Escribe Malena Lenta

Hace pocos días se hizo pública la noticia de la violación de una joven venezolana de 18 años en el primer día trabajo por parte de su jefe, Irineo Humberto Garzón Martínez, de 35 años, quien es dueño de un comercio en el barrio de Once. Pero además de la traumática situación vivida por la joven, este caso destapa un clásico modus operandi tanto de quienes se aprovechan de la situación económica crítica de las mujeres como de la connivencia de la justicia patriarcal.

Garzón Martínez sabía de la necesidad de trabajo acuciante de la joven y por eso le pidió fotos y la invitó a salir como pago para aceptarla como empleada. Ante el rechazo de la joven, no dudó en drogarla, engañándola con una bebida para poder violarla. Y aunque ella logró avisarle a su familia de lo que estaban sucediendo, cuando ésta llegó al comercio ya era tarde y la violación había ocurrido.

Pero el caso de la joven venezolana no fue único. Y al salir a la luz, llovieron denuncias de mujeres que habían vivido la misma situación con Garzón Martínez, todas ellas trabajadoras desocupadas desesperadas por un empleo. Sin embargo, la justicia patriarcal, a pesar de haberlo encontrado mientras cometía el hecho, decidió dejarlo libre y darle lugar para que amenace y calumnie a la joven y su familia. Al mismo tiempo, tanto la justicia como el gobierno se desligaron totalmente de la contención de la joven, ya que no le dieron la ayuda psicológica necesaria ni tampoco le resolvieron su situación económica que sigue siendo grave.

Por ella y por todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual exigimos ¡Justicia! Cárcel ya al violador Garzón Martínez. Que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad deje de mirar para el costado y garantice el presupuesto para abrir programas para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual. Por la plena implementación de la Ley Micaela para que no haya efectores del Estado sin perspectiva de género. Presupuesto ya para las mujeres y disidencias y no para la deuda externa y la iglesia.

La joven Úrsula Bahillo fue asesinada a cuchilladas por su ex pareja Matías Ezequiel Martinez, efectivo de la policía bonaerense en la localidad de Rojas. Ella era víctima de violencia de género y había radicado catorce denuncias contra Martínez. Él, se encontraba con carpeta psiquiátrica -un eufemismo para proteger a los miembros de las fuerzas represivas que cometen delitos- desde septiembre de 2020 y tenía una perimetral que no cumplió y que nadie controló.

Con mucha indignación vecinos, familiares y amigas de Úrsula reclamaron por justicia pero recibieron represión y balas de goma disparadas directamente a la cara como lo denunciaron por redes sociales.  Así actúa la maldita policía de Berni y Kicilof, reprimiendo a quienes están sufriendo por la pérdida de una amiga o hija de 18 años, mientras encubren y cuidan al femicida. Desde Isadora nos sumamos al reclamo de #JusticiaPorUrsula, exigimos cárcel a Martinez y que paguen los responsables de la represión.

Ante las cifras alarmantes de femicidios y el aumento de la violencia machista, exigimos al gobierno de Fernández que declare ya la emergencia en violencia de género con presupuesto acorde para combatirla en base al no pago de la deuda externa y al cese de los subsidios que recibe la iglesia católica y demás instituciones eclesiásticas. 

Paritaria 2020 de Cicop: Seguimos luchando por una recomposición salarial

Escribe Mónica Méndez, Secretaria Organización y Finanzas Cicop

Luego de un año atravesado por la pandemia, concluyó la paritaria 2020 para los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, a la que también están incorporados los residentes. El congreso de delegados aprobó por amplia mayoría el acuerdo salarial que significó un aumento promedio de 44,6% y para el ingresante de 48,1%. Para el resto de los estatales el aumento fue del 38,7%, lo que nos marca que lo conseguido fue producto del plan de lucha y arrancado al gobierno de Axel Kicillof. En medio de la pandemia y la crisis sanitaria, desde Cicop realizamos caravanas, paros, jornadas de protesta, aplausos y abrazos a los hospitales y centros de salud. Quienes participaron del congreso de delegados son conscientes de la dificultad con la que tuvimos que convivir para reclamarle al gobierno. Muchos se refirieron a este tema durante la sesión. Dentro del acuerdo logramos que se nos otorgue la licencia complementaria extraordinaria, luego de meses de negativa por parte de Kicillof. Este aspecto es muy importante, ya que necesitamos descansar luego de un año que nos dejó extenuados.

Venimos de un atraso salarial muy importante; por lo tanto este aumento, si bien está por encima de la mayoría de las paritarias, no resuelve la crisis salarial. Por ejemplo, un ingresante va a cobrar 59 mil pesos, totalmente insuficiente. Es por ello que debemos encarar el 2021 profundizando el reclamo de aumento salarial, a sabiendas que el gobierno provincial, con el apoyo del conjunto del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio (con la única excepción de los diputados del Frente de Izquierda), votaron un presupuesto destinando menos fondos para 2021 a la salud,en un ajuste que llega también a otras áreas. Aun así saldremos a las calles y seguiremos reclamando por una verdadera recomposición salarial y un aumento del presupuesto en base al no pago de la deuda externa. 

Elecciones en Cicop

Los días 3, 4 y 5 de marzo se desarrollarán las elecciones en nuestro sindicato. Cicop nuclea a 15 mil afiliados distribuidos en 80 hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires. Renovaremos nuestro Consejo Directivo Provincial, Congresales y las Comisiones Directivas en los hospitales. Así lo definimos en nuestro congreso de delegados, ya que los cargos están vencidos desde el 20 de agosto. Todo, por supuesto, si las condiciones sanitarias lo permiten.

Desde Izquierda Socialista volvemos a integrar la lista de unidad que se conformó en la anterior elección. Convencidos de que hay que seguir apostando a la unidad para luchar contra el ajuste del gobierno y por un cambio de fondo para la salud pública en la provincia. La lista la conforman distintos espacios políticos junto a sectores independientes, como parte de expresar en la misma a quienes juegan un rol de dirección en los hospitales y sumando a quienes se incorporan a la construcción del gremio en las luchas, como lo son las y los compañeros que se han autoconvocado en el Hospital Posadas y hoy formaron una lista para disputar la comisión directiva en ese hospital, así como tantos otros. Por fuera de esta lista, se presenta el PTS, con una actitud para nosotros equivocada, ya que no apuesta a la construcción unitaria y paciente de la organización, manteniéndose aislados. Desde la izquierda y en particular Izquierda Socialista, seguiremos bregando por mantener a nuestro sindicato independiente de cualquier gobierno y ayudando a la organización de cada hospital, para fortalecer esta herramienta de lucha que es la Cicop.

Corresponsal

La movilización de los jubilados lograron un bono

Escribe Angélica Lagunas, comisión directiva por la minoría de Aten Capital

A la difícil situación económica que vivimos los trabajadores/as activos/as, se suma la de los/as jubilados/as, que vienen siendo saqueados a pesar de haber aportado toda su vida y son el blanco de los ajustes de todos los gobiernos. 

Desde las directivas seccionales, minorías y agrupaciones Multicolor de ATEN Neuquén consideramos necesario movilizarnos ante la definición del gobierno de otorgar un bono en negro a los empleados público y docentes activos y que había excluido a las y los jubilados. Hicimos un llamamiento a todos los movimientos de jubilados/as a unificar los reclamos para superar los límites de luchar separados por gremios y para que definamos de conjunto qué medidas unitarias llevar adelante. El patrón es el mismo: tenemos que unirnos para defender nuestras conquistas y recuperar la actualización salarial según el costo de vida.

Junto a los movimientos de jubilados y gracias a las acciones callejeras logramos que la burocracia sindical kirchnerista de Aten convoque también a movilizar luego de una lluvia de críticas por abajo. Así logramos que el gobierno les pague el 80% del bono que recibimos los activos y ahora nos disponemos a seguir organizando la pelea para recuperar el costo de vida que nos robaron en el 2020. La plata que hoy se lleva el FMI la queremos para salarios y jubilaciones.

Alberto Gorbarán falleció el 31 de enero en Bariloche por Covid-19, luego de estar internado cuatro días en terapia intensiva. En 1968, durante el gobierno de Onganía, Alberto comenzó a militar en la clandestinidad en nuestro PRT-La Verdad de la corriente morenista del trotskismo. Fue militante de zona norte del Gran Buenos Aires y trabajaba en la fábrica de lanchas AVAN, donde fue delegado, consiguiendo importantes mejoras salariales para sus compañeros. Años más tarde trabajó y militó en Phillips organizando una agrupación llamada “5 de diciembre”, fecha que recordaba las jornadas de lucha en 1973 que terminaron en una huelga importante de la fábrica, sacando a la comisión interna complaciente con la patronal, evitando el aislamiento del núcleo de activistas despedidos y permitiendo que asumieran los nuevos delegados. En julio de 1976, ya en plena dictadura genocida, se va de la fábrica por cuestiones de seguridad.

En 1988, junto a su compañera Silvia y sus tres hijos, se radicó en Bariloche y comenzó a trabajar como docente y a militar en el gremio Unter. Fue esencialmente un impulsor de listas antiburocráticas en oposición a la Celeste y un activo militante en la construcción del partido, tomando tareas de responsabilidad. Participó de las importantes movilizaciones populares a mediados de los 90 y tras la crisis de 2001, organizando políticamente a aquellos desocupados que se acercaban al local partidario de Bariloche. Estuvo como candidato en listas gremiales y políticas, acompañando a Izquierda Socialista y al Frente de Izquierda.

Desde Izquierda Socialista Bariloche saludamos afectuosamente a Silvia y a sus hijos. Silvia, en un repaso de la trayectoria de Alberto nos decía: “vivió como pensaba”. Alberto Gorbarán, ¡Hasta el socialismo siempre!

Escribe Miguel Lamas

Una huelga general iniciada el lunes 8 de febrero y multitudinarias movilizaciones conmueven Myanmar (ex Birmania). Rechazan el golpe de Estado militar del lunes 1° de febrero que disolvió el Parlamento electo en noviembre y apresó al presidente Win Myint, a la líder nacional consejera de Estado Aung San Suu Kyi y a decenas de miembros del Gobierno civil.

La huelga general tiene alta participación e incluye a trabajadores textiles convocados por su sindicato, maestros, médicos, enfermeras, estudiantes y hasta bomberos. Centenares de miles están en las calles de Yangón, la capital, y en otras grandes ciudades por tercer día consecutivo.

El partido encabezado por San Suu Kyi (Liga Nacional para la Democracia), formalmente en el gobierno desde 2016, ganó las elecciones parlamentarias con el 83% de los votos, poniendo así en riesgo el dominio militar del Estado que se sostiene desde hace más de medio siglo. La Constitución que hicieron los militares en el 2008 con una supuesta apertura democrática, permite las elecciones pero deja a los militares el control total de los ministerios de Interior, Defensa y Fronteras, y los generales eligen el 25% de los escaños parlamentarios. Para cambiar la Constitución hace falta la aprobación militar.

Suu Kyi, hija del general Aung San, héroe de la independencia birmana, se convirtió en uno de los íconos del movimiento pro-democrático del país. En 1991 ganó el premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de la democracia y los derechos humanos. Fue sometida a arresto domiciliario desde 1995 al 2010 por la dictadura militar. Ahora fue arrestada nuevamente bajo la acusación ridícula de tener en su casa varios walkie-talkies “importados ilegalmente”, con lo que podrían condenarla a tres años de cárcel.

Myanmar, con 54 millones de habitantes, es uno de los países con más pobreza de Asia. Durante años se ha perseguido a las minorías étnicas, al pueblo musulmanes rohingya se le negó la nacionalidad, miles fueron asesinados y unos 700 mil debieron huir del país. En las minas se han denunciado trabajos forzados.

Su economía es en gran parte agraria. Los militares controlan cientos de licencias de explotación en las lucrativas minas de rubíes y jade, cuyo valor total en el país se estima en unos 31.000 millones de dólares, casi la mitad del PBI nacional. China tiene presencia económica creciente y excelentes relaciones con los militares. Es el principal socio comercial (un tercio del comercio exterior) y hay 69 multinacionales chinas en minas, hidroeléctricas, producción de automóviles, extracción de petróleo y gas. Pero también hay profundos lazos con las multinacionales occidentales. El portavoz de la ONG Justice for Myanmar, Yadanar Maung, asegura que Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) es el negocio militar más lucrativo, con contratos con multinacionales como la francesa Total, la estadounidense Chevron y la surcoreana Posco. La multinacional española Zara tiene contratos con empresas para fabricar ropa de lujo con obreras a menos de 80 dólares al mes.

Nos unimos al reclamo popular por la libertad de los presos, porque se vayan los militares y se respete el resultado electoral. El Consejo de Seguridad de la ONU expresó “preocupación” por los hechos, pero por el veto de China y Rusia, se ha negado a condenar el golpe. Estados Unidos y Europa “condenan”, pero siguen haciendo buenos negocios y explotando a los trabajadores en el país.

Cabe destacar que durante el gobierno capitalista de Sann Suu Kyi desde el 2016 no hizo nada por cambiar o denunciar la brutal represión al pueblo, ni la superexplotación de los trabajadores. Eso refleja que defiende los intereses de la burguesía de Myanmar asociada al imperialismo y no de los oprimidos.

Este gran levantamiento democrático del pueblo contra el golpe militar, muestra también la necesidad de una alternativa política del pueblo trabajador, por plenos derechos para las minorías nacionales y derechos laborales contra la explotación imperialista.