Escribe Guido Poletti

Para el presidente electo Alberto Fernández, apostar a Vaca Muerta es una de sus prioridades. No es un secreto: está en la plataforma electoral del Frente de Todos y fue planteado públicamente decenas de veces. Uno de sus principales asesores económicos, Guillermo Nielsen, viajó a la zona y se explayó ante empresarios del sector. Así, se supo que se está estudiando conformar un fideicomiso, algo así como un fondo cerrado a donde vayan las ganancias de Vaca Muerta, con jurisdicción internacional, y a cubierto de que se les cobre impuesto alguno. Esto, junto con otras exenciones impositivas para la importación de maquinarias y la continuidad de la superexplotación laboral, representa el centro del proyecto estratégico de Fernández para el sector. Totalmente por fuera queda cualquier preocupación por el saqueo de estos recursos no renovables y, mucho menos, el desastre ambiental que ya se está causando o los derechos de los pueblos originarios que habitan en el área.

La extracción por medios no convencionales (fracking) fue un proyecto que nació durante el gobierno de Cristina Fernández. En el origen estuvo el escandaloso pacto secreto con la multinacional yanqui Chevron. A posteriori, Macri tomó la posta, y comenzaron a llegar los otros pulpos del sector. Siempre en medio de los máximos privilegios, comenzado con la firma de un convenio colectivo de trabajo ultraflexibilizado. Así, en los últimos cuatro años, macristas y peronistas kirchneristas se la pasaron peleándose acerca de quién fue el verdadero promotor de Vaca Muerta. Por eso no extraña que ahora Alberto Fernández lo plantee como una de sus propuestas estratégicas.

Pero la realidad es que las inversiones en Vaca Muerta se vienen reduciendo en los últimos meses. Como excusa se toma la famosa resolución 566/19, que congeló el barril de petróleo por debajo del internacional. Medida, como sabemos, que fue un parche frente al desastre que estaba causando la devaluación del peso desde abril de 2018. El freno objetivo en la producción fue no sólo de las empresas a cargo de cada pozo, sino también de las de servicios que las acompañan. Así, en total ya se registran más de 1.800 suspensiones y despidos.

Los pulpos del sector chantajean: o se los deja seguir subiendo libremente los precios de los combustibles (no importa si extraídos en forma convencional o por medio del fracking) o no habrá inversiones en Vaca Muerta. Por eso el futuro gobierno del Frente de Todos se cuida muy bien de hablar de congelamiento de naftas o gasoil (ni qué decir de volver los precios anteriores). Es que saben que parte de los privilegios que les deben garantizar a los pulpos depredadores del gas y el petróleo incluye que sigan subiendo el precio de los combustibles al compás de las alzas internacionales (lo que no los limitará para que, en el caso de que el valor internacional del barril descienda, pasen a reclamar ser “compensados” por este hecho).

En síntesis, el planteo del futuro gobierno de Fernández no solo significa continuar con el saqueo y destrucción del ambiente de las multinacionales. También es la “excusa perfecta” para garantizarles a los pulpos del sector la continuidad de sus super-ganancias, incluso con los métodos convencionales. Como lo dijimos infinidad de veces, la salida pasa por la estatización de todo el complejo gasífero-petrolero, que debe pasar a funcionar gestionado por sus propios trabajadores. Y de la prohibición del fracking como método extractivo contaminante utilizado por las multinacionales al servicio de sus superganancias.

El próximo jueves, 28 de noviembre, se realizan las elecciones en el sindicato docente Ademys. Tres mil afiliados elegirán la nueva conducción de los próximos tres años, en un nuevo escenario político con el retorno al gobierno del peronismo de Alberto Fernández y Cristina Fernández y la continuidad de Larreta en la Ciudad.

Escribe Jorge Adaro, secretario general de Ademys

La Lista Multicolor, que viene dirigiendo Ademys en los dos últimos períodos (2013/2016 y 2016/2019) aspira a seguir siendo la conducción del sindicato en el próximo período 2019/2022. Para eso cuenta con el fortalecimiento del frente con las incorporaciones de Alternativa Docente (MST) y la Lista Naranja (PO Tendencia) que se suman a la principal fuerza que integramos desde Lista de Maestres y Profesores (Izquierda Socialista más independientes), junto a Tribuna Docente (PO), Haroldo Conti (Rompiendo Cadenas) y la corriente 9 de abril (PTS). La lista la encabeza la compañera Mariana Scayola como candidata a secretaria general y acompaño como candidato a secretario general adjunto, con compañeres que son la expresión de una generación joven forjada al calor de la lucha del 2011 contra el gobierno de Macri, cuando disolvió las Juntas de Clasificación Docente, conflicto que ahora surge nuevamente a propósito del ataque de Larreta al orden de mérito en los concursos y lo que vuelve imperiosa la necesidad de pelear por Juntas al servicio de los trabajadores, elegidas por el voto directo de les docentes.

Nosotros hacemos un balance positivo de este último período de Ademys. Nuestro sindicato se ha consolidado definitivamente ante la base docente como la expresión sindical combativa y democrática que ha enfrentado sin descanso y consecuentemente los ataques a la educación pública, luchando contra el ajuste del gobierno nacional (primero Cristina Kirchner y luego Macri) y de la CABA, primero con Macri y ahora con Rodriguez Larreta y su ministra Acuña. Esta conducción Multicolor hizo que Ademys creciera en cantidad de afiliados y ha discutido cada medida y planes de lucha en asambleas abiertas a toda la docencia de la Ciudad. Democráticamente hemos salido a las calles a enfrentar la liquidación de los institutos de formación docente, los 29 profesorados, rechazando la Unicaba macrista, rechazando el intento de cierre de las escuelas nocturnas, organizamos campañas de boicot a las evaluaciones estandarizadas, realizamos medidas de fuerza en defensa del salario y nuestras condiciones de trabajo y dimos pelea por los derechos de las mujeres, participando activamente en todo el movimiento de la ola verde y contra la violencia de género. También hemos tenido el acierto político de coordinar junto a otras organizaciones y conducciones sindicales docentes combativas durante este período para hacerle frente al ajuste del gobierno nacional. En el mismo sentido hemos sido parte fundadora e integrante de la mesa nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo, espacio desde el que se dieron peleas contra los despidos, se apoyó a los conflictos obreros en defensa de los puestos de trabajo y por un salario equivalente a la canasta familiar, mientras la burocracia sindical peronista de la CGT y las CTA desactivaban cualquier intento de organización de los trabajadores para salir a pelear. Hemos enfrentado la política de sumisión al FMI que engrosó de manera escandalosa la deuda externa por parte del gobierno nacional, con la complicidad de todos los gobernadores peronistas y de las centrales sindicales. Desde Ademys levantamos un programa independiente para la clase trabajadora basado en el no pago de la deuda externa.

La nueva conducción tendrá por delante el desafío de seguir peleando por la recuperación del salario, contra la precarización laboral y el desmantelamiento del sistema educativo, en un marco de cambio de gobierno donde amplios sectores tienen depositadas expectativas en que Fernández mejore la situación de la clase trabajadora. Sabemos que no existe esa posibilidad si no se toma una decisión estructural que parta de dejar de pagar la deuda externa y destinar los fondos necesarios para trabajo, salud y educación públicas. Estas expectativas se desvanecerán con el pacto social, que ya está elaborando el próximo gobierno junto a los empresarios, la iglesia y la burocracia sindical, donde nuevamente seremos los trabajadores quienes llevemos el peso del ajuste con el congelamiento de salarios propuesto.

Por estos motivos iniciamos una gran campaña electoral en todas las escuelas de CABA para lograr una masiva votación docente el jueves 28 de noviembre en las elecciones de Ademys y seguir creciendo como sindicato combativo, democrático e independiente de todos los gobiernos.

Escribe Darío Leguiza, trabajador de mantenimiento

Desde hace quince días los trabajadores no docentes del área de mantenimiento de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) venimos planteando una serie de importantes reclamos sobre distintas necesidades del sector, presentados en una nota elaborada en conjunto con todos los compañeros.

Reclamamos por la falta de materiales, herramientas, ropa de trabajo, recategorizaciones y una ampliación del taller, entre otras demandas. Estos reclamos ya se habían planteado un año atrás, ante el representante de la gestión de la facultad, la secretaria de Hacienda y también ante la propia decana Carolina Mera y nunca se resolvieron. Los trabajadores del sector de mantenimiento, y un tiempo antes también lo hicieron los compañeros del sector de académicas, tomamos medidas de fuerza con la modalidad de “asamblea permanente y cese de actividades” ante la falta de respuestas de la gestión de la facultad. La semana pasada las autoridades decidieron cerrar la sede principal de Santiago del Estero 1029 en el barrio de Constitución por “falta de suministro de agua y luz” y luego en dos reuniones, con distintas maniobras patronales, nos quieren responsabilizar y nos piden que “colaboremos” con el funcionamiento de la facultad. Esta es una muestra clara de qué tipo de salida quieren dar las autoridades, quienes solo pretenden que los trabajadores mismos garanticemos el ajuste ante el ahogo presupuestario que sufre la facultad.

La gestión de Sociales es una alianza entre sectores peronistas y radicales que están enfrentados entre sí y su conducción ha entrado en crisis. Pero esa división no impide, y lo tienen más que claro, que a la hora de “achicar” se pongan de acuerdo para descargar el ajuste sobre los trabajadores no docentes, que dijimos “basta”.

Sabemos que la pelea es difícil, por eso para organizarnos charlamos a diario entre todos los trabajadores del sector en asamblea, y de esta manera, a paso firme y en unidad, vamos a conseguir lo que reclamamos. Ante este conflicto es muy importante contar con el apoyo de estudiantes y docentes, que se realicen pronunciamientos solidarios y que se realice una asamblea general de los no docentes ya mismo, para que juntos todos los trabajadores podamos unir los reclamos pendientes y organizarnos para enfrentar el ajuste.

Nota: En el cierre de esta edición se logró un acta-acuerdo firmada por la decana de la Facultad, la comisión interna no docente y todos los trabajadores de mantenimiento, que aprobaron cada uno de sus términos en la asamblea del sector, que incluyen el conjunto de las demandas planteadas. 

Alberto Fernández viene insistiendo en que una de sus políticas prioritarias será para “combatir el hambre y la pobreza extrema”. A esto ha dedicado una parte significativa de sus reuniones en aras de un futuro pacto social, con la UIA, los burócratas sindicales y la dirigencia de los movimientos sociales, sobre todo a los ligados a la iglesia católica. Pero ninguna de sus medidas resolverá el drama de la pobreza en nuestro país.

Escribe Adolfo Santos

Por intermediación de Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, el pasado miércoles 13 Fernández se reunió en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina con organizaciones de movimientos sociales como la CTEP, el Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán o la CCC/PCR, entre otras. Uno de los temas centrales en debate fue el plan “Argentina contra el hambre”, que según el nuevo gobierno será “la primera política de Estado del siglo XXI”.

Daniel Arroyo, participante de esa reunión y futuro ministro de Desarrollo Social, explicó que el plan funcionará mediante una tarjeta que permitirá comprar alimentos a su portador: “El sistema beneficiará entre 1.800.000 y 2 millones de personas y el presupuesto, que este año fue de 27 mil millones, en 2020 será de 40 mil millones de pesos”. Como vemos, no alcanza a cubrir ni de lejos, al total de la propia población afectada. Primero, porque según informa el propio Arroyo, “hoy hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria”. Entonces, no queda claro cómo será atendido casi el 80% que quedarán por fuera del plan anunciado. Segundo, porque si consideramos una inflación anual, en 2019, de 55%, los recursos destinados por Fernández para combatir el hambre, serán proporcionalmente inferiores a los de Macri.

El plan “Argentina contra el Hambre” es completamente insuficiente. Veamos las declaraciones del propio Arroyo: “Argentina está yendo a una generación de chicos obesos y petisos […] 14% de los niños tienen lo que se llama inseguridad alimentaria severa […]”. El gobierno debe asistir con alimentos a la población más vulnerable de forma urgente, pero eso será apenas un paliativo si no se combina con medidas que combatan de verdad la pobreza.

Hay efectivamente que agrandar las partidas alimentarias. No sólo para los comedores populares. Las escuelas deben recibir presupuesto para que la comida que reciban los niños en ella garantice la nutrición suficiente. También deben aumentarse los montos de las asignaciones universales por hijo y, por supuesto, ningún desocupado debe quedar sin recibir una cobertura. Pero la real solución pasa por la creación de trabajo genuino. Para eso hay que lanzar un gran plan de obras públicas, que debe comenzar con la construcción de viviendas populares, escuelas y hospitales, o la refacción de los existentes.

Los burócratas sindicales ya abren el paraguas acerca de que no se debe esperar recomposiciones salariales que recuperen lo perdido. La excusa es que “la prioridad es el hambre”, contraponiéndola a las necesidades de los trabajadores. Somos claros: no hay real combate a la miseria si los salarios y las jubilaciones están por debajo de la línea de pobreza. Por eso, parte de esa “lucha contra la pobreza” requiere un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar.

Por supuesto que todas estas medidas requieren responder a una pregunta básica: ¿de dónde saldrá el dinero para financiarlas? La respuesta es simple y sencilla. Todo esto será posible si suspendemos inmediatamente los pagos de deuda externa y rompemos con el FMI. Por eso insistimos en la disyuntiva de hierro: plata para acabar con la miseria o para los pulpos acreedores. Esa es la cuestión.  

Después de más de tres meses de paros y movilizaciones, la conducción provincial de Atech, que responde a la burocracia nacional kirchnerista de Baradel y Alesso, terminó pactando con el gobierno de Arcioni levantar el paro.

El gobierno había propuesto unos días antes, luego de hacer renunciar al súper ministro Massoni y al ministro de Educación, un acuerdo tramposo. Como bien denunciaron los docentes autoconvocados en lucha de varias ciudades, “el acuerdo sólo se cumpliría si los docentes de Atech firman y levantan el paro”. Sobre la devolución de los descuentos masivos, Arcioni dijo que “cumplirá la resolución de la Justicia”, que decretó ilegal los descuentos, pero que “apelará esa resolución y la respuesta judicial será en la semana próxima”. La devolución de los descuentos se demoraría un par de semanas… “Que el 20 de diciembre pagarían lo adeudado de julio y el 27 de noviembre dirán cuándo pagan las deudas de agosto, septiembre y octubre. No dice nada del funcionamiento de la obra social ni del transporte escolar”.

Pese a que la burocracia del gremio, encabezada por el celeste Santiago Goodman, intentó por todos los medios que ese acuerdo se firmara, no lo logró, hubo un empate en los mandatos de seccionales de Atech que fueron con rechazo y otras con “aceptación condicionada” a que se corrijan esos puntos. A la reunión siguiente, Arcioni hizo de nuevo promesas vagas, sin concretar ninguna solución y la dirigencia del sindicato salió a pedir que ahora sí se acepte. Pero, para asegurarlo, la burocracia mantuvo el mandato de las seccionales que aceptaron (incluso con condicionamientos) y sólo hizo la consulta en las que se había rechazado. ¡Increíble! Así, con sólo una seccional que cambiara el mandato, lograba que se aceptara.

Esto generó muchísimo malestar y ya varias escuelas definieron que, aunque Atech levantó el paro, seguirán con “retención de servicios” hasta que les paguen todo lo adeudado y devuelvan los descuentos.

Llamamos a repudiar este acuerdo de la burocracia celeste y Arcioni, y a apoyar el reclamo del cumplimiento total del acuerdo paritario y las exigencias de los docentes de Chubut.

Corresponsal