impuesto por los sectores más reaccionarios que tratan de hacer eje en que este es el gran problema del país. Por su parte, quienes votan contra la derecha lo hacen no por defender al actual gobierno y sus partidos, sino por rechazo a este sector social que es al que más identifican con la corrupción y los abusos empresariales. En ningún caso, mayoritariamente, serán entusiastas votos de apoyos a sectores políticos.

Alternativas a los dos bloques políticos: entre las grandes posibilidades para construir nuevas direcciones, y las viejas y fracasadas formulas reformistas de siempre

Entre las organizaciones políticas que nos declaramos por fuera, y en contra, de los partidos del gobierno de Boric y las derechas, no logramos llegar a acuerdos para actuar en un solo frente. Una verdadera tragedia. El fondo de estas diferencias estriba en una cuestión que ha sido crucial los últimos años, y fundamental durante la rebelión popular de 2019.

Un importante número de organizaciones políticas y activistas sociales ha sido presa de una orientación empujada por el Partido Comunista, la burocracia sindical y estudiantil, y otros sectores de gobierno, que se basa en la tesis de que “atacar al gobierno es fortalecer a la derecha, incluso a la ultraderecha”, y por lo tanto o hace como si el gobierno no existiera, lo ataca muy esporádicamente y sólo de vez en cuando, o directamente lo apoya “críticamente”.

Por otro lado, estamos quienes intervenimos día a día denunciando que el gobierno de Boric es el principal enemigo de la clase trabajadora en este momento, y que para su rol de agente del capital cuenta con gran apoyo de la derecha. Por eso las diferencias entre ambos bloques, como siempre, son sobre cuestiones secundarias, porque ambos están contra el pueblo.

No es una diferencia superficial que sólo provoca divisiones para fechas electorales. Estamos convencidos que es imposible crear una nueva alternativa política, que levante las banderas de la rebelión popular, y ayude a que miles de luchadores y luchadoras sociales rompa totalmente con los viejos partidos y sus referentes, si no les oponemos programas que tomen las demandas populares y obreras más sentidas, y las pongan en coalición directa con el gobierno y la oposición, por medio de la movilización y la organización desde abajo.

La tarea sigue abierta, y confiamos plenamente que la actual experiencia de millones con el gobierno del Frente Amplio, la ex Concertación y el Partido Comunista, ayudará en el sentido correcto, si estamos dispuestos a levantar candidaturas con programas anticapitalistas claros, contra los gobiernos capitalistas de turnos y las oposiciones patronales, que propongan una salida socialista e internacionalista a la crisis económica, política y social que enfrentamos.

Con esta tarea como horizonte, el MST (UIT-CI) ha presentado candidaturas en dos comunas de la capital del país, para alcalde, concejales, y Cores, tanto en Independencia como en Paine. Lo hacemos en una lista ecologista y animalista, pero con un claro perfil anticapitalista y reivindicando las luchas y las demandas de la lucha que removió a Chile hace 5 años.

Con la familia de Luciana Muñoz presente en la sesión del Concejo Deliberante, se aprobó por unanimidad el proyecto de declaración presentado por el Concejal José "Pepe" Benegas, bloque Frente de Izquierda Unidad - Izquierda Socialista, por la intervención efectiva y responsable de los organismos competentes en la aparición de Luciana.

Declaración de la familia junto al concejal

Video presentación del proyecto

Copia del proyecto

Escribe Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

La noche del 17 de octubre, una patrulla de la Policía Nacional atacó el barrio Mata Mosquito, en el distrito municipal Verón-Punta Cana, asesinando brutalmente al obrero haitiano Jems Joacin. Testimonios de los trabajadores que residen en el lugar indican que la pandilla policial, aprovechando la persecución racial desatada por el presidente Abinader y la ministra Faride Raful, se dedicaba a extorsionar, realizando detenciones arbitrarias para exigir pagos por las liberaciones, amenazando con entregar a las víctimas a la DGM. Estas operaciones de extorsión se han intensificado sacando provecho del estado de excepción de facto, así como la definición de una cuota de 10 mil personas expulsadas semanalmente, anunciada por el gobierno el 2 de octubre. Al tratarse de la tercera operación extorsiva en apenas una semana, algunos trabajadores intentaron defenderse, y fue en ese marco que los agentes policiales procedieron a ejecutar con disparos en el pecho a Joacin, quien se encontraba totalmente desarmado y ajeno a la confrontación, realizando una compra en un colmado.

De acuerdo con medios locales, la pandilla policial estaba encabezada por el segundo teniente Berto Marcelo Louis. Medios afines al gobierno han descrito la ejecución como resultado de un “enfrentamiento”, sin embargo es obvio que la acción de los trabajadores de defenderse con piedras de la agresión de los agentes extorsionadores no podía habilitar a los esbirros a ejecutar a balazos a un hombre desarmado. Aún en el caso de que los esbirros hubieran disparado hacia personas que se defendían con piedras no se podría describir como un «enfrentamiento», ya que se evidenciaría un uso desproporcionado e ilegal de la fuerza letal. Tal sería el caso de la ejecución el 22 de octubre en el municipio Enriquillo, en Barahona, del trabajador Yoel Charles, a quien esbirros policiales tirotearon mortalmente cuando presuntamente portaba un machete.

Estas ejecuciones ocurren no solo en el marco del fracaso total de la mal llamada “reforma policial”, que supuestamente debía poner fin a esta práctica ilegal pero institucionalizada, sino también en el contexto de una ofensiva racista oficial con el objetivo de lograr la expulsión de más de 500 mil personas de la comunidad inmigrante haitiana en el próximo año. Según los estimados oficiales más recientes publicados por el Instituto Nacional de Migración, la comunidad inmigrante haitiana está conformada por 553 mil personas. Si bien las deportaciones no lograrán su propósito de expulsar a la totalidad de esta comunidad, pues muchas personas expulsadas retornan, el solo hecho de que la meta de expulsiones coincida con el tamaño oficialmente estimado de la comunidad perseguida es un indicador de la intención de perpetrar una limpieza étnica, un crimen de lesa humanidad. Es muy grave que partidos y organizaciones sociales que se autodenominan democráticas no condenen esta política oficial ni se movilicen para derrotarla.

La lista de crímenes es interminable. El 9 de octubre, militares atacaron a un trabajador haitiano en la comunidad de Las Palmas, en el municipio Oviedo, disparándole por la espalda con una escopeta y propinándole una brutal golpiza. Fue rescatado por miembros de la comunidad y llevado a una clínica. El director local de la DGM, Nibelin Nova Cuevas, afirmó que los militares no estaban actuando en un operativo formal de la DGM. Sin embargo, lo característico de la actual campaña de persecución es el despliegue descoordinado de hordas policiales y militares por todo el territorio nacional a la caza de personas negras, incluso llevando a cabo allanamientos sin orden judicial. Cuando las personas detenidas presentan sus documentos en regla, son enviadas a cuarteles y destacamentos o al tenebroso «Centro Vacacional de Haina» para la revisión de sus documentos, un protocolo abiertamente inconstitucional y discriminatorio.

Es tal el hacinamiento, el hambre y la insalubridad en ese campo de concentración mal llamado «Centro Vacacional» que el 17 de octubre decenas de personas arbitrariamente detenidas se amotinaron, exigiendo agua, comida y una rápida definición de su situación, ya que sufren detenciones indefinidas sin acceso a asistencia legal. Las autoridades negaron que hubiera ocurrido ningún hecho de violencia, pese a las denuncias de que se reprimió violentamente e imágenes en las que aparentemente militares disparan armas de guerra en el interior del campo de concentración. Otros crímenes recientes que han conmocionado al pueblo dominicano y a la comunidad inmigrante han sido el lanzamiento del obrero haitiano Mikelson Germain el 11 de septiembre desde un techo por parte de un agente migratorio, en Verón-Punta Cana, y la detención arbitraria y las amenazas en contra del dirigente domínico-haitiano Franklin Dinol, del Movimiento Reconocido, el 12 de octubre.

Las movilizaciones neofascistas, estimuladas por el gobierno, también se han incrementado. El 27 de septiembre y el 5 de octubre, ondeando banderas estadounidenses e israelíes, agrupaciones neonazis se movilizaron en Santo Domingo por una aceleración de las deportaciones. Una turba de extrema derecha también sitió la sede de MOSCTHA el 8 de octubre, sin que la Policía Nacional interviniera para garantizar su seguridad. El 10 de septiembre una protesta de trabajadores cañeros retirados exigiendo el pago de sus pensiones y el fin del trabajo forzoso, fue hostigada por el sindicato pro-empresarial de Central Romana, afiliado a la central oficialista CNUS.

Exigimos justicia para Jems Joacin y Yoel Charles, llamamos a todas las organizaciones que se reclamen democráticas o de izquierda, las organizaciones sociales y de derechos humanos, a pronunciarse contra la política del presidente Abinader y la ministra Faride Raful que pretende sembrar el terror entre los trabajadores de origen haitiano para lograr su desplazamiento forzoso. Basta de impunidad brindada por la PGR a agentes represivos y paramilitares neofascistas. Basta de apartheid. Es urgente avanzar hacia la organización de una gran movilización nacional contra la violencia racista del gobierno y la ultraderecha.

Escribe Prensa UIT-CI

21/10/2024. La periodista y activista feminista Fabiola Tercero Castro cumple más de 90 días de «desaparición forzada» a manos del gobierno represivo de Daniel Ortega en Nicaragua.

Las y los diputados nacionales del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) de Argentina se sumaron a la campaña internacional exigiendo que Fabiola Tercero aparezca y sea liberada junto a otras personalidades que están en la misma situación.

Presentaron un proyecto de resolución a la Cámara de Diputados de la Nación (que adjuntamos). El texto lleva la firma de Mónica Schlotthauer, diputada por Izquierda Socialista (IS), Vanina Biasi, por el Partido Obrero (PO), Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Christian Castillo, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).