Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Nuevo MAS y Castañeira participaron del acto convocado por Alberto Fernández el pasado viernes 2 de septiembre en Plaza de Mayo, día decretado como feriado nacional. Dicen que fueron al acto contra un “zarpazo reaccionario”, tildando de “secta podrida de derecha” al Frente de Izquierda por no haber salido a las calles contra un “atentado fascista”.

Parece que Castañeira y el Nuevo MAS no escucharon el discurso de Alberto Fernández cuando convocó a la marcha culpando al atentado por el “discurso del odio” y llamando a la “paz social”. El presidente había dicho el día previo: “El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que lo logremos”. ¿Eso fueron a apoyar? ¿Cómo que había que movilizar con el gobierno, el Frente de Todos y la burocracia sindical porque “estaba en juego la democracia”? Justo cuando Massa está redoblando el ajuste capitalista y viajó a Estados Unidos para seguir con la entrega.

Claro que repudiamos este atentado, como todas las acciones de sectores minoritarios ultraderechistas. Y exigimos investigación y castigo. ¿Pero de dónde se traduce que este atentado -por más repudiable que sea- haya sido una intentona golpista que puso en peligro las libertades democráticas del pueblo trabajador?

El Nuevo MAS le lavó la cara al gobierno, diciendo: “Es falso que hubiera sido una marcha en apoyo al gobierno”. Lo fundamenta alegando que “no fue un acto oficialista (incluso en la forma), el documento que se leyó fue un documento oficialista pero leído por una actriz”. (Textual de Roberto Sáenz, informe al Comité Central del Nuevo MAS, IZQ WEB 4/9). O sea, como lo leyó una actriz kirchnerista y no alguien de La Cámpora, no fue un acto pro gobierno. Un delirio total.

No solo eso, el Nuevo MAS señala que “fue una manifestación ultra progresiva y democrática” porque “al tomar las calles se evitó el giro reaccionario, y para mí la coyuntura quedó colocada un poco más hacia la izquierda. Se generó una marcha democrática por la izquierda”. (Idem de Sáenz). Para el Nuevo MAS no solo no fue un acto del Frente de Todos, sino que habría sido una “respuesta por izquierda” al atentado.

El Frente de Izquierda no marchó, porque como lo señaló en una declaración, “nuestro repudio a este atentado reaccionario no implica ninguna solidaridad política con un gobierno que está llevando a cabo un profundo ajuste contra el pueblo trabajador bajo el mandato del Fondo Monetario Internacional”.

Esta política capituladora del Nuevo MAS viene de hace años. Recientemente, Castañeira también habló de “persecución y proscripción de Cristina”, ante el pedido de condena de un fiscal por sus responsabilidades en hechos de corrupción bajo sus doce años de gobierno (2003/2015). No es casual. Según el análisis de Sáenz, “Cristina y el peronismo son un obstáculo” para una salida bolsonarista”. Es decir, que habría que defender al democrático peronismo versus al fascista Juntos por el Cambio.

El Nuevo MAS capituló una vez más al peronismo y al kirchnerismo. Y es bueno recordar que nunca se sumó al Frente de Izquierda conformado en 2011 para pelear, en pleno kirchnerismo, por una salida obrera y socialista. Las razones están a la vista.
                                                                                                    

Escribe Diego Martínez

A raíz del atentado contra Cristina Kirchner, surgieron distintas posturas en relación al avance de la extrema derecha en el país. El gobierno insinúa que el atentado contó con el aval de las “cúpulas” de la derecha y que puso en jaque a la democracia. Ninguna de las dos cosas es cierta. Estas expresiones neofascistas existen, pero son ultra minoritarias, marginales, y no cuentan con el apoyo de sectores burgueses ni entre los trabajadores y la clase media.

Puede haber compañeras y compañeros que, impactados por el intento de magnicidio, entren en dudas con el discurso del gobierno. Pero la situación es muy distinta, por ejemplo, a la de los años ‘70. En los años previos al golpe del ‘76 la situación era totalmente distinta. En aquel momento la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que actuaba durante el gobierno de Isabel Perón, estaba conformada por el lopezreguismo y patotas de la burocracia sindical que asesinaron a miles de luchadores obreros y populares.

La envergadura de los grupos que existen actualmente es completamente distinta. Y no se asienta en ningún sector organizado de manera permanente. Esto no quiere decir que no sean peligrosos ni que no haya que repudiar enérgicamente su accionar llamando a la más amplia unidad para ello, ya que no solamente apuntan contra distintas minorías, sino también particularmente contra todos los sectores que realicen acciones de lucha como movilizaciones, paros o cortes de ruta.

Uno de ellos es el centro cultural Kyle Rittehouse de La Plata, que lleva el nombre en honor a un joven estadounidense que mató a dos personas en una marcha antirracista. Los dos integrantes de este grupo realizaron atentados contra locales de partidos de izquierda y monumentos de la memoria. José Derman, uno de ellos, se entrevistó con representantes del partido de Milei, a quienes les ofreció fiscalizar en las elecciones. Cuando allanaron su casa encontraron fotos de Bolsonaro y del economista libertario.

Otro grupo que se dio a conocer es “Revolución Federal”, que se pronuncia en contra de los “planeros”, “los zurdos”, los extranjeros de países limítrofes, las “feminazis” y el “curro de los derechos humanos”. Se manifiestan a favor de la pena de muerte y en una marcha contra el gobierno colocaron guillotinas y bolsas mortuarias en la Plaza de Mayo.

El caldo de cultivo para el surgimiento de estas expresiones es la crisis y la descomposición social del capitalismo, lo que trae aparejado un crecimiento de la violencia. La desesperación que se genera entre amplias franjas de trabajadores y sectores populares, junto a la crisis política, es canalizada mediante un discurso engañoso por los liberfachos Milei y Espert,  quienes sí representan un verdadero peligro  y a quienes llamamos a combatir y desenmascarar. Estos personajes buscan inventar “chivos expiatorios” como los piqueteros o los inmigrantes, a quienes pretenden hacer pasar como los causantes de la debacle social, para que los trabajadores canalicen su bronca en ellos y no en los capitalistas.

Los verdaderos responsables de la decadencia social son los sucesivos gobiernos capitalistas, tanto del peronismo como de Cambiemos, que han llevado adelante políticas de ajuste y de entrega generando más miseria y descomposición social.

Llamamos a repudiar a estas expresiones neofascistas y a luchar por lo opuesto. Por una salida obrera y socialista para terminar con este capitalismo que actúa como caldo de cultivo y engendra este tipo de expresiones completamente repudiables. 

Una nueva edición con temas de la actualidad mundial

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Presentación

Esta nueva edición de Correspondencia Internacional está dedicada al agravamiento de la crisis global del sistema capitalista-imperialista que ha provocado la invasión de Putin y Rusia a Ucrania.

Y a sus consecuencias nefastas sobre las masas con aumento de los precios de la energía, de los alimentos, aumento de la desigualdad social o más gastos en armamentos. Todo esto está produciendo una nueva y vertiginosa caída del nivel de vida de los pueblos del mundo.

Otra expresión de la profundización de la crisis es la ola extrema de calor de Europa que muestra los avances de la destrucción ambiental capitalista. Ya se han quemado más de 500 mil hectáreas de bosques (ver página 33). El río Po, el mayor de Italia, se seca por la falta de lluvias y de nevadas en el invierno. Italia está experimentando la peor sequía en 70 años También la guerra en Ucrania afecta el cambio climático. Alemania y Austria, por ejemplo ampliarán la producción de carbón, aumentando de paso la generación de CO2, por los cortes de suministro de gas por parte de Rusia.

El hambre no deja de crecer. A esto hay que sumarle la crisis migratoria por guerras y hambre. Pero los pueblos del mundo están respondiendo a esta contraofensiva capitalista con huelgas obreras y rebeliones populares como se han dado, por ejemplo, en Sri Lanka, en Ecuador, Panamá o las huelgas obreras en Europa. Dedicamos en esta nueva edición, espacio a estas luchas y rebeliones. Como también a la resistencia del pueblo ucraniano contra la invasión criminal de Putin; y a la lucha de las mujeres de los Estados Unidos y del mundo por el derecho al aborto.

Desde estas páginas impulsamos y apoyamos esas rebeliones y luchas de los pueblos en el mundo para “Que la crisis no la paguen las y los trabajadores. Que la paguen los capitalistas”.

Escribe Guido Poletti

Aunque el gobierno lo niegue, está en curso un ajuste cada día mayor para cumplir con las exigencias del FMI. Salarios y jubilaciones por debajo de la inflación, tarifazos en los servicios públicos y recortes en salud, educación y obra pública lo demuestran.

La vocera presidencial Gabriela Cerruti volvió a insistir en que en la Argentina “no hay ningún ajuste, solo reasignación de partidas no ejecutadas”. Sonó parecido a cuando, en la mismísima conferencia de prensa donde se estaban anunciando los aumentos del gas, la electricidad y el agua, la titular de Aysa, Malena Galmarini, también sostuvo que “no se trataba de aumentos, sino de reestructuración de categorías de subsidios”.

Es, en ambos casos, el sumun del doble discurso. Porque casi en el mismo momento en que Cerruti hacía estas declaraciones, a 10.000 kilómetros de distancia, en Washington los funcionarios del Ministerio de Economía se esforzaban por mostrar al establishment del Fondo Monetario Internacional cómo habían llevado adelante dicho ajuste. Quieren cumplir con la exigencia del FMI de llegar a fin de año con un achicamiento del déficit fiscal que alcance el 2,5% del PBI.

Lo concreto es que en septiembre ya están corriendo los tarifazos de luz y gas. Que los jubilados cobraron con reajustes muy por debajo de la inflación del trimestre anterior, y por lo tanto sus haberes se siguieron pulverizando. Que los salarios de los empleados públicos, docentes y trabajadores de la salud siguen perdiendo poder adquisitivo. Que los recortes en la obra pública, en las refacciones de escuelas y hospitales, lentamente empiezan a verse en la realidad. Y que hay ajustes vergonzosos, como el que sufren las personas con discapacidad.

Todo esto no es más que la materialización del ajuste de 230.000 millones de pesos que anunció el superministro de Economía Sergio Massa el mes pasado. Que ni aún así alcanzará para llegar a reducir el déficit fiscal al 2,5% del PBI, tal como está planteado en el acuerdo con el Fondo firmado en marzo pasado. Para llegar a ese número, hará falta al menos otro recorte de igual o superior tamaño en el último trimestre del año. Y uno más grande aún para el año próximo, cuando haya que cumplir con una meta todavía más exigente con dicho organismo, ya que entonces habrá que llegar a un déficit de apenas 1,9% del PBI.

El “ajustado” es siempre el pueblo trabajador. Mientras tanto los monopolios agroexportadores reciben un dólar que el gobierno les paga a 200 pesos (cuando luego lo vende a 140) generando de hecho un subsidio al sector de 300.000 millones de pesos. Claro que esto “no se cuenta”, ya que apunta a cubrir la otra exigencia del FMI: llegar a acumular reservas por 5.800 millones de dólares y así mostrar que se tiene capacidad de pago de los vencimientos de deuda externa.

Es evidente que, por este camino, no hay ninguna posibilidad de resolver ninguna de las más urgentes necesidades populares en materia de salario, jubilación, empleo genuino, planes sociales, vivienda, salud o educación. El futuro es ajuste sobre ajuste, así hasta el infinito. Por eso insistimos en lo que venimos diciendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: la única salida es romper inmediatamente con el FMI y dejar de pagar la deuda externa. Solo así tendremos los recursos para empezar un camino distinto, un plan económico de emergencia obrero y popular que priorice el bienestar del pueblo trabajador.

Reducciones en el Procrear

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que dirige Jorge Ferraresi, sufrió un recorte de  50 mil millones de pesos -el 16,4% de su presupuesto-, íntegramente destinados al plan Procrear, dedicado al otorgamiento de créditos hipotecarios a tasa subsidiada. En un país con un déficit habitacional de 5 millones de viviendas, no solo el Estado no construye, sino que incluso reduce los escasos créditos existentes para acceder a una casa o refaccionarla.

Recorte en discapacidad

Tres días después del anuncio de ajuste del ministro Massa, la Superintendencia de Salud anunció un “diferimiento de los pagos de todas las prestaciones por discapacidad”. Aclaremos que por diferimiento se entiende un plazo aún mayor al habitual de tres meses.  El sistema de prestaciones básicas en discapacidad está completamente vaciado. No están funcionando la mayoría de prestaciones a nivel nacional, no se están aprobando las horas ni disciplinas que necesitan las personas con discapacidad. Está totalmente cortada la cadena de pagos a los prestadores. Hay docentes integradores que no cobran desde mayo. Los montos para transporte no se han actualizado y ya no alcanzan para pagar a los prestadores.

Jubilaciones: otra vez perdieron

El último aumento fue del 15,53%, con el agregado de un bono de 7.000 pesos que percibirán durante 3 meses los perceptores de la mínima, que se reducirá gradualmente hasta 4.000 pesos para los que cobren dos haberes mínimos (90.705 pesos).
Aunque el gobierno habló de aumento “real” (superior a la inflación) del haber mínimo, que sin bono es de 43.353 pesos, para el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se trató de “una falacia berreta”. El bono, dijo, busca encubrir que el 15,53% equivale a 200 pesos por día para personas que apenas cubren entre el 35% y el 40% de su canasta de consumo. Además, el incremento para los demás jubilados fue casi dos puntos inferior al 17,3% de inflación del trimestre precedente, brecha que crecerá con la inflación prevista de aquí a fin de año.

Salarios: corren por detrás de la inflación

Los propios datos oficiales reconocen la pérdida del poder adquisitivo con respecto a la inflación. En el acumulado del primer semestre el índice de salarios cerró con un alza del 34,3% en promedio, contra una inflación de 36,2%. Esta suba del índice fue producto de una suba del 36% en los sueldos de los trabajadores privados, del 35,5% en los de los empleados públicos, y de 27,9% en los trabajadores no registrados.

Estos números empeoraron con el desboque inflacionario de julio, del 7,4%, y agosto (se calcula un número cercano a 6,4%). Los salarios estatales de todos los niveles (nacional, provincial y municipal) están perdiendo fuertemente su poder adquisitivo. Este es el mecanismo que está utilizando el gobierno para cumplir esta parte del ajuste exigido por el FMI.

Educación: sin computadoras ni refacciones a las escuelas

El ministerio de Educación está sufriendo un recorte de 50 mil millones de pesos, el 5,2% de los gastos previstos para este año. De ese total, 30 mil millones corresponden al Conectar Igualdad, plan que contempla la entrega de netbooks a estudiantes de escuelas secundarias. Esto implica prácticamente “cerrar” el programa por lo que resta del año y no entregar una computadora más. Otros  15 mil millones son recortes al Programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes.  Y  5 mil millones de pesos a otros a programas de infraestructura y equipamiento.
A todo esto hay que sumarle que el ajuste en los fondos que se envían a las provincias repercute indirectamente en que los gobernadores lo usan como excusa para no aumentar los salarios de los docentes, profundamente deteriorados por la inflación.

Tarifazos en curso

Este mes de septiembre ya empezaron a correr los aumentos a los servicios de gas y electricidad. Con incrementos que serán superiores al 20% para la mayoría de los usuarios en las boletas que recibirán individualmente. A esto se le deberá sumar como afecta dicho tarifazo en los llamados gastos comunes de electricidad en consorcios, o en las boletas de pequeños comercios. Pronto este aumento dará una “segunda vuelta”, rebotando sobre los precios. Todo esto mientras ni siquiera se conocen la grillas de las nuevas tarifas y, por supuesto, las audiencias públicas supuestamente exigidas por la ley brillan por su ausencia.