El 4 de febrero de 1982 una patota de civil secuestraba a la compañera Ana María Martínez, militante de nuestra corriente (orientada por Nahuel Moreno), del Partido Socialista de Trabajadores (PST) predecesor de Izquierda Socialista. Ella, como muchos otros, fue perseguida por la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (Dipba) y el Destacamento de Inteligencia del Ejército 201 de Campo de Mayo.

Poco se sabe que pasó luego de esa tarde en Villa de Mayo, cuando desconocidos de civil se la llevaron en un Ford Falcon. Días después, era encontrado su cuerpo, acribillado a balazos, por niños en un descampado cercano a Punta Querandí, en el partido de Tigre.

Ana María tenía 32 años y estaba embarazada. La noticia fue de alto impacto nacional e internacional. Su crimen fue de los últimos llevados a cabo por la dictadura cívico militar inaugurada en 1976, que provocó el genocidio más grande y sangriento del país en el último siglo.

Ana María Martínez había llegado a Buenos Aires procedente de Mar del Plata, en donde ya tenía un largo recorrido militando en el PST como obrera fabril: de Havanna a Sylvania, las autopartistas Dunit y Dea, ya en la zona norte del Gran Buenos Aires. Donde llevó las ideas del socialismo a pesar de la dictadura reinante.

Con la Comisión Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María Martínez, formada (en 2012) por iniciativa de la entrañable Carmen Metrovich (cuñada de Ana María), venimos luchando hace una década a fuerza de organización y movilización. Recabando testimonios, contactando a ex compañeros, aportando pruebas y llevando adelante diversas iniciativas para dar a conocer el caso de Ana María. En diciembre de 2018 tuvimos una victoria muy importante, la condena a prisión perpetua de dos altos mandos del Ejército, Jorge Norberto Apa, jefe del Destacamento 201 de Inteligencia, y Pascual Muñoz, jefe del Grupo 1 del Estado Mayor que tuviera asiento en Campo de Mayo. Una condena más arrancada con lucha luego de décadas de oscuridad e impunidad.

Esa pelea continua en estos días, hay que castigar a todos los culpables. El actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, integró el grupo policial que hizo inteligencia sobre el PST en zona norte y es una muestra de cómo desde 1983 hasta la fecha cada uno de todos los gobiernos patronales se han ocupado de garantizar impunidad para los milicos genocidas y sus cómplices civiles. Radicales, peronistas (kirchneristas y otros), aliancistas y macristas han coincidido en mirar para otro lado, no abriendo los archivos de la dictadura y permitiendo que muchos milicos estén con prisiones domiciliarias o se mueran de viejos en la tranquilidad de sus hogares.

Obrera, feminista, socialista y activista por los derechos humanos, Ana María Martínez llevó su compromiso revolucionario hasta las últimas consecuencias. Hace cuarenta y un años se la llevaron y como tantos otros compañeros perseguidos, torturados y desaparecidos, nos ha dejado un legado y ejemplo de militancia, un compromiso que como revolucionarios renovamos día a día.

Desde Izquierda Socialista volvemos a rendirle homenaje. ¡Querida compañera Ana María Martínez presente, ahora y siempre! ¡Hasta el socialismo siempre!

Desde el Partido de las Trabajadoras y Trabajadores-Uníos llamamos a todos y todas a la más amplia unidad para derrotar a este gobierno de Dina Boluarte y los grandes poderes como la CONFIEP.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad

Finalmente se conoció el veredicto condenatorio para las dos acusadas por la muerte del niño pampeano. La madre, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Paéz fueron declaradas culpables del delito de “homicidio calificado por alevosía y ensañamiento”. Páez, además, fue condenada por abuso sexual gravemente ultrajante. Si bien la pena (años que pasarán en la cárcel) se conocerá en una próxima audiencia el 13 de febrero, la calificación del delito que hizo el tribunal derivará, correctamente, en prisión perpetua para ambas.

El caso no puede dejar de provocar conmoción por los hechos aberrantes que se fueron relatando a lo largo de las diferentes audiencias. En el tiempo que duró el juicio se evidenció que Lucio vivió todo tipo de violencias, maltratos, abusos, aislamientos y golpes que finalmente terminaron con su vida. Un verdadero calvario para un niño que apenas sobrevivió cinco años. Más allá del alivio con el que se vivió la condena, es importante reflexionar acerca de la situación de las niñeces en nuestro país.

La violencia hacia las infancias es moneda corriente. Desde los gobiernos, sean peronistas del Frente de Todos o de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, con su política permanente de exclusión de las infancias y desfinanciación en áreas específicas contra la vulneración de derechos de las niñeces, hasta las propias prácticas violentas de crianza en el ámbito doméstico, hacen que hoy las niñeces se encuentren en un verdadero estado de vulnerabilidad. La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (2019-2020) de Unicef Argentina revela que el 59% de chicas y chicos entre 1 y 14 años experimentó prácticas violentas de crianza; el 42%, castigo físico (incluye formas severas, como palizas y golpes con objetos), y el 51,7%, agresión psicológica (como gritos, amenazas, humillaciones). Datos que hacia el 2022 se mantuvieron estables. A su vez, los datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, para el el tercer trimestre de 2022 establece que 8 de cada 10 niñas, niños y adolescentes sufrieron violencia por parte de sus progenitores.

Más allá de los datos, de lo que se trata es de dejar de naturalizar la violencia hacia las infancias para terminar con ella. Esta es una de las tantas tareas que llevamos adelante desde el movimiento feminista. Por eso repudiamos la campaña orquestada por los sectores reaccionarios que arengó frases como “la violencia no tiene género” o “el silencio de las feministas” que puso el foco en que la madre de Lucio y su pareja llevaban el pañuelo verde. Alentando campañas homofóbicas y en contra de la lucha por el derecho a decidir. Como si el hecho de ser lesbianas y pelear por el derecho al aborto tuviera algo que ver con las prácticas aberrantes que provocaron el asesinato del niño pampeano.

La falta de presupuesto es el principal obstáculo para garantizar derechos.

La ley 26.061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se sancionó en septiembre 2005, y la 26.150 que crea el Programa de educación sexual integral, un año después en octubre de 2006. O sea que ya están al borde de alcanzar la mayoría de edad y sin embargo, seguimos peleando por presupuesto para capacitación y su verdadera implementación. Alertamos que la Ley Lucio próxima a aprobarse en el Senado, se convertirá en papel mojado, si no se le destina presupuesto para ser aplicada y que verdaderamente se capacite a quienes están en la función pública y trabajan con las infancias.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad denunciamos al gobierno nacional del Frente de Todos y también a los provinciales (sean peronistas, radicales, kirchneristas y macristas) que vienen sosteniendo una política de recorte presupuestario en áreas tan sensibles para las niñeces como son la salud y la educación. Políticas de ajuste que están al servicio de cumplir con el acuerdo del FMI y pagar la deuda externa. De esta manera se desfinancian políticas públicas y así, llegamos a otra cifra lamentable: la mayoría de las niñas y niños en Argentina se encuentran en situación de pobreza. Si los distintos gobiernos patronales con sus insuficientes “Políticas de Estado” siguen mirando para otro lado, lamentablemente tendremos más casos como el de Lucio en el que ya no quedará más nada por hacer. Por eso, debemos seguir exigiendo el fin de las violencias hacia las infancias y junto a ello, presupuesto para garantizar todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Demandas que solo lograremos con la movilización independiente de los gobiernos patronales que son los responsables de esta grave situación.

Como parte de la campaña de apoyo internacional que desarrollamos en nuestro país junto a otras organizaciones, se constituyó el Comité Argentino de solidaridad con la lucha del pueblo peruano. Un punto de coordinación del que participamos desde Izquierda Socialista, junto al Frente de Izquierda Unidad, y que ya resolvió actividades para estos días. A continuación, reproducimos el documento de conformación del comité.

Se realizó este 31 de enero en Buenos Aires una reunión de referentes y organizaciones de la comunidad peruana con organizaciones de trabajadorxs de Argentina, para constituir un Comité de Solidaridad con la lucha del pueblo de Perú.

Luego de una ronda de presentaciones, intervenciones y debates, se resolvieron acciones e iniciativas de solidaridad con el pueblo que está movilizado en las calles, enfrentando la cruel masacre del gobierno de Dina Boluarte y el Régimen Fujimorista.

El heroico levantamiento del pueblo de Perú es la esperanza de todos los pueblos que enfrentamos con la lucha organizada las políticas de saqueo, endeudamiento, dependencia y represión que aplican los gobiernos que sirven a los intereses del imperialismo, el FMI y las multinacionales. Si gana el pueblo de Perú, ganamos todos los pueblos de Latinoamérica.

Se resolvió impulsar una gran movilización unitaria el día 9 de febrero a las 18 horas desde Av de Mayo y 9 de Julio a la Casa Rosada, en coincidencia con las movilizaciones que ese día se harán en Perú, para reclamarle al gobierno argentino que rompa relaciones con el gobierno usurpador de Dina Boluarte.

El gobierno argentino, reciente anfitrión de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) no levantó la voz en esa cumbre por las graves violaciones a los derechos humanos en Perú; permitió que una Ministra del gobierno de Dina Boluarte participara del evento. En el documento de la Celac, ni mencionaron la masacre que está cometiendo el gobierno y el régimen de Perú.

Este Comité de Solidaridad se expresa por la más amplia unidad de acción por las siguientes consignas:

Solidaridad activa con la lucha del pueblo de Perú.

Abajo el gobierno de Dina Boluarte y el Régimen Fujimorista.

Juicio y Castigo a los Responsables Materiales y Políticos de la Masacre del pueblo.

Libertad a Pedro Castillo.

Asamblea Constituyente Libre y Soberana.

Exigencia al Gobierno Argentino de Ruptura de Relaciones con el gobierno usurpador de Dina Boluarte.

Se resolvió también adherir y participar de las acciones convocadas para este miércoles 1/2  a representaciones de Perú en Buenos Aires, así como a la actividad convocada por Autoconvocados de la comunidad que llaman el sábado 4 al Consulado de Perú.

El Comité llama a la comunidad peruana a tomar en sus manos la solidaridad activa, y a las organizaciones de trabajadores de Argentina a  que en cada barrio, lugar de trabajo y organización, se exprese activamente la solidaridad con el pueblo en lucha.

Por eso, se organizarán volanteadas y actividades de visibilización, además de activar por las redes sociales para difundir lo que la prensa patronal esconde.

El próximo lunes 6, a las 18 horas, en Pueyrredón 19, CABA, nos volveremos a reunir para organizar la movilización del 9 de febrero, y las demás tareas, actividades e iniciativas que quedaron planteadas para la próxima.

Les esperamos.

Comité Argentino de Solidaridad Con la Lucha del Pueblo de Perú.
Buenos Aires, 31 de Enero de 2023.

El día de ayer los grupos armados por el británico Joe Lewis para proteger sus tierras apropiadas volvieron a atacar a quienes se movilizan reclamando la apertura del Lago Escondido. Nuestra legisladora electa, Mercedes Trimarchi, expresó así el repudio desde nuestra organización a este nuevo hecho:

"Desde Izquierda Socialista repudiamos una nueva agresión de la Patota de Lewis en Lago Escondido, territorio apropiado ilegalmente y en el que el inglés lleva adelante sus reuniones secretas con sectores de la justicia y los partidos patronales."

Se trata de un hecho que hay que vincular con la represión y criminalización permanente de los colectivos, asambleas y comunidades originarias que defienden el territorio patagónico de la apropiación por parte de empresarios europeos, yankis, chinos, qataríes y nacionales que se profundizó en los últimos tiempos, habilitados tanto por los gobiernos peronistas como por los de Juntos por el Cambio. Recordemos, que en la misma región se dio en octubre del año pasado la represión del comando unificado impulsado por el ministro de seguridad, Aníbal Fernández, que mantiene aún detenidas a las presas políticas mapuche.

¡Basta de represión!
¡Fuera Lewis, Benetton, y el conjunto de los empresarios que se están quedando con el sur argentino!