Escribe Guillermo Sánchez Porta  Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 4 de febrero decenas de personas llegaron a distintos hospitales del Gran Buenos Aires envenenados por cocaína adulterada. Esta semana ya hay fallecidos e internados en Rosario. Hace falta investigar a fondo y juzgar a todos los responsables de esta nueva masacre narco.

En menos de 24 horas habían fallecido más de 20 personas, casi 100 estaban internadas y muchas en terapia intensiva. Más allá de todas las operaciones mediáticas del gobierno, la policía, los ministros de seguridad de la nación (Aníbal Fernández) y de la provincia de Buenos Aires (Sergio Berni), para desviar y confundir sobre las verdaderas causas de esta masacre, se supo que fue porque se estaba vendiendo cocaína adulterada, que causaba parálisis respiratoria y coronaria casi inmediata.

Aparentemente se habría hecho correr la voz de que se estaba vendiendo muy barato el sobre de dos (2) gramos de cocaína en un búnker de Puerta 8, Hurlingham. La cocaína adulterada rápidamente llegó a más de ocho municipios, donde se registraron muertes e internados. No se sabe cuántas dosis se repartieron ni hasta dónde llegó. Esta semana aparecieron heridos y muertos por la cocaína adulterada en Rosario. Y no se pueden descartar nuevos casos.

Esta masacre, en sectores populares y pobres, ha desnudado de manera dramática la magnitud y la gravedad de las adicciones en nuestra sociedad y el impresionante negocio capitalista del narcotráfico en Argentina y en el mundo. Este negocio entrelaza las mafias integradas por funcionarios, policías, jueces, empresarios criminales; el abandono de los gobiernos patronales a los adictos y a sus familias, y la política cómplice de los gobernantes con el narcotráfico.

El propio Berni dijo en TV que diariamente, sólo en el Gran Buenos Aires, se reparten unas 200.000 dosis de cocaína, lo que generarían unos 1.200 millones de pesos por día. Ese es el tremendo negocio narco del que son parte y defienden policías, funcionarios y jueces.

Estos números muestran que millones de personas de todos los niveles sociales consumen y que son los más pobres los que más riesgo corren, ya que mientras más adulterada y “cortada” está la cocaína, más barata se vende. Consumen una porquería, en su máxima expresión, representada por el “paco”, que se hace con los restos de toda la cocaína cocinada y adulterada y tiene un poder de destrucción física indescriptible.

Más allá de los verdaderos motivos por lo que se haya vendido esta cocaína adulterada, lo cierto es que unos asesinos han jugado con la vida de millones de consumidores, causando una masacre que debe ser investigada y castigados todos los responsables, de todos los niveles. Y en la investigación deben participar sectores independientes de los jueces y la policía (muchos sospechados de estar comprometidos con el narcotráfico), como los familiares de los muertos.

Berni y Aníbal Fernández tratan de tirar la pelota para otro lado, peleándose por si hay que aconsejar “tomar de la buena” (Fernández) o “legalizar el consumo” (Berni), intentando que la investigación de esta masacre pase al olvido y no haya clarificación ni castigos. O atrapando al tal “Paisa”, responsabilizándolo de todo y, encima, “expulsándolo a Paraguay”, como parte de un pacto de silencio. Mientras los dirigentes macristas de Juntos como Vidal o Bullrich, tratan de sacar rédito queriéndonos hacer creer que “ellos sí combatieron a los narcos” ¡Caraduras! El “Paisa” y miles más forman parte de esa cadena narco, pero no tienen el poder y la estructura para organizar toda esa magnitud de tráfico. Los verdaderos “capos” narcos son los que se ven en los countries y estancias multimillonarias en distintos puntos del país, con mansiones y autos de lujo. Los que lavan miles de millones en bancos y paraísos fiscales. A ellos y a sus funcionarios, policías y jueces cómplices, hay que investigar.

A los gobernantes del Frente de Todos y de Juntos no les interesa desmantelar estas mafias de narcos que generan fabulosas ganancias, millones de consumidores y adictos, empujan a la marginalidad y a la delincuencia a jóvenes, muchos desesperados por volver a consumir. Ni les interesan las familias que destruyen sus vidas por las adicciones de alguno de sus integrantes.

Todos escuchamos a la madre que tenía su hijo internado, denunciando que desde los 14 años era adicto, que ahora tiene 41 años y que nunca tuvo apoyo de los gobiernos para curarlo. Que no hay lugares para internar y tratar la adicción para superarla. Que la policía le decía que, si delinquía, robaba o agredía, ahí sí lo podían detener y ver si lo enviaban a algún sitio para delincuentes adictos. ¡Una barbaridad!

Hay lugares para internarse y superar las adicciones, pero están lejos de las posibilidades de los sectores populares. Son privados y carísimos. Palito Ortega le financió a Charly García su internación, de donde salió luego haber entrado casi muerto. O el músico Chano, que se trata en un centro de adictos privado y costoso.

Las adicciones son enfermedades terribles, pero pueden ser superadas. Para eso hay que exigir al gobierno peronista de Alberto Fernández que sean consideradas enfermedades públicas. Debe haber lugares de internación gratuitos en manos del Estado que sean parte del sistema de salud pública. Hay que hacer verdaderas campañas de prevención, de clarificación y ayuda para evitar entrar a las adicciones, sobre todo para los jóvenes y sectores populares, principal centro de captación de los narcos.

Con la ilegalidad de la venta y distribución de drogas, no hay estadísticas públicas y oficiales sobre las personas que consumen y adictos y no se puede hacer un plan de salud pública científico para curarlas. Dejando claro que combatimos que jóvenes o trabajadores caigan en cualquier tipo de adicciones, sostenemos que la legalización sería un paso muy importante para ayudar a superarlas y desmontar el negocio de las mafias de narcos, policías, funcionarios, jueces, que viven de la ilegalidad y la convierten en uno de los mayores negocios del capitalismo, a un enorme costo en muertes y penurias sociales.

Llamamos a todos a apoyar a las familias víctimas de esta nueva masacre narco y exigir la clarificación, investigación y castigo de todos los responsables.

Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad  

Las escalofriantes muertes por consumir droga envenenada en el conurbano o los crímenes diarios en Rosario a manos del narcotráfico, reabrieron el debate sobre cómo combatir de fondo a este flagelo que hace estragos. Sabemos que cuando se habla de narcotráfico y drogas incluye varias aristas, desde el negocio capitalista que implica, la criminalización y el tema salud pública. Desde Izquierda Socialista lo abordamos globalmente. Por eso es que, además de repudiar la complicidad con los narcos de los gobiernos de turno como el peronista actual y el anterior macrista, las fuerzas represivas y los jueces; exigir que vayan a la cárcel los capos y no los perejiles, y que se aborden las adicciones desde el ángulo de la salud pública, decimos que la legalización de las drogas permitiría combatir el problema de fondo, terminar con las mafias y abrir el camino para tratar las adicciones desde el hospital y no desde la cárcel, algo que no ocurre.

Sabemos que la propuesta de legalización puede para ser “rara” para algunos o crear confusión de que podría “fomentar el consumo”. Pero busca lo opuesto. Lo único cierto es que lo que muestra tanto lo que pasa en Argentina como en el mundo, es que el prohibicionismo viene causando estragos, salvando a las mafias criminales y provocando masacres como la que estamos viendo.

La legalización de todas las drogas es para combatir a las mafias y a sus crímenes, en primer lugar, sacándoles el gran negocio capitalista que hacen con la ilegalidad, y a su vez reducir el consumo y disminuir las muertes y hospitalizaciones por adicciones. La legalización y regulación por parte del Estado es lo que terminaría con la terrible red clandestina que produce sustancias sin controles y venenosas, genera violencia, inseguridad y muertes.

El hijo del capo del cartel de Medellín colombiano Pablo Escobar, asesinado en 1993, dijo recientemente que su padre pudo tener el poder que tuvo y hacer lo que hizo por los beneficios de la ilegalidad. Es que el prohibicionismo y la ilegalidad, además de asegurar grandes ganancias a las mafias y grandes empresarios que lucran con el narcotráfico, han llevado a emprender políticas represivas que han sido un rotundo fracaso. Se persigue a los perejiles y consumidores, no a los capos narcos. Solo el 1% de las causas federales en Argentina apuntan contra algún narco.

Una prueba extrema de lo que apareja la prohibición ocurrió en Estados Unidos cuando en 1920 impusieron la Ley Seca, que prohibía las bebidas alcohólicas. Esto posibilitó el tráfico ilegal y las bandas criminales, como se ve en las películas de la época. El consumo de alcohol, por el contrario, ascendió, con el agravante de que las mafias lo fabricaban adulterado y altamente tóxico. El mercado negro creció, encareció su precio y se incrementó la demanda. Las mafias (como la del famoso Al Capone) se multiplicaron, dando paso a la violencia, crímenes y corrupción. Todo esto se ha reflejado en novelas y en el cine con recordadas películas como Los Intocables o El Padrino. Pero a pesar del fracaso de la Ley Seca (la cual se terminó anulando en 1933) se siguieron utilizando como hasta ahora los mismos argumentos para justificar la prohibición de las drogas. Precisamente porque muchos capitalistas sustentan sus descomunales ganancias con el “valor agregado” que otorga la clandestinidad, siendo el narcotráfico después del tráfico de armas el negocio capitalista más rentable del mundo, encabezado por Estados Unidos, los cuales usan sus enormes fondos además del lavado de dinero en paraísos fiscales para comprar gobiernos, jueces y policías. Porque cuando hablamos de narcotráfico estamos hablando de un negocio capitalista mundial muy lucrativo. Y la ilegalidad es la forma en que se cobija.  

¿Qué sería legalizar las drogas?

Que toda la cadena de obtención de la materia prima, elaboración, distribución, tenencia y consumo pase a ser legal. Es decir, transformarla en una actividad más dentro de las reglas del mercado. Esto implica que paguen fuertes impuestos, su sometimiento a controles de salud pública, que tengan trabajadores en blanco y con derecho a sindicalizarse. Como se ve, no significa para nada fomentar el consumo de drogas (como tampoco los socialistas fomentamos el consumo de tabaco o alcohol) como a veces se quiere hacer creer.

No sólo lo decimos nosotros. Sectores conservadores del pensamiento económico que nada tienen que ver con la izquierda, han dado argumentos contundentes sobre los beneficios de la legalización. El Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, fallecido en 2006, afirmaba: “La única gente que puede sobrevivir en ese negocio declarado ilegal son las bandas que tienen suficiente dinero para flotas de aviones y métodos sofisticados de traslado de la mercadería.”

La legalización no sólo desplazaría a las mafias. También haría que las drogas pasen a ser un problema de salud pública. Exigiendo a los gobiernos que hagan campaña permanente educando sobre los riesgos de consumir y tratar plenamente las adicciones, poniendo plata y presupuesto suficiente a tal fin. A su vez, exigimos desarrollar políticas preventivas para evitar abusos, rehabilitar a los adictos, reducir los riesgos y daños en el uso de sustancias, generando consumos responsables. Las obras sociales deberían incluir el tratamiento contra las adicciones bajo un estricto control estatal.

La regulación de la producción y distribución por parte del Estado permitiría además determinar qué es lo que se consume y que no, y que aquellos que sufren adicciones reciban tratamiento adecuado en el sistema de salud pública, no dejar librado a que hoy la juventud caiga en manos de los narcos como consumidores o soldaditos del narcomenudeo.

Hoy millones son empujados a consumir compulsivamente, en especial jóvenes sin futuro, hundidos en la pobreza y marginalidad, como si fuera la única manera de sobrellevar la tremenda frustración que les impone este sistema capitalista. En vez de levantar una salida de fondo, los distintos gobiernos capitalistas y sus planes económicos de hambre y pobreza empujan a que miles sean víctimas del negocio de la droga, como dealer de los verdaderos narcos, a quienes les pagan miseria, los que terminan en la cárcel mientras los capos siguen en la impunidad. Cosa que si hubiera empleo y buenos salarios, esto no ocurriría, ya que se les sacaría esa mano de obra barata a los verdaderos narcotraficantes.

La propuesta de legalización, en definitiva, la sostenemos en el marco de la lucha por terminar con todos los males capitalistas, peleando por una sociedad socialista donde no haya explotados ni oprimidos.

Escribe Mercedes de Mendieta Diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

La diputada nacional Carolina Gaillard del Frente de Todos acaba de presentar un proyecto para derogar el artículo 14° de la ley 23.737 sancionada en 1989 que penaliza la tenencia de drogas para consumo y comercialización. Es decir, la despenalización. También sectores del CELS plantean lo mismo.

Desde ya, combatimos la hipocresía de la justicia patronal, que amparándose en esta ley llena las cárceles de “perejiles” y pobres (entre ellas y en gran parte mujeres, trans y travestis) para dejarles vía libre a los verdaderos narcos. Y claro que estamos en contra de la criminalización de las personas que utilizan drogas con fines terapéuticos, recreativos, experimentales o cualquier otro. Pero la despenalización no alcanza, porque no combate al narcotráfico (ver nota aparte) y porque no resuelve el problema del control estatal sobre la adulteración de las drogas ni la información sobre lo que se consume. La despenalización, por ejemplo, no hubiera evitado la reciente masacre con droga envenenada.

El proyecto de la diputada peronista -igual a lo que opinan otros especialistas en el tema- se basa en que “la sociedad no estaría preparada para la legalización, entonces que se avance en la despenalización”. No es así. Lo mismo nos decían con el aborto, que no se legalizaba porque “la gente no estaba preparada”, una burda mentira, como quedó demostrado.

El prohibicionismo fracasó en nuestro país y en el mundo. Hay que avanzar en una respuesta de fondo frente a esta problemática social. A veces despenalización y legalización se utilizan como sinónimos, pero como se ve, tienen consecuencias distintas.

Desde Izquierda Socialista sostenemos que la verdadera solución pasa por la legalización de todas las drogas. Esto atacaría el negocio narco y permitiría al Estado regular la producción, evitando la adulteración de las drogas que hoy afecta particularmente a los sectores más pobres, y avanzar en campañas públicas de información sobre los riesgos del consumo, la reducción de daños, etcétera. Solo así habrá una política integral sobre este tremendo flagelo.

Al día siguiente de la reciente masacre, una orden judicial permitió secuestrar 15.000 dosis de cocaína. ¿Desde cuándo existía esta información? No caben dudas que los políticos patronales, las fuerzas policiales y la Justicia participan del dinero sucio que el narcotráfico recauda.

Recordemos cuando, en las elecciones de 2015, entre los candidatos peronistas a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández y Julián Domínguez (hoy ministros de Alberto Fernández), se acusaban sobre quién era más encubridor. “Hablan de cómo combatir el narcotráfico, que empiecen por no comprarle droga a los transas”, decía Fernández, implicado como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez por comercio ilegal de efedrina.

El ex intendente radical de Paraná entre 2015 y 2019, Sergio Varisco, fue condenado en diciembre de 2019 a seis años y medio de prisión como “partícipe necesario” de comercialización de estupefacientes, 317 kilos de marihuana, traídos en avioneta desde Paraguay, dinero con el cual se hacía financiar su campaña electoral.  “La intendencia era un bunker narco”, se decía.

Danna Báez, dirigente de Cambiemos de Misiones, fue presa en el estado brasileño de Paraná por “tráfico ilegal de estupefacientes” al encontrarse cinco kilos de cocaína en su poder.

En el año 2016, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quedó salpicado con una causa vinculada al narcotráfico luego de que cinco funcionarios de la Ciudad fueran procesados por la muerte de 5 personas en la fiesta Time Warp, de Costa Salguero, por consumo de estupefacientes.

Otros antecedentes datan de 2018. Altos mandos de la Policía Bonaerense plantearon que las ratas se habían comido media tonelada de marihuana para explicar la desaparición durante la custodia. En tanto, en la provincia de Salta, se descubrió que 50 kilos de cocaína se habían convertido en 60 kilos de yeso, cargamento había sido secuestrado previamente por gendarmería.

Walter Bento, ex juez federal de Mendoza, se encuentra procesado como líder de una asociación ilícita que exigía dinero a cambio de favores judiciales para los narcos. Bento no es la excepción. El fiscal Claudio Scapolan (estuvo a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro) fue acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a robar cargamentos de estupefacientes y de extorsionar a familiares de narcotraficantes. Se calcula que se apropió de 500 kilos de cocaína. Y así sigue la lista.

Claudio Funes

Escribe Pili Barbás, dirigenta de Ambiente en Lucha

El 4 de febrero se realizó a nivel plurinacional el tercer atlánticazo, organizado por la Asamblea de Mar del Plata (Mar libre de Petroleras) e impulsado en todo el país por la coordinadora Basta de Falsas Soluciones contra la instalación de la off shore Equinor en nuestro mar.

Esta jornada tuvo un salto en la organización socioambiental que fue su reflejo a nivel internacional: el  #Oceanazo. Después de varias noticias en las últimas semanas sobre derrames de miles de litros de petróleo en otros varios puntos del planeta, como en Perú, en un yacimiento de Repsol, o en Ecuador, que dejó daños incalculables al ecosistema, se volvió urgente la necesidad de ponerle un freno a estas políticas extractivistas a nivel mundial. Es así que esta jornada tuvo el nombre de #Oceanazo, una iniciativa que se promueve en más de treinta países del mundo, como Perú, Ecuador, Tailandia, Brasil, México, Bolivia, Colombia, Sudáfrica, Egipto, España, Portugal, Serbia, Ucrania, Países Bajos, Alemania, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos y otros.

Esta jornada de lucha internacional deja en claro, por una lado, que la instalación del proyecto de exploración sísmica en el mar argentino es parte un proyecto global de extractivismo por los países imperialistas para el saqueo de nuestro recursos, y por otro lado, que no hay ninguna posibilidad de que la instalación de petroleras en nuestro mar argentino sea sin contaminación y riesgos , como quiere hacer creer el gobierno nacional de Alberto Fernandez, junto a Cabandie y Kulfas en varias declaraciones.

Este plan extractivista está totalmente enmarcado en un plan sistemático del gobierno nacional por la explotación de nuestro recursos, para conseguir los dólares para seguir pagando la deuda externa, y mostrarle un visto bueno al FMI.
Seguiremos impulsando la movilización del #Oceanazo en nuestro país junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones y, a nivel internacional,  contra todo plan extractivista de los gobiernos.