Escribe CST, sección de la UIT-CI de Brasil
Declaración de la Corriente Socialista de Trabajadoras y Trabajadores
En los últimos días, el país ha vivido con consternación una tragedia climática en el estado más meridional del país. Como resultado del calentamiento global y de la negligencia gubernamental, Rio Grande do Sul está experimentando la mayor catástrofe de su historia. Desde ya, la CST se solidariza con el pueblo trabajador de Rio Grande do Sul, víctima de esta tragedia. Destacamos la importancia de los cientos de miles de voluntarios que trabajan día y noche para salvar vidas.
Algunas de las escenas que vemos nos recuerdan a escenas de guerra. Puentes que se derrumban, carreteras sumergidas, barrios e incluso ciudades enteras que tienen que ser evacuadas a toda prisa en medio de un auténtico caos. Familias enteras esperan desesperadas en los tejados de sus casas el rescate en helicóptero o barco. El aeropuerto Salgado Filho de la capital de Rio Grande do Sul permanece cerrado al menos hasta el 30 de mayo. La estación de autobuses de Porto Alegre sigue completamente inundada y funciona improvisadamente en una zona alejada del centro.
En el momento de escribir estas líneas, la defensa civil de la RS ha confirmado 126 muertos y 74 desaparecidos. Según las cifras oficiales, 2,1 millones de personas se han visto afectadas por las inundaciones y más de 537.000 se han quedado sin hogar. Desgraciadamente, creemos que estas cifras siguen estando por debajo de la realidad debido a las dificultades de comunicación y es probable que sean aún mayores.
¿No es hora de encontrar a los culpables? ¡Leite y Melo son los culpables!
Algunos de los máximos responsables del desastre que vive la población de Rio Grande do Sul han declarado en los últimos días: «No es momento de buscar culpables». Uno de ellos fue el propio gobernador del estado, Eduardo Leite. Evidentemente, para el “tucán” (por su emblema partidario) neoliberal que gobierna Rio Grande do Sul, los crímenes que cometió contra el medio ambiente y, por lo tanto, contra el pueblo de Rio Grande do Sul, son impunes. En lugar de decir tantas tonterías, el gobernador, después de causar tanto daño al pueblo de Rio Grande do Sul, debería dimitir de su cargo.
Nosotros pensamos lo contrario. La única forma de recuperar Rio Grande do Sul y evitar nuevos desastres es señalar a todos los responsables de esta catástrofe climática. Sólo derrotándolos podremos revertir la política que condujo a esta tragedia anunciada. Si no encontramos a los culpables, seguirán sigilosamente destruyendo aún más el medio ambiente y nuevas tragedias, tal vez aún mayores, serán inevitables. Recordemos que fue Eduardo Leite quien destinó sólo 117 millones de reales a la lucha contra las catástrofes naturales. Un mísero 0,2% del presupuesto del Estado. Mientras tanto, Leite pagó más de 2.000 millones de reales de la deuda de RS a la Unión, dinero que en su mayor parte va a parar a las arcas de los grandes capitalistas.
En 2019, el gobernador “tucán” encabezó el cambio de casi 500 puntos del Código Ambiental de RS. Puntos que impedían el avance de la deforestación en varias regiones fueron criminalmente eliminados de la legislación por Leite y su grupo de apoyo en ALERS. Todos los diputados que votaron a favor de esta propuesta tienen una enorme responsabilidad en la catástrofe a la que se enfrenta la población de Rio Grande do Sul en estos momentos. En su momento, los ecologistas advirtieron de las inevitables catástrofes que generaría esta medida.
Las privatizaciones de la CEEE y de la CORSAN, llevadas a cabo por su gobierno, han contribuido en gran medida a la falta de inversión que hoy genera un enorme número de «gaúchos» sin acceso a la electricidad y al agua.
Creemos que es importante que la mayoría de los «gaúchos» ya reconozcan al gobernador como el culpable. Según una encuesta publicada por Quaest esta semana, el 68% afirma que Leite tiene «mucha responsabilidad» por las inundaciones en el estado de RS.
El alcalde de Porto Alegre, Sebatião Melo, partidario de Bolsonaro, también es en gran parte responsable de las inundaciones que destruyeron tantas vidas en la capital de Rio Grande do Sul. En 2023, el alcalde simplemente recortó por completo el presupuesto para la prevención de catástrofes. El desmantelamiento del DMAE y la falta de mantenimiento también han contribuido en gran medida a la magnitud de las inundaciones que asolan Porto Alegre en estos momentos.
La extrema derecha propaga noticias falsas para amplificar la catástrofe sufrida por el pueblo de Rio Grande do Sul
Los sinvergüenzas de la ultraderecha de Bolsonaro han vuelto a demostrar su carácter difundiendo mentiras sobre la situación. Después de años cuestionando el evidente calentamiento global, ahora se dedican a difundir desinformación, aumentar el caos y, por tanto, el sufrimiento de los habitantes de Rio Grande do Sul.
Las mentiras son innumerables. Si tuviéramos que enumerar todas las mentiras propagadas por la máquina de noticias falsas de extrema derecha, no cabría en este texto, pero les daremos algunos ejemplos. Para disuadir a la gente de ofrecerse voluntaria para los rescates, dijeron que no se permitía trabajar en los rescates a barcos y motos acuáticas con conductores sin licencia. Además, llegaron a compartir imágenes de cadáveres flotando, que eran de antiguas inundaciones e incluso de otras partes de Brasil. Para dificultar la llegada de donaciones al estado, difundieron la noticia de que el PRF exigía facturas de todos los productos que entraban en Rio Grande do Sul.
Un informe archivado por Rousseff preveía el desastre y proponía un plan de prevención
Según el sitio web The Intercept Brasil, en 2015 la presidenta Dilma Roussef (PT) archivó un estudio muy importante que predecía lo que estamos viendo en Rio Grande do Sul y advertía que debían tomarse medidas urgentes para evitar una catástrofe en el estado. El estudio se llamaba «Proyecto Brasil 2040» y señalaba detalladamente que Rio Grande do Sul se enfrentaría a lluvias sin precedentes en los próximos años y alertaba también de sequías gigantescas en el nordeste y la Amazonia. Según el sitio web, «el estudio fue considerado alarmista por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia». Rousseff no sólo archivó el proyecto, sino que presentó otro completamente distinto en la Conferencia de París de ese mismo año. (Vea el artículo completo en este enlace: https://www.intercept.com.br/2024/05/06/enchentes-no-rs-leia-o-relatorio-de-2015-que-projetou-o-desastre-e-os-governos-escolheram-engavetar)
Las medidas de Lula también contribuyeron a la catástrofe
Más allá de los discursos de los últimos días, cuando analicemos las medidas concretas del gobierno de Lula, veremos que el gobierno federal también tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo. Una vez más, es necesario analizar el presupuesto. En 2024, Lula planeaba invertir 1.190 millones de reales en Gestión de Riesgos y Desastres, menos del 0,03% del presupuesto federal. A modo de comparación, sólo en abril de 2024, el gobierno liberó más de 13 mil millones de reales en enmiendas parlamentarias. Rio Grande do Sul ya había pasado por dos inundaciones recientes (septiembre y noviembre de 2023), de menores proporciones, pero que indicaban que el estado necesitaba mucha inversión en el área. Aun así, el presupuesto federal para esta área era exiguo.
Además, el año pasado destinó más de 1,89 billones (el 43,23% del presupuesto) a pagar la deuda pública a los banqueros. Para el Plan Safra, donde el gobierno financia el agronegocio, dispuso de 435,8 millones de reales. Vale recordar que en 2022 el agronegocio fue responsable del 75% de las emisiones de CO² (dióxido de carbono) de Brasil.
A través del régimen fiscal, el gobierno viene estrangulando el presupuesto de los servicios públicos. Esto afecta a los organismos federales que trabajan en la inspección ambiental. No es de extrañar que los empleados del IBAMA lleven cuatro meses en huelga. Sin presupuesto suficiente para la inspección y con pocos empleados, el desmantelamiento de la agencia está contribuyendo directamente a la catástrofe climática.
Con todas estas medidas equivocadas a nivel federal, según la encuesta de Quaest publicada esta semana, el 58% de la población cree que el gobierno federal tiene «mucha responsabilidad» en la tragedia de Rio Grande do Sul.
Una organización de base ha salvado miles de vidas
En medio de la tragedia, destacamos la importancia de la organización de base. Nosotros, en la CST, que también tenemos activistas directamente afectados por la catástrofe, tenemos compañeros de nuestra organización participando activamente en campañas de solidaridad organizadas por sindicatos y organizaciones vecinales.
Es a través de las organizaciones de la clase trabajadora y de otras formas diversas de autoorganización que cientos de miles de voluntarios están en las cocinas comunitarias haciendo viandas, repartiendo agua potable en los refugios y en las viviendas, yendo al mercado a comprar alimentos para donar, acogiendo a la gente de las formas más diversas posibles, y también arriesgándose directamente en las aguas de la inundación para salvar la vida de miles de «gaúchos». Muchas personas también salvan la vida de animales que están en peligro.
Las mujeres organizan refugios sólo para otras mujeres y niños, los sectores más vulnerables en medio de la catástrofe. Las tristes denuncias de violaciones en los refugios dieron lugar a esta medida, que garantiza más seguridad a miles de trabajadoras desplazadas de sus hogares.
No tenemos dudas de que después de tantos años de privatizaciones y desmantelamiento de las políticas públicas en Brasil y en Rio Grande do Sul, si no fuera por la organización popular impulsada por la solidaridad, la situación del pueblo de Rio Grande do Sul sería mucho peor en este momento.
En este sentido, las organizaciones de la clase trabajadora, centrales sindicales, sindicatos, movimientos sociales, partidos de izquierda y parlamentarios deben convocar un plenario nacional para organizar la solidaridad y el activismo que exprese espontáneamente su voluntad de movilización, y convocar acciones que denuncien las políticas de los gobiernos para revertir inmediatamente los daños y prevenir futuros desastres.
A diferencia de los cientos de miles de trabajadores de Rio Grande do Sul que están trabajando como voluntarios para ayudar a la gente y salvar vidas, las grandes empresas están haciendo poco o nada para ayudar. Por ejemplo, no vemos a la familia Zaffari donando cientos de miles de paquetes de alimentos ni a los propietarios de Melnick donando cantidades realmente importantes de colchones y almohadas. Después de construir fortunas multimillonarias a costa del pueblo de Rio Grande do Sul, dan la espalda en estos momentos difíciles.
El modo de producción capitalista, origen del calentamiento global
Según el observatorio europeo Copernicus Climate Change Service, 2023 fue el año más caluroso de los últimos 100 años. En las próximas décadas, se prevé que los océanos suban y destruyan ciudades enteras. Acontecimientos como lluvias sin precedentes serán cada vez más frecuentes.
Nosotros, los socialistas revolucionarios de la CST, creemos que la única forma posible de revertir el calentamiento global y evitar las catástrofes que se avecinan es acabar con el capitalismo. Como dice el refrán popular, «hay que cortarlo de raíz». Un sistema centrado únicamente en generar beneficios en manos de muy pocos, los grandes empresarios capitalistas, es el responsable de la acelerada degradación del medio ambiente. Según datos de OXFAM, el 1% de la población mundial concentra dos tercios de toda la riqueza producida y existente en el mundo. Son los dueños de las empresas que destruyen el medio ambiente en todo el planeta. Mientras no tengamos una producción planificada (es decir, socialista) que equilibre la actividad humana con la naturaleza, estaremos sujetos a la posibilidad del colapso climático que amenaza a nuestra especie.
Medidas de emergencia para hacer frente a la catástrofe
– Ampliar la campaña de solidaridad organizada por sindicatos y organizaciones de la clase trabajadora, como CSP-Conlutas;
– Ayuda de emergencia de un salario mínimo por persona para todas las familias afectadas por las inundaciones;
– Paralización de todos los servicios no esenciales en las ciudades afectadas por las inundaciones;
– Estabilidad laboral. Ninguna empresa podrá despedir trabajadores hasta finales de 2024;
– La expropiación de propiedades en zonas seguras para la especulación inmobiliaria con el fin de ampliar la asistencia a las personas sin hogar;
– Por la reestatización inmediata de la CEEE y de la CORSAN, bajo control de los trabajadores;
– Combatir y detener inmediatamente a los que difunden noticias falsas con el objetivo de extender la catástrofe;
– ¡El fin del Plan Safra! Que los miles de millones gastados para financiar el agronegocio sean revertidos a la agricultura familiar sostenible;
– Que se fortalezca el IBAMA y todos los órganos de protección ambiental;
– Que Lula suspenda el pago de la deuda pública de la Unión, destinando todos los recursos a la asistencia a los afectados y a un plan de obras públicas para reconstruir todas las zonas afectadas en el estado
