Los días 4 y 5 de septiembre de 1975, ocho compañeros del PST de La Plata, partido antecesor de Izquierda Socialista, fueron secuestrados y asesinados por bandas fascistas, que actuaban al amparo del gobierno peronista de Isabel Perón. Fue la antesala del golpe de 1976. José Rusconi, quien por entonces era militante de la Juventud Socialista del PST, recuerda los hechos, continúa exigiendo justicia y reivindica su ejemplo revolucionario.

Escribe José “Pepe” Rusconi

Cuando en el mes de septiembre de 1974, el compañero Roberto “Laucha” Loscertales me propuso apoyar el conflicto de una fábrica en el barrio de Villa Elisa, me dio la posibilidad, como activista universitario, de hacer mi primera experiencia de lucha junto al movimiento obrero. Así me sumé al Partido Socialista de los Trabajadores (PST). En ese momento era imposible imaginarme qué le pasaría a “Laucha” tan sólo un año  después.

El 5 de septiembre de 1975, en horas de la mañana, estábamos en el centro platense junto a otra compañera, Patricia Claverie. Regresábamos de una actividad militante. Ambos pertenecíamos a la Juventud Socialista del PST y éramos estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Yo, a su vez, era trabajador del Banco Nación. Caminábamos y charlábamos tranquilos. Patricia me acompañó hasta la entrada de mi trabajo y siguió rumbo a nuestro local partidario. No sabíamos nada de lo que había sucedido la noche anterior.

Esa noche, cinco compañeros y compañeras se habían dirigido hasta la planta de Petroquímica Sudamericana en Olmos (hoy Mafissa), para brindar apoyo a sus trabajadores. En Petroquímica se venía desarrollando un conflicto gremial muy importante y nuestro partido, que apoyaba esa huelga como lo hacía con todo conflicto, había organizado una colecta en la universidad para el fondo de lucha de los trabajadores. Los compañeros y compañeras que se habían dirigido a la fábrica para llevar lo recaudado eran  Roberto “Laucha” Loscertales, que había sido dirigente estudiantil en la Facultad de Ingeniería y trabajador del Astillero Río Santiago; Adriana Zaldúa, referente estudiantil de Arquitectura y trabajadora del Ministerio de Obras Públicas (MOP); Hugo Frigerio, trabajador y delegado gremial también del MOP; Ana María Guzner Lorenzo, trabajadora delegada no docente despedida de la UNLP por la “Misión Ivanissevich”; y Lidia Agostini, joven odontóloga integrante del frente de profesionales del partido. Pero nunca llegaron, porque fueron interceptados en el camino y secuestrados.

Al día siguiente, yo aún estaba trabajando cuando me llegaron las primeras noticias sobre el hecho. Al terminar la jornada, me dirigí rápidamente hacia nuestro local. Creo que fui el último en ingresar porque detrás mío se cerraron las puertas para que nadie entrara ni saliera. Un rato antes había sucedido un segundo hecho. Cuatro compañeros habían salido del local para volantear en el Ministerio de Obras Públicas, donde se iba a realizar una asamblea por lo sucedido la noche anterior. Pero tampoco llegaron al ministerio. A la vuelta del local, tres de ellos fueron obligados a ingresar a dos autos por personas armadas. Una  cuarta compañera, que se había retrasado, pudo ver la situación volviendo rápidamente al local para dar aviso. Estos compañeros eran Oscar Lucatti, trabajador del MOP; Carlos “Dicky” Povedano, trabajador de una repartición pública llamada Previsión Social; y la misma Patricia Claverie, estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales, con la que habíamos compartido la actividad unas horas antes.

Las bandas fascitas durante el gobierno peronista

Nos quedamos encerrados en el local toda la noche como medida de seguridad. Solo ingresó un grupo de compañeros y familiares de las víctimas que habían estado haciendo infructuosamente gestiones para localizar a los secuestrados. Por la madrugada llegaron las noticias. Supimos que habían sido secuestrados por un grupo fascista que actuaba en la ciudad. Era la época de las bandas de extrema derecha, como la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) y otras, que habían comenzado a actuar al amparo del gobierno de Perón primero y, tras su fallecimiento, de su sucesora Isabel Martínez de Perón, organizadas desde el ministerio de Bienestar Social de José López Rega.

La patronal y el imperialismo no habían tenido éxito con su proyecto de traer a Perón al país en 1973 para intentar cerrar el inmenso ascenso obrero y popular abierto con el “Cordobazo” en 1969. El “Pacto Social”, que había propuesto Perón para contener las luchas, congelando salarios y suspendiendo las negociaciones colectivas de trabajo, había fracasado. Los trabajadores seguieron reclamando ante la creciente inflación. En junio de 1975, la movilización obrera conocida como “Rodrigazo” hizo caer a Celestino Rodrigo, ministro de economía y al mismo López Rega, monje negro del gobierno, frustrando así el plan de ajuste. El gobierno peronista alentó la acción de las bandas fascistas y la represión a los activistas obreros y populares. La burguesía comenzaría a preparar el golpe de estado.

Una militancia al servicio de construir el partido revolucionario y por el socialismo

Los cuerpos de los compañeros aparecieron en La Balandra (Berisso), acribillados y mutilados. El partido organizó el velatorio, donde estuvieron los restos de casi todos ellos. Al lugar se acercaron delegaciones de obreros de diferentes fábricas y comisiones internas de la región, conmocionadas por la masacre. Algunas de las delegaciones expresaban que habían recibido la solidaridad de nuestros compañeros y del partido en sus luchas.

El PST estaba fuertemente inserto en el movimiento obrero y sus luchas. Tenía un enorme reconocimiento de los luchadores y el resto de la izquierda. Esto le valió el ensañamiento de las bandas fascistas y obligó a tomar medidas de seguridad. En mayo de 1974 ya habíamos recibido el golpe de la masacre de Pacheco. En aquel momento, Nahuel Moreno, dirigente de nuestra corriente, había llamado a la unidad de acción antifascista y a organizar la autodefensa obrera. Pero la mayoría de las organizaciones políticas desoyeron este llamado. El golpe de estado siguió ensañado con el PST, que tuvo más de cien compañeros y compañeras asesinados y detenidos desaparecidos.  

Hoy el recuerdo de los compañeros y compañeras asesinados en la Masacre de La Plata es un homenaje en su memoria. Pero también es un reconocimiento a aquellos que entregaron sus vidas en la pelea por construir un partido revolucionario que aspire al gobierno de los trabajadores y trabajadoras para terminar con la sociedad capitalista  y construir, sobre sus ruinas, el socialismo. Izquierda Socialista, orgulloso continuador  del glorioso PST, sigue exigiendo verdad y justicia para nuestros compañeros y compañeras asesinados en la masacre de La Plata. Seguimos levantando, como lo hicimos desde un primer momento, los puños bien en alto y decimos: ¡compañeras y compañeros asesinados y detenidos desaparecidos del glorioso PST! ¡Hasta el socialismo, siempre!

Por sistemas de salud estatales y gratuitos para todas y todos

Participarán:
Mónica Méndez, dirigente de la Cicop, y Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop, de Argentina; Amado Quispe, trabajador de salud pública de Sucre, ex dirigente Federación de trabajadores de Salud de Chuquisaca, Bolivia; Zila Camarão, técnica de Enfermería del Hospital Universitario João Barros Barreto de Belem (Pará), Brasil; Priscilla Vázquez, presidenta de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social de Panamá; Angela Liliana Maihuasca, dirigenta en el Sindicato de Técnicos Asistenciales de Perú; Red de Trabajadoras y Trabajadores en Defensa de los Derechos y la Salud de México y  representantes de Chile, Venezuela, entre otros.

La actual pandemia generada por el nuevo coronavirus Covid19 ha producido centenares de miles de muertes en todo el mundo y millones de contagios. La clase trabajadora ha sido duramente castigada y los números así lo demuestran. Regiones industriales como Lombardía y Wuhany los barrios obreros y populares de grandes ciudades como Nueva York, Barcelona, Río de Janeiro, Buenos Aires, y Guayaquil, entre otras. Como todos los padecimientos que afectan a la sociedad, el pueblo trabajador los sufre con mayor extensión y, también, con mayor intensidad.

La pandemia ha puesto a la vista el deterioro del sistema de salud en todo el mundo, aun en los países más desarrollados. Esto fue provocado por el accionar de los gobiernos capitalistas y sus multinacionales. El drama humanitario que significó el colapso de las terapias intensivas en España, Italia, Estados Unidos y ahora en Latinoamérica, muestra las políticas ajustadoras de los gobiernos en materia de salud pública estatales para favorecer las ganancias del negocio de la salud privada.

Los trabajadores de salud somos el sector de la clase trabajadora más afectado por la enfermedad y también hemos sido hasta ahora el sector más combativo en defender nuestra salud y nuestras vidas amenazadas por la voracidad patronal. Así lo demuestran las manifestaciones de enfermeros/as, médicas/os y demás integrantes del equipo de salud en el mundo.

Para pensar colectivamente como desarrollar estas luchas por la salud integral de nuestros pueblos, por nuestra protección, contra la sobrecarga laboral y los bajos salarios; para luchar por sistemas de salud estatales y gratuitos para todas y todos; para construir campañas internacionales y acciones unitarias, es que convocamos esta reunión internacional abierta.

Para participar de este Encuentro inscribirse en la casilla de correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

15 hs. México, Perú. Panamá.
16 hs. Bolivia. Chile. Colombia. Rep. Dominicana. Venezuela. New York (EE.UU.)
17 hs Argentina. Bolivia. Brasil.
22 hs Estado Español. Italia. Francia

Convoca Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
Setiembre 2020

No por repetida la noticia deja de ser preocupante, la pandemia sigue a pleno. Los casos de contagios ya se cuentan de a 8.000 por día, los muertos también son récord. En varias provincias también se observa el crecimiento, o la reaparición, de casos. En Jujuy la situación ya está totalmente desbordada. Frente a esta realidad, del lado del gobierno nacional peronista de Alberto Fernández, de los provinciales del mismo signo político, o de aquellos manejados por la oposición patronal de Juntos por el Cambio, se sigue con el planteo de “abrir más actividades”, a la medida de los reclamos de los negocios empresarios, y se carga la culpa de los contagios sobre la “irresponsabilidad personal”. Se invisibiliza así la realidad, los millones que tienen que salir todos los días a trabajar sin que las empresas garanticen los protocolos sanitarios, o aquellos que deben romper la cuarentena para “ganarse el peso” como sea ante la imposibilidad de vivir con los 10.000 pesos bimensuales del IFE.

El otro hecho del que se habla por estas horas se refiere a los dichos del ex presidente peronista Eduardo Duhalde en el programa Animales sueltos del pasado lunes. Allí Duhalde sostuvo que el año próximo no va a haber elecciones y predijo un “golpe de Estado”. Evidentemente, se trata de una afirmación totalmente desubicada, una locura, algo que no está planteado en la realidad. Y que desde ya repudiamos. Pero, a la vez, no vemos que haya ningún tipo de avance de la militarización ni que se fortalezca “la derecha”. Por supuesto que Duhalde se refirió a algo que sí existe, el miedo de las patronales y sus políticos ante la profundización de la crisis, la marginación y el hambre de los sectores populares. Así, el ex presidente afirmó: “Se va a generar un clima peor al ‘que se vayan todos’, porque vamos a un escenario evidentemente peor que el 2001, ya que puede terminar en una especie de guerra civil”. Y, frente a esto, planteó la necesidad de la “unidad nacional”. Duhalde ve una dinámica que avanza, más allá de que en este momento no nos encontremos en un pico de luchas obreras y populares, que va a suceder con el incremento de la miseria, el hambre, los despidos y las bajas salariales. Por eso insiste con su fórmula, la misma que puso en práctica en 2002, cuando fue presidente tras la rebelión del Argentinazo, unir al oficialismo y la oposición patronal con la burocracia sindical y la Iglesia. Recordemos que el objetivo en aquel momento era frenar el repudio total a los políticos patronales y reconstruir, de alguna forma, el régimen político y el “orden” necesario para que sigan reproduciéndose las ganancias empresarias. Duhalde ahora critica al gobierno por la reforma judicial, y al mismo tiempo dice defenderlo. Pero es una defensa “locoide”. A pesar de que Duhalde se ha reunido varias veces en el último tiempo, y que incluso lo ha hecho la semana pasada con el gobernador Kicillof justamente para analizar la situación social del conurbano, el propio gobierno ahora sale a repudiar fuertemente los planteos del ex presidente. Los dichos de Duhalde son, en conclusión, un reflejo de la  crisis del peronismo y del régimen político en su conjunto.

Mientras tanto, Alberto Fernández siguió con la costumbre de hacer un anuncio que “cae simpático” cada semana. Esta vez fue la declaración como “servicio público” de la telefonía, la televisión por cable e internet y el congelamiento de sus tarifas hasta fin de año. Evidentemente, esto último es un paliativo, pero no resuelve ni de lejos el problema de los millones que siguen sin acceder a la conectividad. Mientras tanto, en los últimos meses se dejaron correr los aumentos de estos servicios que les permitieron, y les permiten, ganar millonadas a estas empresas, todos monopolios transnacionales como Telefónica, Telecom y Claro, o grandes grupos nacionales como Clarín. Empresas que ya están amenazando con que “se van a frenar las inversiones” y “se verá deteriorada la calidad del servicio”. Demostrando que, si se quiere terminar de una vez con los privilegios de estos monopolios y garantizar de verdad el acceso a telefonía, el cable e internet para todos, la única salida pasa por la reestatización de estas empresas bajo control de sus trabajadores.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad planteamos que, ante toda esta realidad, el desastre sanitario y el aumento de la miseria, los despidos y la pulverización de salarios y jubilaciones, es más necesario que nunca un programa de emergencia ante la crisis. Hay que implementar ya mismo un impuesto a las grandes riquezas. Y tenemos que dejar de pagar inmediatamente la deuda externa y romper con el FMI para así poder otorgar un ingreso mensual de 30.000 pesos a toda familia que lo necesite, poner en marcha todo el equipamiento sanitario, en personal y recursos, para atender la pandemia del Covid-19 y resolver todas las urgentes demandas del pueblo trabajador. Mientras seguimos luchando día a día contra el ajuste, proponemos esta salida. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

En referencia con la pandemia, tanto el gobierno peronista como la oposición patronal de Cambiemos quieren instalar la idea de que “lo peor ya pasó”. Responden así a la presión de la patronal, que busca poner en marcha el aparato productivo, a riesgo aún de prolongar los sufrimientos y la pérdida de vidas que ocasiona la pandemia que nos aqueja. La televisión, las radios y la prensa difunden diariamente mensajes inequívocos de que se pueden levantar las medidas de aislamiento. La responsabilidad pasa ahora a la población. “Las reuniones familiares son las que producen los contagios”, repiten con absoluta falsedad tanto oficialistas como opositores, ocultando que la aglomeración en los lugares de trabajo, en los transportes, centuplica la circulación viral.

Una población crispada por el aislamiento y apremiada por la necesidad de procurarse el sustento, recibió aliviada la semana que pasó la noticia sobre una vacuna inminente. Hábilmente presentada por los “comunicadores”, contribuyó al proceso de vuelta al trabajo que quiere la patronal y a aflojar las prevenciones frente a una pandemia que no cesa. Una vacuna inminente, que no es vacuna –faltan las pruebas de la fase 3, que establecerían si puede servir o no– ni tampoco es inminente porque podría estar a mediados del año próximo. Detrás de estas promesas, de lejana concreción, la fea cara de la realidad aparece en forma de números que dicen que la pandemia no mengua, por el contrario, se extiende a otras regiones del interior del país, como lo muestra el artículo sobre Jujuy en este periódico digital.

La fea cara de la realidad, en cifras

En nuestro país, al momento de escribir estas líneas, hay 350.000 casos confirmados y 7.400 decesos. La tasa de infectados cada 100.000 habitantes es, sorprendentemente, mayor que la de Italia. Pero incomparablemente menor que la de los Estados Unidos, Brasil, Chile y otros países que se negaron al aislamiento, lo cual confirma lo correcto que es adoptar la cuarentena para disminuir la circulación del virus. Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud nacional, a mediados de mayo la proporción de los casos del AMBA respecto del total del país era de 90 a 93 por ciento. Sin embargo, en la última semana la proporción de casos del AMBA había caído a 82%, pero no porque bajaran los casos, sino por el aumento en el resto del país. El AMBA parece haberse estabilizado en una meseta, pero a valores muy altos de casos diarios, mientras crece en el interior. Si descartamos a CABA y la provincia de Buenos Aires, cinco provincias ya han alcanzado tasas superiores a 100 de casos confirmados cada 100.000 habitantes: Chaco (270), Río Negro (207), Tierra del Fuego (193), Jujuy (180) y Neuquén (154).

El problema del recurso humano en salud

Las estadísticas muestran que nuestro país tiene una tasa de defunciones por Covid-19 sensiblemente más baja que los países mencionados. Dicen algunos expertos que eso se debe al aislamiento temprano, y es posible que así sea. Pero, en muy importante parte, se debe al enorme esfuerzo que realizan los trabajadores de la salud en deficientes condiciones de seguridad, con jornadas prolongadas, que llevaron a que muchos se infectaran y otros pagaran con su vida. Las estadísticas del Ministerio de Salud del 12 de agosto marcan 18.410 trabajadores infectados. De ellos, el 65% son mujeres. El total de fallecidos alcanza a sesenta, veintidós mayores de 60 años y treinta y ocho son menores. De los sesenta fallecidos, treinta y nueve (65%) registraron comorbilidades asociadas, ocho presentaban hipertensión arterial, tres no tenían comorbilidades, pero eran mayores de 60 años, y sobre los diez restantes no se registran referencias. Este dato, ominosamente tardío, da la razón a quienes, como Cicop en la provincia de Buenos Aires, reclamaban el licenciamiento de los mayores de 60, o de los que tenían comorbilidad. Tanto el gobierno peronista de Kicillof, como el de Cambiemos de Larreta y la patronal sanatorial se negaron tenazmente a dichas licencias, siendo responsables políticos de esas muertes evitables.

Las medidas siguen planteadas

El presidente dijo que “otra cosa no se podía hacer”. Nosotros sostenemos que sí, que otras cosas se podían y se pueden hacer, cuidar a los trabajadores de la salud otorgando las licencias preventivas al personal de riesgo y testeando masivamente al resto, llenando las vacantes con nuevas designaciones, dando un aumento salarial de emergencia. Para mantener la cuarentena, subsidiar a los trabajadores con 30.000 pesos para que puedan cumplir el aislamiento. Concentrar todo el sistema de salud para garantizar el libre acceso de la población y dejar de subsidiar al sistema privado, como viene haciendo Kicillof. Finalmente, financiar todas estas medidas con un impuesto a las grandes fortunas y dejando de pagar la deuda externa.

Escribe Fernanda Giriborne

La situación en Jujuy es apremiante. Aunque la provincia permaneció casi dos meses sin casos, el rebrote de mediados de junio dejó al sistema de salud colapsado. Hospitales y centros de salud se encuentran sin terapias intensivas y rechazan pacientes.

La explosión sanitaria que los jujeños atravesamos hoy en la pandemia del Covid-19 no es casual. Tiene su explicación en el desfinanciamiento de la salud pública, que si bien es de larga data, se agravó en los últimos años a partir del proceso de privatización puesto en marcha por el ministro de Salud Gustavo Bouhid, con su Plan Estratégico de Salud. En este marco, y con una curva de contagios que parece imparable, el gobernador Gerardo Morales prioriza las ganancias de sus socios y amigos y liberó una gran cantidad de actividades económicas fomentando la circulación.

El brutal incremento de contagios hoy ubica a Jujuy entre las tres provincias con mayor cantidad de positivos, detrás de Buenos Aires y CABA. La cuarentena es un saludo a la bandera, no protege a la gran mayoría de la población. El sistema de salud está colapsado, y aunque el gobierno diga que las camas de terapia intensiva están en un 93%, la realidad es que no hay cupo para internación y la gente que pide derivación a hospitales es ignorada.

El Estado incurre en el abandono de personas por la saturación del sistema de salud. Los cementerios tampoco dan abasto. Muchas personas que presentan síntomas y que son tomadas como positivas, porque ya no se testea, se encuentran aisladas en sus hogares sin acceso a atención médica alguna.

Resulta imposible comunicarse con el Comité Operativo de Emergencia (COE) por teléfono o videollamada. El SAME tampoco responde las llamadas. Hay personas que mueren tratando de llegar por sus propios medios a hospitales y otras fallecen en sus casas. En departamentos como Ledesma y San Pedro esta situación se agrava y se ve, por las denuncias de medios locales y redes sociales, el colapso absoluto.

La liberación de actividades económicas en pleno rebrote y la falta de un plan sanitario (el único que implementa el gobierno es la represión) hicieron que los contagios ya pasaron de la “primera línea de exposición” (personal de salud y seguridad), a los trabajadores del sector privado. 

Cuando los casos comenzaron a dispararse de manera irremediable en julio, claramente se identificaban unos pocos focos de contagio, confirmando que la circulación del virus sucedía principalmente en los lugares de trabajo. Por ejemplo, cuando la minera multinacional Exar alcanzó los doscientos casos, solo esta empresa contaba con el 20% del total de positivos de la provincia. Otro tanto se concentraba en personal de salud y otro en el de seguridad. Lamentablemente, el desinterés por la salud de los trabajadores hizo que las empresas y el Estado no tomaran las medidas necesarias para frenar la propagación del virus.

A pesar de esta incontrastable evidencia, el gobernador Gerardo Morales, de Cambiemos, y el COE, literalmente se lavan las manos y acusan al pueblo trabajador por no hacer “lo necesario” para no contagiarse. Han decretado, para las cámaras de televisión, la etapa de la “responsabilidad social individual”, y con ello trasladaron todas las culpas a las personas, las “juntadas” con amigos y los días festivos.

Estos argumentos no son exclusivos del mandatario jujeño, ya que el gobierno peronista de Alberto Fernández sostiene también que los contagios no se generan en los trabajos sino en las reuniones sociales y los asados. Cuando los casos parecen no encontrar su pico en la CABA y el AMBA y empiezan a aparecer rebrotes en distintas provincias del país, el gobierno demuestra no estar dispuesto a hacer algo mejor que culpar a la gente y lavarle la cara a los empresarios.

En Jujuy, la minería y el azúcar, baluartes económicos, continuaron funcionando con normalidad a pesar de los reiterados reclamos y denuncias de casos positivos entre sus trabajadores y por el incumplimiento de los protocolos. Estas patronales explotadoras se negaron a bajar el ritmo de producción o la cantidad de operarios para evitar los contagios. La minera Exar acumuló no menos de 260 contagios, hasta donde informaron, y la azucarera Ledesma, de la familia Blaquier, acumula 343 casos y doce fallecidos.

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail) denuncia que la empresa se ha convertido en un foco de contagio para toda la comunidad. Por ello reclaman la realización masiva de testeos a los trabajadores, cambios en el departamento de medicina laboral, el control estricto de los protocolos, el licenciamiento de los empleados mayores de 60 años y el respeto del salario de los trabajadores que se encuentran en aislamiento. Por supuesto, la patronal sigue sin cumplir con estos reclamos.

El gobernador Gerardo Morales permite que las patronales no cumplan con los protocolos, lo que termina generando estas muertes, absolutamente evitables. El presidente Fernández, por su parte, tampoco los sanciona, y hay que decir que en las múltiples oportunidades en las que se ha referido a la realidad de nuestra provincia ni siquiera menciona a los Blaquier. Antes con la dictadura, y hoy con la pandemia, se perpetúa la impunidad.

En síntesis, ni el gobernador radical Morales ni el presidente peronista Alberto Fernández ofrecen política alguna para resolver la crisis sanitaria y social.