Escribe Miguel Lamas

La crisis política se ahonda en Perú. Mientras el presidente Castillo y sus aliados tratan de conciliar con la derecha y los grandes empresarios, Keiko Fujimori pide su renuncia. Acaba de renunciar, tres días después de asumir al cargo, el tercer primer ministro que había nombrado Castillo en siete meses, el ultraconservador Héctor Valer. A continuación reproducimos un extracto de declaración del Partido de los Trabajadores-Unios (UIT-CI) del pasado 2 de febrero.

Mientras el pueblo trabajador se sigue hundiendo en la pobreza soportando la tercera ola de la pandemia y los efectos de las antipopulares políticas económicas que se impusieron, la crisis política se profundiza y los cambios de fondo que las grandes mayorías esperan se diluyen. Castillo nunca hizo un gobierno de izquierda, ni con Bellido ni con Vásquez y mucho menos con el impresentable nuevo primer ministro Valer. Pedro Castillo ha demostrado ser un agente del continuismo y no tiene nada que ofrecerle al país, excepto más decepciones y frustraciones (…)

Crisis de todo el régimen

La crisis no es solo del Gobierno, es del Congreso, del Poder Judicial y de todo el régimen (…) incluido el sistema electoral que mantiene a todos los corruptos partidos vientres de alquiler. Si se va Castillo quién entra: Acuña, Keiko, De Soto, Aliaga, Roque Benavides, Humala, todos son declarados y abiertos enemigos de los intereses populares.
Con innumerables movilizaciones, paros, huelgas, cortes de carretera y enfrentamientos -cuyos puntos más altos fueron la movilización que echó del gobierno a Merino y la Huelga Agraria del 2020- los trabajadores y el pueblo han manifestado que este modelo no va más. Y eso se expresó con la derrota electoral del fujimorismo y su hambreador proyecto neoliberal que solo sirve a los grandes empresarios.

¡A luchar por nuestras demandas!

La actual crisis política es responsabilidad del gobierno de Castillo y sus socios políticos de la izquierda reformista. Ellos definieron sostenerse en el marco de este régimen, sostener las alianzas continuistas, garantizar la super explotación de los trabajadores y los pueblos y el saqueo y destrucción ambiental en manos de los grandes empresarios que, como Repsol, se llevan la plata y nada dejan al país. La izquierda reformista apela ahora a la “traición de Castillo” para justificar su actitud oportunista.

¡Esto no va más!  Los trabajadores y los pueblos deberemos retomar la movilización y organización independiente por todas y cada una de nuestras demandas para conquistar los cambios que ellos nos niegan, mientras luchamos por un gobierno de las y los trabajadores y los pueblos sin empresarios ni burócratas ni militares o policías corruptos.

Llamamos a las organizaciones sociales, sindicales y gremios en lucha campesinas, estudiantiles, de las mujeres y a las organizaciones de lucha a coordinar las acciones necesarias para poner en marcha un plan de lucha unificado y nacional que rompa la pasividad y entrega de la CGTP y las centrales obreras por:

1. ¡Aumento salarial y de jubilaciones ya para todos los trabajadores! ¡Basta de tercerización! ¡No más AFP! Por un sistema único y tripartito de pensiones.
2. ¡Reinstalación de los trabajadores despedidos y suspendidos! ¡Prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas! Empresa que cierra, empresa que se estatiza bajo control de los trabajadores.
3. Aumento de presupuesto ya para la salud y la educación al 10 % del PBI para tener una salud y educación 100 % estatal, pública, gratuita, laica y de calidad. ¡Plata para trabajo, salud y educación, no para el FMI: no al pago de la deuda externa!
4. Anulación inmediata de las concesiones a Repsol y estatización del Gas ya, el Petróleo y la gran minería para poner los recursos naturales al servicio de las necesidades del país sin contaminación, saqueo o atropello a las comunidades.
5. ¡Basta de dilaciones! ¡Abajo la Constitución fujimorista! ¡Asamblea Constituyente libre y soberana ya! ¡Que gobiernen los trabajadores y  los pueblos!

Por: Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional

El decrépito dictador nicaragüense ha relanzado una serie de farsas judiciales para imponer largas sentencias contra más de una decena de disidentes, en base a acusaciones falsas, violando todos los protocolos legales y el derecho a la defensa. Los juicios, realizados en la propia cárcel de El Chipote, duran pocas horas; los únicos testigos son policías y agentes gubernamentales.

De esta forma han sido condenados los jóvenes izquierdistas Yader Parajón y Muhamar Vado, y las dirigentes del partido Unamos (ex Movimiento de Renovación Sandinista) Ana María Vijil y Dora María Téllez (destacada comandante guerrillera en la lucha contra la dictadura de Somoza condenada a 15 años de cárcel). También fue condenado el dirigente estudiantil Léster Alemán. (…) La rebelión popular en el 2018 contra el ajuste a la seguridad social pactado por el régimen con el Fondo Monetario Internacional, fue aplastada por una represión que dejó a más de 400 personas asesinadas. Son sistemáticos los encierros con aislamiento y desatención médica durante meses, lo cual constituye una forma de tortura a más de 170 personas bajo prisión política en las cárceles de la dictadura.

Daniel Ortega, el “Somoza del siglo XXI”, no tiene ya nada de antiimperialista ni de socialista. Gobierna desde 2007 luego de volver al poder de la mano de connotados derechistas. En enero asumió un nuevo período, luego de la elección fraudulenta en la que hizo encarcelar a opositores.

Desde la UIT-CI exigimos la inmediata liberación de todas las personas encarceladas por razones políticas. Oponerse a la violación de las libertades democráticas por parte de la dictadura burguesa de Ortega y Murillo no es un crimen, es el deber de todo el pueblo trabajador nicaragüense. Llamamos a toda la militancia de izquierda, socialista, democrática, de Latinoamérica y el mundo, a rechazar las farsas judiciales ante las embajadas y consulados de la dictadura orteguista. Exijamos la ruptura de relaciones diplomáticas con la dictadura y organicemos la solidaridad con la clase trabajadora nicaragüense, cuya liberación depende de su propia movilización y organización políticamente independiente.

¡Libertad ya para Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Yader Parajón, Léster Alemán, Muhamar Vado y todas las personas encarceladas y sometidas a torturas por disentir de la dictadura!

(ver declaración completa en www.uit-ci.org)

En las recientes elecciones en Portugal triunfó el Partido Socialista logrando mayoría absoluta en el parlamento. El PS portugués que ya venía gobernando es un partido socialdemócrata, similar a los PS de otros países europeos, totalmente integrados al orden capitalista. Si logró ganar y aumentar su votación en el contexto de crisis la capitalista, fue ante posible triunfo de la derecha rechazada popularmente. En la izquierda reformista bajaron su votación a la mitad los partidos más fuertes, el Partido Comunista Portugués y el Bloque de Izquierda por apoyar durante años al gobierno y al ajuste del PS.

Es de destacar el crecimiento de la izquierda revolucionaria del Movimiento Alternativa Socialista que duplicó los votos de la elección anterior de 2019 (ver nota en www.uit-ci.org).

El 31 de enero marcharon centenares de mujeres en El Alto y las principales ciudades expresando la indignación ante el caso del feminicida Richard Choque, recientemente encarcelado por violar y asesinar a varias mujeres. Choque había sido condenado a 30 años de cárcel en 2018 por otro feminicidio y liberado meses después por la justicia corrupta y patriarcal. En Bolivia es asesinada una mujer cada 3 días y la mayoría de esos crímenes quedan impunes. Las marchas de mujeres y la organización Mujeres Creando exigieron justicia y que se forme comisión con participación de organizaciones feministas, con poderes legales y presupuesto para investigar feminicidios y violaciones.

La respetada ONG de derechos humanos denunció que los palestinos son tratados “como un grupo racial inferior”. Amnistía Internacional (AI) calificó de “apartheid” la política de Israel hacia los palestinos. En un exhaustivo informe publicado el 1 de febrero,  se documenta desde 2017 “homicidios ilegítimos”, confiscaciones masivas y desplazamiento forzoso de familias palestinas.