Escribe Agustín Blanco

Durante las últimas semanas, el gobierno ultraderechista de Javier Milei intentó dar un zarpazo ajustador sobre el hospital de salud mental Licenciada Laura Bonaparte (ex Cenareso), el cual fue repelido por la lucha que encararon sus trabajadoras y trabajadores y la solidaridad de una gran parte de sectores políticos, sociales y gremiales.

Que el establecimiento apuntado por las “fuerzas del cielo” haya sido el que llevaba el nombre de la psicóloga y ex madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora fallecida en 2013, no parece ser casualidad.

Bonaparte fue una de las luchadoras más significativas de los derechos humanos tras la vuelta a la democracia en 1983. En el camino perdió a tres de sus hijos, dos de sus yernos y su pareja Santiago Bruschtein, a quien sufrió desde la ausencia del exilio en México, al cual partió en abril de 1976 tras sufrir un atentado en la puerta de su hogar.

Fue la primera madre en ingresar al predio de la ESMA, cuando todavía la Armada comandaba el lugar, y también la que impulsó el recurso judicial para evitar la privatización del predio.
El área de Salud Mental del Hospital de Lanús fue el lugar donde mejor se desarrolló como profesional. En esa localidad coordinó con los curas tercermundistas muchas actividades en los barrios populares aledaños.
Además de nunca haber bajado los brazos, durante su exilio llevó su presencia a otros países como al Líbano, donde se solidarizó con las víctimas del ejército sionista israelí, y también estuvo presente en Guatemala y El Salvador.

El Socialista entrevistó a Diego Saavedra, delegado de la junta interna del Garrahan.

El Socialista.- El hospital sigue peleando, y además lograron coincidir con el Bonaparte en las calles. ¿Cómo fue eso?

Diego Saavedra: Lo del Bonaparte se viralizó, ya que el gobierno intentaba cerrar el único hospital nacional de salud mental, al igual que la reacción de sus trabajadores defendiéndolo. Haciendo la permanencia y convocando a la solidaridad. Obviamente estuvimos ahí desde temprano luchando por el hospital público.

La coordinación se decidió en asamblea. Nosotros seguimos en plan de lucha: recuperamos el aula magna e hicimos ahí una asamblea, convocada por la Junta Interna de ATE, la Asociación de Profesionales y Técnicos y todo un sector de autoconvocados, donde más de 250 laburantes coincidimos con firmeza y votamos una jornada de 48 horas de paro el 8 y 9, que hace mucho que no se daba en el Garrahan. El martes 8 fue también con movilización, que salió de nuestro Hospital y pasó por el Laura Bonaparte, empalmando las dos luchas. Fue una movilización en donde coincidimos y marchamos por la calle siendo reconocidos como trabajadores de la salud por el pueblo trabajador. De esa manera ingresamos a Plaza de Mayo con una columna impresionante, también con residentes nacionales y de provincia, para decirle al gobierno de Milei que no vamos a dejar pasar esta motosierra, que no vamos a permitir que se cierren ni desfinancien los hospitales.
 
ES.- ¿Cómo responden al cuento de que “no hay plata”?

DS: Nosotros venimos de cobrar un bono de 500.000 pesos, y la misma patronal admite que lo pudo dar a través del manejo de los recursos propios. Eso tira por la borda todo el chamuyo de que no había plata. Eso en el marco de una situación de deterioro salarial generalizado en los laburantes, en la población y principalmente en los sectores estatales. Este bono nos dio fortaleza: el paro se desarrolló con mucha fuerza los dos días, a pesar del cansancio, a pesar de lo difícil que es reprogramar cirugías y procedimientos para garantizarlo. Todo eso salió muy bien.

Es importante, porque este es un problema de las y los trabajadores de la salud, pero también del pueblo trabajador todo, porque es un ataque del gobierno de Milei, que lo dice claramente en sus presupuestos. Hay una reducción de las partidas presupuestarias para salud, educación, ciencia. Las últimas declaraciones de Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de ministros, abiertamente mencionan la problemática de seguir sosteniendo a los hospitales nacionales, dice que tendrían que ser de una jurisdicción provincial, que las provincias se hagan cargo. Eso plantea que hay abierta una pelea por la salud pública de manera más global, más allá de los salarios, por la función del hospital público de calidad. Parece que en la dinámica de “no hay plata” y de ajustes, el gobierno quiere jugar a un desgaste, y nosotros tenemos que ser muy inteligentes en administrar las fuerzas y coordinar. Desde el Garrahan nos vamos a dar una política de convocar a otros espacios: otros hospitales nacionales, otros Samic, a las universidades y a los sindicatos combativos, para que empalmemos en una sola lucha, para torcerle el brazo a este gobierno ajustador, para pararle la mano a este gobierno de la motosierra.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y dirigente de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

El intento del gobierno ultraderechista de Javier Milei de cerrar el Hospital Bonaparte de salud mental detonó una movilización de los trabajadores que lo obligó a retroceder. Al mismo tiempo los trabajadores del Hospital Garrahan arrancaron un bono de 500.000 pesos, un alivio transitorio, en su lucha por la recomposición salarial. La ofensiva oficial sobre el sistema de salud y sus trabajadoras y trabajadores ha desatado una movilización que recién comienza.

La fórmula del Banco Mundial: ahogo presupuestario para privatizar

El gobierno sigue la estrategia dictada por el Banco Mundial de ahogar al sistema público disminuyendo el presupuesto de salud. Este recorte se transmite a las provincias y municipios a los que se les suspenden los aportes del tesoro y se les disminuye la coparticipación federal, llevándolas también a la desfinanciación del sistema público de salud. La consecuencia es la sobreexplotación de las y los trabajadores de salud con bajos salarios y jornadas extenuantes, la deserción del personal especializado, el atraso tecnológico y la decadencia edilicia todo lo cual redunda en la pésima atención que hoy recibimos: guardias y consultorios colapsados, falta de insumos y abultadas listas de espera.

El presupuesto nacional para salud propuesto por Milei para 2025 (a valores corregidos por inflación) es 18,2% menor que el de este año, 2024. Los recortes son leoninos: el programa de acceso a medicamentos gratuitos se reduce un 14% comparado con el 2023. La asignación al Hospital Bonaparte se recorta en un 29,6% y al Instituto Nacional del Cáncer se le quita el 47,5% de su presupuesto, comparados ambos con 2023 y corregidos por inflación. Se calcula que la quita que el gobierno de Milei ha hecho a las provincias y municipios es de 5.000 millones de dólares, lo que obviamente repercute en los fondos para salud (La Política Online, 7/10/2024).

El otro lineamiento del Banco Mundial es la tercerización y el arancelamiento con el pago de bolsillo del usuario, camino a la privatización. El total de todo el gasto en salud del país, público, privado y las obras sociales y el PAMI es el 10% del PBI, una suma fabulosa que grandes empresas nacionales y extranjeras quieren manejar. Por esa razón este gobierno, ultraderechista y agente de monopolios nacionales y extranjeros, entregó el ministerio de Salud a representantes de los grandes negocios de la salud. El actual ministro Mario Lugones, es dueño junto con el burócrata de la CGT Luis Barrionuevo y el referente radical Coti Nosiglia, del Sanatorio Güemes. Un asesor “top” del ministerio es Enrique Cammerlinckx, ligado a la Iglesia y director del aristocrático Sanatorio Mater Dei, entidad “sin fines de lucro” cuyo principal y presuntamente desinteresado donante es (casualmente) el millonario concesionario de los aeropuertos argentinos Eduardo Eurnekian, ex patrón de Javier Milei y su devoto admirador.

Por un sistema de salud gratuito y de excelencia con salarios dignos para sus trabajadores

La salud es un derecho que debe llegar a todo el pueblo trabajador. No es una mercancía que se obtiene de acuerdo a la capacidad de pago de cada uno. El Estado debe garantizarla y financiarla. La política de este gobierno de ultraderecha es negar presupuesto, pagar salarios de hambre a los trabajadores del sistema de salud, perdonar los impuestos a los empresarios que fugan capitales y pagar puntualmente la deuda externa a los banqueros internacionales. La movilización de trabajadores de salud que se está desarrollando debe ampliarse para derrotar esta política de destrucción de la salud pública e imponer un sistema nacional único de salud, de propiedad estatal, gratuito, controlado por sus trabajadores y las organizaciones obreras y barriales, y financiado por impuestos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Escribe José Castillo

La única verdad de todo lo que dice Javier Milei es que está realizando “el ajuste más grande de la historia”, claro que no a costa de ninguna “casta”, sino del pueblo trabajador. Todo, absolutamente todo, con el único objetivo de pagar los vencimientos de deuda a los pulpos acreedores y al FMI.

El ajuste que viene realizando el gobierno ultraderechista de Javier Milei es descomunal. Pasó de un déficit fiscal de -2,9% del PBI a un superávit de 1,5%. ¿Quién está pagando semejante recorte, de casi 4 puntos y medio del producto? Los números lo dicen con toda claridad: un tercio lo costean las y los jubilados, cobrando montos miserables; luego le sigue la obra pública, congelada prácticamente a cero, con cientos de miles de nuevos desocupados; para finalizar están las transferencias a las provincias, que impacta directamente en los sueldos y la infraestructura docente. Y los recortes siguen, impactando por todos lados, en una auténtica “motosierra”, para usar la misma figura que aplica el presidente. Claro que esa motosierra no va contra los ricos y poderosos, ni nada que pudiera siquiera parecerse a lo que él suele denominar, a propósito en forma confusa, como “la casta”.

Así, todos los días, tenemos ejemplos de las consecuencias de este auténtico plan de guerra contra el pueblo trabajador. A las y los jubilados, no contentos con llevar sus haberes por debajo del nivel de indigencia, se les recorta los medicamentos gratuitos, hasta el extremo de no entregar drogas oncológicas. A las y los empleados públicos se les congelan los sueldos, además de despedirlos de a miles. Se cierran organismos de ciencia y técnica, se desfinancia al extremo las universidades, se deja de entregar alimentos a los comedores populares. Se cerraron todos los organismos vinculados a defender a las mujeres, disidencias o denunciar conductas discriminatorias. Se aumentaron las tarifas de servicios públicos, hasta transformarlos en impagables. Podríamos seguir casi hasta el infinito, llenando páginas y páginas de los afectados por estos recortes. La economía de conjunto, producto de todas estas políticas, cayó en una recesión similar a la de un país que está en guerra: el PBI, si descontamos el crecimiento estadístico del sector agropecuario que creció comparativamente debido a la sequía 2023, viene cayendo un 7,5%, con sus consecuencias también sobre las y los trabajadores del sector privado, quiénes viven de changas y el pequeño comercio, en todos los casos con ingresos pulverizados, provocando niveles de pobreza e indigencia récords.

Claro que no es cierto que “todos nos estamos ajustando”. Mientras el pueblo trabajador sufre todo lo que citamos más arriba, a los ricos se les bajó los impuestos (con bienes personales y el blanqueo).Y se les está garantizando superganancias y nuevos negocios a costa del saqueo de nuestras riquezas. Así festejan los especuladores. Por ejemplo en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, que ven como suben sus acciones y bonos.

Lo que se viene será aún peor

El gobierno dice “que lo peor ya pasó”, que “vale la pena el esfuerzo”, porque ahora empezamos a crecer. ¡Mentira! Todo, absolutamente todo este ajuste tiene un objetivo único y explícito: pagar los vencimientos de deuda externa.

Pero lo que se viene será peor, como lo expresa el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el gobierno, que explicita la regla de recortar lo que fuera necesario con tal de garantizar el pago de todos y cada uno de los astronómicos vencimientos que se vienen en los próximos años. Sólo en 2025 vencen 24.000 millones de dólares (17.500 millones de pago inmediato).

¿Cuál es la salida?

Milei y su gobierno sólo nos ofrecen más hambre, marginación social y saqueo de nuestras riquezas, y cada vez peor. No tenemos futuro, ni nosotros ni las próximas generaciones, si seguimos por este camino. Es necesario ya mismo parar este descomunal ajuste e implementar otro plan económico, alternativo, obrero y popular, que comience por dejar ya mismo de pagar la inmoral, ilegal, ilegítima e impagable deuda externa, que rompa con el FMI y sus planes de ajuste. Así, ¡sí veremos que plata hay! Y podremos aplicarla a resolver las más urgentes necesidades populares de salarios y jubilaciones dignos, trabajo genuino para quién lo necesite, salud, educación, vivienda, ciencia y tecnología.

Escribe Agustín Blanco

La diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad, Mónica Schlotthauer rechazó de lleno el presupuesto que discutieron en la comisión correspondiente, defendió a las empresas estatales y apuntó contra el objetivo real del gobierno de Javier Milei: seguir pagando la deuda externa al pie de la letra, mientras el pueblo sufre hambre y pobreza.

“Lo que nos preocupa desde Izquierda Socialista es que el eje de este presupuesto sea la sostenibilidad de la deuda, cuando en realidad la preocupación que debiera ordenar como eje este presupuesto es ver cómo resolvemos esa problemática”, analizó la legisladora tras exponer que el gobierno de Milei ya acumula 5.400.000 nuevos indigentes. “De verdad, resultaría siniestro tener que votar esto. Cualquiera que quiera decir que quiere representar al pueblo trabajador y sectores populares tiene que rechazarlo furibundamente”, insistió.

La también delegada ferroviaria del Sarmiento argumentó que el rechazo es inevitable porque “hay un artículo que dice que van a poder recortar todas las partidas que acá se proponen si los resultados macro no dan”. Es decir que el Poder Ejecutivo podrá quitarle más dinero a los sectores populares si no se alcanzan las metas de déficit fiscal.

“Esto de tener que recortar 20 mil millones de dólares a los presupuestos provinciales de la coparticipación, cuando acá están diciendo que veinte de las provincias del país tienen más de los 50% de sus ingresos coparticipables, es condenar casi a la disolución del país. Podrán tener el apoyo de todos los gobernadores ajustadores porque viven bien, pero la situación va a resultar ingobernable”, pronosticó la diputada.

“Esto se lo voy a decir como trabajadora de los ferrocarriles y orgullosa de ser ferroviaria, que nos molesta muchísimo que nos digan que el agujero negro de este país son las empresas estatales, cuando acá dice que a la empresa eléctrica de este país, a la que le vamos a tener que pagar del bolsillo de cada uno de nosotros el 84% de las tarifas, se le va a dar en caracter de beneficios promocionales, 122.783.770.918 pesos. A una empresa que no ha puesto un peso legítimo sobre la red de distribución y generación”, denunció Schlotthauer.

“Contra este presupuesto sí vamos a levantar y presentar un plan de emergencia que empiece por decir que hay que desconocer la estafa de la deuda externa. Una deuda que viene de la dictadura militar pero que la han agrandado todos los gobiernos que siguieron. Una deuda ilegítima y usurera. Esta película la vimos y ya sabemos cómo termina”, aseguró.