Escribe José Castillo

La realidad es más transparente que cualquier discurso. O doble discurso, para ser más preciso: decir una cosa y hacer exactamente la contraria. El gobierno de Alberto Fernández repite como una letanía: “estamos negociando un acuerdo con el FMI que nos permita pagar y a la vez crecer”. Lo acaba de repetir en su discurso virtual en el Foro de Davos y en sus reuniones telefónicas con los jefes de gobierno de Alemania, Ángela Merkel, y de Francia, Emmanuel Macron. La directora general del FMI Kristalina Georgieva ya entendió el juego y le hace coro, asegurando que se está trabajando en un acuerdo que garantice las metas fiscales (léase el ajuste para pagar la deuda) y a la vez “sea sustentable con el crecimiento y la atención a los más vulnerables”.  

Volvamos a la realidad. Mientras continúa la pandemia y crece la pobreza, el gobierno de Alberto Fernández sigue pagando una deuda fraudulenta y usurera. El año pasado, entre pagos a los bonistas privados, el dinero que se le giró por intereses al propio FMI y los desembolsos a otros organismos internacionales, se fueron 6.000 millones de dólares. Este año se debutó con 300 millones que se le abonó con reservas del Banco Central al propio Fondo en concepto de “intereses” y “cuota” por pertenecer al organismo. 

Y se vienen más pagos a buitres y usureros. Diversas provincias tienen vencimientos de deuda en 2021. La tan publicitada negociación “exitosa” del año pasado con los bonistas privados obliga a que ya en julio de este año empiecen los pagos a estos buitres. 

Pero lo más importante, y lo que es efectivamente objeto de negociación, son 5.200 millones de dólares que vencen este año. 2.200 corresponden a un pago que debe realizarse en mayo al Club de París y el resto son los dos vencimientos (en setiembre y diciembre) al propio FMI. 

El gobierno del Frente de Todos negocia “patear” esos vencimientos para el 2025. A cambio de un ajuste, por supuesto,que significará más hambre y marginación para el pueblo argentino. Esto es lo que no se dice, y está en el centro de las mentiras del gobierno: todos, absolutamente todos los planes de ajuste del FMI en el planeta, y entre ellos los más de 20 que lleva firmados la Argentina desde 1956, se hicieron para “ahorrar” plata que garantice cumplir con los pagos de deuda, a costa del salario, los puestos de trabajo, las jubilaciones, la salud y la educación de los países que lo firmaban. 

El gobierno tiene como prioridad lograr este acuerdo. Si se firma, en el corto plazo obligará a un ajuste mayor al actual, estrictamente monitoreado por el Fondo, y pagado como siempre  y una vez más por el pueblo trabajador. Y en el mediano plazo, en apenas unos años,  tendremos la continuidad de la hipoteca de una deuda que sigue creciendo cual bola de nieve. 

Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad volvemos a insistir: no hay salida pagando esta deuda usuraria y negociando con el FMI. La alternativa es romper con el Fondo y dejar inmediatamente de  pagar la deuda externa. Para así poner todos los recursos al servicio de un programa económico de emergencia, obrero y popular, que priorice las más urgentes necesidades de salario, trabajo, salud, educación y vivienda. 

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El gobierno de Fernández se quitó la careta en su doble discurso sobre educación. A través del ministro Trotta no sólo acordó plenamente con Larreta y Acuña el vergonzoso protocolo que presentaron para el regreso a clases presenciales en CABA sino que también avaló e impulsó el cronograma de regreso a la presencialidad en San Juan, Santiago y Santa Fe desde el mismo 17 de febrero y de todo el país en las siguientes semanas. El 12 de febrero harán una nueva reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), donde oficializarán este cronograma y protocolos. No hay “grieta” con Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y las diferentes variantes del peronismo y los partidos provinciales como el MPN neuquino. Todos han decidido el regreso a la presencialidad de docentes, auxiliares y estudiantes sin que haya ninguna inversión importante en infraestructura, insumos y nombramientos de personal, ni vacunación a docentes, auxiliares y estudiantes que pueda garantizar un retorno seguro. Como bien dicen nuestros dirigentes de Docentes en Marcha en todo el país, es una política “criminal” del presidente y de los gobernadores.

En algunas escuelas de CABA y otras provincias se obligó a docentes y auxiliares a retornar a las escuelas esta semana. Y como venimos denunciando, en la mayoría no se ha garantizado siquiera las medidas mínimas de entregar alcohol en gel, desinfectantes, artículos de limpieza de baños, aulas y cocinas. No hay elementos para tomar la temperatura a quienes ingresan a la escuela. Los relevamientos que están realizando los docentes confirman lo que venían denunciando los sindicatos combativos: no se han acondicionado las aulas con mayor ventilación y arreglos de puertas, ventanas, vidrios, techos.

Los protocolos no resuelve el transporte escolar en las ciudades donde los estudiantes viajan en transporte público con miles de personas que ya, sin el regreso escolar, viajan hacinadas. En el caso de CABA, Larreta y Acuña definieron que el sistema de “burbujas” para el aislamiento sea de 30 chicos, en aulas donde ya están apretados. ¿Dónde está el aislamiento y el cuidado de la salud? Más absurdo es la situación de la docencia, obligada a romper las burbujas porque debe dar clases en todas las escuelas y los cursos que da en situación de normalidad, en 2, 5 o 10 “burbujas” diferentes. Si salta un caso de Covid, automáticamente las burbujas deben aislarse por 14 días. ¡Los “protocolos seguros” son absurdos e impracticables!

Pese a esto, el gobierno nacional y los gobernadores insisten y mienten para dar “tranquilidad”. Larreta y Acuña se niegan a ir a una citación judicial para explicar denuncias de sindicatos. Rechazan participar en cualquier debate público con los dirigentes docentes que los denuncian. Fernández, Trotta y los gobernadores ni siquiera cumplen con su propio “semáforo sanitario” acordado el año pasado que indica que cada un cierto número de casos de Covid por habitante, no se puede regresar a la escuela. Según ese “semáforo” hoy en ninguna provincia se puede regresar. Por eso lo van a “modificar” en la reunión del CFE. Todos serán responsables de la expansión del Covid, de las enfermedades y muertes que puedan suceder en las familias trabajadoras.

El peronismo y Cambiemos coinciden en retomar “como sea” las clases presenciales porque necesitan “normalizar” el sistema productivo, que no haya más trabajadores de licencia por cuidar sus hijos, y garantizar las ganancias de los empresarios. Las escuelas privadas quieren recuperar los cobros mensuales de su negocio educativo. Se apoyan para ello en que la docencia y las familias están cansados de la pandemia y la virtualidad. Pero a medida que los docentes van yendo a las escuelas y los estudiantes y las familias se vayan acercando, la realidad será un cachetazo que hará cuestionar aún más la presencialidad.

Como dicen los docentes, para abrir las escuelas hacen falta recursos, no discursos. Se puede ir a un sistema mixto, semi presencial, combinado grupos pequeños con presencialidad semanal con la virtualidad, hasta que se garantice la vacuna para todos. Pero para eso es necesario invertir dinero en infraestructura, insumos, nombramiento de más personal auxiliar y docente, conectividad y tecnología gratuita para docentes y estudiantes, transporte escolar y salarios dignos. Es necesario, como proponemos desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, declarar la emergencia educativa nacional con una partida presupuestaria para educación ya. Ese dinero debe salir de los pagos de la deuda externa, quitar los subsidios a la educación privada y fuertes impuestos a las grandes empresas, oligarquía y multinacionales. Llamamos a todos los trabajadores a exigir juntos la emergencia educativa y a apoyar la lucha de los docentes que defienden la educación y la salud de todos.

Escribe Graciela Calderón, Secretaria Adjunta Suteba La Matanza y dirigente de Docentes en Marcha

Ademys, Suteba Multicolores y la docencia combativa nacional exigen condiciones para el regreso presencial

La ofensiva política de Larreta y Acuña (ahora con el aval de Trotta) de intentar un regreso presencial adelantado, completo y sin ninguna garantía para la salud de docentes auxiliares, estudiantes y sus familias, obligó a que el sindicato combativo de CABA, Ademys, encabezado por Mariana Scayola y Jorge Adaro, se pusiera al frente del reclamo de presupuesto para que garantizar las condiciones de un regreso ordenado, con clases presenciales y virtuales, con protocolos realistas, con vacunación a los docentes y a toda la comunidad educativa, denunciando la verdadera situación de falencias en las escuelas. Ademys plantea que para reabrir las escuelas hacen falta recursos, no discursos.

También se realizaron reuniones de sindicatos y dirigentes docentes opositores en diferentes provincias y seccionales, como los Suteba Multicolores (encabezados por La Matanza), ATEN multicolores, Amsafe Rosario, SUTE Mendoza, GDA Formosa, seccionales combativas de Adosac Santa Cruz, entre otros, y dirigentes opositores a la burocracia de varias provincias.

Además de la cuestión del presupuesto para invertir en lo necesario para lograr un regreso seguro, los docentes estamos reclamando un inmediato aumento salarial que empiece recuperando lo perdido frente a la inflación en 2020 y lo previsto para el 2021 (se pronostica que será de un 45% a 50%), blanquee las sumas en negro y lleve el salario al valor de la canasta familiar. Del tema salarial, al día de hoy, ni el gobierno ni la burocracia sindical de Ctera, UDA, CEA y sus referentes provinciales, dicen una palabra.

Todo indicaría que las burocracias sindicales nacionales y provinciales también acordarían con Trotta y los gobernados dejar correr sus protocolos ridículos, apoyando el regreso presencial inseguro y dejando que cada escuela reclame aisladamente por los problemas de infraestructura e insumos. O sea, una vez más dividir a la docencia para la lucha salarial y presupuestaria, por provincia y ahora por escuela.

En la multitudinaria asamblea que realizamos en Suteba Matanza (¡casi 500 docentes en febrero!) y en la posterior reunión de los directivos de Suteba Multicolores, aprobamos participar en la jornada nacional de lucha de la docencia opositora el día 12.En AMBA, junto con Ademys, realizaremos un acto frente a la Quinta de Olivos a las 10 horas, cuando estén reunidos el Consejo Federal de Educación con el presidente Fernández y Trotta.

Posiblemente la asamblea de Ademys del día 11 de febrero se incline a votar un No Inicio de clases el 17 de febrero y, si todo sigue así, seguramente los Suteba Multicolores y el sindicalismo combativo en todo el país, además de exigir a Ctera y los sindicatos que tomen medidas de lucha, resolveríamos no inicio y plan de lucha en cada una de las provincias.

Desde Docentes en Marcha llamamos a la docencia de todo el país a que nos organicemos junto a familias y estudiantes y salgamos a luchar por nuestros reclamos.

Escribe corresponsal

En un pronunciamiento entregado a los ministros de salud y de educación de Nación y CABA, centenares de médicos y profesionales de la salud solicitaron la postergación del inicio de clases presenciales.

“Debido a las condiciones epidemiológicas alarmantes que estamos atravesando por la pandemia, al crecimiento de contagios, a los miles de personas fallecidas y su consecuente afectación en la capacidad del sistema de salud, como así también a la aparición de distintas mutaciones del virus en el mundo (Reino Unido, Brasil, Sudáfrica), consideramos fundamental que el Estado garantice las condiciones de cuidado de la salud integral de los/as niños/as y adolescentes, así como también de la comunidad educativa en general y de la sociedad en su conjunto, y posponga el retorno a la presencialidad obligatoria en las escuelas del país”, dice el texto.

“Investigaciones en Alemania, Gran Bretaña y los Estados Unidos desmienten la idea de que niños/as y adolescentes se contagian menos, y señalan que pueden tener consecuencias a largo plazo.” “Las experiencias de apertura de las escuelas en el hemisferio Norte son diversas y muestran resultados alarmantes: incluso en zonas con valores de circulación comunitaria más bajos que los de Argentina, no pudieron evitarse los rebrotes y se ha llegado a situaciones graves, que obligaron a dar marcha atrás por las altas cifras de contagios y muertes”

“Por eso consideramos que debe demorarse el inicio presencial y continuar virtualmente. La educación no debe ser un trofeo de puja político-partidaria. Deseamos y creemos saludable que los/as niños/as y adolescentes se reencuentren, pero ello no puede ser a costa de negar la realidad de pandemia y desigualdad”.

El colectivo “Familias por un regreso seguro”, impulsor de esta iniciativa, sigue organizando a familiares para luchar, junto a estudiantes y docentes contra los protocolos de Trota, Larreta y los gobernadores. Llamamos a todos los trabajadores a sumarse a estas coordinaciones en todo el país.

Escribe José Castillo

YPF, endeudada y en crisis, vuelve a ser noticia. En plena renegociación de una deuda impagable, generada tanto por las gestiones kirchneristas como macristas, sigue subiendo los combustibles, dándole señales y vía libre a los pulpos extranjeros que operan en el país para que hagan lo mismo. Mientras tanto, continúa el saqueo en Vaca Muerta. ¿Cuál es la salida?

Hace pocas semanas renunció a su presidencia Guillermo Nielsen, el economista liberal, pro establishment, que Alberto Fernández había puesto al frente de la compañía. Fue reemplazado por el diputado kirchnerista Pablo González, ex vicegobernador de Santa Cruz de Alicia Kirchner entre 2015 y 2019. Sin embargo, el saqueo de uno de nuestros principales recursos no renovables continua.

Repasando un poquito la historia

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la mayor de la Argentina, creada en 1922 y que había contribuido no sólo al descubrimiento y extracción de nuestro petróleo sino incluso al desarrollo y creación de pueblos enteros (como Cutral-có o General Mosconi) fue privatizada en 1992, como parte fundamental del plan de entrega del menemismo. En 1999 fue prácticamente “regalada” a la multinacional española Repsol. Al mismo tiempo, se dio vía libre para que todos los pulpos monopólicos transnacionales del sector pudieran acceder al saqueo del recurso petrolero argentino, tanto en tierra como en la plataforma marítima. Recordemos que, en todo ese proceso de los años 90, jugaron un rol central, como campeones de la entrega, las cabezas políticas de las llamadas provincias petroleras, encabezadas por el entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner. 

Pasaron los años. Repsol saqueó y vació YPF, llevando al límite de prácticamente su agotamiento a las reservas de petróleo, y también de gas, el nuevo negocio del sector. Durante los primeros años kirchneristas todo siguió igual, salvo hacer entrar en el negocio, entre 2008 y 2011, a su banquero amigo Enrique Eskenazi, que se quedó gratis con el 25% de la compañía.

La mentira de la reestatización

Cuando ya Repsol había vaciado la empresa, dejando un pasivo terrible tanto en reservas como en desastre ambiental, YPF fue parcialmente reestatizada en 2012. Las condiciones terminaron siendo escandalosas. Después de que el entonces ministro de Cristina Fernández, Axel Kicillof, asegurara que “no se iba a poner un peso”, el gobierno pagó más de 5.000 millones de dólares. 

Pero eso no fue todo. La empresa pasó a ser una sociedad anónima de mayoría estatal, que cotiza en bolsa, con un 49% de propietarios privados, que en realidad están constituidos por grupos diversos (la mayoría transnacionales) propietarios de acciones con las que especulan en los mercados mundiales. 

La YPF “estatal” desde entonces no tuvo como centro recuperar el rol de promotor del desarrollo. Al contrario. Se dedicó a priorizar la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, con la tecnología contaminante del fracking. Para hacerlo firmó un acuerdo “secreto” con Chevrón, y después se fue asociando con todos y cada uno de los pulpos transnacionales, garantizando así el saqueo. 

Las gestiones kirchneristas, y las macristas que le siguieron, a la vez que garantizaban el negocio de estos monopolios, se dedicaron a utilizar a YPF para obtener divisas, endeudándola al extremo. Así, al día de la fecha, la empresa debe más de 6.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, aprovechando que se trata de la empresa más grande del sector, y por lo tanto la que puede fijar el precio del combustible, se la viene usando para “subir primero” el precio de estos y así, dar las excusas para que las empresas transnacionales privadas lo sigan y de esta forma puedan garantizar sus superganancias a expensas del pueblo trabajador.

Cual es la salida

El Frente de Todos continuó con el discurso de que Vaca Muerta “nos iba a salvar” iniciado por Cristina, y seguido por Macri. ¡Mentira! Vaca Muerta es saqueo a favor de las multinacionales, desastre ambiental y superexplotación -y en varios casos muerte- de los obreros petroleros sometidos al convenio más flexibilizado de la Argentina. 

YPF sigue siendo la empresa que justifica y legitima los aumentos de combustibles, como vimos escandalosamente en los últimos meses. Y el endeudamiento que se le generó la obliga a renegociar y pagar en las mismas condiciones que el resto de la deuda externa: de hecho, no es más que otra parte de la misma estafa, incluso con idénticos acreedores, como los buitres BlackRock y Fidelity.

Es urgente terminar con el saqueo de nuestro gas y petróleo. YPF debe volver a ser 100% estatal y estar gestionada por sus trabajadores y técnicos. Al mismo tiempo, se debe rescindir todos los contratos existentes con los innumerables pulpos del sector, tanto extranjeros (como Chevron, Total, Exxon) como las que tienen participación local (como Panamerican Energy con Bulgheroni o Tecpetrol de Techint). Para así construir una gran empresa estatal que integre todo el negocio petrolero desde la exploración, pasando por la extracción, el refinamiento y la comercialización. Lo mismo se debe hacer con la explotación del gas, reconstruyendo una gran empresa única, estatal, gestionada por sus trabajadores, como supo ser en su momento Gas del Estado.