Izquierda Socialista está en plena campaña financiera, recolectando aportes entre su militancia, simpatizantes y amigos.

Cualquiera podrá preguntarnos por qué y para qué pedimos tu aporte económico. Lo hacemos porque a nosotros, a diferencia del peronismo, Cambiemos o cualquier otro partido patronal, no nos financian empresarios, multinacionales ni banqueros.

No aceptamos dinero de ellos porque somos un partido de trabajadores. Siempre acompañamos las luchas obreras y populares. Es por este motivo que solo nos financiamos con el aporte voluntario de nuestros militantes y simpatizantes. 

Tu colaboración solidaria es muy importante para seguir construyendo Izquierda Socialista y fortalecer el Frente de Izquierda y los Trabajadores.

Somos conscientes de la crítica situación que está padeciendo el pueblo trabajador. Muchos compañeros están sin trabajo, sobreviviendo con changas. El que tiene la suerte de trabajar cobra su salario rebajado. Para colmo, el aguinaldo se cobra en cuotas. 

Sabemos que la plata no alcanza, pero igualmente insistimos en solicitar tu aporte que, por humilde que sea, para nosotros es muy importante porque lo recolectado lo utilizamos, fundamentalmente, para apoyar las luchas obreras y populares contra el ajuste del gobierno de los Fernández y los gobernadores.

Así podremos continuar exigiendo, junto a los trabajadores de la salud, más presupuesto para los hospitales para que no falten elementos de seguridad, insumos y las camas que serán necesarias si aumentan los contagios.

Podremos seguir avanzando con el desarrollo del sindicalismo combativo, que lucha por una nueva dirección para la clase trabajadora, que le ponga punto final a la vieja burocracia traidora de la CGT, la que firma con la UIA rebajas salariales y entrega los convenios colectivos. Tu esfuerzo servirá para fortalecer al Plenario del Sindicalismo Combativo, que brega por la coordinación de todas las luchas en curso y las que vendrán. Alentamos la integración de los luchadores que surgen en cada conflicto laboral con los ferroviarios del Sarmiento, el Sutna y los docentes del Suteba Multicolor que, junto con los de Ademys, pelean contra el pago en cuotas del aguinaldo.

Tu colaboración permitirá también que nuestras compañeras de Isadora continúen exigiendo el aborto legal, seguro y gratuito y luchando contra la violencia de género.

Podremos continuar dando la pelea por una cuarentena sin despidos ni rebaja salarial, reclamando el pago de 30.000 pesos mensuales a toda persona que lo necesite.

Y apoyar las luchas en todo el mundo, como la del pueblo palestino contra el Estado sionista de Israel, junto a la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional (UIT-CI).

Tu aporte contribuirá a la construcción de nuestro partido, Izquierda Socialista, que en nuestro país, en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, y en el mundo, lucha en cada lugar de trabajo y en las calles por un gobierno de los trabajadores y el socialismo.

Tu colaboración es fundamental.

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Días atrás, Juan Carlos Nocelli (el “Tano”), médico e incansable luchador en defensa de la salud pública que militó en nuestra corriente en distintos períodos de las décadas del ’80, ’90 y en los primeros años de Izquierda Socialista, falleció de un ataque cardíaco. El Tano desempeñó su labor en el Hospital de Niños de La Plata desde muy joven, siendo residente de pediatría y luego médico de guardia.

Fue presidente de la Asociación de Profesionales, integrante de la Cicop desde su fundación y delegado de la seccional a sus plenarios. Por su actividad gremial fue perseguido y debió ir a trabajar a Ushuaia algunos años, experiencia que siempre recordaba con alegría y algo de nostalgia. A su regreso trabajó en emergencias y luego en el servicio de quemados, peleando incansablemente contra su desmantelamiento, hasta el día de su jubilación. Siempre defendió los derechos de los trabajadores y sostuvo los ideales socialistas. Desde la Regional La Plata de Izquierda Socialista decimos ¡Tano Nocelli, hasta el socialismo siempre!

Editorial

Estamos en el ojo del huracán de las dos pandemias. La del coronavirus, con el crecimiento exponencial de los contagios en el AMBA y el serio riesgo de que en cualquier momento colapse el sistema de salud. Y la de la crisis económica y social, con la actividad cayéndose a pique, el aumento de los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales y el aguinaldo en cuotas. Con millones de cuentapropistas, vendedores, profesionales independientes, o simplemente aquellos que hacen changas sumidos en la desesperación por no poder conseguir ni siquiera lo mínimo e indispensable para llevar a su casa. 

Alberto Fernández insiste en volcar toda la responsabilidad en nuestra conducta. “¡Quédense en su casa!”. Los trabajadores y los sectores populares somos los primeros en ser conscientes de los riesgos del contagio en las calles. Mientras los ricos, los miembros del establishment, presionan “por la economía” (pero viajan sin riesgos en sus autos particulares), los que corren riesgos son los trabajadores que todos los días tienen que jugar a la ruleta rusa en los medios de transporte público, o que deben reclamar, más de una vez infructuosamente, que las patronales cumplan con las medidas sanitarias mínimas. Seamos claros, los millones que salen todos los días a la calle son, en su gran mayoría, trabajadores de las industrias “esenciales” o de otras que, sin serlo, se las ingeniaron para también estar “autorizadas”. Para muestra basta un botón, se acaba de autorizar a 2.500 empresas no esenciales a operar bajo la excusa de que son “exportadoras” (Infobae, 30/6). Autorizadas por el gobierno nacional de Fernández, el provincial de Kicillof y el de la Ciudad de Larreta.

Por supuesto que también hay decenas de miles que, sin trabajo fijo, se ven obligados a romper la cuarentena para salir a hacer una changa, vender algo en la calle o incluso abrir “clandestinamente” su pequeño comercio, peluquería, o lo que fuere para tratar de conseguir una moneda. La responsabilidad no es de ellos, sino del gobierno, que pretende que todo un grupo familiar viva con los 10.000 pesos de la IFE. Y encima ahora ese monto ya no lo recibirán en el interior del país, quedó reservado solo para el AMBA y Chaco. 

Hay un hecho que es incontrastable, el dinero que el gobierno peronista de Fernández destinó a la pandemia es, en proporción al tamaño de la economía argentina, mucho menos que el que dedicaron otros países. Y no solo nos referimos a los europeos, la Argentina le asigna el 3% del PBI, mientras que Japón destina el 21%, Estados Unidos 13%, e incluso en Latinoamérica, Perú gasta el 9%, Brasil 8%, Paraguay 6% y Chile 5% (La Nación, 19/5). 

Pero veamos el motivo por el cual no se destina más plata a la pandemia. La única forma de hacerlo es sacarla de donde efectivamente está, en manos de los multimillonarios y sus empresas (Galperín, Rocca, Perez Companc, junto con las grandes multinacionales que operan en el país, Cargill, los bancos, Toyota, Volkswagen, etcétera). Pero resulta que el tan mentado impuesto a la riqueza que prometió Alberto Fernández hace ya noventa días “duerme el sueño de los justos”. ¡Ni siquiera se presentó en el Congreso, donde el único proyecto al respecto sigue siendo el del Frente de Izquierda Unidad!

Lo decimos con todas las letras, necesitamos una cuarentena sin hambre, despidos ni rebajas salariales. Tiene que aparecer la plata para salud, para aumentar la infraestructura hospitalaria, para tomar más personal con salarios que cubran la canasta familiar, para más testeos. Hay que centralizar el sistema de salud para que se lo pueda utilizar eficientemente ante el riesgo de quedarnos sin camas. Y, al mismo tiempo, el pueblo trabajador tiene que poder cumplir con la cuarentena sin la incertidumbre de saber si mañana va a poder comprar los productos esenciales. Hay que otorgar, y mantener, un subsidio de 30.000 pesos a todos aquellos que lo necesiten. Hay que volcar masivamente comida en los barrios populares. Hay que darle créditos a tasa cero a los pequeños comerciantes sin las trabas con que se encuentran actualmente. Se deben retrotraer las rebajas salariales, pagar los aguinaldos como corresponde y prohibir de verdad las suspensiones y los despidos. Como dijimos más arriba, todo esto requiere plata. Los 20.000 millones de dólares que, como explicamos en el proyecto del Frente de Izquierda Unidad, se podrían obtener de un impuesto a las grandes riquezas. Que, junto con dejar de pagar la deuda externa, proveería los recursos para un fondo de emergencia capaz de atender las dos pandemias, la sanitaria y la social, la del coronavirus y la del hambre. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad te convocamos a pelear por esto. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Se cumplieron los cien días de cuarentena y la campaña anti Covid-19 llevada adelante en acuerdo bipartidario por el gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández y los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y Axel Kicillof en la provincia bonaerense. Ante el comienzo de una escalada en el número de casos y de muertes, se impone hacer un balance del resultado de las medidas hasta el momento.

El pueblo trabajador cumplió seriamente con la cuarentena, algo que significó tremendas privaciones para los trabajadores en negro y cuentapropistas. Al mismo tiempo que el gobierno abría las industrias en favor de las multinacionales. Veamos lo que debería haber hecho Fernández y no hizo.

En primer lugar, no rodeó el aislamiento con las medidas de apoyo económico a los trabajadores que hubieran permitido sostenerlo, mientras subvencionó a los grandes grupos económicos. A medida que transcurrían las semanas, en forma creciente, millones de trabajadores se veían obligados a exponerse buscando su sustento diario. Así las cosas, la cuarentena se fue debilitando con la consiguiente pérdida de su valor preventivo.

En segundo lugar, no fortaleció el sistema de salud. Los presupuestos permanecieron en los montos asignados; el recurso humano, ni por asomo se aproximó a lo necesario. Como ejemplo, en la provincia de Buenos Aires Cicop venía reclamando 2.500 nombramientos de profesionales para mantener operativos los hospitales; pasados cien días, hubo 650 designaciones, apenas el 25% de lo necesario para un funcionamiento normal sin pandemia.

En la Capital Federal hay 2.000 camas de terapia intensiva (UTI, 400 públicas y 1.600 privadas). La provincia de Buenos Aires cuenta con 4.856 camas de unidades de UTI. Según fuentes oficiales, desde marzo se incorporaron al sistema de salud 2.996 camas UTI de adultos, lo que representa un incremento del 35%; y de este total, unas 2.062 (69%) pertenecen al sector público. Estas cifras que impresionan por la magnitud del incremento, merecen un análisis. Hay hospitales de provincia en que las unidades coronarias han pasado a considerarse UTI; asimismo salas enteras de especialidades como, por ejemplo, cardiología e incluso cirugía han pasado a denominarse UTI. Las camas no son cuestión de mueblería solamente. Necesitan equipo y personal las 24 horas. De nada valen las camas sin los recursos humanos entrenados y los tecnológicos necesarios. Por eso están a poco de colapsar los hospitales y el sistema de salud.

En tercer lugar, no cuida al personal de salud. Un trabajo de Infobae revela que hay 3.652 trabajadores de salud contagiados, aunque otras fuentes dan 4500. De esa cantidad, 19 han fallecido. Las causas de este sacrificio de vidas son muchas. Una, es el déficit tanto en cantidad como en calidad de los elementos de protección personal (EPP). Otra, es la obligación de seguir trabajando en los hospitales y centros de salud de aquellos que son portadores de alguna condición patológica de riesgo. A diabéticos, hipertensos, bronquiales crónicos, embarazadas se les niega tenazmente licencias, igual que los mayores de 60 años.

Desde el comienzo, los profesionales de la salud, hemos planteados los testeos sistemáticos del personal hospitalario y otros trabajadores en riesgo. También lo hicimos para poblaciones recluídas como geriátricos, institutos de salud mental y cárceles. A pesar de que la experiencia europea indicaba que el personal de salud y, especialmente, los residentes de geriátricos eran quienes proporcionaban la mayor cantidad de víctimas fatales, tanto en Capital como en Provincia las autoridades se resistieron férreamente. Tuvieron que pasar 100 días para que Larreta anunciara que testearon al personal de salud de la CABA. De la provincia, todavía no se tienen noticias.

Para evitar estos problemas, propusimos desde el inicio de la epidemia la conformación de comités de crisis en cada establecimiento de salud con representantes de los trabajadores para monitorear las medidas de seguridad, el reparto de turnos, la provisión de EPP, y otros temas de la organización que permitieran atender mejor la epidemia y protegerse. Estos comités solo pudieron integrarse en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, después de un duro forcejeo de varias semanas de la Cicop con el gobierno de Kicillof que finalmente tuvo que aceptar que se conformaran a nivel ministerial y de cada establecimiento.

En el ámbito privado la situación de los trabajadores es mucho peor, y son innumerables los casos de contagio denunciados por los propios trabajadores. En la mayoría de los establecimientos la complicidad entre las patronales sanatoriales y la burocracia sindical de Sanidad (ATSA) acalla, con el miedo al despido, la voz de la mayoría. A tal punto que el personal, resignadamente, compra por su cuenta los EPP.

En cuarto lugar, el gobierno subsidia a los prestadores privados. Lo hace por distintas vías. La mayoría de las empresas privadas dueñas de sanatorios, incluyendo las más poderosas, se han acogido al subsidio estatal que paga la mitad de los sueldos del personal y en muchos casos se han acogido a la posibilidad de reducir los salarios; aun aquellos prepagos que cobran cuotas siderales. Además, reciben subsidios estatales a través de la burocracia sindical de la CGT por atender Covid-19. Tomó estado público el subsidio de 400 millones que Kicillof otorgó a los prestadores privados de IOMA, la obra social del personal de la provincia de Buenos Aires y “caja” y nido de corrupción de todos los gobiernos de cualquier signo.

Cerrando este balance negativo de la acción mancomunada de peronistas y macristas, cobra enorme importancia la falta de centralización del sistema, que ni siquiera en el AMBA, en que hubo cierto grado de coordinación entre las jurisdicciones, se logró. Tomando el ejemplo de la República de Irlanda hemos planteado la necesidad de centralización bajo una sola conducción de todos los recursos, tanto estatales como privados. En Irlanda el estado nacionalizó todas las camas, todo el personal y todos los laboratorios de análisis, para garantizar la equidad y que los cuidados llegaran a toda la población. Nosotros hemos planteado, además, la nacionalización de ciertos sectores de la producción para proveer de insumos, barbijos, EPP, gel, medicamentos para la población de riesgo y otras medidas.

Nada de esto se ha hecho y por eso, a los cien días de una cuarentena sostenida ejemplarmente por el pueblo trabajador, seguimos en riesgo. La lucha contra la pandemia ya no es más que una cuestión de la epidemiología, es una cuestión que se dirime en el campo de la política. Lo que hace falta son las medidas políticas que hemos enunciado, financiadas por un impuesto especial a las grandes riquezas y por el no pago de la deuda externa, por las que es necesario continuar la lucha. En definitiva, para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino los capitalistas.

Escribe José Castillo

La crisis del Covid-19 todavía no llegó a su pico. Los riesgos de que tanto la infraestructura existente como el propio personal de salud se vean desbordados son un peligro real. Al mismo tiempo, vemos cómo la miseria, el hambre y la desocupación siguen creciendo día a día. 

¿Qué hacer? La respuesta es simple. Hay que reforzar una auténtica cuarentena que todo el pueblo trabajador pueda cumplir, sin hambre, sin tener que salir a romperla para “changuear y conseguir un peso”. Hay que poner más plata en recursos para salud. Para todo esto hace falta una sola cosa, poner en juego más dinero. Con lo volcado actualmente por el gobierno claramente no alcanza. 

No cabe ninguna duda, esos recursos tienen que salir de los que los tienen, y en abundancia. Para eso hay que imponer de una vez por todas el impuesto a las grandes riquezas.

Miremos a nuestro alrededor. En los últimos tres meses, ya en plena pandemia, Mercado Libre pasó a valer tres veces más, aumentando su valor en 18.000 millones de dólares. ¡Creció más que Amazon! No llama entonces la atención que su dueño, Marcos Galperín, figure como uno de los grandes multimillonarios argentinos.

Observemos a los bancos, los grandes ganadores de los dos últimos años, mientras la economía argentina se hundía, caían los salarios y crecía el desempleo. ¡Hasta siguieron ganando en estos meses de cuarentena! Los cuatro que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, y por lo tanto tienen que “mostrar” sus balances (Galicia, Macro, Supervielle y Patagonia) registraron ganancias en 2019 que más que duplicaron las del año anterior. Los bancos extranjeros que actúan en nuestro país –HSBC, ICBC, Santander y Citi– también tuvieron superganancias y encima se dieron el lujo de “fugarlas” legalmente, repatriándolas hacia sus casas matrices.

Miremos a las grandes empresas de otros sectores, ahí tenemos al Grupo Techint. Acá no hay excusa, Tenaris, la firma insignia del conglomerado, junto con Ternium, son dos de las que más facturan en nuestro país. La fortuna personal de su dueño, Paolo Rocca, figura al tope de los multimillonarios argentinos registrados por la revista Forbes. 

Pasemos ahora a uno de los empresarios y gran amigo del peronismo, Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía, que la semana pasada recibió todos los elogios de parte del presidente Alberto Fernández. Además de estar seriamente sospechado en un montón de causas de corrupción que vienen de la anterior época kirchnerista, Mindlin siempre siguió facturando, acumulando propiedades y obteniendo superganancias con todos los gobiernos. Es el dueño de Central Puerto, la empresa que tuvo más ganancias de todas las que cotizan en la Bolsa porteña, pero también de Edenor, una de las que históricamente más estafa a los usuarios de electricidad, por citar solo dos firmas.

Sigamos repasando la lista de las que más facturaron y ganaron en 2019: Telecom, vinculada al Grupo Clarín; Toyota, la transnacional japonesa que, junto con la alemana Volkswagen, son las dos automotrices que más venden en nuestro país; Panamerican Energy, propiedad de otro de los multimillonarios locales, Alberto Bulgheroni; Shell, que hasta hace poco se dio el lujo de colocar a su ex Ceo Juan José Aranguren como ministro de Energía y que recibió todo tipo de beneficios durante la gestión macrista; Arcor, el gran grupo alimentario local.

Y, por supuesto, a los grandes monopolios del complejo agroexportador: las yanquis ADM, Bunge, Cargill, la europea Dreyfuss, la china Cofco y las locales Molinos (de Perez Companc, otro que figura en la lista de multimillonarios) y Aceitera General Deheza. 

A esta lista le podemos agregar laboratorios, también con millonarios locales a la cabeza, como Roemmers y Bagó. O las cadenas de hipermercados, con Coto, Walmart o Carrefour a la cabeza. 

Este grupo concentrado de grandes empresas (y de multimillonarios) es al que hay que obligar para que ponga una porción de sus ganancias y riquezas para atender la pandemia. De esto se trata, imponer un impuesto a las grandes riquezas. 

Hace más de tres meses Alberto Fernández, en un alarde más de su doble discurso, habló de un impuesto que, si bien no iba a fondo contra todos estos sectores, planteaba algún tipo de imposición a la gran riqueza. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad insistimos en que hacía falta un tributo mucho más completo y con alícuotas mucho más altas. Pero  sostuvimos, sin embargo, que lo importante era que el proyecto se pusiera en marcha y exigimos que el gobierno lo presentara de una vez por todas. 

Vergonzosamente, el Frente de Todos le empezó a dar vueltas al tema sumando excusa tras excusa. Primero que no podía salir por DNU y que requería que se reuniera el Congreso (cuando aún no se había acordado el funcionamiento virtual), luego que se estaba “consensuando” entre diferentes proyectos redactados por varios diputados del oficialismo. Lo concreto es que pasaron las semanas, los meses, y el proyecto nunca apareció. El único presentado es el del Frente de Izquierda Unidad, que plantea la posibilidad de recaudar rápidamente 20.000 millones de dólares. Pasó algo peor aún, en una sesión en Diputados, cuando planteamos que se tratara el tema, votaron en contra conjuntamente el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Cada vez empieza a quedar más claro que el planteo del presidente Fernández fue solo un “amague” y que en realidad no piensa presentar proyecto alguno. 

Mientras tanto, la crisis del coronavirus arrecia y sume en la desesperación y el miedo al contagio a cada vez más sectores del pueblo trabajador. 

¡No podemos seguir esperando! El dinero para resolver las necesidades de la pandemia existe. Hay que implementar ya mismo el impuesto a las grandes riquezas. De esa manera, juntamente con la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa, tendremos los recursos necesarios para conformar un fondo de emergencia que atienda las necesidades sanitarias más urgentes en términos de salud, comida para los barrios populares y soluciones para una crisis social que se sigue profundizando día a día.