Escribe Fernanda Giribone, dirigenta de Izquierda Socialista Jujuy

Desde Izquierda Socialista queremos manifestar nuestro profundo repudio a la decisión del Juez Rodolfo Fernández de elevar a juicio la causa del “20 Junio” donde se acusa arbitrariamente a nuestro compañero Ivan Blacutt y a otros dirigentes políticos y sociales de la provincia.

En el 2023, con un masivo rechazo popular, el gobierno de Jujuy juró a escondidas del pueblo una Constitución reformada, momento en que se desplegó una brutal represión con detenciones ilegales, por orden del entonces Gobernador Gerardo Morales. A posteriori la Justicia, en connivencia con el poder político (y económico) tejió, a través del uso arbitrario de las leyes, la judicialización de  dirigentes sociales y políticos, con el fin de aleccionar al pueblo. En una quirúrgica selección imputaron a los compañeros Miguel Ángel Ramos, Santiago Zamora, Leonardo Alejandro Rosales, Walter Armando Puca, Gabriel Taboada, Martin Antonio Abad, Francisco Emilio Lyonnet, Luis Santiago Zalazar, José Ivan Blacutt, Gabino Cruz, José Darío Donaire, José Luis Leopoldo Vilca, Nelson Javier Mamani, Mayuk Nasib Mamani, Héctor Luis Gerónimo, Walter Damián Brizuela, Dan Leonel Liborio, Gonzalo José Marino Diaz, Nahuel Tomás Herrera, Rivero Lautaro Joaquín, todos ellos dirigentes políticos y sociales. 

Ahora, más de un año después de los hechos represivos se reaviva esta causa escandalosa, que sin pruebas ni argumentos firmes, -en un claro hecho de criminalización y judicialización de la protesta-, pretende hacer escarmentar a todo un pueblo. Según sus dichos, el Juez Rodolfo Fernández, los eleva a juicio porque entiende formalmente que la causa “es correcta” aunque en realidad se trate de una acusación que en cualquier otra circunstancia sería inadmisible por no describir los hechos ni las conductas atribuidas a los imputados (entre otras cosas).

De ninguna manera podemos permitir este tipo de retroceso en materia de derechos. Las acciones de Morales/Sadir van en consonancia con la política represiva del presidente Milei, que de la mano de protocolos represivos, nos quiere hacer vivir en una dictadura.

El gobierno de Milei ha dejado en claro que su plan motosierra no pasa sin persecución y represión. Ante eso nosotros oponemos el camino de la movilización para enfrentar el ajuste, y de la unidad entre aquellos que rechazamos que se condene a quienes luchamos. 

Rechazamos todo intento por criminalizar la protesta social y llamamos a impulsar una gran campaña por la absolución de los compañeros. Decimos que lo que se judicializa no son solo veinte militantes sino la fuerza de todo un pueblo que se desplegó en las calles durante el invierno del 2023, con decenas de cortes de rutas, marchas y paros, que enfrentó a una reforma constitucional que intentaba dejar a la provincia de Jujuy indefensa ante el saqueo.

Desde Izquierda Socialista exigimos el cese de la persecución a los que hoy son judicializados injustamente, que caigan todas las causas y que, por el contrario, se juzgue a Gerardo Morales y sus cómplices en el gobierno, por la ola persecutoria y represiva que se desató y que ha dejado un trágico saldo para el pueblo jujeño, que es de público conocimiento.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Milei se valió de una Ley de Néstor Kirchner para imponer su veto, la 26.122. Es la que obliga a obtener una mayoría absoluta (dos tercios en ambas Cámaras) para voltearlo. Esta Ley le permitió a Milei ahora mantener el veto con solo 84 votos versus 159 que lo rechazaron, a pesar de ser minoría y contar con un amplio repudio popular. Será por eso que Máximo Kirchner dijo en un reciente acto que no estaba en contra del veto de Milei (“no nos tenemos que enojar”) porque es una facultad que tiene todo presidente.

 

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía y legislador electo CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El viernes 4 el gobierno ultraderechista de Milei comenzó una ofensiva sobre el Hospital Bonaparte. La rápida respuesta de sus trabajadoras y trabajadores con ocupación y permanencia y la inmensa solidaridad popular lograron revertir la intención del gobierno de avanzar hasta el cierre del organismo. Un primer triunfo que tonifica fuertemente todas las luchas en curso, fundamentalmente en la salud.
 
Las y los trabajadores de salud y residentes del Hospital Nacional Laura Bonaparte le torcieron el brazo al gobierno de Javier Milei y su política de motosierra contra la salud pública. El recién asumido ministro de salud Mario Lugones decretó el cierre de la guardia, de la internación y el traslado de las y los pacientes a otros lugares, apuntando al cierre del Hospital, ya que “la salud pública no es rentable”.

Inmediatamente las y los trabajadores del Bonaparte se autoconvocaron en asamblea y decidieron la ocupación del hospital para evitar el traslado de las y los pacientes lo que iniciaba el vaciamiento. Y convocaron a la más amplia solidaridad y coordinación con los demás trabajadores de la salud.
Esta solidaridad no se hizo esperar y miles de jóvenes, trabajadores, artistas, delegaciones de otros hospitales (como el Garrahan que se encuentra en lucha por el salario), estatales, ferroviarios, docentes, dirigentes políticos, del sindicalismo combativo y sociales, rodearon el hospital y le hicieron el aguante a la lucha.

En apoyo al único hospital nacional especializado en Salud Mental, adicciones y consumos problemáticos se realizaron abrazos, festivales solidarios, reuniones de apoyo con más de doscientas organizaciones y una enorme marcha a Plaza de Mayo junto a trabajadoras y trabajadores del Hospital Garrahan y residentes de CABA, provincia de Buenos Aires y Nación.

Tal fue la magnitud de la solidaridad y la firmeza de las y los trabajadores del Bonaparte, que en pocos días el gobierno tuvo que retroceder y anunciar que el Bonaparte no cerraba, se mantenían las prestaciones y no se iba a despedir a nadie. Ahora siguen alertas para que se cumpla lo anunciado, que se retomen las internaciones y lograr que la anunciada reestructuración ni el desfinanciamiento no impliquen un achicamiento. Otra nueva luz de alarma se prendió los últimos días con las declaraciones gubernamentales que apuntan a la provincialización de los hospitales nacionales.
Pero aun con estas amenazas en el horizonte tenemos que remarcar que mantener el Bonaparte abierto es un gran triunfo de la lucha de los trabajadores de salud y un ejemplo a seguir para todas las luchas: asambleas, unidad de todo el hospital, coordinación con otros sectores en lucha y la más amplia solidaridad. Y por supuesto una lucha decidida y sin titubeos. El Bonaparte es la primera dependencia del Estado nacional donde frente a la amenaza de cierre se respondió espontáneamente con una toma. Solo así se logra que este gobierno ultraderechista retroceda con su motosierra.

Hay que seguir exigiendo a la CGT que rompa la tregua con el gobierno y junto a las CTA  llamen a un paro y plan de lucha para derrotar al plan de Milei contra la salud y el hospital público.

El Socialista entrevistó a Joaquín Caporale, residente del Hospital Bonaparte y una de las voces de las y los trabajadores que luchan contra el cierre.

El Socialista.- ¿Cuál fue la reacción frente a las noticias que llegaron el viernes 4 desde el Ministerio de Salud? ¿Cómo se organizaron?

Joaquín Caporale: Inmediatamente todas las trabajadoras y trabajadores, incluidos nosotros de la residencia, salimos a la calle. Cortamos avenida Caseros, después vinimos a la puerta del hospital cortando Combate de los Pozos. Se acercaron muchas organizaciones sociales y políticas ese mismo día, y se votó en asamblea la permanencia en el hospital hasta el lunes, que después se estiró hasta el martes 8 porque no habíamos tenido una comunicación concreta con el Ministerio en torno a qué iba a pasar con el hospital, es decir si se cerraba o no se cerraba. En esos días hubo comisiones de distinto tipo, para poder garantizar la permanencia en el lugar y la comunicación hacia afuera. Muchos medios se acercaron a compartir lo que estaba pasando, pero lo más importante fue la solidaridad de organizaciones políticas, sindicales, sociales, de la cultura y personas de la comunidad que se acercaron a bancar al Bonaparte. Hubo festivales, asambleas, actos, ollas populares y una enorme concurrencia de gente que venía a darnos su apoyo. Dentro de todo ese arco es de destacar el apoyo de los compañeros del Hospital Garrahan que están en lucha por el salario y con los que compartimos una enorme movilización el martes 8 a Plaza de Mayo.

ES.- ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué perspectiva ven?

JC: La situación actual es que ambos sindicatos (ATE y UPCN) acordaron con el Ministerio el funcionamiento de la institución. Estamos esperando a que se abra la internación, es decir que haya una nueva indicación del Ministerio que revierta la anterior con la que inicia el conflicto. Llegado al caso lo que vamos a tener es un funcionamiento normal, como previo a todo esto, del hospital. Estamos esperando eso. Se levantó la medida de permanencia, pero discutimos que en caso de que esto no avance como está pautado volvemos a llamar a asamblea y a convocar para tomar nuevas medidas.

Sumado a eso hay un plan de reestructuración que plantea el gobierno, así que a priori nosotros nos posicionamos en estado de alerta porque sabemos que de la mano de este gobierno ajustador cualquier cambio será negativo. No queremos que esa reestructuración elimine los puestos de trabajo ni los servicios que prestamos, y obviamente queremos resguardar la institución. Pero estamos con fuerza. Hicimos retroceder a Milei y Lugones con su motosierra una vez y aprendimos mucho de cómo defender el Bonaparte. Con la lucha unificada de todo el equipo del hospital, decidiendo todo democráticamente en asamblea, coordinando con otros sectores de la salud en lucha y apelando a la más amplia solidaridad.

ES.-  Las y los residentes jugaron un rol muy importante contra el cierre del Bonaparte. Contanos sobre el conflicto que vienen llevando adelante

JC: Desde junio aproximadamente hicimos varios paros de residentes nacionales por aumento salarial, porque estamos debajo de la canasta básica, y venimos dando una pelea hace meses ya, con paro y movilizaciones. En julio habíamos llegado a un acuerdo donde nos aumentaban en septiembre el 35% del salario. Russo, el exministro, tira abajo ese aumento y bueno, estamos volviendo a retomar esa discusión después de lo que vivimos acá. La experiencia de organización junto a todo el equipo del hospital y los resultados obtenidos, aunque parciales, nos tonifican enormemente para lo que viene.
 

Recién asumido, el ministro de salud Mario Lugones, empuñó la motosierra de Milei y decretó el cierre de la guardia, de la internación y el traslado de las y los pacientes, apuntando al cierre del Hospital Laura Bonaparte. Lo que no esperaba el funcionario recién llegado, fue la inmediata reacción de las y los trabajadores que se autoconvocaron en asamblea y decidieron la ocupación y permanencia para evitar el vaciamiento. Esta importante determinación, convocó inmediatamente a la más amplia solidaridad.

Se sucedieron cuatro jornadas donde miles de jóvenes, trabajadores, artistas, delegaciones de otros hospitales (como el Garrahan, que se encuentra en lucha por el salario), estatales, ferroviarios, docentes, dirigentes políticos, del sindicalismo combativo y sociales, rodearon el hospital y le hicieron el aguante a una ocupación que no cesó ni un minuto hasta que el gobierno tuvo que retroceder y anunciar que el Bonaparte no cerraba, se mantenían las prestaciones y no se iba a despedir a nadie.

La lucha de las y los trabajadores del Bonaparte son un ejemplo de cómo enfrentar las medidas de ajuste del gobierno ultraderechista. La inmediata respuesta unificada de las y los trabajadores, las decisiones adoptadas de forma democrática y la solidaridad y apoyo recibido de varios sectores permitiendo la ampliación y divulgación del conflicto, fueron la clave. Si bien el gobierno seguirá intentando golpear, es un gran triunfo que tonifica la capacidad de lucha de las y los trabajadores del hospital y fortalece las luchas en curso, fundamentalmente las que defienden a la salud pública.