Escribe Martín Fú

Miguel Angel Etchecolatz, ex comisario de la Policía Bonaerense durante la última dictadura militar, deberá pasar sus últimos días con prisión efectiva y en una cárcel común, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, denegando un pedido del represor de que se le conceda detención domiciliaria, pedido que se había originado ante una vergonzosa ofensiva del gobierno de Macri y sus operadores que clamaban “trato humanitario” para los chacales y asesinos responsables de la muerte y desaparición de miles de trabajadores y activistas políticos, sindicales y estudiantiles entre los años 1976-1983.

Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue condenado a múltiples prisiones perpetuas. Entre los crímenes por los que fue condenado se encuentran el secuestro y asesinato de un grupo de adolescentes conocido como la Noche de los Lápices; la apropiación de menores y la desaparición del albañil platense, Jorge Julio López. Fue beneficiado por la aplicación de la Ley Obediencia Debida, pero una vez anuladas las leyes de impunidad, volvió a ser juzgado en las causas que habían sido cerradas. Se lo responsabiliza también de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo en uno de los juicios en su contra. Los testimonios contra Etchecolatz lo ilustran como uno de los más crueles, inefables y sádicos torturadores y ejecutores que han participado de cientos de operativos, asesinatos y desapariciones. Que Etchecolatz continúe cumpliendo su condena en una cárcel común debe ser comprendido como un triunfo de la incansable movilización y pedido de juicio y castigo, que desde Izquierda Socialista venimos exigiendo y acompañando junto con otras organizaciones políticas y de derechos humanos.

Todos coinciden que la deuda es “impagable”. Sin embargo, Alberto Fernández insiste en que vamos a pagarla. Y que, aun así, eso no será problema para “ponerle plata en el bolsillo a la gente”. Nuestra posición es diferente: o dedicamos los recursos a resolver las necesidades populares” o le pagamos a los pulpos acreedores y al FMI. Es una cosa o la otra.

Escribe José Castillo

“No podemos pagar la deuda en las condiciones que está Argentina”, dijo textualmente el presidente electo Alberto Fernández en un reportaje para la cadena internacional Russia Today que le realizó el ecuatoriano Rafael Correa. Unas horas después, el ministro de Hacienda macrista Hernán Lacunza, dijo que “coincidía” con los dichos de Fernández. Más tarde, sería nada menos que el economista ultraliberal Carlos Melconián el que también diría que no hay ninguna posibilidad de cumplir con los vencimientos de deuda que vencen en el corto plazo.

Es increíble. Ahora parece que todos están de acuerdo. Hasta hace muy poco tiempo, solo nosotros desde la izquierda martillábamos obsesivamente con que se estaba creando una bola de nieve insostenible y que la deuda se había transformado, una vez más, como varias otras veces en los últimos cuarenta años, en una factura impagable.

Pero lo sorprendente es que, después de decir esto, tanto Alberto Fernández como los economistas de su entorno, insisten en que, sin embargo, vamos a cumplir con los pagos a los acreedores privados y al FMI. Más aún, Alberto Fernández insiste en el mismo reportaje de que logrará una negociación favorable, donde los bonistas privados aceptarán cobrar unos años más adelante. Y que, de igual modo, se logrará que el FMI se someta a una renegociación de su deuda sin “condicionar” a la Argentina.

Nada de esto será así de “amigable” como sugiere Alberto Fernández. Los pulpos acreedores ya se están organizando en “comités” de buitres, para cobrar lo más posible y en el menor tiempo. Y el FMI fue, es y será uno de los principales instrumentos del imperialismo para obligar a los pueblos a ajustarse y justificar así el saqueo de sus riquezas.

Nosotros, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, tenemos otra opinión. Si, como efectivamente es cierto, la deuda es impagable, lo que habría que hacer es suspender inmediatamente los pagos. Si, como sin duda es así, para salir de la crisis hay que “redistribuir la riqueza y reactivar la economía”, pongamos en marcha un plan de emergencia para hacer esto de verdad, con la plata que ahora tendremos después de no pagar esa deuda. Que se le dé a todos los trabajadores y jubilados un aumento de emergencia para que nadie gane menos que la canasta familiar y, a partir de ahí, que se reabran las paritarias, garantizando un reajuste mensual de acuerdo al alza del costo de vida. Que se retrotraigan los tarifazos y se reestaticen las privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios. Que se ponga en marcha un gran plan de viviendas populares que, a la vez que resuelva el déficit habitacional, genere trabajo genuino. Que se prohíban por ley las suspensiones y los despidos. Que se nacionalice la banca y el comercio exterior para terminar con la usura de las altas tasas de interés la fuga de capitales. Que se aumente los presupuesto de educación, salud y ciencia y tecnología.

Claro que para poder efectivizar este programa, lo primero es romper con el FMI, ya que de otra forma,no sería posible. Por el contrario, nos exigirá un nuevo y mayor plan de ajuste, incluyendo dentro del mismo la realización de las reformas laboral y previsional.

Como conclusión, dejar de pagar la deuda externa, inmoral, ilegítima, originada en la dictadura genocida y “alimentada” y multiplicada desde entonces por todos los gobiernos, y romper con el FMI son las dos decisiones indispensables para priorizar las necesidades del pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

No es la primera vez que lo escuchamos. Desde que nuestro país volvió a tener un préstamo, y por lo tanto un plan de ajuste vigente, los economistas cercanos a Alberto y a Cristina empezaron a hacer correr que no sería correcto romper con el Fondo, ya que este organismo, después del fracaso de los ajustes de fines de los años 90, ahora “habría cambiado”. Esta idea del “Fondo progresista” fue abonada por el entonces diputado y actual gobernador electo Axel Kicillof, cuando recibió a una misión del organismo con mate y bizcochitos de grasa en su despacho.

Según los economistas del Frente de Todos, el problema no sería el FMI, sino que fue el propio gobierno de Macri es que propuso el actual plan de ajuste. El directorio del Fondo no habría hecho otra cosa que avalarlo.

Sin duda Macri habrá aportado lo suyo, pero la exigencia de fortísimos planes de ajuste está en la esencia del FMI. Es que de eso se trata: presta no para “salvar a los países”, sino para garantizar que siga girando la rueda de las superganancias para los capitales más concentrados. No es cierto que “ahora” los planes del Fondo son más progresistas: basta ver lo que le exigieron a Grecia o, más cerca en el tiempo y el espacio, el feroz ajuste que pretendieron poner en marcha en Ecuador y que fue repudiado por el pueblo trabajador.

Ahora, los economistas y voceros de Alberto Fernández difunden una declaración de Gerry Rice (supuesto “vocero” del FMI) que habría dicho que el organismo está dispuesto sentarse a renegociar con la Argentina, “sin precondiciones”.

Seamos claros. Ni Kristalina Georgieva (titular del organismo), ni los que “cortan el bacalao” a nivel del staff técnico (Alejandro Werner y Roberto Cardarelli) han sostenido esto. El que puso los puntos sobre las íes fue el secretario del Tesoro yanqui Steven Mnuchin, que dijo sin pelos en la lengua: “nuestra expectativa es que el gobierno argentino cumpla el compromiso con el FMI”. El mismo Donald Trump le dijo a Fernández que habría “instruido” al Fondo para trabajar con la Argentina. Pero la realidad es que las instrucciones siguen pasando por habilitar un mecanismo para una renegociación que consiste en pasar del actual “stand by” (préstamo de corto plazo a cambio de un fuerte plan de ajuste que se devuelve en el corto plazo) a otro, denominado “de facilidades extendidas”, donde se extienden los plazos para devolver los 54.000 millones de dólares del préstamo vigente, pero con la exigencia de que se firme un nuevo ajuste y que se dé inicio a las leyes de flexibilización laboral y reforma jubilatoria.
Acá no hay ningún “FMI bueno” con el que negociar. Es lo de siempre: el mismo organismo al servicio del imperialismo y los pulpos acreedores para esquilmar a nuestros pueblos.

Escribe José Castillo

El ministro de Hacienda Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central Guido Sandleris han establecido el “super-cepo” que impide comprar más de 200 dólares por mes. Ya rascando el fondo de la olla de las reservas, los funcionarios insisten en que “no hay dólares para nadie”.

Pero mientras tanto lo poco que queda se utilizará para seguir cumpliendo con los vencimientos de deuda. La semana pasada se pagaron 350 millones de dólares del cupón de renta del Bonar 24. Pero esto no es todo: esta semana vencen otros 321 millones de dólares de las letras “reperfiladas” por Lacunza semanas atrás y unos 16.000 millones de pesos en bonos del tesoro (Bontes). Sumando todo hasta el final del mandato de Macri, se abonarán nuevos vencimientos por 2.500 millones de dólares. Como se ve, el macrismo se va poniéndoles plata en los bolsillos a los pulpos acreedores hasta el último día.

Escribe José Castillo

No es un mecanismo nuevo. El kirchnerismo supo abusar de este recurso. Ante el hecho de que no existe nadie en el mundo que hoy le presta a la Argentina, y que el propio FMI no entregó los 5.000 millones de dólares pautados como cuota en el acuerdo firmado el año pasado, el gobierno de Macri recurrió a meter la mano en el bolsillo a los jubilados. En concreto, “le encajó” un dos letras (una en pesos y otra en dólares) al Fondo de Garantía Sustentabilidad (FGS) del Anses, por un monto de 11.000 millones de pesos (126 millones de dólares).

Es un secreto a voces que el próximo gobierno, ante la imposibilidad concreta de poner cumplir con los pagos de los vencimientos de deuda, lo primero que “reperfilará” compulsivamente será la que se denomina cínicamente deuda “intra-sector público”. En concreto, le hará el “pagadiós” a los jubilados que verán como, una vez más, el FGS es usado para cualquier cosa menos para su verdadero fin: ayudar a que se paguen pensiones dignas. Una verdadera vergüenza.