Como venezolanos y activistas de izquierda residentes en Argentina, tenemos una posición distinta sobre la situación de nuestro país y la política del gobierno chavista. En ningún otro país se ha aplicado en los últimos años un ajuste de las dimensiones que vemos en Venezuela. Los salarios han sido arruinados, cayendo por debajo de los 30 dólares mensuales en promedio. El hambre castiga a millones de personas, hay una escasez terrible de alimentos y medicinas. Siendo el país con la tasa de embarazo adolescente más alta de Suramérica, se restringe cada vez más el acceso a métodos anticonceptivos, por su alto precio y escasez, y se criminaliza el aborto. El recorte a las importaciones de alimentos y medicinas, la caída de la producción nacional privada y estatal, y la impresión desaforada de papel moneda, con la consecuente devaluación, han llevado la inflación anual a 180% en 2015 y a más de 600% en 2016. Se estima que este año el ajuste será aún peor. Al mismo tiempo, el gobierno entrega más del 12% del territorio nacional a transnacionales mineras como Barrick Gold y Gold Reserve en el denominado Arco Minero del Orinoco, contemplado en el llamado Plan de la Patria. Mientras ajusta a la población, entrega millones de dólares a tasa subsidiada a grandes empresarios nacionales y a transnacionales y paga puntualmente los servicios de la deuda. Entre 2013 y 2016, Nicolás Maduro destinó más de 70 mil millones de dólares al pago de deuda externa pública y de Pdvsa, la petrolera estatal.

Esta política antiobrera y antipopular, que asesina por hambre y enfermedad a miles, es acompañada de una gran represión. Bajo la cobertura de la “lucha contra la delincuencia”, se han llevado a cabo más de mil ejecuciones extrajudiciales en el último año, mediante operativos militares denominados “Operación Liberación del Pueblo” (OLP), incluyendo casos de desaparición forzada, como los perpetrados contra la comunidad afrodescendiente de Barlovento. La violencia del sistema carcelario es de las peores del mundo, como lo revela el reciente descubrimiento de una fosa común con los restos de 14 personas en la Penitenciaría General de Venezuela. Además de la brutalidad policial y militar, ha habido casos de desaparición forzada por razones políticas, como el del activista de izquierda Alcedo Mora, desaparecido el 27 de febrero de 2015.

Las libertades sindicales también son objeto de grandes restricciones. El gobierno impide la realización de elecciones en el sindicato de la metalúrgica estatal Sidor y en la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) desde hace más de dos años. Dirigentes sindicales y activistas de izquierda han sido despedidos en Pdvsa, el Metro de Caracas, la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad Experimental Indígena del Tauca y otras empresas estatales e instituciones públicas. En otros casos, dirigentes sindicales y trabajadores han sido detenidos o han sufrido la represión, como la marcha de trabajadores universitarios atacada por la policía en Caracas en marzo de este año.

El gobierno ha avanzado hacia un régimen de facto al suspender el funcionamiento del parlamento, cuyas competencias han sido asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia, así como la suspensión indefinida de la realización de las elecciones de gobernadores, previstas legalmente para el año 2016. La mayoría de los partidos políticos han sufrido este año la anulación de su personería electoral, incluyendo al Partido Socialismo y Libertad que hace oposición de izquierda al gobierno y el Partido Comunista de Venezuela que apoya a Nicolás Maduro, mientras que se ha bloqueado la obtención de la legalidad electoral de la organización chavista crítica Marea Socialista.

Ciertamente repudiamos toda injerencia del gobierno de EEUU en los asuntos internos de Venezuela y los llamados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a la intervención de la OEA en nuestro país. Pero al mismo tiempo llamamos a la solidaridad de los pueblos latinoamericanos con el pueblo trabajador venezolano. Llamamos a los intelectuales y a las organizaciones argentinas que vienen solidarizándose con el gobierno de Maduro a debatir públicamente sobre estas cuestiones y a que revisen con honestidad el apoyo político que brindan a un gobierno que viola los derechos de los trabajadores y los sectores populares al imponer un ajuste criminal, al aplicar la violencia más descarnada contra los jóvenes de los sectores populares con miles de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, además de restringir el derecho a la huelga y a la protesta. En este sentido, llamamos a apoyar las exigencias de la oposición de izquierda en Venezuela de cesar el pago de la deuda externa y que se utilicen esos recursos para realizar las urgentes importaciones de alimentos y medicinas que requiere la población, que se nacionalice la industria petrolera en un 100% sin participación de las transnacionales para recuperar los recursos petroleros, que se derogue el decreto del Arco Minero del Orinoco y se revoquen las concesiones a las transnacionales mineras, que se elimine la OLP que violan los derechos humanos y se respeten la libertad sindical y las demás libertades democráticas del pueblo venezolano.

Activistas venezolanos residentes en Argentina

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