Escribe Atilio Salusso

El pasado miércoles 3 de febrero, el ministro de Salud brindó un informe virtual ante diputados nacionales. Por el Frente de Izquierda participaron nuestro diputado de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano y Nicolás Del Caño, quienes intimaron al ministro a dar respuestas ante la falta de vacunación del personal de salud, sus demandas aún no resueltas o preguntándole por qué aún ni siquiera se centralizó el sistema de salud para hacer frente a la pandemia. Pero el plato fuerte fue el tema de la vacuna. Hasta que hablaron nuestros diputados de izquierda, las palabras “negocios capitalistas con la vacuna” o el tema “patentes” ni se habían mencionado.

Giordano le planteó cómo puede ser que si el ministro dijo que “la vacuna AstraZeneca se hace en Argentina”, las dosis de esta multinacional no aparecen en nuestro país. Giordano describió que eso ocurre porque el gobierno, a pesar de que el presidente dijo que la vacuna debe ser un bien público global, solo actúa como intermediario del grupo Insud Pharma, que la fabrica en su planta de Garín (provincia de Buenos Aires) y la envía a México mediante un acuerdo con el magnate de ese país Carlos Slim, mientras luego AstraZeneca la patenta, vende y hace fabulosas ganancias. A su vez, Ginés dijo, refiriéndose a la vacuna Pfizer, que el gobierno entabló negociaciones para tenerla pero que “fue defraudado” a pesar incluso de que el Congreso votó una ley a medida del laboratorio transnacional. ¿Cuál es la sorpresa del ministro? Ninguna. Así actúan las multinacionales. También se supo que Argentina puso voluntarios para probar una vacuna China, pero resulta que el propio ministro dijo que el gobierno dictatorial chino le exigió a la Argentina que le compre como condición 30 millones de vacunas.

Ginés develó la política del gobierno cuando dijo “nosotros con los negocios privados no nos metemos”. ¿Dónde está entonces la campaña sobre el rol del Estado que pregona el gobierno? Además, no es cierto que el gobierno no se mete, sino que sí se mete, pero para favorecer el negocio capitalista privado de laboratorios y farmacéuticas.

Cuando apareció en la interpelación la palabra “patente” por parte de nuestros diputados, Ginés dijo “a mí no me pueden decir nada porque escribí libros sobre el tema”. Pero no se trata de escribir libros, sino que hay que proceder en consecuencia, más cuando hay antecedentes de desconocimiento de patentes y de producción local de medicamentos que posibilitaron combatir el Sida en Sudáfrica o Brasil.

En definitiva, el ministro reconoció que su gobierno “nacional y popular” sigue administrando a una Argentina semicolonial sin adoptar ninguna política para combatir los negocios privados con la vacuna y emprender la producción nacional de la misma, como lo reclamamos con el proyecto de ley que hemos presentado desde Izquierda Socialista, o como lo reclaman otros países o plantea Médicos sin Fronteras, entre otras organizaciones en el mundo.     

Texto completo del proyecto presentado por nuestro diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista en el FIT Unidad) en la Cámara de Diputados de la Nación el jueves 4 de febrero de 2020 (6954-D-2020).

Proyecto de ley

Por un plan de emergencia para producir millones de vacunas que combatan el Covid 19 rechazando las patentes médicas y el negocio capitalista de laboratorios y farmacéuticas

Art. 1: Declárase la prioridad sanitaria para el combate de la pandemia del Covid 19 poniendo los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura necesarios para lograr la producción a gran escala de las vacunas requeridas para la inmunización de la población.

Art. 2: El Poder Ejecutivo Nacional debe implementar todas las acciones económicas, comerciales y de cualquier otra índole para tal fin, empezando por desconocer las patentes médicas que rigen para las vacunas y medicamentos para combatir la pandemia, quedando facultado por esta ley para intervenir laboratorios y empresas farmacéuticas extranjeras y del país, a fin de contar con todos los insumos y tecnología necesarios.

Art. 3: El plan de producción, distribución y aplicación masiva de vacunas debe ser de manera gratuita y puesta a disposición inmediata para millones que lo necesitan, el cual debe ser controlado, administrado y gestionado por profesionales y trabajadores de la salud, científicos, académicos, epidemiólogos y demás profesionales, personalidades y organizaciones que apoyen.

Art 4: Destínese todos los fondos necesarios para solventar el presente proyecto comenzando por la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa y los que resulten de la implementación de un verdadero impuesto especial a las ganancias de bancos, multinacionales, laboratorios, oligarcas y grandes empresarios.

Art. 5: De Forma.

Fundamentos

La pandemia del Covid 19 sigue haciendo estragos en todo el mundo con millones de contagiados y muertos, mientras se anuncian nuevos rebrotes y oleadas. Ante esa escena catastrófica estamos asistiendo a otra, ya que es inconcebible, que a pesar del gran logro conquistado con la vacuna, un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios están privando a millones del derecho humano esencial a curarse al imposibilitar, merced a la existencia de las patentes, la producción a gran escala de la misma lo cual permitiría inmunizar y salvar millones de vidas. Dicho en otras palabras, el capitalismo generó esta pandemia y ahora es el mismo capitalismo imperialista que por su sed de ganancia y a pesar de que se descubrió la vacuna, impide la cura masiva.

Por eso saludamos la campaña que vienen impulsando distintas organizaciones como Médicos Sin Fronteras para que “no haya patentes médicas y que las vacunas, medicamentos y diagnósticos para el COVID-19 lleguen realmente a todas las personas del mundo”, reclamando que los gobiernos exijan “la exención de patentes de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas mientras dure la pandemia”, pronunciándose por el “No a las patentes de medicamentos, vacunas y diagnósticos durante la pandemia”.

Es sabido cómo actúan las multinacionales farmacéuticas y laboratorios. Pero los gobiernos capitalistas vienen cobijando y fomentando sus grandes ganancias, incluso haciendo contratos millonarios secretos y de “confidencialidad”. Estamos hablando de cifras siderales. Según distintas fuentes, Pfizer en 2019 obtuvo beneficios netos por 16.272 millones de dólares; AstraZeneca por 6.600 millones de dólares; Johnson y Johnson por 15.100 millones y Moderna pasó su cotización de mercado de 7.600 a 45.350 millones de dólares.

Los gobiernos han dispuesto miles de millones de dólares sacados de los presupuestos nacionales para subsidiar a las farmacéuticas para que desarrollen las vacunas, y están gastando miles de millones más para comprarlas. Pero han firmado con ellas acuerdos donde las compañías obtuvieron plazos de entrega flexibles, protección de patentes e inmunidad de ser responsabilizados si algo sale mal, blindándolas contra los sistemas judiciales nacionales como la reciente ley 27573 votada en Argentina por las variantes peronistas y la oposición patronal de Juntos por el Cambio, a pesar de la férrea oposición del Frente de Izquierda Unidad. Los gobiernos        imperialistas de Alemania, Francia o      Italia denuncian   los incumplimientos de entrega de la vacuna Pfizer, Moderna o AstraZeneca, pero pactaron contratos leoninos y secretos con ellas. Lo mismo hizo el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX, por su sigla en inglés), la alianza de más de 190 países que está comprando a las farmacéuticas 2.000 millones de dosis.

El acaparamiento por parte de los principales países es claramente repudiable. Según Amnesty International, los países que representan solo el 13% de la población mundial retienen el 52% de las vacunas existentes. La Unión Europea encargó 2.300 millones de dosis cuando solo tiene 450 millones de habitantes. Canadá se ha asegurado suministros equivalentes a cinco veces su población. Israel, que se lo pone de ejemplo, ha pagado mucho más cara la vacuna a cambio de concesiones leoninas, privando de la vacuna al pueblo palestino.

El retraso en la producción de vacunas es un problema mundial del que participan todas las multinacionales farmacéuticas. El doctor Germán Velásquez, ex director del Programa de Acceso a Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, denuncia que “las patentes están destruyendo la campaña de vacunación”. Es que las vacunas se han desarrollado gracias a cuantiosos subsidios estatales pero, patentes mediante, las multinacionales se han adueñado de lo que en su origen es patrimonio de la humanidad. Es repudiable que gocen de un acceso libre a las investigaciones realizadas en laboratorios públicos o universitarios y ahora carezcan de la obligación de compartir sus propios resultados.

No es ninguna utopía luchar por lo que estamos planteando. En la historia hay muestras de movilizaciones y repudios a las patentes y abusos de las multinacionales. En 1922, por ejemplo, el Laboratorio Lilly intentó patentar la insulina pero tuvo que desistir ante la presión de médicos y la opinión pública. Durante la II Guerra Mundial, los inventores del procedimiento para la producción industrial de penicilina declinaron patentarlo por razones humanitarias. En 1997 el gobierno sudafricano en su necesidad de hacer frente al SIDA promulgó la Medicines Act que, pese a la frontal oposición de EE.UU., suspendía las patentes anti retrovirales. Brasil en 2001 desconoció la patente del medicamento Nelvinavir (Roche) contra ese mal. También en ese año, durante la llamada crisis del ántrax, EE.UU. y Canadá hicieron uso de la facultad de suspender la patente de la ciprofloxacina que poseía Bayer, produciéndolo masivamente como genérico.

La presión social provocó que la OMC (Organización Mundial de Comercio) emitiera la Declaración de Doha en 2001 -de la cual es firmante Argentina- que da carta de naturaleza al derecho de los países a activar licencias obligatorias para medicamentos esenciales dirigidos a luchar contra problemas de salud pública. Pero Estados Unidos y la Unión Europea están haciendo inviable la aplicación de este recurso, con la complicidad tanto de la OMC como de la OMS, organismos cómplices de las potencias imperialistas.

Luchar contra las patentes para vacunas y medicamentos que son patrimonio de la humanidad es tarea de la hora. Como fueron los casos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la penicilina, cuyos inventores Jonas Salk y Alexander Fleming no patentaron dichas vacunas.

Una coalición de 99 países liderada por India y Sudáfrica ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio que ceda los derechos de propiedad intelectual para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. Lo mismo vienen reclamando Médicos sin Fronteras, la reconocida ONG Oxfam, Amnesty International, Frontline Aids (Ayudas de primera línea) y Global Justice Now (Justicia global ahora). En estos días se pronunció en el mismo sentido la rectora de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil, entre muchas otras personalidades.

El gobierno argentino, firmante de esta declaración, debe impulsar y desconocer unilateralmente las patentes de vacunas y medicamentos, encarando la producción local para enfrentar la pandemia. El presidente Alberto Fernández dijo en Davos que la vacuna debe ser un “bien público global”. También lo hizo el presidente de Francia, Emmanuel Macrón, y el dictador chino Xi Jinping. Pero es un saludo a la bandera, porque no actúan en consecuencia, llamando a desconocer las patentes y obligando a sus empresas a que lo hagan.

En agosto de 2020, el gobierno peronista del Frente de Todos anunció la producción de la vacuna Oxford AstraZeneca, la cual iba a ser llevada a cabo por el multimillonario empresario kirchnerista Hugo Sigman, uno de los hombres más ricos de Argentina (Grupo Insud Pharma) en sociedad con el magnate mexicano Carlos Slim. Sigman se dedica a la industria farmacéutica y tiene plantas en Argentina y presencia en 40 países. Recientemente ha inaugurado la planta de Garín (Argentina) donde se realiza la producción del principio activo transferido por AstraZeneca. También el gobierno anunció la prueba en el país de la fase 3 para la vacuna Pfizer, a la que se presentaron 4.500 voluntarios en el Hospital Militar. ¡Pero la vacuna no aparece!

Precisamente, la coproducción de la vacuna entre Argentina y México demuestra que nuestro país puede dar un gran impulso al desarrollo de la producción de la vacuna, solo si usa esa producción en beneficio del país y no de AstraZeneca o empresarios como Slim.

La lucha por vacunas para todos y la liberación de las patentes está planteada como una necesidad urgente. El gobierno argentino debe impulsar la producción de millones de vacunas (compartidas en forma mancomunada con otros gobiernos y países) haciendo uso de toda la capacidad instalada en el país, obligando al Grupo Insud y al resto de los laboratorios y farmacéuticas a que pongan toda su tecnología, capacidad instalada y profesional, bajo apercibimiento de ser intervenidas y/o estatizadas.

Si el gobierno argentino junto a casi 100 países de la OMC suscribió la suspensión de las patentes durante la pandemia, ¿por qué no da el paso por desconocerlas y hace una campaña regional y mundial para que se logre en otros países? Es cierto que Estados Unidos y los principales Estados de la Unión Europea (entre ellos el gobierno supuestamente ´progresista` del PSOE y Podemos), Australia o Japón se oponen, pero hay que librar esa batalla.

Impulsamos un gran movimiento con pronunciamientos de científicos, profesionales de la salud, trabajadores y personalidades que quieren combatir la pandemia y acciones como las de las organizaciones que hoy se movilizan en Brasil para repudiar al gobierno de ese país por estar en contra de que se levanten las patentes, lo que permitiría que el inmunizador se produzca en su versión genérica.

Mientras damos esta pelea, señalamos que este proyecto de ley se enmarca en una salida global y de fondo que levanta la izquierda, por la abolición definitiva de todas las patentes y un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada poniéndolos bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores para terminar con el negocio capitalista de la salud y así poder garantizar al pueblo trabajador el disfrute de una salud pública, universal, gratuita y de excelencia.

Desde Izquierda Socialista y la UIT-CI (Unidad Internacional de trabajadoras y trabajadores-Cuarta Internacional) nos sumamos a todos aquellos que reclaman contra las patentes farmacéuticas, por vacunas gratuitas para todos y un plan de producción de emergencia mundial de las mismas con libertad de producción en cada país. El presente proyecto de ley va en ese sentido.

Escribe Atilio Salusso

"La ley permite que el presidente expropie una fábrica para la seguridad del país. ¿Cuándo se hará cargo el presidente Biden de la fábrica de vacunas covid Pfizer en Kalamazoo y comenzará a operar las 24 horas del día, los siete días de la semana? Cientos de miles murieron. Envíe tropas a Kalamazoo", le reclamó el famoso cineasta y documentalista Michael Moore al flamante presidente de Estados Unidos a través de su twitter.

De esta manera le salió al cruce a Biden quien había dicho al recibir la primera dosis de la vacuna que "no había nada de qué preocuparse".

El reclamo de Moore obedece a la crisis tremenda ocasionada por el faltante de vacunas culpa de las multinacionales. Y con su audaz propuesta, muestra una salida ante la emergencia para que el Estado yanqui se haga cargo de producir millones de vacunas para combatir el mal.

Escribe Atilio Salusso

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, envió un proyecto de ley sobre el impuesto al salario (Ganancias, cuarta categoría) para que dejen de pagarlo 1,2 millones de trabajadoras, trabajadores y jubilados, elevando el piso de 78.000 a 150 mil pesos brutos para los primeros, quedando exceptuados quienes perciban 124.500 de bolsillo mensuales. Aun así van a seguir abonando ese impuesto el 37% de trabajadores y jubilados (733.000 asalariados) y decenas de miles de autónomos y monotributistas, quienes seguirán siendo víctimas de este robo.

Siempre desde la izquierda vinimos denunciando que el impuesto al salario es un robo, que el salario no es ganancia y que por lo tanto ningún trabajador bajo convenio o jubilado debería pagarlo. En un año electoral, y atento a que el gobierno viene perdiendo base social, Massa ahora presenta este proyecto.

Yendo a cifras, el proyecto permitiría que le sean devueltos 40.000 millones de pesos anuales (alrededor de 280 millones de dólares, el 0,1% del Producto Bruto Interno) a los beneficiarios si la ley se llegara a votar. Pero tengamos en cuenta que fue el propio gobierno el que eliminó el IFE, dinero que el gobierno usará ahora para financiar este proyecto. Dicen que el costo para el gobierno sería “neutro”, porque a su vez desactivaría una rebaja de ese mismo impuesto a las empresas vigente desde 2017. Y si de comparaciones hablamos, el gobierno dispondría para tal fin de ingresos por 280 millones de dólares, cuando este 1° de febrero pagó 300 millones de la misma moneda al FMI.

El propio proyecto deja claro que todos los gobiernos metieron la mano en el bolsillo de las y los trabajadores y jubilados con este impuesto, mientras eran eximidas grandes patronales, se bajaban retenciones al agro, petroleras y mineras o se daban subsidios millonarios a distintos sectores capitalistas. Hasta el propio Massa dijo: “hoy paga más en proporción una enfermera o barrendero que una empresa minera o un bingo”.

El propio texto señala que desde 2003 (cuando asumió Néstor Kirchner) pagaban el impuesto 499.331 trabajadores; en 2013, en pleno gobierno de Cristina, esa cifra ascendió a 2.831.000; con Macri pasó de 1,6 millón a 2,1 millón, y en 2020 llegó a 2,3 millón. Si se aprueba esta ley, 1,2 no estarían alcanzados.

Millones de trabajadores junto al sindicalismo combativo y la izquierda vinieron luchando desde hace años en forma consecuente por la eliminación del impuesto al salario. Pero alertamos que el proyecto oficial, que está hecho bajo la consigna de que este gobierno le “está poniendo plata en el bolsillo de la gente”, se apresta a fijar paritarias en torno al 29/30% en 2021 (cuando la inflación será del 45/50%) y también cuando se le acaba de meter la mano en el bolsillo a las jubiladas y jubilados con el cambio de la movilidad jubilatoria. Y que cuando perciban los aumentos de las actuales paritarias muchos van a seguir comprendidos en dicho impuesto.

¡Que ninguna trabajadora, trabajador, jubilada o jubilado pague Ganancias! ¡Que paguen ganancias los bancos, las multinacionales y los grandes empresarios que no fueron tocados con el denominado “impuesto a la riqueza” del gobierno!

Escribe Adolfo Santos

Alarmado por la estampida inflacionaria, el gobierno peronista del Frente de Todos busca mecanismos para evitar que las negociaciones salariales acompañen esa escalada. Con el apoyo de los grandes empresarios y la complicidad de la burocracia sindical, el gobierno quiere amarrar las paritarias a la inflación prevista en el presupuesto 2021, fijada en 29%. Un número irreal si consideramos que en diciembre ese índice llegó a 4% y que en enero será algo similar. No por casualidad la mayoría de los analistas económicos calculan que en 2021 la inflación estará entre el 45 y 50%.

Desde el gobierno han iniciado la campaña de que este año quieren que los salarios le ganen a la inflación. Cristina dijo que había que “alinear salarios, tarifas e inflación”. Hugo Yasky de la CTA oficial y diputado nacional llegó a afirmar que está muy entusiasmado con que el ministro de Economía Martín Guzmán enarbole ese discurso, mostrando, dice, a un ministro “inédito” por sus conceptos. Pero detrás de todo esto se encubre un nuevo robo salarial.  

La propuesta del gobierno va a terminar generando un nuevo año de pérdidas salariales en relación a la inflación. Que ya fueron altísimas después de la inflación macrista de 2019, que alcanzó un índice oficial de 53,8%. Tampoco se pudieron recuperar los salarios en 2020 con una inflación que superó el 40% en relación a los alimentos, un rubro fundamental en el presupuesto de una familia trabajadora. Atar las paritarias a un número inflacionario ficticio como es el 29% previsto en el actual presupuesto, será un nuevo golpe en el bolsillo popular.

Queda al desnudo el doble discurso del gobierno de Alberto Fernández. La defensa de los más vulnerables ya se demostró una mentira. Los jubilados perciben ingresos de hambre (perjudicados con una movilidad que no contempla la inflación), se eliminó el IFE, cada vez menos sectores reciben subsidios para sobrevivir a la crisis agravada por la pandemia y el salario pierde por goleada frente a la inflación. 

Por eso la propia burocracia sindical tiene que salir a desmarcarse. La CGT declaró que no van a permitir un “techo salarial” mientras los últimos aumentos de los alimentos devoran los salarios y que van a insistir para que las paritarias terminen 3 o 4 puntos por encima de la inflación. Claro que nadie les cree a estos traidores que en 2020 firmaron un reajuste del 28% para el salario mínimo frente a una inflación del 40% en los productos de la canasta básica.

Una prueba de esta falsa combatividad es el acuerdo que acaba de firmar la Asociación Bancaria. En la primera paritaria importante del año que incluye a 103 mil trabajadores, Sergio Palazzo se jactó de haber firmado un aumento de 29% para 2021, exactamente lo que quiere el gobierno, foto mediante con el propio presidente. Encima de ser un acuerdo a la baja, la recomposición será escalonada -11,5% en enero, 11,5 en abril y 6% a partir de agosto-. Alineado con el gobierno, Palazzo declaró en su cuenta de Twitter: “…los bancarios cerramos una gran paritaria… Lo hicimos sin conflictos y afianzando nuestros derechos”.

No podemos aceptar “sin conflictos” que nos regulen el salario con una inflación imaginaria mientras los grandes empresarios elevan los precios sin ningún control y obtienen todo tipo de beneficios fiscales de parte del gobierno. Todos los días vemos como suben los precios, sobre todo de los alimentos y bebidas, los que más inciden en el bolsillo del trabajador. En lo que va de 202, ya tuvimos tres aumentos de combustibles con un promedio de 8% a nivel nacional y un máximo de 9,7% para la nafta súper en la Capital. Por eso es inaceptable que el gobierno quiera limitar los acuerdos salariales a una inflación irreal.

Sin dudas, Alberto Fernández no podría avanzar con medidas de este tipo sin la complicidad de la burocracia sindical. Por eso ante cada negociación salarial es necesario presionar desde las bases y exigir que ningún dirigente sindical firme un acuerdo sin que sea aprobado por los trabajadores en asamblea. Impulsando luchas por la base podemos presionar a los burócratas y obligarlos a un plan de lucha para conquistar salarios y jubilaciones en relación a la inflación real y para que nadie reciba menos de los 82.000 pesos calculados por la junta interna de  ATE Indec para una familia tipo. Para eso es necesario apoyar todas las luchas y junto con el sindicalismo combativo continuar trabajando para construir una nueva dirección para la clase trabajadora.