Escribe José Castillo

El superministro de Economía Sergio Massa culminó su gira por los Estados Unidos. Se reunió con referentes del Departamento de Estado y del Tesoro yanqui, ofreció más privilegios para profundizar el saqueo en Vaca Muerta y se sometió al exámen del FMI.

Todo el equipo económico hace una semana que está haciendo gestos de genuflexión frente al gobierno yanqui y el establishment económico internacional. El ministro Massa comenzó su gira reuniéndose con funcionarios de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado (equivalente a nuestro ministerio de Relaciones Exteriores). También fue recibido por el consejero de seguridad del presidente de los Estados Unidos, Jack Sullivan.

Posteriormente hizo valer su imagen de “hombre confiable de los yanquis” para lograr que el presidente del BID, Mauricio Claver Carone, se avenga a destrabar préstamos de ese organismo para la Argentina. Cabe destacar que ese dinero no irá a obras específicas, sino simplemente a engrosar las reservas para así poder cumplir con los requerimientos del FMI y los vencimientos de deuda externa.

Una parada importante fue la reunión en Houston con los magnates de la industria petrolera y gasífera, donde Massa se comprometió a otorgar más privilegios a estas transnacionales y dar vía libre para el incremento del saqueo de Vaca Muerta (ver "Reunión de Houston: mayores privilegios para las multinacionales del gas y el petróleo").

Luego, en la reunión con funcionarios del Departamento del Tesoro (el equivalente yanqui a nuestro ministerio de Economía), si bien la reunión fue con el asesor David Lipton, Massa logró que, al menos, pase un momento a saludar y sacarse una foto la secretaria Janet Yellen. En todas las reuniones, Massa mostró su buena llegada a la cúpula política norteamericana y dijo lo que todos esperaban: sobreactuó el alineamiento internacional argentino con el país del norte y se dedicó a mostrar los “esfuerzos” que hace el gobierno para cumplir con el ajuste del FMI. Janet Yellen, en la brevísima conversación con Massa (demostrando que una semicolonia como Argentina no merece más tiempo para un funcionario de primera línea yanqui), no se privó de exigir que el gobierno debe avanzar en “reformas estructurales” (ya sabemos lo que eso significa: flexibilización laboral, mayor ajuste jubilatorio y menos impuestos para las grandes empresas y fortunas).

En la conferencia de prensa posterior, el ministro Massa fue clarísimo: “ellos obviamente tienen enorme interés en que Argentina vuelva rápido al mercado de capitales como una forma de avanzar aún más en la recuperación de la credibilidad global de la Argentina”. Traducido: el objetivo de máxima del gobierno argentino es restablecer las líneas de endeudamiento con los yanquis, lo mismo que se planteó y logró en sus primeros dos años Mauricio Macri. Y que, sabemos, terminó en la crisis de 2018 y el pedido de auxilio al FMI.

La reunión más importante: el FMI

Mientras Massa desarrollaba todo ese periplo arriba relatado, el resto del equipo del ministerio de Economía, encabezado por el recientemente reclutado economista “estrella” del establishment local, el viceministro Gabriel Rubinstein, se dedicaba a rendir exámen número a número con la cúpula técnica del FMI. Finalmente llegó la reunión más esperada, Massa, acompañado por el presidente del Banco Central Miguel Pesce y la anterior ministra Silvina Batakis, se reunió con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo.

Las explicaciones de Massa en todas sus reuniones, y obviamente mucho más con Kristalina Georgieva, pasaron por mostrar que estaba cumpliendo con el ajuste. Se jactó de que los jubilados están siendo reajustados por debajo de la inflación, de que los salarios del sector público también se están desvalorizando frente al ascenso de los precios, de que se congeló toda la planta del Estado, de que se está avanzando con los tarifazos en la electricidad, el gas y el agua y de que se recortaron partidas sustanciales en educación, salud, vivienda y obras públicas. Todo con el objetivo de alcanzar el número exigido por el FMI y llegar a fin de año con un déficit fiscal no mayor a 2,5% del PBI.

A todo esto Massa le agregó la información de los privilegios que se le han otorgado a los monopolios exportadores de soja y a los grandes terratenientes, para lograr que estos liquiden las cosechas que estaban reteniendo y así acercarse a cumplir con la otra meta exigida por el Fondo llegar a 5.800 millones de reservas de acá a fin de año.

A pesar de toda esta puesta en escena del ministro de Economía, quedó claro que el FMI no te regala nada. Massa se fue sin la revisión técnica del Fondo aprobada, apenas con la promesa de que sucedería en breve. Sí se llevó “tarea para el hogar”: presentar un presupuesto 2023 donde el ajuste debe ser aún más profundo, ya que el programa firmado con el Fondo exige reducir aún más el déficit, hasta el 1,9% del PBI. Dato de color: Massa tampoco logró que esta vez se pudiera agendar una reunión entre Alberto Fernández y Joe Biden. El presidente del Frente de Todos va camino a obtener un récord: nunca un presidente argentino intentó tantas veces reunirse con su par yanqui y siempre salió desairado.

Una visita alejada de las necesidades populares

La visita de Massa y su equipo a los Estados Unidos fue la más clara manifestación de cuáles son las prioridades del gobierno peronista del Frente de Todos: el sometimiento al ajuste del Fondo Monetario Internacional, la humillación absoluta ante el imperialismo yanqui y el mayor saqueo de nuestras riquezas. Exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. La verdadera salida pasa por romper con el Fondo, dejar de pagar la deuda, estatizar nuestros recursos gasíferos y petroleros, así como la banca y el comercio exterior, y utilizar todo eso para priorizar las reales y urgentes necesidades de nuestro pueblo: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, y más plata para educación, salud y vivienda.

Escribe José Castillo

Una de las reuniones más publicitadas de Sergio Massa en su gira por Estados Unidos fue la que realizó con las grandes multinacionales petroleras en la ciudad de Houston.

El encuentro, realizado en el Rush Conference Center del Instituto Baker de la Rice University, contó con la participación, además de Massa, de las secretarias de Energía, Flavia Royón, y Legal y Administrativa, Renata Scafati, los presidentes de YPF, Pablo González, y de Enarsa, Agustín Gere y el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro.

El ministro realizó la presentación del Plan Gas, en todas sus facetas e incentivos a la producción y posterior exportación. Massa aseguró que las empresas contarán con libre acceso a divisas para importar, para reenviar utilidades a las casas matrices, y no descartó otros “beneficios adicionales” a quienes cumplan con incrementos en la producción. O sea, habrá vía libre para el saqueo y la destrucción ambiental.

Asimismo, Massa anunció que volverá a poner en vigencia el Régimen de Promoción de Hidrocarburos de 2014, que fue el que dio nacimiento a Vaca Muerta con Chevrón. Recordemos que dicho acuerdo se desconoce en sus detalles, porque fue calificado como “secreto”. Todas las regulaciones posteriores de Vaca Muerta se hicieron sobre la base de dicho régimen.

Además de la presentación general, el ministro Massa luego accedió a reuniones bilaterales con directivos de Total, Chevron, British Petroleum, Bridas y ExxonMobil.

Tanto ofrecimiento de privilegios obviamente dio sus frutos, la francesa Total y la yanqui Chevron anunciaron nuevas inversiones en Vaca Muerta para 2023.

Estos anuncios profundizarán en el futuro inmediato el saqueo, el daño ambiental y la superexplotación de los trabajadores petroleros que se está dando en Vaca Muerta. Esto se viene incrementando en forma ininterrumpida en los últimos tres años. Así, en 2020 la producción de petróleo por fracking en la zona llegó a los 120 mil barriles diarios, en 2021 a los 168 mil barriles y este año ya se está en un ritmo de 226 mil barriles. YPF está a la cabeza, extrayendo el 59%, seguida por Shell y Vista Oil con el 12% cada una y Panamerican Energy con el 7%.  Cuatro empresas concentran el 90% de la producción total de petróleo en Vaca Muerta. El 10% restante se lo reparten otras diez empresas, siendo la más importante Tecpetrol (Grupo Techint) con el 2,5%.

Con respecto al gas extraído en Vaca Muerta, YPF aporta el 39%, Tecpetrol el 22% y Pampa Energía (Grupo Midlin) el 10%. Estas tres empresas se reparten el 70% de la producción total de gas en Vaca Muerta.

En ambos negocios, gas y petróleo, hay un extenso campo para propiciar el saqueo por parte del capital transnacional. Eso es exactamente lo que está ofreciendo el ministro Massa, en su desesperación por “conseguir dólares” para cumplir con el ajuste exigido por el FMI y los pagos de deuda externa.

El gas y el petróleo son recursos estratégicos y no renovables. Igual que la naturaleza que se destruye con la crisis ambiental que se está generando en la zona de Vaca Muerta, además del pisoteo de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

El camino para que esos recursos se puedan aprovechar racionalmente no es ofrecer más privilegios para el saqueo. Al contrario, hay que rescindir todas las concesiones y concentrar todo el negocio petrolero, desde la prospección, pasando por la extracción, el refinado y la comercialización, en una YPF 100% estatal, gestionada por sus propios trabajadores. Del mismo modo, tenemos que concentrar el hoy totalmente descentralizado negocio gasífero, recreando una gran Gas del Estado que garantice el uso de este vital recurso, priorizando su acceso al conjunto de la población argentina.

Escribe José Castillo

El gobierno peronista del Frente de Todos se jacta de que “ahora sí” está logrando que los grandes acopiadores de soja se dignen a liquidarlas y así permitan engrosar las reservas. Claro que para ello les está garantizando un negocio redondo: pagarles la soja que liquidan a 200 pesos por dólar. Para el exportador de soja es el equivalente a bajarles las retenciones a 0%.

Un escándalo, teniendo en cuenta que el mismo Banco Central que paga 200 pesos por dólar a los grandes exportadores de soja, luego se lo vende a los importadores a 140 pesos. ¡Comprar a 200 para vender a 140! Todo esto le genera al estado una pérdida de 300.000 millones de pesos, que es el equivalente a todo lo que se recaudó el año pasado con el impuesto a las grandes fortunas.

Este “dólar soja” es un beneficio exclusivo para los grandes terratenientes, que son los que tuvieron capacidad para acopiar y esperar, especulando con las toneladas de soja en las silobolsas. El pequeño productor ya hace meses que se vio obligado a vender su cosecha para sobrevivir a la cotización anterior.

Recordemos que, según el último censo agropecuario (del año 2018), el 1% de las explotaciones agropecuarias concentran el 36% de la tierra. En el otro extremo, el 55% de las explotaciones tienen apenas el 2% de la tierra. Estamos hablando en un caso de fincas de más de 10.000 hectáreas y en el otro extremo de pequeñas chacras de 200.

Los quince mayores grupos de siembra del país, que suman 1,6 millones de hectáreas, son: Mariano Bosch (Adecoagro, 210.000 hectáreas), Roberto Urquía (Aceitera General Deheza, 200.000 hectáreas), Lartirigoyen y Cía (Grupo Glencore, 150.000), Manuel Santos Uribelarrea Balcarce (MSU, 140.000 hectáreas), Eduardo Elzstain (Cresud, 132.000 hectáreas), Grupo Duhau (120.000 hectáreas), Grupo Andreoli (100.000 hectáreas), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo, 99.000 hectáreas), Grupo Boehler (80.000 hectáreas), Markus Kahlbetzer (Liag Argentina, 79.000 hectáreas), Grupo Río Seco (65.000 hectáreas), Rafael Aliaga (Man Agro, 60.000 hectáreas), Daniel Cavigliasso (Maniagro, 60.000 hectáreas), Carlos Reyes Terrabusi (Virreyes Agropecuaria, 50.000 hectáreas) y Santiago Casares (Casenave y Asociados, 50.000 hectáreas).

A todo esto hay que sumarle los pooles de siembra, especuladores financieros que arriendan tierras exclusivamente para una cosecha y luego especulan con las toneladas cosechadas.

Los grandes productores de soja no sólo se están beneficiando con este tipo de cambio especial. También aprovechan para cobrar la soja en pesos a un dólar de 200 cuando venden al mercado interno, ya sea a quiénes la usan para alimentación de animales (vacas lecheras, cerdos, aves), a las empresas de biodiesel o a las aceiteras. Conclusión: en el corto plazo veremos “la segunda vuelta” de este mayor precio de los insumos, con un nuevo salto inflacionario.

En vez de castigar a los especuladores, se los está premiando. Obviamente, ahora viene la presión de los terratenientes que cosecharon maíz para que se les reconozca el mismo tipo de cambio, mañana sucederá lo mismo con los del trigo y así sucesivamente. Lo que está sucediendo, en el fondo, es una devaluación encubierta, en cuotas. Que terminará pagándola, con mayor inflación, el pueblo trabajador.

La solución pasa por nacionalizar el comercio exterior, para terminar con todas estas maniobras especulativas. Y para que sea el estado quien reciba los dólares exportados en forma directa y así pueda aplicarlos a las más urgentes necesidades populares.

A todo esto hay que agregar una salida de fondo. No va más esta estructura de propiedad de la tierra. Se necesita una profunda reforma agraria, con la expropiación de los grandes terratenientes y el apoyo con créditos blandos, subsidios, formación a través del INTA y precios sostén para los pequeños productores, las cooperativas y la agricultura familiar.

Escribe José Castillo

Sergio Massa viene prometiendo que, tras su gira por Estados Unidos, se avanzará en un acuerdo entre la AFIP y el Internal Revenue Service (IRS), organismo de recaudación de impuestos yanqui.

El gobierno del Frente de Todos afirma que hay 100.000 millones de dólares fugados de nuestro país y depositados en los Estados Unidos. Cierto. Tal vez incluso sean más. Es verdad que si se cobraran multas e impuestos sobre ese dinero, sería un dineral.

Pero lo totalmente ilusorio es imaginar que el gobierno de los Estados Unidos denunciará a esos capitalistas que fugaron de nuestro país y hoy juegan en el sistema financiero del país del Norte. Los acuerdos entre países para evitar la evasión impositiva, que existen, son totalmente asimétricos. Estados Unidos firmará un acuerdo con la Argentina, si le conviene, para evitar la eventual fuga de capitales yanquis hacia nuestro país, cosa que, evidentemente, hoy no sucede. Incluso si, en algún momento del futuro, se firmara algún pacto de intercambio de información impositiva, este bajo ningún punto de vista permitirá a nuestro país cobrar fuertes impuestos o multas a los evasores. A lo sumo abrirá las puertas para algún nuevo blanqueo de capitales, a la medida de los propios evasores.

Muchos de los evasores impositivos y los que fugan capitales son ampliamente conocidos. Si son personas físicas, tienen intereses en empresas y grupos económicos que funcionan en nuestro país. Si son empresas fantasmas, es bastante fácil encontrar lazos familiares y de testaferros con patronales locales.

En síntesis, lo que se debería hacer es exigir la repatriación de los capitales fugados, amenazando con incautar las riquezas locales de esos especuladores, no esperando una ilusoria “ayuda” de los yanquis, que nunca llegará. ¿O acaso no sabemos que la mayor corrupción es el ilegal, inmoral e impagable endeudamiento externo, generada por el mismísimo establishment financiero yanqui?

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

“Discurso del odio”. Esa es la frase que está de moda en el peronismo. El gobierno la usa para decir que todos los males se deben a los editoriales de los medios que lo critican, a los fallos judiciales adversos y a los discursos violentos de la oposición patronal. Intenta desligarse del enorme repudio popular y de paso sentar un peligroso antecedente contra los que luchan, el sindicalismo combativo y la izquierda.
 
El Presidente de la Nación, La Cámpora, la CGT, las CTA y los medios afines al gobierno siguen con la campaña. Todo lo malo sería por culpa del famoso “discurso del odio”. Odio que estaría detrás del pedido de condena de un fiscal por los casos de corrupción, oficiando como caldo de cultivo del atentado contra la vicepresidenta.

La otra campaña que se suma a la del odio es la del lawfare. Esta palabra, en inglés, quiere decir “guerra judicial”, en este caso contra los gobiernos supuestamente “nacionales y populares” como el peronismo, para desestabilizarlos y que no puedan cumplir con su cometido de gobernar para los vulnerables.

La semana pasada se hizo una audiencia en el Congreso convocada por la diputada kirchnerista de la Ciudad Gisela Marziotta, donde participaron juristas y representantes de otros gobiernos latinoamericanos. La idea es promover una ley o modificar el Código Penal para condenar a los jueces que atenten contra políticos populares.

La teoría del lawfare hace referencia a que en Latinoamérica se estarían dando golpes de Estado (“golpes blandos”), no por los militares como antes, sino con fallos de jueces que responden a la embajada norteamericana. Es lo que vienen diciendo los gobiernos denominados “progresistas” como se los auto titula a los Lula en Brasil, al peronismo en Argentina o a las dictaduras de Maduro y Ortega, en Venezuela y Nicaragua respectivamente.

La diputada Marziotta dijo que el lawfare es el “Plan Cóndor” de nuestros tiempos (genocidio que aplicó Estados Unidos en el cono sur y Argentina con el golpe de Videla-Martínez de Hoz, con 30.000 detenidos desaparecidos). Otro de los participantes señaló que lo que le está pasando a Cristina se asemeja al golpe gorila del ‘55 contra Perón. Comparaciones que nada tienen que ver con la realidad.

En esos años sí hubo golpes de Estado que llamamos a combatir, como lo hizo nuestra corriente encabezada por Nahuel Moreno enfrentando el golpe gorila del ‘55 mientras el Partido Comunista y el Partido Socialista (quienes hoy están con el gobierno) estaban con la Fusiladora. O como lo hicimos con el golpe del ‘76, que se dio para liquidar a una generación de luchadores ante el desquicio del gobierno de Isabel Perón que ya venía implementando una tremenda represión con las bandas fascistas de las Tres A.

Hoy contra un juez, mañana contra los que luchan

El objetivo de esta campaña es intentar que el peronismo quede como víctima de una supuesta campaña de la derecha internacional, mostrándolo como “nacional y popular”, cuando viene gobernando para las multinacionales, los grandes empresarios y el Fondo Monetario.

Lo que tendrían que preguntarse el gobierno y sus seguidores es por qué el pueblo pobre y trabajador se estaría dejando llevar por personajes tan repudiables como Macri y no por los discursos positivos, “de amor”, del Frente de Todos. ¿No será que el pueblo trabajador está harto de tantas mentiras, del doble discurso oficial y de un tremendo ajuste, pobreza e inflación que está ejecutando el peronismo del Frente de Todos? ¿No será que este es el caldo de cultivo que engendra a estos sectores marginales ultraderechistas que provocaron el atentado, y no una gran organización de la derecha internacional que está detrás de todo, como pregona el gobierno?

Está claro que desde Izquierda Socialista no respaldamos a los medios sesgados; somos quienes venimos enfrentando con el Frente de Izquierda a Juntos por el Cambio y a los ultraderechistas como Milei, y decimos que a los jueces se los debe elegir por el voto popular. Pero a la par decimos que es falsa esta campaña del gobierno que usa para tapar su brutal ajuste. Campaña que irá contra los que luchan.

Alertamos que al “mote del odio” el gobierno se lo endilgará a las y los docentes que paran en varias provincias, a los movimientos sociales combativos y a la izquierda, apuntando contra el derecho a la protesta y a la verdadera oposición, que es el Frente de Izquierda Unidad.

Recordemos, como ejemplos, cuando en pleno gobierno de Cristina Kirchner a nuestro dirigente combativo Rubén “Pollo” Sobrero lo metieron preso por cuatro días, incomunicado, acusado falsamente de quemar trenes por Aníbal Fernández, entonces ministro de Cristina. O cuando Cristina como presidenta tildó de “vagos” a los docentes en una sesión de apertura del Congreso y con su actual abogado Dalbón dijeron que la culpa de la masacre de Once la tuvo el motorman.

Cristina como presidenta acusó a los paros generales por el salario de “destituyentes”, y con el Proyecto X (inteligencia de Gendarmería y el Ejército) se infiltraron en las marchas obreras y populares para iniciar causas penales contra sus dirigentes. El kirchnerismo, teniendo mayorías parlamentarias, nunca aprobó la ley para desprocesar a más de 5.000 luchadoras y luchadores sociales.

Por todo esto llamamos a rechazar a este discurso peligroso y a luchar por una salida de fondo, que vendrá con un gobierno obrero y popular y una Argentina socialista, que termine con esta debacle política y social a la que nos han llevado todos los gobiernos capitalistas.