Escribe Mercedes Trimarchi Legisladora porteña electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

La cifra de femicidios y trans-travesticidios registrada por el Observatorio Ahora que sí nos ven desde el 1 al 31 de enero de este año da cuenta de unos 28. Es decir, uno cada 27 horas, de los cuales el 60% se dieron en la vivienda de la víctima. Al menos unas 22 niñas y niños perdieron a sus mamás como consecuencia de la violencia machista más extrema en el primer mes de 2022. Esta cifra se mantiene “estable” desde el 2015, demostrando el fracaso de las políticas de todos los gobiernos en relación a la violencia de género. Alberto Fernández no es la excepción, ya que lejos del relato oficial y su doble discurso, los números hablan por sí mismos y dan cuenta de que el patriarcado no terminó.

Actualmente las políticas destinadas a las mujeres, trans y travestis que sufren violencia de género son centralmente dos, el programa Acompañar, y los dispositivos habitacionales conocidos como refugios para los casos más extremos y judicializados. El primero consiste en otorgar un subsidio a las víctimas solo por seis meses, equivalente al salario mínimo vital y móvil (actualmente calculado en $33.000). En relación a los refugios, hogares y casas de medio camino, actualmente hay alrededor de 150 estatales y 50 de la sociedad civil, según lo confirmó la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en una entrevista al diario Página/12 el 25 de noviembre de 2021. Ninguna de las dos medidas es suficiente para dar una respuesta acorde a las necesidades de las víctimas de violencia de género.

El acuerdo con el FMI va en contra de las demandas de las mujeres y disidencias.

El presupuesto destinado para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en 2021 fue subejecutado. Y el proyectado para 2022 conlleva un recorte en términos nominales, que el propio Martín Guzmán y la especialista en temas de género del Ministerio de Economía, Mercedes D’alessandro no pudieron ocultar cuando fueron al Congreso en diciembre pasado a explicar los números. Es evidente que, como ahora, en aquel momento la prioridad del gobierno peronista fue pagar la deuda externa a costa de las demandas de las mujeres y disidencias, principales víctimas de la violencia machista de esta sociedad capitalista y patriarcal.

El acuerdo firmado entre el gobierno y el FMI es un nuevo ajuste al conjunto de la clase trabajadora, y en especial para las mujeres y disidencias, que ya somos las más pobres entre los pobres. Desde Isadora y como parte del movimiento feminista nos pronunciamos por el no pago de la deuda externa, y decimos que las estafas no se pagan. Exigimos que todo ese dinero (y estamos hablando de millones de dólares) se destine a combatir la violencia de género y otras demandas de las mujeres y disidencias, porque la deuda es con nosotras y nosotres.

Escribe Pili Barbás, dirigenta de la Juventud Izquierda Socialista/FIT Unidad

Se plantea la vuelta a la presencialidad, pero sin ninguna de las condiciones para garantizar la infraestructura que requiere la actual situación sanitaria, ni los medios para revertir la deserción que se produjo este año. Por el contrario, el presupuesto universitario se redujo para cumplir con las exigencias del FMI.

Desde la semana pasada empezaron a volver paulatinamente las clases presenciales en las universidades. Las mismas se dan en el marco de los cursos intensivos de verano, como también los cursos de ingreso. En algunas universidades todavía la modalidad es cursada mixta, entre presencial y virtual, hasta marzo.

En estos dos años de pandemia, en su mayoría las universidades permanecieron cerradas, y la modalidad de cursada fueron las clases virtuales, lo que provocó que miles de jóvenes se quedaran sin poder cursar por la falta de conectividad.

Ahora, ante nuestro inminente regreso a las aulas, nos parece sumamente necesario discutir en qué condiciones volvemos a la presencialidad para que todes podamos cursar. En medio de un acuerdo con el FMI, que irremediablemente representa un ajuste a nivel educativo para 2022, para nosotres como estudiantes es de vital importancia discutir que es necesario un plan integral con presupuesto para acceder a la educación pública.

A nuestros derechos postergados como movimiento estudiantil por todos los gobiernos, como las becas irrestrictas, el boleto educativo nacional, los comedores y las guarderías parentales en las unidades académicas, se le suma este año la necesidad de exigir una beca de alquileres para que les estudiantes que tienen que retornar a sus lugares de estudio puedan hacerlo.

Esto, sin dudas, tiene que ser acompañado de una partida presupuestaria acorde, que también contemple los salarios de nuestros docentes y no docentes, que fueron pulverizados en la pandemia, y profundizada su precarización laboral por la bimodalidad.

En el medio de una pandemia que no terminó, más allá de declaraciones nefastas, como la realizada por la   ministra Acuña promovimiento que no existan más protocolos en las escuelas, sabemos que para volver a una presencialidad segura es necesario que se sigan cumpliendo con los protocolos y las instalaciones estén en condiciones sanitarias para poder cursar. Además de la importancia de que se impulse una campaña de vacunación y concientización de les estudiantes para que todes lo hagan, lo que es de vital importancia para poder cursar.

Como estudiantes tenemos la importante tarea de volver a luchar por todo nuestro pliego de derechos y de pelear contra las burocracias estudiantiles. Tanto de las federaciones universitarias como de los centros de estudiantes, en mano de la Franja Morada y el peronismo en todas sus variantes, en estos dos años dejaron pasar todo el ajuste en nuestros lugares de estudio.

Desde la Juventud de Izquierda Socialista nos seguiremos organizando ante la vuelta a clases presenciales, para conquistar todos nuestros derechos, exigiendo que se deje de pagar la deuda externa y que esa plata vaya para que todes podamos acceder a la educación pública.

Escribe Pablo Almeida Legislador electo Izquierda Socialista y delegado general ATE Mecon

Empezaron a darse los primeros acuerdos salariales de 2022. Las burocracias de UPCN y ATE por un lado y Comercio por otro se jactan de que, con los actuales reajustes y revisiones salariales, le habrían ganado a la inflación anual, logrando un 54%. Esta afirmación es falsa.

En estatales nacionales los últimos reajustes fueron del 14% en dos tramos para la revisión del acuerdo 2021, que hasta enero de 2022 había llegado al 40%. Pero el acuerdo de los estatales nacionales no le ganó a la inflación, apenas la equipararía si el aumento se hubiese pagado todo junto. Además, el problema es que los salarios de los estatales han perdido entre el 35 y el 40% en los últimos 8 años. Por más que ahora dibujen un aumento del 54%, además de ser en cuotas y nunca empatar con la inflación real, mantiene el robo anterior. Es decir, para que los salarios estatales se recompongan realmente se debería primero dar un porcentaje en una sola vez, para que recuperen su poder de compra. A partir de ahí deberían tener aumentos iguales a la inflación real para que se pueda hablar de recomposición. Está muy lejos de ocurrir. Los salarios estatales hoy arrancan desde menos de 40.000 pesos, muy por debajo de la canasta para una familia tipo, fijada en 123.598 pesos de acuerdo al cálculo de la Junta Interna de ATE-Indec.

En Comercio, Cavalieri festeja un 54%, que se completaría desde abril de 2021 a marzo de 2022, luego de varias cuotas a lo largo de once meses en los que se fueron sumando los incrementos. Un 54% engañoso, ya que sería aplicable al básico y se haría efectivo sólo con el presentismo y premios. Vale destacar que una gran mayoría de los trabajadores mercantiles precarizados o en negro quedan afuera del convenio y no recibirán el aumento. Tampoco los miles de trabajadores despedidos o suspendidos de Falabella, Musimundo o Garbarino, que han cerrados sus locales.

La masa salarial anual (lo que un trabajador gana a lo largo de un año, sus doce sueldos sumados) aumentó muchísimo menos que la inflación de igual período. Por eso decimos que estos acuerdos salariales siguen siendo a la baja.

Escribe Graciela Calderón Secretaria adjunta Suteba Matanza/Diputada Pcia. Bs. As. Izquierda Socialista/FIT Unidad

Esta semana se reunió la primera paritaria nacional docente y en diversas provincias gremios docentes y gobernadores. El jueves se juntará el Consejo Federal de Educación (CFE, con ministros de todas las provincias) y seguirán las negociaciones.

Según informó la conducción del gremio docente Ctera, en la paritaria planteó “la necesidad de que el salario docente no pierda con la inflación de 2022”. También que la infraestructura de las escuelas “sea la adecuada”, garantizar “vacunación, situación sanitaria y continuidad pedagógica” y continuar el debate del Convenio Colectivo. No hubo ningún tipo de acuerdo, pero aprobaron que se abran las negociaciones salariales en las provincias y sigan los debates con Nación.

Hay mucha preocupación en la docencia por la cuestión salarial. En 2021 se perdió, al menos, el 10% en relación a la inflación, en algunas provincias mucho más. ¡Y se reconoce que desde el 2016 la caída del poder adquisitivo del salario docente es cercana al 50%!

El salario inicial va desde 32.000 pesos y no llega a 50.000 pesos, según la provincia. O sea, el inicial está por debajo de la línea de pobreza y lejísimos de la canasta familiar. Cualquier porcentaje de aumento “corriendo detrás de la inflación” (como proponen los dirigentes Celestes de Ctera) sólo puede servir si, previamente, se aumenta un 50% el salario inicial, para recuperar lo perdido. Además, más del 50% del salario está en negro, con “bonificaciones” por fuera del Básico, lo que destruyó el escalafón por antigüedad, zona, títulos, etcétera (que son porcentajes sobre el básico), acható el salario de quienes se inician y quienes tienen 15 años de antigüedad, además de llevar a jubilaciones de pobreza.

Por eso hay que reclamar el blanqueo de las cifras en negro y un inicial igual a la canasta familiar, no porcentajes tramposos y en cuotas, con salarios de pobreza.

La cuestión sanitaria es otro debate clave. Como denunció Ademys, “el gobierno de Larreta directamente decretó el fin de la pandemia”, cuando en CABA hay más de 3 mil contagios diarios. “¡Ni burbujas, ni protocolos, aislamiento, ni medidores de dióxido de carbono ni barbijos!” El jueves lo “debatirá” el CFE, pero todos apuntan a iniciar las clases sin protocolos coherentes, ni vacunación masiva de docentes, estudiantes y auxiliares. Es una incógnita saber qué propondrán los gobernadores para que haya “continuidad pedagógica” con centenares de alumnos que se podrían contagiar diariamente, ya que no hay un “plan b”, ni burbujas, ni sistema mixto con clases virtuales para los contagiados, ni nada.

Más allá de la “expresión de deseos” de los dirigentes kirchneristas de Ctera, Alesso y Baradel, de que la infraestructura “sea adecuada”, la realidad es que en estos dos años se abandonó la inversión en obras y las escuelas no están en condiciones. Además, en vez de debatir un Convenio Colectivo, lo que deberían hacer es exigir el fin del trabajo precarizado que se instaló en el sistema educativo, que se respeten los derechos laborales del Estatuto y que se nombren los miles de docentes de los cargos faltantes para cortar la desocupación en el gremio y cubrir la falta de vacantes para alumnos en escuelas públicas.

Mientras Ctera avala el acuerdo de Fernández con el FMI (que sólo puede implicar mayor ajuste salarial y educativo) y deja librada a cada provincia en sus reclamos, es necesario que la docencia se prepare y organice para salir a pelear por salarios y todas las reivindicaciones, exigiendo a la conducción que rompa su acuerdo con el gobierno y llame a un verdadero plan de lucha nacional.

Escribe Miguel Lamas

La crisis política se ahonda en Perú. Mientras el presidente Castillo y sus aliados tratan de conciliar con la derecha y los grandes empresarios, Keiko Fujimori pide su renuncia. Acaba de renunciar, tres días después de asumir al cargo, el tercer primer ministro que había nombrado Castillo en siete meses, el ultraconservador Héctor Valer. A continuación reproducimos un extracto de declaración del Partido de los Trabajadores-Unios (UIT-CI) del pasado 2 de febrero.

Mientras el pueblo trabajador se sigue hundiendo en la pobreza soportando la tercera ola de la pandemia y los efectos de las antipopulares políticas económicas que se impusieron, la crisis política se profundiza y los cambios de fondo que las grandes mayorías esperan se diluyen. Castillo nunca hizo un gobierno de izquierda, ni con Bellido ni con Vásquez y mucho menos con el impresentable nuevo primer ministro Valer. Pedro Castillo ha demostrado ser un agente del continuismo y no tiene nada que ofrecerle al país, excepto más decepciones y frustraciones (…)

Crisis de todo el régimen

La crisis no es solo del Gobierno, es del Congreso, del Poder Judicial y de todo el régimen (…) incluido el sistema electoral que mantiene a todos los corruptos partidos vientres de alquiler. Si se va Castillo quién entra: Acuña, Keiko, De Soto, Aliaga, Roque Benavides, Humala, todos son declarados y abiertos enemigos de los intereses populares.
Con innumerables movilizaciones, paros, huelgas, cortes de carretera y enfrentamientos -cuyos puntos más altos fueron la movilización que echó del gobierno a Merino y la Huelga Agraria del 2020- los trabajadores y el pueblo han manifestado que este modelo no va más. Y eso se expresó con la derrota electoral del fujimorismo y su hambreador proyecto neoliberal que solo sirve a los grandes empresarios.

¡A luchar por nuestras demandas!

La actual crisis política es responsabilidad del gobierno de Castillo y sus socios políticos de la izquierda reformista. Ellos definieron sostenerse en el marco de este régimen, sostener las alianzas continuistas, garantizar la super explotación de los trabajadores y los pueblos y el saqueo y destrucción ambiental en manos de los grandes empresarios que, como Repsol, se llevan la plata y nada dejan al país. La izquierda reformista apela ahora a la “traición de Castillo” para justificar su actitud oportunista.

¡Esto no va más!  Los trabajadores y los pueblos deberemos retomar la movilización y organización independiente por todas y cada una de nuestras demandas para conquistar los cambios que ellos nos niegan, mientras luchamos por un gobierno de las y los trabajadores y los pueblos sin empresarios ni burócratas ni militares o policías corruptos.

Llamamos a las organizaciones sociales, sindicales y gremios en lucha campesinas, estudiantiles, de las mujeres y a las organizaciones de lucha a coordinar las acciones necesarias para poner en marcha un plan de lucha unificado y nacional que rompa la pasividad y entrega de la CGTP y las centrales obreras por:

1. ¡Aumento salarial y de jubilaciones ya para todos los trabajadores! ¡Basta de tercerización! ¡No más AFP! Por un sistema único y tripartito de pensiones.
2. ¡Reinstalación de los trabajadores despedidos y suspendidos! ¡Prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas! Empresa que cierra, empresa que se estatiza bajo control de los trabajadores.
3. Aumento de presupuesto ya para la salud y la educación al 10 % del PBI para tener una salud y educación 100 % estatal, pública, gratuita, laica y de calidad. ¡Plata para trabajo, salud y educación, no para el FMI: no al pago de la deuda externa!
4. Anulación inmediata de las concesiones a Repsol y estatización del Gas ya, el Petróleo y la gran minería para poner los recursos naturales al servicio de las necesidades del país sin contaminación, saqueo o atropello a las comunidades.
5. ¡Basta de dilaciones! ¡Abajo la Constitución fujimorista! ¡Asamblea Constituyente libre y soberana ya! ¡Que gobiernen los trabajadores y  los pueblos!